DECLARACIÓN PÚBLICA COORDINADORA PATAGONIA SIN REPRESAS PUERTO MONTT







Respecto la realización de Plebiscito Ciudadano

En relación a la organización de un Plebiscito Ciudadano para el pronunciamiento colectivo respecto al proyecto HIDROAYSÉN en la Región de Aysén, la Coordinadora Patagonia Sin Represas - Puerto Montt señala lo siguiente:

1.- Hemos consultado en distintas localidades del país acerca de los resultados de similares iniciativas que se han anunciado al menos desde el año 2009, sin existir NINGUNA respuesta respecto a resultados conocidos y/o favorables para los intereses de la ciudadanía convocada que hayan arrojado estos plebiscitos.
2.- Estamos conscientes de que el Estado Chileno y sus diferentes administraciones (Gobiernos) tienen el más nulo interés en respetar la voluntad ciudadana, especialmente cuando esta se pronuncia respecto a proyectos de inversión que son social y ambientalmente degradantes, como es el caso de HIDROAYSÉN.
3.- Sumado a lo anterior, la normativa ambiental no contempla la opinión ciudadana como un elemento vinculante o resolutivo respecto a las decisiones políticas que se han tomado, desde hace 20 años, para dar curso a proyectos destructivos e injustificados para los intereses colectivos.
Independientemente de la voluntad ciudadana, en el Palacio de La Moneda se ha hecho tradición actuar en contra de la opinión de los ciudadanos y en el Parlamento chileno se ha legalizado esta situación aberrante.
4.- El proyecto HIDROAYSÉN, en especial, ha demostrado contar con un amparo de tráfico de influencias y de capacidad de soborno que debilitan aún más cualquier posibilidad de que los Gobiernos y sus ·funcionarios de "exclusiva confianza", que dirigen los servicios públicos, respeten y escuchen la opinión ciudadana. La donación de más de $ 600 millones hecha por HIDROAYSÉN a una Fundación a cargo de la esposa del actual Presidente de la República, pocos días antes de la votación de los servicios públicos en torno al Estudio de Impacto Ambiental presentado por los represores, es demostrativa de lo permeable que es el Estado y sus Administraciones a la generosidad empresarial.
5.- Debido a todo lo anterior, nos resulta tremendamente preocupante que se organice en la Región de Aysén un Plebiscito para consultar a los ciudadanos respecto a su posición sobre HIDROAYSÉN, más aún cuando en todo Chile se han generado demostraciones de rechazo a este proyecto que ha causado, además, la deslegitimación de este Gobierno que consagró lo realizado por los anteriores Gobiernos de la Concertación. El proyecto HIDROAYSÉN tiene alcances nacionales. ¿Debiéramos preparar, acaso, plebiscitos en cada una de las 90 Comunas por donde pasaría el tendido eléctrico? ¿Qué sentido tiene obviar la expresión ciudadana ya conocida en contra de este proyecto?
 6.- Queremos también llamar la atención respecto a la segregación política que incluye este llamado a plebiscitar el proyecto HIDROAYSÉN, puesto que sólo votarían los ciudadanos inscritos en los registros electorales y se margina a los que, haciendo uso de una opción política, se han negado a registrarse en este Sistema Binominal de Elecciones.
 7.- Entendemos el interés de agrupaciones políticas por insertarse en este movimiento ciudadano que se opone a la construcción de represas en la Patagonia para seguir alimentando el saqueo minero en la Zona Norte del país. Puede ser hasta legítimo que aprovechen la oportunidad de mostrarse con un interés que nunca antes habían manifestado, pero definitivamente no es legítimo si en aras de ese "posicionamiento", en una materia que siempre les fue ajena, arriesguen la voluntad ya expresada por decenas de miles de chilenos en manifestaciones públicas a lo largo del país. En esto incluimos a las organizaciones que, aún definidas como "ecologistas", colaboraron durante 20 años con la destrucción física de nuestro país, a través de alianzas y prestaciones de servicio con los autores intelectuales del crimen ambiental que pretende materializar ahora HIDROAYSÉN.
 8.- Para nuestra Coordinadora, ya el Plebiscito se hizo en torno a HIDROAYSÉN y más del 70% de los chilenos consultados han dicho que NO. Resulta innecesario seguir preguntando.
 9.- Finalmente, invitamos a quienes convocan a estas actividades de "participación ciudadana honorífica" a no distraer la atención respecto a las verdaderas causas de que proyectos como HIDROAYSÉN existan: la permanencia de una Constitución Política y un Modelo Económico Capitalista Neo-liberal, que consagran el derecho a ganar dinero por sobre el derecho a la vida y a la relación social armónica Hombre-Naturaleza.
Lo hemos dicho, pintado y escrito muchas veces: HIDROAYSÉN ES SÓLO EL SÍNTOMA… EL CAPITALISMO ES LA ENFERMEDAD. Esta consigna la reafirmamos hoy.

