El gobierno español se apunta al negocio de la "economía verde" de cara a Rio+20




Esta semana el Secretario de Estado de Medio Ambiente, en su papel de presidente del PNUMA, hizo un llamamiento a sus colegas ministros del ramo, en la reunión preparatoria de la Conferencia de Rio+20, para que consideraran la gestión de los ecosistemas como una oportunidad económica para salir de la crisis. Para Ecologistas en Acción esta apuesta por la llamada "economía verde" es una vuelta de tuerca más en la privatización de la naturaleza y la apropiación del bien común, con consecuencias nefastas para el planeta y para los más pobres.
El estreno de Federico Ramos de Armas, Secretario de Estado de Medio Ambiente, como presidente del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), dejó clara cual es la apuesta del gobierno español de cara a la Conferencia de Rio+20, que se celebrará a finales de junio en la capital brasileña, 20 años después de la famosa cumbre de la Tierra. Tras insistir en la idea ya pregonada por el ministro Arias Cañete de que la protección ambiental sólo puede ir de la mano del crecimiento económico, Ramos de Armas dejó entrever que la gestión de los ecosistemas interesa porque puede generar dividendos, en línea con la llamada "economía verde" abanderada por las grandes corporaciones, que bajo el discurso de la sostenibilidad pretenden hacer caja en Rio+20.
Ecologistas en Acción quiere alertar sobre este empuje pretendidamente sostenible de los grandes grupos económicos. La economía verde, no traerá tal como se plantea y en contra de lo que se afirma, solución a los problemas ambientales y justicia social. Tras 20 años de aplicar recetas de crecimiento, la situación ambiental es peor y la desigualdad social mayor. Para Ecologistas en Acción esta situación de injusticia social y ambiental seguirá no sólo existiendo sino que se hará aún más profunda mientras no cambie el modelo económico que la sustenta: un modelo basado en el crecimiento continuo y sin fin, que necesita consumir cada vez más recursos para seguir funcionando, y que sólo puede hacerlo a costa del medio ambiente y de las poblaciones más desfavorecidas.
La economía verde que se plantea a día de hoy es una forma más de capitalismo, que por lógica estructural no podrá ser nunca inclusivo ya que se basa en la diferencia. Al tiempo que se reconoce que los recursos son finitos, sólo se plantean medidas de eficiencia en el uso de los mismos, no una reducción absoluta hasta converger con la "cuota ecológica" de cada país. Frente al horizonte del agotamiento de los combustibles fósiles, en lugar de proponer unas hojas de ruta de disminución de la producción y el consumo de energía en los países enriquecidos, que permita un incremento en los países más empobrecidos hasta niveles dignos de bienestar material, se plantean parches para mitigar el problema presente de las emisiones, como la captura de carbono, la geoingeniería, o la biología sintética. Oportunidades de negocio para las grandes corporaciones.
Frente a las falsas soluciones es necesario contraponer justicia ambiental y social. En un mundo en crisis con recursos limitados, hay que priorizar las acciones que contribuyan a la redistribución de la riqueza y a la transición hacia un modelo realmente sostenible antes que a aventuras tecnológicas que sólo conducen a más desigualdades y al debilitamiento de las instituciones democráticas mientras crece el poder de las corporaciones, tal como la experiencia nos demuestra.
Ecologistas en Acción urge a los gobiernos reunidos en Río+20 a cambiar radicalmente el enfoque y trabajar por una economía ecológica, que opere dentro de los límites de los ecosistemas y que consiga satisfacer las necesidades reales de la ciudadanía, que ha de ser necesariamente parte de las soluciones.
Estos y otros asuntos que están en la agenda de la Conferencia de Rio+20 son analizados por Ecologistas en Acción en un documento de posición, que puede encontrarse en: http://ecologistasenaccion.org/article20612.html
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Energías limpias, negocios sucios: la mafia "descubre" la economía verde
Las tentáculos de la mafia internacional hace ya tiempo que abrazaron los nuevos y más rentables negocios del medio ambiente. Si hasta hace pocos años los únicos crímenes ecológicos eran la eliminación de residuos tóxicos y la urbanización salvaje, hoy se extienden a los sectores emergentes de la economía verde.

