Chile: ¿A quiénes beneficia la carretera eléctrica?


Por Sara Larrain. 

Empresarios y el gobierno han declarado que el modelo de desarrollo eléctrico aplicado en Chile se basa en un mercado competitivo de generación, con acceso abierto al uso compartido de los sistemas de transmisión y un sistema de transmisión suficiente que asegura la competencia en la generación y la seguridad en la transmisión y distribución.
Pero existen desde hace años problemas estructurales que contradicen dichas declaraciones. Por el contrario, Chile enfrenta hoy una crisis de múltiples dimensiones en el sector eléctrico: altos niveles de dependencia de combustibles importados, una creciente carbonización de la matriz lo que redunda en mayor contaminación, elevados precios de la energía, inseguridad en el abastecimiento local por restricciones hídricas y estrechez en los sistemas de transmisión. 
Junto a la ausencia de una política de seguridad y sustentabilidad eléctrica, se ha manifestado durante la última década un creciente malestar ciudadano ante el continuismo del actual modelo de desarrollo eléctrico. Destacándose en el inicio un rechazo al desarrollo de grandes centrales hidroeléctricas en territorio indígena y masificándose posteriormente contra  el importante incremento de generación termoeléctrica sobre la base de carbón y pet-coke en localidades ya contaminadas, en áreas de producción agrícola o en zonas dedicadas al turismo y la pesca artesanal; manifestándose en la actualidad rechazo local, regional y nacional ante proyectos que amenazan la salud, los medios de subsistencia y las prioridades de desarrollo que las comunidades y regiones han privilegiado para sus territorios. 
A pesar de estas señales políticas, los sucesivos gobiernos han continuado administrando una modalidad de desarrollo eléctrico, que amparado por la Ley General de Servicios Eléctricos (DFL Nº 1 de 1982) que entregóal sector privado la conducción del desarrollo eléctrico en los segmentos de Generación, Distribución y Trasmisión; y que durante 30 años ha enriquecido a un pequeño grupo de empresas, a costa del interés público y del patrimonio natural del país. 
La masividad de las movilizaciones ciudadanas, los estudios de opinión pública y el contenido de las iniciativas de ley propuestas por los parlamentarios en los últimos años (tales como la ley de Net-metering, la ley 20% ERNC al 2020) son evidencias macizas y coherentes de una crisis en la política eléctrica que las autoridades deben escuchar. 
No obstante, las empresas se concentran en reclamar la demora en la tramitación de los proyectos de generación y trasmisión, y la “incertidumbre” para sus inversiones; demandando a la autoridad simplificar y acelerar los procedimientos de aprobación de las servidumbres eléctricas que gravan a otros sectores económicos y sociales; y entregar condiciones prioritarias a la inversión eléctrica, por sobre las condiciones de inversión de otros sectores económicos. También solicitan al Estado apoyo público directo con el fin de determinar franjas expropiables de “interés público”, que los privados puedan utilizar para emprendimientos de beneficio privado.
El Estado, por su parte, muestra gran sintonía con las demandas del gremio eléctrico y en lugar de perfeccionar el marco jurídico en crisis que esta generando vulnerabilidad, conflictos territoriales, distorsiones de mercado, se apresura en enviar al Congreso proyectos de ley (no consultados, ni concensuados) que generan condiciones excepcionales para los concesionarios eléctricos por sobre los territorios y otros actores económicos. 
Adicionalmente, anuncia un cambio en la concepción de los sistemas de transmisión, de servidumbres y de planificación territorial, expropiando y poniendo a disposición de los concesionarios eléctricos una o varias franjas de territorio “de interés público” que llama “carretera eléctrica pública” para ser usadas por emprendimientos exclusivamente privados.
Recomendaciones de política pública
Las obras de expansión del SIC que se encuentran actualmente en ejecución debieran ir solucionando paulatinamente las actuales congestiones ubicadas de Alto Jahuel al norte y de Charrúa al sur. Sin embargo, otras obras importantes están recién siendo licitadas y su entrada en servicio está prevista para 2016. 
Estas deberían generar una mejora sustancial de la transmisión troncal, optimizando su capacidad de respuesta a continencias severas, con sistemas modernos de control de las fallas para evitar desmembramientos o apagones y un sistema bien dotado e incorrupto de fiscalización.Pero ello requiere que el Estado realmente obligue el cumplimiento y controle la actual Norma Técnica de Calidad y Seguridad de Servicio (NTCSS), y también mejore los requisitos de operación del sistema. La falta de cumplimiento de la norma por parte de los privados, y la ausencia de control por parte del ente regulador, quedó en evidencia en los apagones de 2011. 
Además es urgente desarrollar una Expansión Troncal de largo plazo, es decir para 20 o 30 años, y no solo para cuatro como ocurre en la actualidad. Esta proyección, diseño y planificación debe considerar las incertidumbres, incluir escenarios con diversas opciones de generación, priorizando la confiabilidad del sistema y considerando análisis de riesgo en las decisiones. Es necesaria también una planificación permanente de la Transmisión Troncal por parte del Estado en conjunto con los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC), los cuales deben ser constituidos como Centros de Operación Independiente (COI) de los Sistemas Eléctricos (tal como recomendó la Comisión Ciudadana Técnico-Parlamentaria en 2011).
Chile no puede perpetuar la estructura de transmisión del pasado, cuando el mundo entero va hacia los sistemas inteligentes y distribuidos, por su mayor estabilidad y eficiencia ambiental, económica y energética: la planificación de la expansión de los sistemas de trasmisión troncal, de subtransmisión y los sistemas adicionales deben reestructurarse bajo el concepto de sistemas inteligentes y generación distribuida; como así mismo cumplir condiciones de ordenamiento territorial, que permita compatibilidad con la protección ambiental y las prioridades del desarrollo regional. 
Los estudios de expansión troncal, además de las condiciones de ordenamiento territorial, deben considerar sistemas y procedimientos de servidumbres que respeten la igualdad frente a la Ley de los concesionarios eléctricos y los propietarios de los territorios rurales y los bienes nacionales de uso público. Y antes de priorizar la interconexión entre los sistemas interconectados SIC y SING, el Estado debe realizar los estudios necesarios para determinar si los beneficios sociales superan los costos de dicha interconexión, o más bien ello responde al interés de los grandes generadores y grandes consumidores privados, como las empresas mineras. Estos estudios deben ser públicos e independientes, e incluir tanto el diseño y trazado de la interconexión, como también la distribución de los costos y beneficios de dicha conexión SIC-SING.
Finalmente, y ante las dificultades que enfrentan las empresas del sector en la obtención de permisos ambientales y de concesiones para servidumbres de paso, es necesario aclarar al gobierno que, más que modificaciones legales para un fast track como el que propone la Ley de Concesiones Eléctricas (que aceleran la tramitación de las concesiones eléctricas para inversores privados, a costa de los derechos de las comunidades locales y de otros emprendedores que solo intensificará aún más los actuales conflictos que enfrenta el sector), el gobierno debe generar una planificación de largo plazo del desarrollo eléctrico y buscar los procedimientos para la participación ciudadana y de las regiones que permita alcanzar los consensos sobre dónde, cuándo y cómo se hará el desarrollo eléctrico del país.
Fuente: www.elpost.cl  Publicado en el Boletín 317 de ecosistemas.cl