Coordinadora Patagonia Sin Represas-Puerto Montt
Julio del año 2011. Comunicaciones G80 / OLCA
http://www.g80.cl/noticias/noticiacompleta.php?varbajada=12701

---------------------------------------------------------------------------

MILLONES DE CHILENOS PERDERAN DE POR VIDA EL AGUA

En completo silencio la Corfo puso fin al análisis financiero de las empresas y fijó el precio mínimo por acción de la propiedad estatal de las empresas sanitarias de Valparaíso (Esval) y Concepción (Essbio), que abastecen 4,3 millones de habitantes.

Hugo Maturana, Presidente de la Federación de Sindicatos de las Empresas Sanitarias de Chile FENATRAOS (que representa a los sindicatos de las empresas sanitarias de Arica a Tierra del Fuego) asegura que las cifras hablan por sí sola, pues se venden las sanitarias a un precio muy bajo, lo que es absolutamente innecesario e imprudente. Con esta medida las sanitarias quedarán en manos extranjeras, pues a la venta de Esval y Essbio tiene prioridad las empresas que actualmente la controla con más del 50% de las acciones, la Ontario Teachers Pension Plan, OTTP de Canadá y la internacional Belga, AGBAR que controla Essal. Lo que se suma a la venta del porcentaje accionario de AGUAS ANDINAS S.A. efectuada hace algunos días de propiedad de la francesa SUEZ. En el caso de la OTTP ya manifestó la intensión de compra del resto de las acciones, por lo cual los chilenos o entidades nacionales no tendrán opción de compra, cuyo valor está muy por debajo de lo que actualmente se cotiza en bolsa.
Este miércoles la Bolsa de Valores suspendió la venta de 100.000 acciones (grupo minoritario) esto debido a las normas de autorregulación vigente, ya que se registró una baja de 30,61% respecto al día de ayer el valor de la acción cerró en $24,5 y hoy su precio de venta fue de $17. Similar situación ocurrió con la sanitaria Esval experimentando una baja de 27,8%. De las cuatro empresas de agua que el gobierno anunció vender sólo falta ESSAL, que abastece a cerca de 800 mil habitantes en la Región de Los Río y Los Lagos, ya que Aguas Andinas que abastece a 6 millones de usuarios en la Región metropolitana se remató el 15 de junio a $250 pesos por acción. El análisis de esta venta permite observar que el derecho de abastecimiento de agua se vende a perpetuidad al irrisorio valor de menos de $60 por habitante, "resulta desconcertante, que el gobierno se desprenda de un elemento, básico y estratégico, sin ningún argumento válido. Y por sobretodo preocupa la poca transparencia de esta transacción, pues todo se ha dado entre gallos y medianoche sin que la ciudadanía sepa de las consecuencias de esta venta. Ningún usuario de las empresas tendrá el derecho a la compra de ninguna de estas acciones, menos tuvimos derecho a pronunciamiento sobre algo tan vital y de primera necesidad como es el agua y alcantarillado". expresó el dirigente sindical.

http://www.g80.cl/noticias/noticiacompleta.php?varbajada=12712

------------------------------------------------------------------------------------


Chile Sustentable denuncia subterfugios de gobierno al enajenar sanitarias
Juan San Cristóbal

Sara Larraín denunció que los gobiernos de turno no pueden deshacerse de bienes públicos sin consultar al Parlamento, luego de conocerse el plan de enajenación de acciones en empresas sanitarias por parte de Corfo. La ambientalista apunta que hay “grupos muy pequeños que se han enriquecido de manera obscena e inaceptable”.

