Argentina / El agronegocio y sus consecuencias: peligran 300 escuelas rurales en Entre Ríos
El despoblamiento rural es una de las consecuencias de la agricultura industrial. Para profundizar ese éxodo, el gobierno de Entre Ríos planea el cierre de 300 escuelas. Desde las organizaciones socioambientales y trabajadores de la educación denuncian el accionar del gobernador Rogelio Frigerio, su complicidad con los empresarios del agro y afirman: "Es un modelo de campo sin gente".
En Entre Ríos, el gobierno de Rogelio Frigerio (PRO) manifestó su intención de cerrar 300 escuelas por la baja matrícula. Desde la organización Basta es Basta expresaron su rechazo mediante un comunicado: “Este ataque a la educación pública es un golpe más a las comunidades rurales que ya sufren el abandono sistemático del Estado y el avance del agronegocio que expulsa a las poblaciones de la ruralidad”. Piden que no se cierren las escuelas y que se establezcan políticas de arraigo rural. Y cuestionan la Ley de "Buenas Prácticas Agrícolas" sancionada en esa provincia en 2024, que permite las fumigaciones a solo 15 metros de las escuelas.
A fines de julio, el coordinador de las Direcciones Departamentales de Escuelas del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, Sebastián Benedetti, informó que se avanza en un proyecto para “optimizar” el sistema educativo. “Buscamos un servicio de calidad y lógico. Hoy tenemos casi 300 escuelas con entre uno y tres alumnos, lo cual es inviable desde lo social y lo pedagógico”, dijo a la prensa.
Elio Kohan, integrante de la Coordinadora Basta es Basta, plantea el contrapunto: “Históricamente las escuelas rurales fueron un producto de que los patrones necesitaban la formación de los hijos de sus empleados. Estos empleados ya no están, por lo tanto la matrícula es muy baja. Pero nosotros creemos que un solo alumno tiene el derecho a educarse y por eso hay que sostener esas escuelas”.
Mariela Leiva es docente en la zona de Basavilbaso, en el centro de la provincia. Relata que en la zona hay doce escuelas que subsisten, con una matrícula baja, con peligro de cierre. Y describe la situación que viven en relación a los agrotóxicos: “Las fumigaciones en las zonas aledañas a las escuelas ha subido, protegidas por una ley nefasta que sostiene que se puede fumigar a 15 metros desde el aula. Antes nos dábamos cuenta por el fuerte olor que tenían los agrotóxicos, pero hoy no. Hay venenos que se aplican sin olor y horas después aparecen síntomas que ya conocemos“.
“Estamos frente a la vulneración de los derechos del niño, del derecho a educarse en un ambiente sano y en escuelas salubres y seguras“, agrega.
Las causas del despoblamiento
Desde la organización Basta es Basta atribuyen el despoblamiento rural a las fumigaciones masivas con agrotóxicos, al monocultivo que concentra tierras, arrasa con la agricultura familiar y expulsa a las familias campesinas por dejarlas sin trabajo. También señalan la contaminación de agua y suelos, a la pérdida de biodiversidad y la destrucción de economías regionales.
Facundo Scattone Moulins integra el nodo Brote Nativo en Concordia y la Coordinadora Basta es Basta. Explica que las escuelas rurales están en retroceso por el despoblamiento rural. Agrega que Entre Ríos tiene zonas de monocultivo bastante acentuadas de arroz y de soja.
“Hay una tecnificación muy fuerte de la producción, que trae aparejada una disminución de los productores que cultivan de manera agroecológica y de los trabajadores rurales, que son los más invisibilizados de este proceso. Los trabajadores se tornan cada vez más prescindibles y son quienes llevan a sus hijos a las escuelas rurales”, explica. Y agrega: “Es un éxodo rural que nosotros llamamos 'expulsión en base a venenos'. El veneno expulsa porque enferma, porque mata las producciones lindantes y porque contamina los ríos y arroyos donde toman agua los animales”.
