Minería o derechos humanos





Argentina: Bajo la Alumbrera es el caso testigo de las promesas mineras incumplidas y, también, de la represión para imponer un modelo.
Por Darío Aranda
Octubre de 1994. Cine de la capital catamarqueña. El presidente Carlos Menem, el gobernador Arnoldo Castillo y el secretario de Minería, Angel Maza protagonizaron el lanzamiento de las obras del yacimiento Mina Bajo la Alumbrera. “Esta es la Argentina que necesitamos, que se abre al mundo, que recibe inversiones, que promete un futuro”, afirmó Menem. Tres años después, el 31 de octubre de 1997, se iniciaba la etapa extractiva: una enorme olla de dos kilómetros de diámetro y seis cuadras de profundidad es el espacio donde explosivos, 36 enormes camiones mineros y monumentales palas mecánicas remueven 300 millones de toneladas de roca por día. Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo. Que es lo mismo a 66.000 litros por minuto: casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica.
El yacimiento de oro y cobre están en manos de la suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Yamana Gold. Bajo la Alumbrera se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los 15 de oro. Por cada tonelada de roca se obtienen seis gramos de oro y seis kilogramos de cobre. Los especialistas advierten que la remoción de las montañas acelera la producción de sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y lluvias ácidas, con su contaminación a cuestas.
La campaña publicitaria de la empresa y los políticos de turno prometía la construcción de un barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas, 6000 puestos de empleo. Ninguna de esas obras se plasmó. La compañía asegura, aún hoy, que emplea a 1800 personas del lugar y, de forma indirecta, creó 8200 puestos laborales. Los vecinos lo desmienten: afirman que en la mina no trabajan más de 90 personas de Andalgalá.
A quince años del comienzo de las obras existe una decena de acusaciones: las familias de Juana Flores y de Manuel Casas vivían a dos kilómetros del dique de colas, a la vera del río Vis Vis. Tuvieron que abandonar sus tierras por la contaminación del agua y están en juicio con Alumbrera. El Defensor del Pueblo de Santiago del Estero y la Justicia de Tucumán acusan a la empresa de contaminar con metales pesados el río Salí-Dulce (que comparten ambas provincias). La justicia de Rosario investiga el presunto tráfico documental y exportación ilegal de metales. Pobladores de Villa Vil, en Catamarca, denunciaron a la empresa por derrames tóxicos del mineraloducuto. Sólo un puñado de las acusaciones que tiene en su contra Minera Alumbrera.
El fiscal general de Cámara de Tucumán, Antonio Gómez, denunció una catarata de excesos por parte de la empresa: valores de arsénico hasta veinte mil veces por sobre los permitidos por la ley nacional, hasta cinco mil veces en cadmio, veinte veces en cobre, diez mil en mercurio, sesenta en plomo y mil en selenio.
Hubo al menos cuatro derrames del mineraloducto: el 17 de septiembre de 2004. El 10 de junio de 2006 y, dos días después, el 12 de junio. Los tres en Villa Vil. El cuarto y último: en diciembre de 2008 en el paraje de Ampujaco, límite entre Andalgalá y el departamento de Belén.
Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo. Tiene permiso para extraer hasta 69 millones de litro por día. Un informe interno del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sede Andalgalá, fechado el 6 de septiembre de 2006, resalta dos cuestiones: el agua y el papel de la minería. “Se debe solicitar una reunión urgente con el Gobernador a los fines de debatir la gravísima situación de los sistemas hídricos existentes, que pone en serios riesgos el desarrollo económico sustentable y demás actividades humanas locales”. Y remarca que “los ejes estratégicos de desarrollo del INTA, basados en sustentabilidad, competitividad y equidad social se contradicen con una actividad económica meramente extractiva y contaminante (la minería)”.
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Alumbrera es el caso testigo de que las promesas mineras no se cumplen. Con un agravante: en 2009 el gobierno provincial dio luz verde a Agua Rica, un proyecto minero publicitado como tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros del centro urbano de Andalgalá, donde nacen los ríos que alimentan a la región.
El pueblo de Andalgalá, Santa María y Belén (entre otros) ya no creen en las promesas mineras.
En diciembre de 2009 cortaron el camino de acceso a Agua Rica. El 15 de febrero de 2010 sufrieron una dura represión por parte de la policía provincial. Niños, adolescentes, mujeres y hombres recibieron balazos de goma, palos y prisión. El objetivo: que la maquinaria de Yamana Gold pudiera avanzar con Agua Rica. El Poder Judicial frenó el proyecto.
En enero de este año, en paralelo a la pueblada riojana contra la megaminería, las asambleas catamarqueñas cortaron los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas.
Al día siguiente, 27 de enero, hubo 18 detenidos y represión.
El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años).
Los cortes de rutas y caminos se mantuvieron.
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La Secretaría de Minería de Nación emitió el 13 de enero un comunicado: “Histórica inversión (minera)”. Aumentó la exploración un 664 por ciento en los últimos ocho años. El comunicado remarcó que “el récord histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad” y explicó que ”el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.
Siempre según datos oficiales (del informe 2009 “La minería en números”), en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.
Nunca antes la minería había crecido tanto.
El jueves 9, en un discurso público, la Presidenta hizo una puesta en escena con un trabajador minero (que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas) y reconoció la necesidad de “una discusión en serio” respecto a la minería.
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El viernes 10, a las 3.45, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera.
El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente a hombres, mujeres y niños. Todo registrado por el canal TN y relatado por Radio El Algarrobo (comunitaria de Andalgalá). Balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases para todos.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, que reúne a asambleas de todo el país) declaró el estado de altera y movilización. “La respuesta de los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sido la represión (…) Las amenazas y los maltratos hacia las resistencias populares a la brutal megaminería no finalizan (…) La brutalidad y las amenazas provenientes del Estado nacional y los estados provinciales, no cesa. Las empresas mineras pretenden avanzar sin más, imponiendo su política de ganancias y destrucción”.
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Megaminería y agronegocios (con la soja como estandarte) son parte de un modelo extractivo. La ingeniería legal data de los 90. El geométrico avance territorial: a la última década. Nunca antes la soja y la megaminería habían avanzando tanto. Y, cuando existen resistencias, imponen la represión (privada y/o estatal).
Ningún funcionario de primera línea del gobierno nacional se refirió (al menos hoy) a la represión en Catamarca. Como tampoco sucedió cuando asesinaron al qom Roberto López en Formosa ni cuando asesinaron al campesino santiagueño Cristian Ferreyra. En Catamarca (por suerte) falló la puntería.
Sostener el modelo extractivo tiene costos ambientales, sociales y, sobre todo, humanos. Formosa, Santiago y, ahora, Catamarca, son sólo una muestra de los “daños colaterales” que los gobiernos están dispuestos a pagar.