La ONG Chile Sustentable denunció graves irregularidades en el proceso en que Corfo declara enajenarse de acciones en las principales empresas sanitarias del país. El riesgo que significa para el Estado la pérdida de importantes ingresos financieros y el control estratégico de recursos naturales es un peligro que su directora, Sara Larraín, ha señalado como una operación donde se desfavorece el patrimonio estatal y la soberanía.
Entrevistada en la tercera versión de Radioanálisis, Larraín denuncia graves subterfugios de parte del gobierno de Sebastián Piñera al no consultar al Parlamento por bienes de uso público, que pertenecen a todos los chilenos, y que hoy su potestad es traspasada a empresas transnacionales y grandes fortunas del país.
¿En qué situación se encuentra la enajenación de acciones en empresas sanitarias de parte del Estado?
Nosotros hemos estado trabajando en conjunto con la Federación Nacional de Sindicatos de Empresas Sanitarias, en contra de este proceso terminal de enajenación y privatización de propiedad de acciones de empresas públicas, las sanitarias más importantes del país. En ellas el Estado se quedó con un porcentaje importante entre 30 y 40 por ciento, y el gobierno de Sebastián Piñera ha decidido vender estas acciones sin el consentimiento del Congreso Nacional, utilizando un subterfugio en el cual a elementos que son “bienes públicos” les ha puesto el título de “bienes públicos prescindibles”.
¿Cuál es la respuesta que ha entregado el gobierno ante este tema?
El vicepresidente de Corfo, Hernán Cheyre, ha señalado que el fundamento de esta venta es contar con recursos frescos para apoyar a las Pymes, en circunstancias que éstas son las empresas más rentables que tiene el Estado, en las que Corfo ha mantenido proyectos de innovación en distintos sectores productivos. Esto es contradictorio y el proyecto de gobierno es una posición ideológica de privatizar todo lo que queda bajo propiedad de los chilenos.
¿Bajo qué argumentos se considera como inconstitucional este hecho?
Lo ha señalado el informe constitucional de la semana pasada, presentación en la comisión de Obras Públicas del Senado, esta venta sería inconstitucional en la medida que los bienes públicos del Estado no pueden ser enajenados por gobiernos de turno, sino que requieren una consulta al Congreso Nacional, lo que ahora no se ha realizado.
¿Qué salidas tiene este tema en relación con detener la privatización de sanitarias?
Se planteó que durante el período de Ricardo Lagos, en contexto del acuerdo comercial con la Unión Europea, se habría suspendido esta cláusula, pero no hay reforma constitucional que elimine la consulta al Parlamento. Por lo que hay un espacio entendible, los parlamentarios pueden utilizar para cuestionar la venta de este tipo de activos estratégicos, como son las acciones estatales en las sanitarias, porque refieren al saneamiento básico que, además, han sido declarados los nuevos derechos humanos fundamentales. Se ha incorporado este nuevo derecho humano, y que el Estado no conserve autoridad para asegurar este bien público, es una situación muy cuestionable de la perspectiva política.
¿Qué antecedentes existen en Chile que expliquen este proceso de privatizar las sanitarias?
El proceso de privatización del porcentaje de las sanitarias comenzó en el gobierno del presidente Eduardo Frei, y luego con las empresas más pequeñas en el gobierno de Ricardo Lagos. Sin embargo, dado que son sectores estratégicos, el Estado se reservó una parte importante con el objetivo de tener representación en los directorios y asegurar un servicio fundamental para la población. Particularmente en los casos de derechos de agua, no sería enajenación sino la reserva de intervención estatal con el objetivo de asegurar este bien estratégico.
¿Cuál es el subterfugio argumentado por el gobierno para iniciar esta enajenación de derechos?
Corfo señaló que se habría reservado los derechos de agua y un 5 por ciento para cumplir con el mandato constitucional, porque el tratado con la UE no es superior a la Constitución. Lo que hizo el gobierno es un subterfugio al reservarse 5 por ciento y los derechos de agua para tener la justificación que el Estado conserva el capital de esta empresa, derechos definidos como bienes nacionales de uso público. Hay una aplicación bastante ambigua de la aplicación que hace Corfo.
¿Cuál es el contexto internacional de esta situación?
