Brasl y Argentina: Monsanto, entre la apropiación indebida y la publicidad engañosa.





La transnacional podría encontrar en Brasil un límite hasta ahora impensado: cinco millones de productores de soja le reclaman una fortuna por “apropiación indebida” de regalías.En juego están unos 7.500 millones de dólares que los sembradores de soja de todo tamaño (pequeños, medianos y grandes), podrían cobrar de manos de la mayor empresa de agroquímicos del planeta.
En abril pasado, un juez de primera instancia de Rio Grande do Sul, Giovanni Conti, que entendía en un pleito presentado tres años antes por productores sojeros de ese estado, ordenó a la transnacional estadounidense dejar de cobrar regalías por la patente que detenta sobre una semilla de soja transgénica.
La patente, falló el magistrado, estaba vencida desde 2003. Conti intimó entonces a la empresa no solo a dejar de percibir el canon correspondiente (2 por ciento de la producción generada a partir de esa semilla) sino a devolver el dinero recaudado desde 2004, es decir unos 2.000 millones de dólares.
La transnacional apeló, pero a mediados de junio la Suprema Corte de Justicia de Brasil extendió la validez del fallo del tribunal riograndense a todo el territorio nacional.
Si la resolución de abril quedara firme, Monsanto debería pagar a los cinco millones de productores brasileños de soja –ya no únicamente a los miles de Rio Grande- unos 7.500 millones de dólares.
Todavía se está lejos de una resolución definitiva –se estima que antes de fines de 2013 no habrá novedades- pero la transnacional, que figura en la lista de las más resistidas y boicoteadas por los pequeños y medianos agricultores de todo el planeta, podría llegar a conocer un revés que jamás soñó.
De demandante a demandada
Habitualmente sucede a la inversa: es Monsanto la que denuncia a los agricultores ante la justicia para cobrar las regalías sobre los paquetes tecnológicos que les vende.
“Cuando no gana, presiona, chantajea, atemoriza, pero es raro que no termine saliéndose con la suya, porque allí donde se instala acaba montando un circuito redondo del que es difícil que alguien pueda salir”, dice Marie Monique Robin, una periodista francesa “especializada” en esta transnacional y autora de investigaciones como “El mundo según Monsanto”.
La historia de la transnacional en Brasil es, acaso, curiosa. Su soja genéticamente modificada, que comenzó a producir en los primeros años noventa en Estados Unidos, ingresó al país de contrabando desde Argentina hacia finales de esa década.
Durante varios años las semillas transgénicas de la oleaginosa estuvieron prohibidas en Brasil, pero no hubo esfuerzo que las frenara.
En 2005, el gobierno del presidente Lula da Silva legalizó el cultivo, según alegó porque no podía combatir el hecho consumado de su imposición, y después destinó millones y millones de dólares a desarrollarlo. A tal punto, que Brasil es hoy el segundo productor y exportador mundial de soja transgénica, que 17 de los 25 estados del país están sembrados con ella y que la famosa hojita verde de laboratorio genera el 26 por ciento de las exportaciones agropecuarias brasileñas.
La soja Roundup Ready (RR), genéticamente modificada para resistir al herbicida Roundup, fabricado por la propia transnacional, ocupa casi el 90 por ciento de los 25 millones de hectáreas de territorio brasileño sembradas con la oleaginosa.
Por usar esa semilla patentada, los productores brasileños deben pagarle un 2 por ciento de su cosecha anual en royalties al comprarla, y otro 2 por ciento cuando venden su cosecha.
"La ley prevé el derecho de los productores de multiplicar las semillas que compran, y en ninguna parte del mundo se cobra con la producción final. Los productores están pagando un impuesto privado sobre la producción", comentó una de las abogadas de los productores demandantes, Jane Berwanger.
Paradójicamente, Monsanto no debe hacer frente esta vez en Brasil a ninguno de sus oponentes tradicionales (agricultores familiares, productores de otros rubros, sindicatos, grupos ambientalistas, movimientos sociales, comunidades nativas) sino a quienes son objetivamente sus aliados, los productores sojeros que han incorporado sin mayor drama una tecnología que multiplica sus ganancias.
“No hay como Monsanto para esquilmar”, decía recientemente la francesa Robin.
