Argentina: Las políticas de la depredación




HOY DÍA CÓRDOBA - PRENSA RED

Ante las resistencias en las distintas localidades del NOA, el Estado despliega su operación en dos sentidos: una violencia represiva física y una construcción discursiva que intenta dar marco racional a lo inexplicable como es la represión ante los pobladores que defienden intereses que van más allá de lo económico.

“Hubo violencia de las dos partes” resaltaba Lucía Corpacci al referirse a la represión en los cortes de ruta ante las cámaras del programa oficialista 6,7,8. La idea de los dos demonios pareciera reafirmarse en el gobierno que pretende alzarse como defensor de los derechos humanos. Días antes, Armando Domínguez, primer vocal titular de la Asociación Obrera Metalúrgica Argentina (AOMA), se presenta como trabajador minero en un discurso de la presidenta en Olavarría.
Durante la teleconferencia por la inauguración de obras en la localidad bonaerense la presidenta Cristina Fernández se refirió a la necesidad de “exigir calidad ambiental a las empresas” pero también “responsabilidad sobre los planteos” de quienes se oponen a la minería a cielo abierto y contó con el dialogo “emotivo” del supuesto trabajador minero.
En el medio, se presenta la “causa Malvinas” como un acto de descolonización abrigando al cinismo –refiriéndose a la soberanía cuando en el NOA hay territorios sitiados- y la manipulación con que se buscan golpes de efectos.
Ante las resistencias en las distintas localidades del NOA, el Estado despliega su operación en dos sentidos: una violencia represiva física y una construcción discursiva que intenta dar marco racional a lo inexplicable como es la represión ante los pobladores que defienden intereses que van más allá de lo económico.
Belén, Tinogasta, Famatina y Andalgalá son parte de las regiones donde van denunciando las consecuencias de un modelo de producción y acumulación depredador ante bienes que son finitos y no renovables donde es la posibilidad de la vida la que se pone en timba.
Asimismo, la construcción estatal de un discurso de confrontación trabajadores versus ambientalistas pone de manifiesto como a partir de cierta retórica de defensa de puestos de trabajo y desarrollo local se erigen las economías locales y las fuentes de financiamiento “del proyecto” nacional.

Represión y paz social

El aparato represivo del Estado, a través de policías provinciales, gendarmería, fiscales y oficiales de Justicia, allanaron, amedrentaron, detuvieron y reprimieron. En ese marco, el desalojo y la detención de 20 manifestantes de Santa María fue a partir de aplicación de la Ley Anti-terrorista recientemente sancionada.
El Jefe de Policía de Catamarca, Juan José Palomeque, aclaraba en radio Ancasti, "tenemos grupos de inteligencia que trabajan en el lugar, vemos todas las manifestaciones y tenemos gente trabajando para resguardar la paz".
Palomeque precisó que reforzaron "la seguridad en Andalgalá enviando más efectivos y no se descarta que colaboren otras fuerzas como Gendarmería" nacional. Mientras tanto se van recibiendo las denuncias de asambleístas del Algarrobo, miembros del SERPAJ, de periodistas donde grupos de patotas pro mineras están bloqueando el ingreso a la ciudad de Andalgala y ayer se efectuaron allanamientos en algunos domicilios.

Los mapas del mercado

En forma paralela, mientras llegaban los documentos y pronunciamientos sobre la violencia en Andalgala, los gobernadores de las provincias de explotación minera y el ministro Julio de Vido crearon un organismo interestatal para acordar futuras políticas comunes sobre la actividad.
Además del jefe de la cartera de Planificación Federal, de la reunión participaron el gobernador de La Rioja, de Jujuy, de Salta, de Mendoza, de San Juan, de Neuquén, de Chubut, de Catamarca y el Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral.
La Organización Federal de Estados Mineros prevé crear sociedades públicas para trabajar en conjunto y establecer políticas de enlace con la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos, lo cual ensombrece los limites de las relaciones entre lo público y lo privado a la vez que muestra las nuevas lógicas de mercado.
Estas formaciones van mostrando una nueva composición del mapa territorial donde las regiones se adecuan de acuerdo a su posibilidad extractiva; ya se sellaron las provincias de hidrocarburo ahora avanzan los Estado mineros. Funcionarios y jefes de Estado atentos a las necesidades que las corporaciones van dictaminando en este libre circular de mercancías.
Y allí es donde las rutas se liberan a costa de la vida y la integridad física de hombres, mujeres y niños. Estigmatizando, silenciando, reprimiendo son las estrategias con las que desde el Estado se aborda el conflicto. Mientras tanto funcionarios y empresarios avanzan en la puesta a punto de una geopolítica colonial y depredadora.

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