Luces y sombras del crecimiento extractivista sudamericano





Por: Manuel Hidalgo
América del Sur en los próximos años no puede dejar de pensar en su crecimiento económico, sustentado en la exportación de sus materias primas y alimentos. El tema está en quién lidera ese crecimiento, bajo qué intereses y con qué perspectiva.
Cuando el crecimiento está liderado por la inversión privada, nacional y extranjera, en un esquema de garantías y prebendas extraordinarias –como la baja tributación, la depreciación acelerada, las débiles regulaciones laborales y ambientales, etc.-, como ocurre en varios países que no aún no abandonan el fracasado modelo neoliberal, ese crecimiento además de no garantizar el avance hacia un mayor bienestar de nuestros pueblos, termina en el camino del proceso de saqueo de nuestro continente, iniciado ya hace más de 500 años. 
CRECIMIENTO ECONÓMICO
El singular crecimiento de las economías sudamericanas en la última década ha tenido en el aumento de sus exportaciones un motor fundamental. Así ha ocurrido también en los últimos dos años y resulta claramente previsible que así lo será hacia adelante.
Cuando a partir del segundo trimestre de 2003, la fuerte emergencia de China y de otros países del Asia en el comercio mundial empezó a elevar los precios de las materias primas, el ciclo económico de América del Sur empezó una trayectoria expansiva que permitió cambiar sustantivamente la realidad macroeconómica de la sub-región en los siguientes cinco años.
En efecto, no sólo la evolución muy favorable de la relación de precios de nuestras exportaciones versus nuestras importaciones permitió que a lo largo de todo ese lapso la balanza comercial (1) fuese ampliamente positiva, sino que, además, los ingresos de divisas fueron tales que permitieron atender y reducir drásticamente la deuda pública externa al mismo tiempo que más que duplicar el nivel de las reservas internacionales.
Para valorar estos logros es necesario tener presente que los elevados pagos de la deuda externa han sido históricamente la mayor restricción de los estados sudamericanos para expandir el gasto público social en las urgentes necesidades de la población; y que la crónica escasez de divisas (reservas en monedas internacionales) ha sido una sustantiva amarra que ha condicionado la dependencia externa de nuestro crecimiento.
Además los mayores ingresos públicos derivados de los mayores niveles de actividad económica, de la mejora de los precios de las materias primas y de algunas reformas tributarias, permitieron -en algunos países más que en otros-, ahorros y superávits públicos que fortalecieron la posición fiscal, e incluso, constituir “fondos soberanos” (de ahorro e inversión de los estados).
Esa fortaleza macroeconómica fue decisiva en 2009, para habilitar a los gobiernos a desplegar políticas contracíclicas (subsidios al empleo, provisión de fondos, etc.) en presencia de la crisis mundial, de modo de limitar los peores efectos de la misma en el empleo y en el gasto público social. Y se notó. La crisis no generó mayor inestabilidad política y social en Sudamérica; por el contrario, muchos de sus gobiernos acrecentaron su popularidad merced a su manejo en la coyuntura.
En los últimos dos años, al reanudarse el dinamismo del comercio mundial, las exportaciones de la sub-región se recuperaron, pero el perfil de la canasta exportadora se vio empujada a una mayor concentración aún en los productos básicos –hidrocarburos, minerales y alimentos- porque al efecto de los altos precios de los mismos se sumó una tendencia más marcada que en años precedentes a la devaluación del dólar y a la consecuente apreciación de las monedas locales.
Como por otra parte, en 2010 hubo fuerte aumento de las importaciones y de remesas de utilidades de las trasnacionales que operan en Suramérica, se registró por segundo año un déficit en cuenta corriente (2); que se cubrió ampliamente con el ingreso de capitales externos, lo que permitió a la mayoría de países volver a incrementar sus reservas internacionales a niveles superiores aún a las de 2008.
En presencia de la recaída recesiva del capitalismo central que se está viviendo, algunas de estas tendencias podrían revertirse parcialmente. Pero al presente, está claro que en lo fundamental, persistirán.