Más allá de esta situación, no se escucha entre los sojeros reclamos por los daños sanitarios y ambientales generados por los productos que Monsanto elabora y ellos utilizan, o por el desplazamiento hacia las periferias urbanas de decenas de miles de campesinos expulsados por el avance de la soja, o por la amenaza que la oleaginosa representa para el Cerrado, un área de 2 millones de quilómetros cuadrados que concentra el 5 por ciento de la biodiversidad mundial.
Aun así, dijo un productor lechero de una pequeña localidad de Rio Grande, “toda dificultad de Monsanto hay que celebrarla”. Máxime cuando no es la única que la transnacional enfrenta en Brasil, y en especial en ese estado del sur del país.
A fines de agosto, un tribunal de segunda instancia de la ciudad de Porto Alegre condenó a la empresa a pagar al Estado 500.000 reales (unos 250.000 dólares) por una “publicidad engañosa” sobre la soja transgénica.
El aviso, de 2004, promovía las “bondades” del producto de laboratorio cuando éste todavía estaba prohibido en Brasil.
Monsanto "enalteció un producto cuya venta estaba prohibida y no aclaró que sus pretendidos beneficios son muy cuestionados en el medio científico", dice el fallo del juez instructor del caso, Jorge Antonio Maurique.
Si la sentencia es ratificada, Monsanto deberá pagar el cuarto de millón de dólares y además difundir una publicidad en la que consten los efectos negativos de los productos con los que modifica las semillas de soja.
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Miles de personas se movilizaron anoche en la ciudad de Córdoba en contra de la instalación de una planta de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. Fue por las calles del Centro de Córdoba. Se movilizaron contra la radicación de una planta de semillas en Malvinas Argentinas.
Fuente: La Voz del Interior
La marcha comenzó en Colón y Cañada y concluyó con en la ex Plaza Vélez Sársfield.
La movilización es parte de la resistencia de vecinos y grupos ambientalistas a la radicación de una planta para procesar semillas de maíz, en la localidad de Malvinas Argentinas, ubicada 14 kilómetros al este de la Capital provincial. La construcción de dicha empresa estadounidense supone una inversión de 1.500 millones de pesos y la creación de 400 puestos de trabajo.
El plan había sido presentado a la presidenta, Cristina Fernández, en junio pasado, por directivos de la firma. Cuenta con el apoyo del gobernador, José Manuel de la Sota, y el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani.
La marcha reunió a miles de personas. Los organizadores daban cifras que hablaban de entre cinco mil a 10 mil manifestantes, principalmente jóvenes. Lo que pudo apreciar este diario es que ocupó unas tres cuadras de avenida Vélez Sarsfield.
Hubo una fuerte presencia de organizaciones ambientalistas, dirigentes y militantes de partidos de izquierda y de movimientos sociales, identificados con sus respectivas banderas.
Las principales críticas se apuntaron contra De la Sota, contra Arzani y contra los funcionarios de Agricultura de la Provincia. También había banderas en contra del Gobierno nacional.
Los oradores y las pancartas denunciaban el "peligro de contaminación por la instalación de la planta" y pedían que Monsanto fuera expulsada de América latina.
"Le estamos diciendo no a Monsanto por el currículo que tiene. Si uno se pone a leer desde el inicio de esa empresa, está destinada a crear muerte y contaminación, desde el agente naranja en adelante", dijo Martín Carranza, del colectivo Paren de Fumigar.
"Otro punto fundamental es que países del primer mundo europeo, como Francia, le han dicho no a la instalación de Monsanto. En un montón de países tienen juicios por contaminación que los han perdido. Por eso decimos no a Monsanto", agregó.


En las principales ciudades de Canadá, Argentina, Alemania, Ecuador, Paraguay, Brasil, Perú, Japón, Filipinas, y en el propio territorio de los Estados Unidos, se desarrollaron marchas para protestar contra la empresa Monsanto. La más importante se celebró en la sede principal de esta multinacional, en Sant Louis, estado de Missouri, donde fue fundada en 1901 por John Francis Queeny, comenzando con la distribución de sacarina y luego con el negocio de plásticos y resinas. En la década del ´70, Monsanto se dedicó a la fabricación de herbicidas, actividad que constituye hoy su principal negocio, junto a la producción de semillas genéticamente modificadas, como la soja transgénica.
