El glifosato, Bayer y la desregulación cancerígena
Las agencias reguladoras no están cumpliendo su función de protegernos de productos químicos peligrosos porque la industria defiende sus intereses con más fuerza de la que usan las instituciones para blindar la prevención: ¿Qué sucede cuando la empresa que comercializa un producto químico probablemente carcinógeno es la misma que fabrica los fármacos para tratar algunos de los cánceres que el producto contribuye a causar? ¿Y cuando todo ello le está llevando a la quiebra? No estamos ante un caso hipotético, sino ante una realidad que pone en evidencia las cancerígenas contradicciones del sistema actual de regulación y prevención del cáncer.
Carolina Donat-Vargas / Miquel Porta
Hablamos del glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo. Lo encontramos en los campos de cultivo, en los alimentos, en los jardines públicos y en las aceras de nuestras calles. Ya hace diez años, en 2015, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo clasificó como “probablemente carcinógeno para los humanos”. Sin embargo, las autoridades reguladoras europeas y norteamericanas optaron por renovar su aprobación mediante evaluaciones sesgadas; un hecho grave. Como hemos ido sabiendo, esas evaluaciones se apoyaron en estudios financiados y seleccionados por la propia industria, mientras descartaban la investigación independiente que apuntaba a la carcinogenicidad.
Un nuevo estudio experimental ha reforzado las pruebas que vinculan el glifosato con la inducción de diferentes tumores
Recientemente, dos noticias han sacudido este debate. Por un lado, un trabajo científico de revisión que durante años las agencias reguladoras utilizaron como referencia clave para avalar la seguridad del glifosato ha sido retractado (es decir, retirado) por la propia revista que lo publicó. Un hecho trascendente para todos los científicos con principios. Los motivos: se descubrió que el artículo había sido escrito de forma encubierta con la participación de Monsanto (la empresa que comercializaba el herbicida), que sus autores aparentes tenían vinculaciones financieras no declaradas y que se basaba selectivamente en estudios no publicados de la misma compañía, ignorando investigación independiente sobre carcinogenicidad a largo plazo. Por otro lado, un nuevo estudio experimental ha reforzado las pruebas que vinculan el glifosato con la inducción de diferentes tumores.
¿Vender tratamientos para los cánceres que provocas?
En 2018, la químico-farmacéutica Bayer compró Monsanto, en lo que fue la mayor adquisición de la historia de esta empresa, y quizá la más desastrosa
La historia que nos ocupa contiene unas páginas especialmente inquietantes. En 2018, la químico-farmacéutica Bayer compró Monsanto, en lo que fue la mayor adquisición de la historia de esta empresa de matriz alemana, y quizá la más desastrosa. Desde entonces, Bayer comercializa el glifosato y también diversos fármacos oncológicos para tratar tumores cuyo riesgo aumenta con la exposición al herbicida. En concreto: copanlisib para el linfoma folicular recidivante; regorafenib para el cáncer colorrectal metastásico, tumores estromales gastrointestinales avanzados y carcinoma hepatocelular; sorafenib para el carcinoma hepatocelular, el carcinoma de células renales y el carcinoma tiroideo; larotrectinib para pacientes adultos y pediátricos con tumores sólidos con fusiones del gen NTRK; y darolutamida para el cáncer de próstata. Estos tipos de cáncer coinciden con los observados en el reciente estudio de carcinogenicidad mencionado y en otros estudios.
De modo que la misma corporación obtiene beneficios con la venta masiva de una sustancia probablemente carcinógena y, al mismo tiempo, con los tratamientos farmacológicos para las enfermedades que el herbicida probablemente contribuye a causar.
Sin embargo, el problema va más allá, no se limita a una sola empresa, es sistémico. Ni las compañías agroquímicas ni las farmacéuticas tienen motivos económicos relevantes para impulsar políticas de prevención primaria, la única forma de prevención que actúa sobre las causas de las enfermedades y que, por tanto, previene los trastornos. El problema –ese sí evitable– surge cuando uno de sus productos es sospechoso de causar daños: entonces tienen fuertes motivos económicos para minimizar las pruebas científicas del riesgo y presionar contra regulaciones más estrictas. Lo que agrava el caso de Bayer y el glifosato es que la empresa opera en ambos sectores, aunque otras también tienen intereses cruzados.
Defender políticas de regulación socialmente eficientes
Quienes sí tienen el mandato de hacer prevalecer la prevención primaria y contrarrestar estos perversos conflictos de intereses son las instituciones y las agencias reguladoras. Con el apoyo de las organizaciones sociales, los medios de comunicación más independientes y la ciudadanía. Lamentablemente, no defendemos la prevención con la misma fuerza con que la industria defiende sus intereses comerciales –y con demasiada frecuencia las instituciones y las agencias reguladoras ceden a las presiones comerciales en lugar de contrarrestarlas–.
El problema es todavía más profundo, no simplifiquemos indebidamente: el propio sistema regulador facilita estas dinámicas. A menudo son las mismas empresas las que realizan y financian los estudios de seguridad de sus productos. Si los resultados no les convienen, pueden diseñar estudios que minimicen los riesgos, financiar publicaciones científicas aparentemente independientes –como la revisión sobre el glifosato recientemente retractada– o fabricar deliberadamente duda científica para retrasar decisiones reguladoras, con la ayuda, bien o mal pagada, de científicos y comunicadores negacionistas.