AMÉRICA DEL SUR: ESTRUCTURA DE EXPORTACIONES SEGÚN INTENSIDAD TECNOLOGICA
Agrupaciones de productos
Dentro de la UNASUR
Resto A. Latina y Caribe
Estados Unidos
Unión Europea
China
Resto Asia
Mundo
Productos primarios
24,8%
30,3%
66,0%
54,9%
59,4%
62,5%
49,6%
Manufacturas
75,2%
69,7%
34,0%
45,1%
40,6%
37,5%
50,4%
- Basadas en R. Naturales
20,5%
29,8%
15,6%
26,5%
30,5%
22,9%
26,6%
-Baja Tecnología
11,6%
8,3%
3,7%
4,6%
2,0%
2,8%
5,3%
-Tecnología media
35,4%
25,7%
11,2%
11,3%
7,2%
10,3
15,0%
-Tecnología alta
7,7%
5,9%
3,5%
2,7%
1,0%
1,6%
3,6%
TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,0%
Distribución de  exportaciones totales  por destino 2007-2009


21%


4%


24%


20%


9%


10%


100%
* Fuente: “UNASUR, un espacio de desarrollo y cooperación por construir”, CEPAL, mayo de 2011.
Como se aprecia en el gráfico, los países sudamericanos se han ido especializando crecientemente en la exportación de productos primarios y sus procesados, patrón que se ha visto reforzado por la elevada demanda asiática, en especial de China. Y aunque la importancia de China como mercado de exportación ha crecido notablemente en la última década, mientras que la de EE.UU. ha caído y se ha estancado la de la Unión Europea, todavía no recepciona más que el 9% de las exportaciones suramericanas.
En todo caso, ya es un mercado de exportación clave para Chile, Brasil, Perú, Argentina y Venezuela. Y es claro que las tendencias de cambio en esa dirección se acentuarán hacia la próxima década.
A inicios de 2012, los pronósticos recesivos sobre el capitalismo central se han acentuado y su impacto moderador del crecimiento para todo el resto del mundo se da por descontado. CEPAL ha rebajado su pronóstico para América del Sur a un crecimiento de 3,9% -desde el 4,7% previo-, mientras el Banco Mundial estima en 2,5% el crecimiento del PIB mundial.
En tales circunstancias, los gobiernos de los países sudamericanos, además de echar mano a los ahorros públicos y a las reservas internacionales con que cuentan para concretar programas de contingencia, reforzarán sus incentivos para mantener el dinamismo de sus mercados internos por encima de todo y, complementariamente, por aprovechar la continuidad de los altos precios de las materias primas exportables.
Estas perspectivas son las que permiten comprender los cuantiosos presupuestos de inversión que existen en América del Sur respecto de la exploración y explotación tanto de hidrocarburos como de minerales hacia los próximos 5 a 10 años. Presupuestos que involucran tanto a empresas estatales, como privadas, nacionales y extranjeras.
Así mientras Petrobrás (48% estatal; con 57% del capital con derecho a voto) anuncia un monto de US$ 224.700 millones en su plan 2011-2015, para el mismo plazo, la venezolana PDVSA contempla US$ 143 mil millones. En la minería, en Chile los catastros de inversiones proyectadas llegan a los US$ 60 mil millones hasta 2020, en tanto que en Perú, los mismos suman otros US$ 48 mil millones y Argentina para el mismo plazo prevé unos US$ 30 mil millones. Ecuador con inversiones para los próximos 5 años por US$ 5.150 millones también entrará en ese trance; como Colombia y Bolivia, que también esperan concretar otras decenas de miles de millones de dólares en esas actividades, lo mismo que en hidrocarburos.
Sin lugar a dudas que esas proyecciones también incorporan una importante afluencia de inversión extranjera directa, y dentro de ella, por ejemplo, se espera que China, que ya concretó inversiones justamente en esos rubros en 2010, por un monto de US 15 mil millones, expanda su presencia en la sub-región. A ello se agrega que empresas estatales de China han comenzado a invertir en grandes extensiones de tierra en Brasil y Argentina para asegurarse la provisión de alimentos y soja.
LAS CONTRADICIONES DEL MODELO EXTRACTIVISTA
Un particular conjunto de contradicciones que presenta el esquema de crecimiento prevaleciente en América del Sur con las posibilidades de un desarrollo no sólo inclusivo sino ambientalmente sostenible dice relación con el rol que en su patrón de acumulación y en la inserción económica internacional de cada país y de la sub-región está jugando la explotación y exportación de materias primas, agrícolas, mineras e hidrocarburíferas (3) .
En primer lugar, resulta muy distinto si ese rol queda supeditado al interés de grandes empresas privadas en función de sus propios proyectos de acumulación a nivel planetario, a si queda definido al interior de un proyecto de desarrollo nacional liderado desde el estado, que apunte no sólo a preservar para el propio país el total o la mayor parte de los excedentes de estas actividades, sino que a invertirlos en aquellas transformaciones necesarias para ir abriendo paso a un desarrollo distinto.
Es decir, aprovechar los recursos para la formación de las personas, en infraestructura y servicios básicos, en salud, en soberanía alimentaria, en ciencia y tecnología, en energías y tecnologías no contaminantes, en fomento de “clusters” o encadenamientos productivos vinculados a los insumos y mayor valor agregado a partir de las materias primas, en una diversificación productiva, etc. (4).