Kohan, quien además es docente de la Escuela Agrotécnica Antequeda en la zona rural del departamento La Paz (oeste entrerriano) resume: “Quienes resistimos acá estamos padeciendo o enfrentando enfermedades que son productos de la exposición a agrotóxicos. Nos hemos opuesto al cierre de las escuelas en una lucha totalmente despareja porque el Estado instrumenta la idea de despoblar”.
Los campamentos sanitarios del Instituto de Salud Socioambiental (Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario) demostraron que vivir en cercanías de donde se realizan las pulverizaciones aumenta el riesgo de contraer cáncer.
“Para nosotros no son números. Son nuestros vecinos, nuestros amigos que han padecido enfermedades oncológicas o que han sufrido la pérdida de algún familiar por esa causa. Nuestros organismos y nuestro sistema inmunológico se van debilitando. Nuestros suelos se van erosionando”, denuncia Kohan. El docente vive en Colonia Avigdor, una localidad de 600 habitantes, ubicada a 165 kilómetros al norte de Paraná. Denunció —junto a la Coordinadora Basta es Basta— las consecuencias de las fumigaciones ante el Poder Judicial.
En 2018, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia estableció una distancia de 1.000 y 3.000 metros para las fumigaciones en cercanías de las escuelas. Además declaró inconstitucional una resolución de 2004 que habilitaba la fumigación a 50 metros de las zonas pobladas. En ese proceso judicial, el Consejo General de Educación apeló. Argumentó que la sentencia afectaba el ”principio de congruencia” por suspender fumigaciones en horario de clases pese a que ese no era un pedido de los denunciantes. También afirmaban que como Ministerio de Educación no tenían competencia sobre el tema.
Pese al fallo, el gobierno de Entre Ríos sancionó a fines del año pasado la ”Ley de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios”, que establece límites de entre 15 y 500 metros para las aspersiones en relación a las escuelas, según se trate de fumigaciones terrestres o aéreas y del tipo de vehículo que se utilice en el proceso. También señala que se deberán aplicar los productos químicos en contraturno escolar y contar con un "asesor fitosanitario" habilitado para efectuar las aplicaciones.
“Ese modelo necesita un campo sin gente y que las poblaciones rurales se vayan a lo urbano. La ley tiene un lazo fuerte con la idea de cerrar las escuelas porque acentúa este modelo que lleva al despoblamiento rural”, indica Scattone.
Las “buenas prácticas“, el nombre con el que se tituló a la ley, son acciones impulsadas, por ejemplo, por los empresarios de la Asociación de Siembra Directa (Aapresid). El argumento que las sostiene es que si los químicos se utilizan en determinadas condiciones (por ejemplo, en días sin viento), no afectan a la salud. Desconocen de esta manera los estudios científicos relativos a las derivas de los tóxicos. “La única buena práctica agrícola es la agroecología”, resume Kohan.
La amenaza a la educación rural no es novedad
Las escuelas rurales “son lugares de encuentro, son el bastión de resistencia ante el despoblamiento”, asegura Kohan. “Son el lugar donde se encuentran hijos de trabajadores de la ruralidad, docentes, madres, que son muchas veces las que se animan a denunciar, a compartir lo que sucede y a manifestarlo como problema”, añade Scattone.
Elvio Guía, vicepresidente de la Federación Agraria en Entre Ríos, se quejó en 2019 por el fallo del STJ. “Es más fácil reubicar las escuelas que cambiar la producción. Reubicar a tres alumnos, que encima vienen del pueblo, porque los lleva la maestra para no perder su trabajo“, dijo en esa oportunidad.
Scattone asegura que el ataque a las escuelas rurales no es nuevo en la provincia. Kohan lo grafica con el vaciamiento de la educación agrotécnica. Y recuerda cómo, en 2007, el gobierno entrerriano vendió 70 hectáreas de la Escuela Agrotécnica N° 151 “Paraje del Quebracho” a la familia Etchevehere, ligada al agronegocio y a la Sociedad Rural. Y en 2017 entregó 29 hectáreas al entonces intendente de la ciudad Colón para obras de infraestructura, que finalmente no se concretaron.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/el-agronegocio-y-sus-consecuencias-peligran-300-escuelas-rurales-en-entre-rios/ - Imagen de portada: Foto: Pablo Piovano