La vieja mafia de los Corleone, la cinematográfica, la que sacaba dinero sólo del juego, la prostitución o el tráfico de drogas, está ya más que muerta. El pasado 14 de septiembre, la sección anti-mafia de la policía italiana confiscó otro millón y medio de euros entre torres eólicas, bienes inmuebles y de lujo, al empresario siciliano Vito Nicastri, conocido como el “Rey del Viento”. Nicastri (vecino del fugitivo mafioso Matteo Messina Denaro, según la policía) habría realizado numerosas instalaciones eólicas en la isla con el objetivo de reciclar dinero y obtener financiación europea. Los negocios sucios ligados a la construcción de enormes instalaciones solares y eólicas no sólo involucran el sur de Italia. Se han dado investigaciones muy similares en las que se han visto implicadas las islas Canarias, Córcega, Rumanía y Bulgaria.
El pasado abril, según una investigación del diario El Mundo, la policía española identificó una serie de instalaciones solares en Andalucía y en Castilla-La Mancha, capaces, según sus propietarios, de producir electricidad durante las horas de oscuridad. Sin embargo, las indagaciones policiales descubrieron una realidad muy diferente. La única energía producida por las instalaciones provenía de una serie de generadores diesel muy poco sostenibles. Pero eso no ha impedido a los propietarios de los milagrosos paneles obtener mucho dinero europeo.
La Europol denuncia en su informe la necesidad de concentrar la atención en el sector energético, sobre todo en las energías renovables. El documento describe las posibles consecuencias de infiltraciones criminales en la energía, considerada por ellos una inversión segura a largo plazo. ¿Cuál es el escenario planificado por Bruselas? El ambicioso plan 20-20-20. Según los acuerdos firmados en diciembre de 2008, todos los países de la UE se deberán esforzar para reducir en un 20% las emisiones de CO2, aumentar la propia eficiencia energética un 20% y producir energía eléctrica a través de fuentes renovables en un 20%; fecha límite: 2020. Durante los últimos años, Bruselas ha subvencionado el plan con 5 mil millones de euros anuales invertidos. Una buena inyección para los propietarios de instalaciones eólicas y solares.
El ambicioso plan 20-20-20, siempre según el informe de Europol, debió hacer las cuentas con una evidente escasez legislativa, ya que permitió a la criminalidad organizada infiltrarse en el sector con capital ilícito: «Nuestro mundo está caracterizado por la ausencia de una reglamentación eficaz en los sectores energético y financiero, y de una marcada tendencia a la auto-reglamentación. Y esta última ha servido para ocultar las actividades de la criminalidad organizada, que en este ambiente encuentra terreno fértil».
Y no es sólo la Europol quien denuncia la vulnerabilidad de la legislación europea. John Etherington, ex profesor de Ecología en la universidad de Gales y autor de “The Wind Farm Scam”, ha declarado en una entrevista al Telegraph que la causa es una escasa reglamentación europea: “Ha sido un problema de las leyes de la industria eólica al pedir una financiación complicada y poco transparente”.
La confiscación de los bienes del “Señor del Viento” es un primer e importante paso, según Sebastiano Venneri, vicepresidente nacional de Legambiente: «Es urgente evitar que ocurra mismo que con el cemento y los residuos”, afirma. “El sector de las renovables es un sector en riesgo no sólo en Italia, sino en toda Europa, especialmente en la península Ibérica. Necesitamos, por lo tanto, respuestas judicialesférreas y puntuales».
El peligro de una infiltración criminal en uno de los sectores más estratégicos para el futuro es, para Michele Curto, presidente de FLARE Network, un riesgo global: «Los episodios demuestran por enésima vez que no existen sectores en los que la mafia no pueda infiltrarse y que su difusión no conoce límites geográficos. Querría precisar, no obstante, que la criminalidad organizada no es sólo un problema italiano, sino que interesa a todos los países de la Unión Europea, y las recientes crónicas nos dicen que también otros países han tenido infiltraciones en este mercado. La confiscación de los bienes de Vito Nicastri es un excelente resultado, pero la oposición a las mafias debe ser también y sobre todo una batalla cultural, combatida desde abajo por todos los ciudadanos».

Fuentes: brightmag.org; flarenetwork.net - Foto: Eddi 07/flickr; Mr Boz/flickr; ShinyaFlickr/flickr

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