Bolivia: la ola antiminera ya alcanza a cinco municipios indígenas en la Amazonía debido a impactos ambientales
Cinco municipios de la Amazonía boliviana declararon sus territorios libres de minería aurífera mediante la aprobación de leyes municipales, con el objetivo de prevenir una posible contaminación de sus ríos. Dos de ellos incluso lograron que sus normas sean aprobadas en la Cámara de Diputados y esperan una sanción en el Senado, en busca de un reconocimiento nacional. Sin embargo, el gobierno de Rodrigo Paz intenta poner un freno a estas iniciativas.
Por: Iván Paredes Tamayo
Se trata de Palos Blancos, Alto Beni, San Buenaventura, Rurrenabaque y Caranavi. Los dos primeros lograron que sus normas sean avaladas por la Cámara de Diputados. En Bolivia, los concejos municipales son el órgano legislativo de un municipio. En ese espacio se aprueban las leyes municipales y el alcalde o alcaldesa promulga las normas. Lo mismo sucede en las gobernaciones departamentales, que tienen su instancia legislativa y allí tratan leyes departamentales. Luego está el Congreso Nacional, con dos cámaras: Diputados y Senado.
Jesús Chucamani es el alcalde de Palos Blancos, una localidad a 237 kilómetros de la ciudad de La Paz. En diálogo con Mongabay Latam, explicó que en su municipio la mayoría de los pobladores se dedican al cultivo de cacao, por lo que consideraron necesario aprobar una norma que prohíba la actividad minera, ya que sostienen que afectaba la producción.
“Siempre estamos trabajando con la gente. Sí se puede generar recursos económicos sin dañar lo que es la tierra, lo que son los ríos, sin contaminar. Entonces, no solamente producimos lo que es el cacao, producimos varios otros productos agrícolas, [como] cítricos, plátano, yuca y arroz. Somos bendecidos”, remarcó Chucamani.
El alcalde detalló que ahora no hay actividad minera a gran escala en su municipio y dijo que antes de 2017 había empresas y cooperativas que explotaban oro en el río Alto Beni, que tiene una extensión de 187 kilómetros y que al unirse con el Kaka forman el río Beni. Ahora, relató Chucamani, existen mineros artesanales, pero que no afectan la producción.
“Palos Blancos y Alto Beni somos vecinos, entonces, tenemos las mismas características de suelo, el mismo clima. A eso se están sumando San Buenaventura, Caranavi y también Rurrenabaque. Siempre preguntan los municipios cómo lo hemos hecho, cómo hemos trabajado. Solos tampoco hubiéramos podido”, afirmó Chucamani.
El proyecto de ley que declara municipios agroecológicos a Palos Blancos y Alto Beni prohíbe toda práctica minera en las jurisdicciones territoriales de esas localidades, así como la tramitación y otorgación de autorizaciones o derechos para ejecutar operaciones mineras. Además, establece que el Órgano Ejecutivo, a través de las instancias administrativas correspondientes, y los gobiernos municipales de Palos Blancos y Alto Beni serán responsables de garantizar el cumplimiento de la norma.
En la iniciativa también destaca que deben proteger la vocación ecoturística y productiva agroecológica de ambos municipios, libres de actividad y contaminación minera, además de fomentar, promover y proteger sus actividades productivas en favor de la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo boliviano.
UNA INICIATIVA DE VARIOS AÑOS
Fátima Monasterio, abogada e investigadora de la Fundación Solón, calificó esta norma como una “conquista política y jurídica”, ya que en su esencia el texto defiende la vocación agroecológica de estos municipios.
“La contaminación minera no reconoce límites municipales ni departamentales. Una actividad desarrollada aguas arriba puede comprometer los ecosistemas, el agua y los medios de vida de comunidades situadas a cientos de kilómetros. Por eso, sería fundamental pasar de municipios que se defienden individualmente a una región que construye una estrategia común de protección, con una visión de cuenca hidrográfica”, destacó Monasterio en contacto con Mongabay Latam.
La experta añadió que ahora se deben articular gobiernos municipales, pueblos indígenas y organizaciones sociales con el fin de fortalecer sus instrumentos de protección territorial y exigir acciones coordinadas a las autoridades del Estado Nacional.
“Creo que estamos presenciando algo políticamente muy significativo: una creciente articulación de resistencias territoriales frente a la expansión de la minería aurífera. Y lo interesante es la diversidad de actores que protagonizan estas luchas: pueblos indígenas, comunidades campesinas, productores de cacao y café, organizaciones sociales, madres y padres de familia”, dijo Monasterio.
Sin embargo, el gobierno de Paz tiene una posición contraria. El ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón, afirmó en conferencia de prensa que autonombrarse municipios libres de actividad minera “no tiene sentido” y es “ilegal”, ya que la minería es una competencia del Estado central, dijo ante una consulta de la agencia de noticias ANF.