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El gobierno "de los DDHH" reprime tres de los seis cortes en contra de la minería a cielo abierto

La tarde del miércoles, la policía levantó el bloqueo selectivo de Belén (Catamarca) en la ruta 40 que, sostenido por más de 15 días. Fueron detenidos alrededor de 35 manifestantes. La orden de desalojo estuvo acompañada de la presencia de la Gendarmería y de grupos de choque pro-mineros que fueron trasladados al corte por las empresas para provocar y agredir a los vecinos de la asamblea, cortando distintos puntos de las rutas para evitar el traslado solidario de vecinos. A su vez, tres manifestantes de la asamblea de Andalgalá que volvían del corte de Belén, fueron interceptados y detenidos por la policía.
Luego de esto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que, en materia de explotaciones mineras, hay que "exigir calidad ambiental" a las empresas, pero también "responsabilidad sobre los planteos" a los que rechazan esa actividad económica, mientras sus jueces federales aplicaban las leyes antiterroristas a los que luchan.
En la madrugada del Viernes, en Amaicha del Valle, Tucumán, decenas de manifestantes fueron corridos violentamente desde las 3 de la mañana, dejando así que pasen los camiones hacia la mina. La solidaridad de los vecinos permitió que los manifestantes encontraran rápido refugio en las casas. Unas horas después, en Tinogasta, Catamarca, la Infantería reprimió en la ruta 60. Desalojaron el corte, dispararon balas de goma, gases y largaron a los perros, con el saldo de 12 manifestantes heridos. Uno de ellos tuvo que ser internado con 20 impactos de balas de goma. Mientras tanto, en Jujuy los compañeros Luciana Santillán y Gerónimo Peralta enfrentan una causa judicial por movilizarse contra la minería.
El ministro de Gobierno y Justicia de Catamarca, Francisco Gordillo, dijo estar en contra de la represión, pero la justificó diciendo que "se ha cumplido una orden judicial"."Somos auxiliares de la Justicia".
Estas declaraciones quedan claramente alineadas con el discurso al que nos tiene acostumbrados el gobierno nacional, que no para de repetir que, desde los inicios de su gestión, ha decidido no reprimir la protesta social, pero que, en los hechos, demuestra que la única respuesta que da hacia las distintas protestas a lo largo del país es represión.
Los hechos muestran que el objetivo de la liberación de los accesos a La Alumbrera y la represión en toda la cordillera, es defender los intereses y las ganancias de los empresarios que llevan adelante este meganegocio asociados al gobierno, en detrimento de las condiciones de vida del pueblo y a costa de destruir un recurso tan indispensable para la vida como es el agua.
Para eso, este gobierno pone a disposición todo su aparato represivo, reprimiendo, intimidando, incomunicando a los medios alternativos que trabajan en la zona, haciendo todo lo posible para que la verdad no salga a la luz.
Sin embargo, el pueblo, como en Tinogasta, Belén y Amaicha, ha demostrado una gran combatividad a lo largo de esta lucha, poniendo en riesgo su vida, enfrentando cuerpo a cuerpo y con sus hijos en brazos a las fuerzas represivas que se hicieron presentes en cada uno de los bloqueos; resistiendo y dando el ejemplo de que la única salida contra la megaminería y la represión es la organización y la lucha.