Al menos Brasil, Venezuela, Ecuador, cuentan con proyectos de esta naturaleza.
En ausencia de proyectos de desarrollo nacional con esta perspectiva, la sola propiedad estatal de las empresas no garantiza el proceso de transformación necesaria para romper con la funcionalidad al sistema capitalista internacional y a las dinámicas que él impone en esta etapa de su crisis y ajuste.
En muchos países sudamericanos, como Venezuela, Bolivia, Brasil, Argentina y Ecuador, a lo largo de la última década el estado ha ido recuperado grados mayores de control sobre estas actividades. Pero casi en todos ellos mantienen un nivel de convivencia con el gran capital nacional o transnacional; y en tales casos, la existencia o no de un proyecto de desarrollo nacional y de marcos jurídicos y tributarios que enmarquen la inversión privada y extranjera de modo de hacerla funcional a él, determina quién está sirviéndose de quién. Se trata de convivencias que, por otra parte, pueden resultar ineludibles en las circunstancias históricas actuales, pero que no habilitan para la mera complicidad(5) .
Además, la ubicación de los yacimientos mineros y de hidrocarburos en territorios vecinos o habitados por comunidades campesinas y de pueblos originarios, está significando un persistente y creciente conflicto en todos los países sudamericanos. Pasando por alto convenios internacionales que exigen la consulta y autorización previa de los pueblos, en muchos países los gobiernos han procedido violentamente a desplazarlos y despojarlos de sus territorios.
Estos conflictos tienen una repercusión política mayor en Ecuador, Bolivia y Perú, dado el mayor peso relativo de sus pueblos indígenas respecto de la población total y de sus niveles de constitución como fuerza política y social. Las organizaciones bases de la CAOI –Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas- como de la COICA –Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica- en estos países encabezan hoy la resistencia de sus pueblos. Y están poniendo límites concretos a las actividades extractivas de gran escala.
Las empresas privadas que operan en estas actividades contemplan ya lo que llaman el pago de una “licencia social” y se generalizan las llamadas “mesas de diálogo social” para establecer las condiciones para hacer posible la continuidad de la minería.
En tercer lugar, como denuncian los movimientos ecologistas en la sub-región, las obras de infraestructura invasivas de territorios de delicado equilibrio ambiental, las condiciones tecnológicas y económicas de la operación de la mega-minería hoy, sus enormes necesidades de energía y agua (en presencia de una realidad en la que sólo el 31,2% de la oferta energética de los países de la UNASUR está compuesta por fuente de energía renovable), los pasivos ambientales que deja, hacen cuestionable su aceptación por una ciudadanía cada vez más conciente de la crisis ecológica mundial y más resuelta a exigir, al menos, un desarrollo sostenible(6) .
Lo previsible hacia el futuro es que a raíz de esta creciente presión ciudadana, en la mayoría de los países suramericanos se profundicen la legislación y la fiscalización medioambiental y se vaya incorporando cambios tecnológicos y en el patrón energético; más allá del conflicto más profundo entre este “neo desarrollismo” y las propuestas de un patrón civilizatorio distinto, inspirado en el “Buen Vivir/Bien Vivir” o “Sumak kawsay”, que tiene aún tiempo por delante para hacerse mayoritario en las conciencias y prácticas de los pueblos.
Entre tanto, resulta improbable que las economías de estos países dejen de contar con los ingresos que les generan la abundante dotación de materias primas y alimentos que ha sido, desde siempre, parte de las mayores riquezas con que cuenta América Latina. “En rubros como la soja, -su producción ronda la mitad del total mundial-, la carne -genera casi un tercio de la producción mundial- y la leche -produce casi un cuarto del total-. Algo similar ocurre con la producción de minerales; la producción de cobre de la región representa más del 45% del total mundial, en tanto que la de molibdeno, zinc y estaño alcanza el 20% de la producción mundial. En materia energética, la región produce un 30% del total mundial de biocombustibles. América Latina y el Caribe tienen las mayores reservas de agua dulce del mundo, equivalentes a un tercio del total. En cuanto al territorio, la región dispone de un tercio de la superficie mundial que podría incorporarse a la producción de cultivos a futuro”. (7)
Con todo, frenar la pérdida de biodiversidad, de superficie boscosa, la degradación de los suelos, el agotamiento de las pesquerías, la contaminación del agua y del aire, de los ecosistemas costeros, son desafíos actuales en Suramérica que hacen necesario cambios en los patrones productivos y de consumo y definen límites a su verdadero desarrollo. Demandas que resonarán con fuerza en ocasión de la Cumbre de Río+20, en junio de 2012.