Fuente: noalamina.org


El fabricante de transgénicos y glifosato es una corporación que pone en permanente contradicción al cristinismo. Depende la conveniencia, es amigo o enemigo. La acusa de causar daño en la salud, pero luego celebra sus anuncios de millonarias inversiones. La nueva 'ley de semillas'. La militancia K insiste con atribuirle una sociedad con Clarín y La Nación cuando quiere desprestigiar a esos diarios. También se acusó a los sectores agropecuarios por el uso del glifosato en sus plantaciones durante el conflicto con el campo en 2008, por el efecto que este agroquímico tendría en la salud y el medioambiente.
Pero hay ocasiones en que se celebran los anuncios de la compañía norteamericana sobre inversiones millonarias en el país. En junio fue la misma presidente Cristina Fernández la que se encargó de anunciar la inversión de $1.800 millones por parte de Monsanto. "La inversión de Monsanto es importantísima y va a ayudar a la concreción de nuestro plan, tanto agroalimentario 20-20, como nuestro plan industrial. Me decía su titular que les había impresionado mucho el apoyo que nuestro Gobierno estaba dando a la ciencia y a la tecnología", dijo la mandataria tras un encuentro privado con las autoridades de la empresa en Nueva York. El diario oficialista Página12 destacaba que "la ministra de Industria, Débora Giorgi, agregó que la nueva planta para producción de semillas de maíz implica "400 puestos de trabajo más" y destacó que el lugar de emplazamiento del emprendimiento es el barrio Malvinas Argentinas, en Córdoba, algo que ligó con el hecho de que la Presidenta estuviera en Nueva York debido al discurso que dio ante el Comité de Descolonización de la ONU". Pero, curiosamente, no toda la prensa oficialista está dispuesto a firmarle un cheque en blanco a Monsanto, poniendo de manifiesto esa contradicción existente en el cristinismo respecto al fabricante de semillas. Apenas un día después de la crónica de Página12, un artículo del diario Tiempo Argentino alertaba sobre la falta de control de los agroquímicos de Monsanto y Nidera por parte del organismo oficial competente, el Senasa, y que eran las mismas compañías las que certificaban sus pesticidas.
La nota firmada por Manuel Alfieri señalaba que "los laboratorios que realizan las evaluaciones paradeterminar la toxicidad de los agro-químicos que se utilizan en nuestro país están directamente vinculados o son las mismas empresas que producen y comercializan pesticidas", y agrega: "Sí, los laboratorios Monsanto realizan los ensayos toxicológicosque establecen si los productos de la empresa Monsanto SA –entreellos, el glifosato, denunciado porcontaminar el medio ambiente y atentar contra la salud de las personas– pueden diseminarse en los campos argentinos".
En la misma nota del diario al que nunca podría acusarse de anti-cristinista se entrevistaba a al especialista Claudio Lowy, quien abundaba sobre el rol del Senasa. "El SENASA no realiza ensayos de toxicidad de los pesticidas, sinoque evalúa los ensayos ya realizados porlos laboratorios habilitados. Esos laboratorios no son indepe-dientes, porque están vinculados o son lasmismas empresas que producen y comercializan pesticidas, como Monsanto y Nidera. Osea, son juez y parte", dijo el Lowy, un ingeniero forestal y experto en desarrollo sustentable.
No obstante, la alianza, incómoda, del Gobierno Nacional con el productor de transgénicos parece tener una meta clara. Recientemente el Ejecutivo le autorizó a Monsanto comercializar en el país un nuevo tipo de semilla, la 'Intacta RR2 PRO'. Se trata de una semilla homologada, es decir certificada por la misma empresa.
Esto le permitiría al fisco tener una mayor control sobre la producción de granos, especialmente de la soja, reduciendo los niveles de evasión. Caber recordar que el Estado argentino recauda US$ 12.000 millones por año en concepto de retenciones a las exportaciones de soja, casi el 9% de la recaudación total.
En este marco comenzará a tratarse una nueva 'Ley de Semillas' que apunta a reconocerle la "autoría" a los fabricantes de las mismas. Es un proyecto que impulsa el Gobierno Nacional através del ministerio de Agricultura. Con esta ley los productores agrícolas deberían pagarle regalías a los fabricantes de semillas, como Monsanto.
Fuente: Urgente24 - Imagenes: marcospaz.com.ar


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