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La Segunda. 
"Ciertos proyectos se han resuelto por elección presidencial, otros han llegado a la Corte Suprema y hay que preguntarse porqué se llegó a esa instancia", señaló. Gerente de Endesa afirmó que la judicialización está "generando grandes incertidumbres". Una profunda preocupación por el futuro energético del país es el que comparten los principales actores de la industria, y así lo hicieron ver esta mañana en un seminario organizado por Sofofa y la Aipef. Abrió el debate el presidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, quien indicó que es relevante resolver las problemas que dificultan aumentar la capacidad instalada en el país, pero que la instancia para hacerlo es el área política Respecto a las trabas que han presentado variados proyectos de inversión energéticos -como fue el rechazo de la Corte Suprema a la constucción de la termoeléctrica Castilla- el empresario sostuvo que "este es un problema más político que técnico. Celebramos que con ocasión del ingreso del proyecto de ley de carretera eléctrica la discusión se traslade al parlamento y creemos que no se discutirá sólo de transmisión, porque también la carretera obliga a pronunciarse y debatir sobre cuáles serán los polos de generación que serán conectados".
Larraín Matte recalcó que actualmente "la institucionalidad se ha visto superada. Hemos visto como ciertos proyectos se han resuelto por elección presidencial, otros han llegado a la Corte Suprema y hay que preguntarse porqué se llegó a esa instancia y porqué la institucionalidad no resolvió el problema antes". Agregó que se deben solucionar aspectos como la superposición de normativas que, a su juicio, impiden entregar mayores certezas sobre el proceso de evaluación. "El Ejecutivo y el Legislativo deben enfrentar resolutivamente esta superposición de normativas y aquella que existe entre tribunales especializados y los tribunales ordinarios de Justicia". Recordó también que en 2006 existía una cartera de proyectos en hidroelectricidad por 3.500 MW, de los cuales sólo un 25% terminaría ejecutándose al 2014, lo que, dijo, tiene consecuencias en costos de energía más altos y volátiles, pérdida de competitividad y aumento de gases de efecto invernadero. "Hay que aumentar la generación de fuentes energéticas autónomas y competitivas, ¿cuáles tenemos a la mano? Hidroelectricidad y ERNC", opinó. No obstante declaró que es fundamental contar con una base térmica, donde el GNL debe ser una prioridad. Sostuvo que se requiere ampliar la capacidad de los terminales existentes, agregar nuevos terminales de regasificación y acceder a mejores condiciones de precios con la existencia de más actores.
Endesa: "Se requiere el ingreso 1.200 MW al año" "Está claro que si no hay energía, no hay desarrollo", así comenzó su exposición el gerente general de Endesa Chile, Joaquín Galindo, quien dijo que desde la crisis del gas argentino y la pérdida de peso de la hidroelectricidad en la matriz, los costos del sistema se incrementaron en unos US$1.500 millones Dijo que la demanda por energía en el país aumentará en ritmos cercanos en el 6%, por lo que en los próximos 12 a 14 años se necesita instalar unos 18.000 MW de capacidad instalada nueva. "Cumplir esta meta irrenunciable significa poner en servicio del orden de 1.200 MW a 1.400 MW", dijo, equivalente a poco más de dos centrales Ralco al año Sobre la judicialización de las iniciativas, lo que está "generando grandes incertidumbres". Por lo que dijo que es necesario que la sociedad chilena entienda "los proyectos como suyos o imprescindibles" para el crecimiento del país. A su vez, el gerente de Transelec, Andrés Kuhlmann, adelantó que los próximos cinco años en algunas zonas del país, como el Norte Chico, enfrentará "grandes dificultades" en la transmisión. Sobre el proyecto de carretera eléctrica indicó que "está bien enfocado, recogen bien el diagnóstico del sector, pero requiere especificar mucho mejor la problemática ambiental y especificar un sistema de planificación que tome en cuenta todos los atributos de un sistema de transmisión de un país desarrollado".

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