El Ciudadano
NOTAS:
1- Saldo de Exportaciones menos Importaciones
2- Saldo de (Exportaciones+ingresos por servicios del exterior)  menos (Importaciones+ pagos por servicios al exterior)
3- Existe otro conjunto de contradicciones, al menos, de este patrón de crecimiento, que se relaciona con el liderazgo que en él tiene el sector financiero, lo que sobredetermina un estilo de crecimiento altamente concentrador y sustentado en la superexplotación del trabajo. Véase: “El neodesarrollismo surametricano, entre esperanzas y resistencias populares”. http://www.dei-cr.org/uploaded/content/category/1585118175.pdf
4- Ver “Modelos energéticos en el Cono Sur: nueva concepción de lo público vs. la lógica de las transnacionales?. Casos Endesa (Chile), Repsol (Argentina), Petrobrás (Brasil) y nacionalización en Bolivia”. Alianza Social Continental, marzo de 2007, www.asc-hsa.org
5- Ver “Minería Transnacional y resistencias sociales en África y América Latina”, Emilio Taddei, José Seoane y Clara Algranati, GEAL. 2011, www.dialogodelospueblos.org
6- Ver “Minería, maldesarrollo y democracia”, Maristella Svampa, Colectivo Voces de Alerta, 2011. Y otros textos en www.extractivismo.com
7 – “Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2010-2011”, CEPAL, agosto 2011, www.cepal.org
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La defensa de los bienes comunes en América Latina
Raúl Zibechi