Hoy, a nivel mundial todavía más de 80 por ciento de los servicios de agua potable son públicos, porque en servicios estratégicos como éste los Estados han entregado la gestión de una empresa, pero no el recurso natural que sustenta el servicio, considerado estratégico. En la Unión Europea, las empresas hídricas y energía tienen control del Estado por ser un punto estratégico, es lo mismo que pasa con la minería. Pero acá estamos viendo una doctrina distinta, donde el Estado se deshace de bienes públicos que deben mantenerse en dominio público por un asunto de soberanía, y limitarse a una gestión del agua potable, pero no un manejo sobre el recurso.
¿Por qué la legislación chilena permite este tipo de subterfugios privatizadores?
Estas leyes fueron aprobadas cuando no había partidos políticos ni Congreso Nacional, entonces elementos como energía, educación, agua, salud o pensiones, hoy son bienes que el Estado debe resguardar pero han sido enteramente privatizados. En casos como La Polar hemos visto la vulnerabilidad de los ciudadanos, lo que no representa la garantía que debe representar el Estado como ente regulador del bien común.
¿Cuáles son las contradicciones del gobierno en este proceso?
El vicepresidente de Corfo ha señalado que esto va directo a financiar el terremoto, después dijo que va a la extensión del Metro, ahora dice que es garantía para las Pymes, entonces siempre cambia el argumento, pero el subterfugio de reservarse el 5 por ciento y los derechos de agua es para no caer en la inconstitucionalidad absoluta. Esto es un perjuicio para todos los chilenos, estas empresas son más rentables y seguras, como Enap y otras, donde el Estado mantiene propiedad. No debiéramos desprendernos de estas empresas porque dan gran cantidad de recursos para temas sociales.
¿Hay antecedentes que permitan dilucidar qué pasaría de efectuarse la enajenación?
En el caso Hidroaysén, nos damos cuenta que es un proyecto posible porque dos empresas tienen los derechos de agua del río Pascua y Baker, hay una apropiación de bienes públicos en manos de dos empresas. Nos dimos cuenta que estas dos empresas dominan el 70 por ciento de la generación del Sistema Interconectado Central (SIC), y con el trazado nos damos cuenta que el grupo Matte tiene 24 predios por donde pasa el tendido eléctrico, aprobado porque ellos pasan el trazado por sus predios. Estamos viendo que hay un puñado de personas que se apropió de los bienes de todos los chilenos, en innumerables casos donde dejan ver una situación de la repetición de un marco legal que ha permitido una expropiación generalizada de bienes públicos para grupos muy pequeños que se han enriquecido de manera obscena e inaceptable.
¿Cuáles son las acciones a realizar por Chile Sustentable (y la ciudadanía) en este ámbito?
Debemos impugnar legalmente estos acuerdos, aquí no hay ningún control. En el caso de Aguas Andinas, meses antes el directorio firmó un contrato con Gener para traspasar infraestructura que necesitaban para el proyecto Alto Maipo. Tenemos a Hernán Cheyre que pasa la infraestructura de agua potable de Santiago, luego se deshace de las acciones de todos los chilenos, un hecho inaceptable. Nosotros vamos a impugnar este tipo de contratos, estamos trabajando con parlamentarios para impugnar contratos que enajenan la infraestructura con dedicación exclusiva para agua potable. No solo se privatiza la empresa, se privatiza la fuente de agua, las aguas servidas, a pesar que pagamos el tratamiento, es una ambición que no tiene límites y debemos pararla.
¿Es compleja la situación del Estado y la ciudadanía respecto a defender su soberanía?
Aquí hay un enorme desafío que implica la necesidad de revertir la situación o poner exigente la ley de servicios sanitarios. Las aguas servidas son pagadas por los ciudadanos para su tratamiento, y una vez que cobran, deben devolver el agua a los ríos, pero se le quería vender a las mineras. Aquí simplemente, es un poco mucho como se dice a la chilena, simplemente no hay estado de derecho, es una mafia de piratería donde los ciudadanos pagamos el servicio y las empresas cobran doble para todos lados. Los chilenos pagan cada vez más por el agua, y las sanitarias son empresas que se están llevando utilidades salvajes.
http://radio.uchile.cl/noticias/122543/

Entradas populares de este blog

Francia: ‘Mi orina contiene glifosato, ¿y la tuya?’ Denuncia contra el polémico herbicida

Fiebre de Oro amenazan el Parque Patagonia en Chile:Minera Australiana Equus Mining pone en riesgo patrimonio geológico y arqueológico en Aysen

Animales desesperados ante la peor sequía de Australia