Al respecto, el alcalde Chucamani recordó que en la anterior gestión el exvicepresidente David Choquehuanca llegó a Palos Blancos para pedirles que haya actividad minera en sus territorios, pero que la población lo rechazó y que incluso se realizaron cabildos para determinar la prohibición de actividades mineras.
“¿Por qué [los pobladores] rechazan [la minería]? Porque la mayoría produce un producto orgánico, el cacao, el producto estrella. Entonces, si contaminamos nuestros ríos, nuestros suelos, prácticamente vamos a ser descertificados -en referencia a la certificación que consiguió el cacao del municipio-. Así la producción agrícola va a bajar y ellos también son conscientes de lo que es la minería, no solamente el oro, otro tipo de mineral, pues no es renovable, [pero] las plantas, lo que son los productos agrícolas, son renovables”, dijo Chucamani.
Monasterio también tiene una posición sobre lo que dijo el ministro. La experta afirmó que las declaraciones de la autoridad “son jurídicamente insostenibles y revelan un preocupante desconocimiento de la jurisprudencia constitucional”, ya que existe una sentencia constitucional que avala al municipio de Alto Beni legislar en materia de protección ambiental y ordenamiento territorial. Con esa sentencia, según Monasterio, se mantuvo la validez y vigencia de su declaratoria como municipio libre de actividad y contaminación minera.
“La cuestión de fondo es que el hecho de que el nivel central tenga competencia para administrar los recursos minerales no significa que pueda ejercerla discrecionalmente. Esa competencia está subordinada a la Constitución, al respeto de los derechos fundamentales, a las competencias de los gobiernos autónomos y a los fines del Estado, entre ellos la protección del ambiente y la seguridad y soberanía alimentaria”, afirmó Monasterio.
Jaime Cuéllar es abogado experto en minería legal e ilegal. El especialista explicó a Mongabay Latam que el nivel central del Estado tiene competencia constitucional para administrar los recursos minerales, pero esa competencia no lo libera de su obligación de proteger el ambiente ni convierte a los gobiernos municipales en autoridades carentes de atribuciones para defender sus territorios.
Según explicó el experto, la minería ilegal en Bolivia es una problemática que exige respuestas de los diferentes niveles del Estado, ya que esta actividad no solo aprovecha los recursos minerales, sino también incluye daños al medio ambiente y a los derechos de los ciudadanos. Además, Cuéllar destacó que la respuesta del Estado debe estar enmarcada en la Constitución y en leyes nacionales, que prohíben la actividad minera ilegal.
UNA TENDENCIA QUE SE EXPANDE
Esta defensa de territorios contra la minería ilegal no solo se la vive en la Amazonía boliviana. En las Yungas, una región en el departamento de La Paz que se antepone al área amazónica, también hay reclamos ciudadanos para impedir que la minería dañe sus fuentes de agua. En los municipios de Coripata, Coroico y La Asunta los pobladores exigen a sus autoridades que impidan las actividades mineras.
Por ejemplo, el conflicto por la minería ilegal en La Asunta se agudizó en agosto de 2026 debido a la explotación de oro en las riberas del río Boopi. En esa localidad hubo toma de campamentos y quema de maquinaria. Los pobladores y campesinos de la región se enfrentaron a grupos vinculados con la actividad minera, incluyendo operaciones de una empresa de origen chino, quemando vehículos y maquinaria pesada, argumentando daño ambiental a los ríos y cultivos locales.
Luego se realizó un cabildo. Allí se aprobaron ocho medidas, incluyendo declarar a La Asunta en emergencia, exigir una política de “cero minería”, pedir la renuncia de funcionarios y disponer que la maquinaria retenida quede bajo custodia de las centrales regionales para reparar los daños ecológicos.
En Coripata los pobladores de esa localidad llegaron a su Alcaldía para pedir a las autoridades que intervengan las actividades mineras. Un ciudadano llevó una botella con agua del río y desafío a los funcionarios a tomar el líquido que supuestamente está contaminado producto por la actividad minera.
“El Acuerdo de Escazú incorpora obligaciones vinculadas con la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia, elementos indispensables para cualquier sistema regional de gobernanza ambiental. Una articulación entre municipios y departamentos podría desarrollar mecanismos comunes de monitoreo de la calidad del agua, identificación de riesgos ambientales, intercambio de información, vigilancia comunitaria y coordinación institucional frente a actividades ilegales”, remarcó Cuéllar.
Publicación original: Mongabay Latam - https://es.mongabay.com/2026/11/bolivia-ola-antiminera-alcanza-cinco-municipios-indigenas-amazonia-impactos-ambientales/ - *Imagen principal: los municipios de Palos Blancos y Alto Beni han declarado sus territorios libres de minería. Foto: cortesía Fundación Solón