Lo que está sucediendo en América Latina en relación con los bienes comunes (agua, tierra, biodiversidad) es algo más que una sucesión de conflictos locales. Por momentos la intensidad de los enfrentamientos da la impresión de que marchamos hacia una conflagración general, que por ahora tiene expresiones locales y regionales, pero que se repiten en casi todos los países. Uno de los conflictos menos visibles pero con gran potencial desestabilizador es el que se está registrando en Paraguay entre campesinos y colonos de origen brasileño, conocidos popularmente como brasiguayos. Se estima que hay 8 millones de hectáreas, 20 por ciento de la superficie del país, adjudicadas ilegalmente, sobre todo bajo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Una parte importante fueron entregadas a colonos provenientes de Brasil, en hasta un dólar la hectárea en la zona fronteriza.
Ahora son grandes productores de soya que sacan su producción por Brasil sin pagar siquiera impuestos. Tranquilo Favero, el rey de la soya, posee 45 mil hectáreas de tierras de alta calidad en las que cosecha hasta 130 mil toneladas cada año, que le rinden unos 50 millones de dólares, en la zona de Ñacunday, Alto Paraná. Esta es la región más caliente del conflicto actual, en la que se enfrentan sin tierra y terratenientes, pero en la que están también involucrados los gobiernos de Fernando Lugo y Dilma Rousseff.
Si la producción de soya, con su secuela de contaminación y expulsión de campesinos, es grave, la cuestión fronteriza también lo es. De los 400 mil brasileños que viven en Paraguay, unos 250 mil ocupan la faja fronteriza con Brasil. En 2007 el gobierno paraguayo aprobó la Ley de Frontera por la cual los extranjeros no pueden tener tierras a menos de 50 kilómetros de la frontera, como forma de afirmar la soberanía nacional. Brasil tiene una legislación similar aunque más estricta.
En 2011 se conformó la Coordinadora Nacional de Lucha por la Recuperación de Tierras Malhabidas –en la que participan más de 20 organizaciones campesinas, sociales y partidos de izquierda–, que realizó su primera marcha el 25 de octubre pasado. Los dirigentes sostienen que la recuperación de esas tierras podrían favorecer a 400 mil campesinos.
La cuestión de la tierra es uno de los temas más delicados en Paraguay, por la larga historia de corrupción, abusos y represión que forzaron el despojo de los campesinos. Lugo llegó al gobierno en gran medida por su estrecha relación con la lucha por la reforma agraria cuando era obispo. Bajo su gobierno no se avanzó en la reforma agraria, pero en los últimos meses los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos (porque acampan en carpas) están ocupando tierras de brasiguayos.
La liga nació dos años atrás ante la inacción del movimiento campesino en la lucha por la tierra, pero la coordinadora en un reciente comunicado estima que sus acciones forman parte de una estrategia desestabilizadora contra el gobierno de Lugo y que en su interior está primando la influencia de provocadores que objetivamente perjudican la histórica lucha por la tierra y la reforma agraria.
En el complejo panorama de los movimientos paraguayos, no conviene simplificar. La lucha de los carperos es legítima pero todo indica que junto a una nueva camada de dirigentes populares se puede percibir la influencia de políticos tradicionales de la derecha, ya sea colorados o liberales, éstos aliados de Lugo, y oportunistas que nunca faltan. Sin embargo, también es cierto que los movimientos históricos, que integran la coordinadora, priorizan las negociaciones en vez de la presión desde abajo por la reforma agraria, y se muestran muy preocupados por la sucesión presidencial en las elecciones de 2013.
La lucha por los bienes comunes está en el primer lugar de la agenda en toda la región. Es posible, como señala un dirigente sindical de Chilecito, que las multinacionales mineras estén sufriendo una una derrota catastrófica en el norte de Argentina. Grupos pequeños como las asambleas ciudadanas, en lugares remotos de la cordillera, han logrado frenar gigantescas empresas que gozaron de todo el apoyo estatal. Es mucho. Es el producto del tesón, que en algún momento rinde frutos.

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