Argentina / Catamarca / “Peñas Negras”: la comunidad diaguita sitiada, amenazada y sin respuesta ante el avance minero

La Comunidad Indígena de Peñas Negras, perteneciente al pueblo Diaguita, volvió a declararse en alerta y asamblea permanente frente al ingreso violento de personal vinculado a la actividad minera y la presencia policial en su territorio. Andrea Morales Leanza, representante legal de la comunidad, denunció golpes, amenazas y hostigamiento y afirmó que las familias se encuentran “sitiadas”. La comunidad prepara una acción de amparo y reclama el respeto de el reclazo a la mineria y que no están teniendo ninguna respuesta de las autoridades. El conflicto tiene un antecedente directo: en abril de 2024, un operativo policial acompañó el ingreso de la minera Elevado Gold y terminó con comuneros reprimidos, entre ellos Félix Escalante, de 83 años, herido por balas de goma.

Por Federico Hauscarriaga para ANRed.

En el extremo norte del departamento Belén, cerca del límite con Salta y a más de 3.500 metros de altura, la Comunidad Indígena de Peñas Negras atraviesa nuevamente una escalada del conflicto por el avance de proyectos mineros sobre su territorio ancestral. El conflicto ya es interprovincial porque las comunidades indígenas van más allá de las fronteras administrativas. Peñas Negras esta en Catamarca y comprende a unas 40 familias y la comunidad vecina de Jasimaná ya esta en la provincia de Salta. Aun que el desastre ambiental por la contaminación y consumo de agua afectaría a numeros otras comunidades. Solo en estas dos se ven afectadas  unas mil personas.
A comienzos de septiembre, la comunidad denunció un nuevo intento de ingreso de la empresa Elevado Gold S.A. y decidió mantenerse en estado de alerta y asamblea permanente. Según sus integrantes, las tierras involucradas comprenden espacios de pastoreo ancestral, aguadas, puestos de veranada y sitios de importancia comunitaria.
La comunidad sostiene que no autorizó el ingreso ni las tareas de exploración y reclama el retiro de la empresa. El conflicto se vincula con los proyectos denominados Aguas Calientes I, II y III, cuya autorización administrativa fue otorgada por el Ministerio de Minería de Catamarca en 2024.
“La comunidad está sitiada”
En diálogo con ANRed, la abogada Andrea Morales Leanza, representante legal de Peñas Negras, describió la situación actual como un escenario de aislamiento y violencia.
“Estamos en un Estado sin derecho, sin garantía de nada”, señaló durante la comunicación, y denunció la presencia de policías y personas vinculadas a la actividad minera en los alrededores del territorio.
Según explicó, el acceso a la comunidad desde Catamarca se encuentra dificultado y existen grupos que impiden el ingreso de personas que intentan acercarse para brindar asistencia. Por ese motivo, Morales Leanza debió coordinar su ingreso desde la localidad salteña de Jasimaná, utilizando caminos ancestrales empleados por las propias comunidades.
La situación también fue denunciada públicamente por la abogada ante la Fiscalía Penal de Belén. El 6 de septiembre presentó un escrito en el que solicitó medidas urgentes de protección para los integrantes de la comunidad, el traslado de funcionarios judiciales al territorio, la recepción de testimonios, la preservación de pruebas y la constatación médica de las lesiones denunciadas.
Morales Leanza se refirió a los ultimos acontecimientos en donde se ve en imagenes que también publicamos desde ANRed en el que hubo episodios de golpes, heridas y utilización de gas pimienta contra integrantes de la comunidad. También denunció el ingreso de personas que no se habrían identificado ni exhibido una orden judicial o autorización que justificara su presencia.
La Policía de Catamarca, por su parte, rechazó que haya existido una represión. El jefe de la fuerza provincial, comisario general Manuel Herrera, sostuvo este miércoles que las versiones difundidas eran “erróneas y falsas” y afirmó que los efectivos intervinieron para evitar una escalada del conflicto entre sectores de las comunidades. Pero la abogada confirmo que ya son numerosas las denuncias que presentaron ante la violencia del sector minero «pero no estamos teniendo ninguna respuesta».
