Argentina/Minería/Mendoza: Cómo tratar el proyecto San Jorge ignorando a la ciencia
Mientras la Cámara de Diputados de Mendoza se dispone a votar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto megaminero de Uspallata, el Conicet publicó un comunicado técnico denunciando “importantes deficiencias” en el proyecto de extracción minera impulsado por el oficialismo. La comunidad científica pide que el Gobierno provincial revise y amplíe los estudios ambientales, antes de avanzar con el trámite administrativo, para evitar graves riesgos en el agua, la biodiversidad, el patrimonio arqueológico y las poblaciones afectadas por el extractivismo.
Por Negro Nasif
Este martes, el cornejismo logró dictamen en Diputados para avanzar en el proyecto de explotación del denominado PSJ Cobre Mendocino y, en consecuencia, habilitó las condiciones para que el plenario de la cámara sesione y trate la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación megaminera en la localidad lasherina de Uspallata.
Al apuro del Gobierno se contrapuso ayer mismo un pormenorizado comunicado público del Conicet que, además, multiplica las ya abundantes dudas sobre la seriedad de la DIA promovida por el oficialismo.
“Se identificaron importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino”, denunció el Conicet Mendoza y advirtió sobre “la falta de datos actualizados, de líneas de base completas y de estudios adecuados sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales”, lo que “impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”.
A esta conclusión arribaron los institutos y equipos mendocinos que integran la institución científica de mayor prestigio del país, luego de haber participado durante todo el proceso de evaluación de impacto ambiental de San Jorge.
Para el Conicet, el trámite administrativo para otorgar la DIA avanza pese a que la empresa que pretende explotar la cordillera todavía no ha respondido sustantivamente a las objeciones y sugerencias planteadas por la Universidad Nacional de Cuyo, el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, el Departamento General de Irrigación (DGI), e incluso la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo, que pidió explicaciones sobre los riesgos del proyecto para la salud de los mendocinos.
Las deficiencias más relevantes del Informe de Impacto Ambiental descriptas por el Conicet pueden sintetizarse en cuatro aspectos básicos:
Recurso hídrico
Los estudios de caudales están desactualizados (previos a la megasequía 2010–2022). Los registros demuestran que la demanda declarada por la empresa excede el caudal disponible en gran parte del año. Existen incertidumbres y carencias en la modelación del riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y su posible conexión con cuencas mayores.
Biodiversidad
La línea de base es insuficiente, desactualizada o errónea. Faltan cartografías, protocolos claros y planes de manejo concretos para flora y fauna (incluidas vegas y artrópodos) que aseguren protección, restauración y monitoreos adecuados.
Impacto socioeconómico y patrimonial
Los datos demográficos y económicos son antiguos y parciales. No están evaluadas con rigor las repercusiones sobre empleo, servicios, vivienda, provisión eléctrica, salud y dinámicas sociales. La zona contiene patrimonio arqueológico incaico (tramos del Qhapaq Ñan) y sitios de significación para comunidades huarpe que podrían verse irremediablemente afectados, vulnerando obligaciones legales y derechos colectivos.
Suelo
Los muestreos y análisis sobre el potencial de acidificación y el riesgo de drenaje ácido minero son escasos, superficiales y parciales, por lo que no permiten establecer conclusiones firmes sobre la seguridad del proyecto.
En suma, según la comunidad científica mendocina, existen vacíos y errores más que significativos que “limitan la toma de decisiones responsables y podrían comprometer recursos naturales, culturales y comunitarios de alto valor”. Por esto, el Conicet “considera necesario que las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso administrativo”.
Ahora será la Cámara de Diputados la que deberá decidir si —de forma exprés— subordina el agua y los bienes comunes de Mendoza a los intereses de las corporaciones mineras extranjeras, o si se toma el tiempo necesario para escuchar las palabras autorizadas de la ciencia, además de las voces que hoy se manifestarán en las calles.
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