Las agencias reguladoras no están cumpliendo su función de protegernos de productos químicos peligrosos
Además, como parte del problema sistémico, la carga de la prueba está invertida: no es el fabricante quien debe demostrar que su producto es seguro, sino que son las instituciones públicas y la investigación independiente las que deben demostrar que es perjudicial. Mientras tanto, la población continúa exponiéndose, contaminándose y enfermando.
El resultado es que las agencias reguladoras no están cumpliendo su función de protegernos de productos químicos peligrosos, ante los cuales la ciudadanía apenas tiene capacidad individual de protección, y que pueden afectar de forma invisible y especialmente grave a poblaciones vulnerables como las mujeres embarazadas y los lactantes.
Las consecuencias económicas para la población son enormes. Solo en Estados Unidos, el gasto relacionado con el cáncer alcanzó los 183.000 millones de dólares en 2015, con un coste medio por paciente de 150.000 dólares. Y detrás de estas cifras hay personas: muertes prematuras, cánceres y tratamientos agresivos… ingente sufrimiento humano, una buena parte del cual podría evitarse.
La investigación científica ha mostrado que los contaminantes ambientales contribuyen significativamente a esa carga de enfermedad neoplásica. A pesar de ello, la salud ambiental sigue siendo marginada en presupuestos de investigación y planes de estudio, y el conocimiento sobre las causas ambientales de las enfermedades es a menudo desconocido o soslayado por los profesionales sanitarios, cuya formación profesional depende en una medida desproporcionada de la industria farmacéutica menos abierta a considerar los factores causales sociales. Soslayado también por la dejación del sector público (gobiernos autonómicos y central, instituciones estatales y europeas, universidades), y por la indiferencia, prejuicios o desinformación de parte de la sociedad; sobre todo –pero no únicamente– de las instituciones y franjas ideológicas más reaccionarias, que no liberales (como muestran las sentencias del Tribunal Supremo de Estados Unidos). Ello refleja pues, en parte, la influencia de la industria menos responsable y de sus redes propagandísticas. Refleja también fracasos democráticos sistémicos y globales; vacíos en las conversaciones ciudadanas, en los medios, en la formación médica; y un paradigma clínico-asistencial medicalizador y yatrogénico, que no cumple bien su misión clínica y social; desde el punto de vista social, médico y ético, muestra que sufrimos los efectos de un paradigma desequilibrado hacia el diagnóstico y el tratamiento, con unas inversiones nimias en las políticas de prevención primaria; las cuales, subrayamos, son las únicas capaces de reducir tanto la incidencia de la enfermedad como el gasto causado por ella –además de ser, por tanto, las principales políticas capaces de evitar muertes prevenibles–.
Económicamente insostenible
Como ciudadanos, debemos exigir marcos y procesos reguladores más eficientes e independientes de la injerencia de una industria que manipula la evidencia científica
Y a mayor abundamiento, actualmente Bayer ve amenazada su propia supervivencia como empresa al afrontar miles de demandas judiciales por cánceres vinculados al glifosato. Un tema que tratan normalmente medios financieros como el Wall Street Journal, pero que censuran ciertos medios supuestamente dedicados a la divulgación científica. El producto que Bayer continúa defendiendo podría acabar destruyéndola. Un ciclo que ilustra hasta qué punto este sistema es insostenible para todos, incluida la propia industria.
La comunidad médica y científica tiene la responsabilidad de ser más eficaz, de tener un impacto real ante estas dinámicas, tan perversas socialmente. El compromiso fundamental de las instituciones y los profesionales sanitarios es “primum non nocere”: primero, no hacer daño. El silencio y la inacción ante la exposición a carcinógenos violan este principio. Pero la responsabilidad es más amplia y profunda. Como ciudadanos, debemos exigir marcos y procesos reguladores más eficientes e independientes de la injerencia de una industria que, cuando el beneficio económico está en juego, ha demostrado estar dispuesta a manipular la evidencia científica y presionar a las instituciones hasta conseguir doblegarlas. Las agencias reguladoras, las organizaciones profesionales y la sociedad civil debemos contrarrestar estas dinámicas con más determinación. Por sentido común y práctico. Y porque somos nosotros quienes sufrimos y pagamos el precio –en vidas, medio ambiente y costes económicos– cuando la prevención primaria se margina.
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Una versión más técnica de este artículo fue publicada tras revisión por pares por la revista científica Preventive Medicine.
Carolina Donat-Vargas es farmacéutica, doctora en epidemiología y salud pública e investigadora Ramón y Cajal en la Universidad de Barcelona.
Miquel Porta Serra es médico y catedrático en el Hospital del Mar y en diversas universidades (UPF, UAB, UNC, NYU). Autor de Epidemiología cercana y A dictionary of epidemiology.
Fuente: https://ctxt.es/es/20260701/Firmas/54243/glifosato-bayer-monsanto-desregulacion-cancer-miquel-porta-carolina-donat-vargas.htm - Imagen de portada: Un tractor rocía productos sobre un cultivo. / Pixabay