Una disputa por el agua, las pasturas y el territorio
Peñas Negras está integrada por familias que desarrollan actividades de pastoreo de altura, principalmente cría de llamas, además de artesanías y otras prácticas vinculadas con su territorio.
Morales Leanza explicó que el área donde se pretende avanzar con la exploración forma parte de las tierras utilizadas por la comunidad y contiene aguadas y cursos de agua fundamentales para la vida de las familias y los animales.
La representante legal cuestionó además que el procedimiento minero se haya desarrollado sin una Consulta Previa, Libre e Informada con la comunidad.
“Ellos manifestaron que no”, explicó en referencia al rechazo comunitario al proyecto. Según su relato, no existió un proceso de consulta ni una instancia de consentimiento previo antes del avance de las actividades.
La denuncia de la comunidad se apoya en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la obligación estatal de consultar a los pueblos indígenas cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Ayer volvió el conflicto territorial en Peñas Negras, Catamarca. La Comunidad Indígena Diaguita denunció un nuevo intento de ingreso de la minera Elevado Gold a su territorio ancestral y se declaró en estado de alerta y asamblea permanente.
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Un conflicto que viene desde 2017
El enfrentamiento entre Peñas Negras y Elevado Gold no comenzó este año.
Según antecedentes publicados por organizaciones vinculadas a la defensa de los pueblos originarios, la empresa comenzó a desarrollar actividades de exploración en la zona años atrás. El conflicto se profundizó alrededor del pedimento minero denominado Alto El Mulato, ubicado en el área del cerro Alto de Salle.
En julio de 2023, la comunidad mantuvo una reunión con autoridades de la Secretaría de Minería y organismos provinciales de derechos indígenas. Según el acta citada por distintos documentos, Peñas Negras manifestó su rechazo a que Elevado Gold realizara estudios en su territorio y solicitó que cesaran las situaciones de hostigamiento.
Pese a esa posición, el Ministerio de Minería aprobó en febrero de 2024 el informe de impacto ambiental correspondiente a Aguas Calientes I, II y III, mediante la resolución RESGE-2024-46-ECAT-MM. La comunidad cuestionó la autorización por haber sido otorgada pese a su rechazo al proyecto y sin una consulta previa que considerara su posición.
Abril de 2024: policía, minera y represión
El conflicto alcanzó uno de sus puntos más graves en abril de 2024. El 11 de abril, efectivos de la Infantería de Catamarca acompañaron el ingreso de personal de Elevado Gold al territorio. Organizaciones y representantes de la comunidad denunciaron que el operativo no contaba con una orden judicial y que los policías actuaron para permitir el ingreso de la empresa.
Durante el procedimiento se produjeron enfrentamientos. La comunidad denunció disparos de balas de goma y golpes contra los pobladores.
Uno de los casos que quedó registrado fue el de Félix Escalante, un comunero de 83 años, quien fue golpeado por efectivos policiales y terminó herido por balas de goma. La Pastoral Social de la Diócesis de Catamarca también expresó públicamente su preocupación por la violencia ejercida contra integrantes de la comunidad y señaló la desigualdad entre las fuerzas estatales y la población indígena.
La propia Andrea Morales Leanza había denunciado entonces que Escalante había quedado herido en el territorio y que otros comuneros debieron trasladarlo durante horas hasta un lugar donde pudiera recibir asistencia médica.
El episodio generó además pedidos de intervención en la Legislatura provincial. La diputada Silvana Carrizo reclamó investigar la represión y recordó que la comunidad había expresado previamente su rechazo al proyecto y exigido la consulta previa, libre e informada.
Después de aquellos hechos, pobladores del norte de Belén realizaron protestas y un corte sobre la Ruta Provincial 43. Finalmente se firmó un acta y se levantó parcialmente la medida, aunque el conflicto territorial no quedó resuelto.
La judicialización de los comuneros
La escalada de 2024 también tuvo una dimensión judicial. Semanas después de la represión, el cacique de Peñas Negras, Sebastián Gutiérrez, fue detenido durante un procedimiento policial en su domicilio del paraje Aguas Calientes, a raíz de una denuncia presentada por Elevado Gold por presuntas amenazas.