Llamamos a todas las organizaciones a difundir, movilizar y solidarizarse con la lucha de los compañeros.

 
E.N.A.
Encuentro Nacional Antirrepresivo

Integrado por: CADH (Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario); CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional); FAM (Frente Antirrepresivo de Mar del Plata);  Sociedad de Resistencia de Mendoza; AGARRE (Acción Grupal AntiRrepresiva - Comodoro Rivadavia); Corriente del Pueblo (Jujuy), Jóvenes KURMI (Jujuy),  Movimiento Campesino de Jujuy (MoCaJu); Militantes Antirrepresivos de Olavarría; Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos de El Bolsón;  Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Cordoba (CADDHH); Pájaros en la Cabeza (Santa Fe); Antirrepresión (Misiones); Estación Esperanza (Rafaela).

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Aumenta la tension en la dictadura de la minería.
Amenazaron de desalojo la radio el Algarrobo.
Desde anoche lxs vecinos de Andalgalá recibieron las primeras amenazas de que La Radio El Algarrobo sería el siguiente punto de desalojo en la escalada de represión

Por Imagen Insurrecta

A pocos días de cumplirse dos años de la represión de un 15 de Febrero, el fantasma de la represión vuelve a rondar los pueblos de Catamarca que resisten a la minería.
Belén, Tinogasta y Amaicha sufrieron los desalojos en manos de la represión del poder de la minería. Inolvidables son las imágenes de la mañana en Tinogasta. Imborrables son las marcas del 15 de Febrero de 2010, un disparo al corazon de un pueblo que no se quedó de rodillas. Y son pueblos los que siguen de pie. 
El corte en Tinogasta volvió esta mañana. Contrario a lo que el poder represivo esperaba, el pueblo sigue determinado a: Frenar el saqueo colonial, el asesinato sigiloso que aumentó en un 800% el cáncer en las regiones vecinas, el asesinato sigiloso que convirtió a los pueblos mas cercanos a Alumbrera en pueblos fantasma, como lo es hoy Visvis.
Hoy la radio el algarrobo está bajo amenaza de represión. Las entradas a Andalgalá estan bloqueadas por sicarios pagados por la empresa minera, y apañados por la policia local. Los micros que quieren entrar al pueblo sufren una demora de una hora mientras son requisados, a veces por la policia -que pide nombres y documentos a los pasajeros- y en otros casos por patovicas de la empresa alumbrera. Este tipo de cortes sitiaron Andalgalá para evitar la comunicacion con Belén y Tinogasta, y en especial para que vecinos de otros pueblos puedan acercarse a manifestarse en contra de la minería.
Al estado de sitio minerio, a la pseudo dictadura de la minería, a las amenzas de la destrucción de la radio el algarrobo, el pueblo contesta -en su enésima marcha por la vida- con un solo grito: Fuera la minería contaminante.
Para estar al tanto de la situación:
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ESTADO DE SITIO MINERO EN ANDALGALÁ
Tinogasta, 12 de febrero de 2012

Por estos días el pueblo de Andangalá se encuentra sitiado por una patota pro minera que controla los accesos a la ciudad para evitar el ingreso de personas que intentan unirse a la lucha de este pueblo en contra de la mega minería a cielo abierto.
Hace cinco días esta patota pro minera, avalada por los gobiernos provincial y nacional, y financiada por Bajo la Alumbrera, entre otras empresas, actúa con total impunidad cortando los caminos hacia Andalgalá. En ese bloqueo impiden el paso a los medios de comunicación no oficialistas y a todos aquellos que se expresan en contra de la minería contaminante. Este accionar demuestra como estas empresas transnacionales operan al margen de la legalidad, utilizando una metodología patoteril de control total, ignorando la voz y la voluntad del pueblo.
Desde Tinogasta nos preguntamos, ¿por qué a nosotros nos reprimieron salvajemente en un corte selectivo y pacífico, y a Bajo La Alumbrera se le permite impunemente contratar una patota que continúa bloqueando la ruta, usando la violencia como método, con el único argumento de proteger sus intereses económicos? Nosotros no exigimos que los repriman, sino que se libere inmediatamente el tránsito de personas, ya que no aceptamos eso de ninguna manera. Andalgá debe ser liberado, y si no lo hace el Estado, lo hará el pueblo movilizándose en las calles de todo el país.
 Los pueblos unidos reafirmamos, Fuera Bajo La Alumbrera, NUNCA jamás Agua Rica y las empresas mineras que operan impunemente en el Dto de Tinogasta, en la provincia de Catamarca y en resto del país, ni una mina más. ¡Basta de estado de sitio minero en Andalgalá!


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