Su defensa cuestionó la actuación judicial y señaló que existía una denuncia previa de la comunidad por el ingreso de la empresa al territorio sin consulta.
De este modo, el conflicto comenzó a desarrollarse simultáneamente en varios frentes: el territorio, la actividad minera, la intervención policial y las denuncias judiciales cruzadas entre la empresa y los comuneros.
La misma disputa, dos años después
Durante los primeros días de septiembre de este año la comunidad denunció nuevamente el ingreso de camionetas y personal vinculado a la exploración minera. La comunidad difundió imágenes del ingreso y volvió a reclamar el retiro de Elevado Gold.
En los días posteriores aparecieron denuncias sobre presencia policial y nuevos episodios de violencia. La comunidad sostuvo que efectivos acompañaron el ingreso de personas vinculadas a la actividad minera y que el territorio quedó rodeado.
La abogada Morales Leanza presentó una denuncia ante la Fiscalía de Belén por presuntos hechos de violencia, amenazas y hostigamiento y solicitó que funcionarios judiciales se trasladaran hasta el territorio para tomar declaraciones y constatar eventuales lesiones.
La comunidad anunció además la preparación de una acción de amparo contra las autoridades provinciales. Según explicó Morales Leanza, el planteo será presentado conjuntamente por la Comunidad de Peñas Negras y la Comunidad de Jasimaná, ubicada en Salta. » Estamos tratando de armar el amparo lo más completo posible  para detener estra locura», expreso la defensora.
Sin reconocimiento jurídico desde 2021
Otro de los puntos señalados por la representante legal es la situación jurídica de la comunidad. Morales Leanza explicó que Peñas Negras presentó en 2021 la documentación necesaria para obtener el reconocimiento de su personalidad jurídica como comunidad indígena y que el trámite continúa demorado. Con tantas comunidades que quedaron a la intemperie por los gobiernos anteriores.
La abogada sostiene que esa demora administrativa afecta el ejercicio efectivo de los derechos colectivos de la comunidad y que el Estado no puede utilizar la falta de finalización de un trámite que depende de sus propios organismos para desconocer derechos constitucionales.
En este marco, el próximo planteo judicial buscará cuestionar las autorizaciones mineras y denunciar la ausencia de consulta indígena.
Minería y fractura entre comunidades, la tipíca maniobra de las mineras y el gobierno provincial
La representante legal también denunció la existencia de sectores que apoyan la actividad minera y sostuvo que el Gobierno provincial habría favorecido la división entre comunidades. En el territorio existen sectores que defienden la exploración minera como fuente de empleo y desarrollo económico. La empresa ha sostenido que sus actividades fueron obstaculizadas en distintas oportunidades y que trabajadores locales se vieron afectados por las disputas.
Según una reconstrucción publicada recientemente, la empresa afirma que trabajadores fueron atacados con piedras y hondas y que el Gobierno instaló presencia policial para garantizar las tareas y la seguridad de quienes participan de la actividad.agua
La comunidad sostiene una versión diferente: que la presencia policial y de grupos que respaldan a la minería se utiliza para permitir el ingreso de empresas al territorio pese a su rechazo.
El conflicto se desarrolla además en una zona ambientalmente sensible. Peñas Negras se encuentra dentro del área de influencia de la Reserva de Biosfera Laguna Blanca, en un ambiente de humedales y vegas de altura. La zona está vinculada además con la protección internacional de humedales mediante el sitio Ramsar Laguna Blanca.
La discusión por los proyectos mineros involucra, por lo tanto, no solamente la titularidad y posesión territorial sino también el uso del agua, las aguadas, las pasturas y las condiciones ambientales necesarias para las actividades ganaderas de las comunidades.
Para las familias de Peñas Negras, el agua constituye un elemento central de la disputa: las aguadas y vegas de altura forman parte del sistema que permite sostener el pastoreo en una región de extrema aridez.
 
Fuente: https://www.anred.org/penas-negras-la-comunidad-diaguita-sitiada-amenazada-y-sin-respuesta-ante-el-avance-minero/