AVANZA UN POLÉMICO PROYECTO ENERGÉTICO EN SANTA CRUZ A SÓLO QUINCE DÍAS DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO DE COPENHAGUE





El Gobierno elige producir energía a costa del medio ambiente
Cuando en todo el mundo se habla de reducir las emisiones de CO2 para evitar el calentamiento terrestre, la central termoeléctrica de Río Turbio las elevará en un 6,2 por ciento. La Secretaría de Ambiente no hizo estudios de impacto ecológico.
Gonzalo Sánchez

Aquince días de la Cumbre Mundial de Cambio Climático de Copenhague, cuando en todo el mundo se habla de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar el recalentamiento del planeta, el Gobierno argentino construye en la provincia presidencial una central termoeléctrica a base de carbón que, una vez en marcha, liberará más dióxido de carbono que todas las plantas energéticas del país. Según denuncian diversas ONG, la usina de Río Turbio elevará las emisiones anuales de CO2 en un 6,2 por ciento y producirá contaminación y diferentes perjuicios ambientales a los glaciares de la zona y poblaciones vecinas.

En la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, que conduce Homero Bibiloni, aseguran que no pueden decir nada sobre el caso porque aún no se les pidieron informes oficiales. Reconocen que habrá daño ambiental, pero dicen que será mínimo y se desmarcan: “Es un asunto que por ahora le compete al Ministerio de Planificación”, alegan.

La construcción de la central termoeléctrica de Río Turbio fue anunciada por Néstor Kirchner en 2004, luego de un derrumbe dentro del yacimiento carbonífero donde murieron 14 obreros. Después de varias idas y vueltas, su explotación fue adjudicada al grupo Isolux Corsán, un consorcio español que hizo buenas migas con Julio De Vido, después desembarcar en la Argentina en busca del negocio trunco del tren bala que soñó Cristina. Existen denuncias por el presunto pago de sobreprecios en los costos de construcción de la central. El presupuesto inicial de la obra era de 1.506 millones de dólares, pero terminó adjudicándose en 2.680 millones de dólares, casi el triple de lo que cuesta una usina similar en el resto del mundo.

La usina se nutrirá de carbón mineral para producir energía eléctrica. Pero escupirá a la atmósfera 4.975,2 toneladas por día de CO2, el principal gas responsable del aumento de la temperatura sobre la Tierra y del derretimiento de los glaciares. Serán dos millones de toneladas al año y el incremento quedará a la vista. El Gobierno no informa sobre las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, pero según la última medición que se conoce, realizada por técnicos de la Fundación Bariloche, en 2005 el país emitió 311.291,22 millones de toneladas de CO2, muchos más que Austria, Bélgica y Holanda, y poco menos que España.

El caso ya fue denunciado por Greenpeace y por la organización Calafate Natural, cuyos integrantes leen la construcción de la central como un nuevo veto a la ley de glaciares. “Es un despropósito invertir en una usina térmica a carbón –explica Silvia Menghi, vocera de la organización– cuando la Patagonia tiene todas las condiciones para producir energía eólica en cantidad”.

Bocanas de CO2. La central de Río Turbio producirá 75 toneladas por hora de cenizas, más de 600 mil por año, que según denuncian sus opositores serán descartadas en una “zona de sacrificio”. Los ambientalistas sostienen que tanto la disposición de las cenizas como el vertido de agua utilizada –unos 900 metros cúbicos por día– son un riesgo de contaminación para los cursos hídricos que desembocan en Río Gallegos, de donde se nutren los habitantes de la capital provincial.

Pero al carbón también se lo vincula con la contaminación radiológica. Según Greenpeace, la basura que produce la explotación carbonífera es más radioactiva que los residuos usuales de las plantas nucleares. Una planta de generación como la de Río Turbio emite al medio ambiente circundante, a través de las cenizas livianas que genera, cien veces más de radiación que una planta nuclear operando normalmente.

Otro tema crítico es el contenido de uranio y torio existente en el carbón, ambos radiactivos. En un estudio de la revista Science de 1978, científicos del Oak Ridge National Laboratory observaron el contenido de uranio y torio en las cenizas de plantas de carbón en Tennessee y Alabama. Los estudios mostraron que la radiación absorbida por la población viviendo cerca de las plantas de carbón era igual o mayor que las dosis recibidas por aquellos que vivían cerca de plantas nucleares. Cuando se compararon los alimentos crecidos en esas áreas, las radiación contenida oscilaba entre un 50% y un 200% más alta alrededor de las plantas de carbón.

Para el ex representante especial para Asuntos Ambientales de la Cancillería Argentina Raúl Estrada Oyuela todo es muy claro: “La construcción de la central termoeléctrica a carbón es elemento más cabal de que el Gobierno carece de todo tipo de política ambiental”, dice. Oyuela fue el único argentino integrante de la comisión que firmó el Protocolo de Kyoto en 1992. “El discurso de la Secretaría de Medio Ambiente es que no tiene obligaciones respecto de la reducción de emisiones, pero no es así, porque el país adhiere a los convenios climáticos de las Naciones Unidas. La huella de carbono per cápita argentina (8,1 toneladas anuales de CO2 por habitante) ya es alta de por sí y la construcción de una usina de carbón es, sin dudas, un contrasentido. Mientras el mundo intenta reducir, la Argentina decide emitir más. No es de extrañar que en el futuro, por esta política contaminante, el país padezca restricciones en su estrategia de comercio exterior. Es ahí donde el cambio climático se toca con la economía”, explica, y resume: “La decisión de relanzar el carbón como fuente de energía eléctrica es completamente anacrónica”.

Algo similar piensa Juan Carlos Villalonga, director de Greenpeace. “Río Turbio tuvo su razón de ser a mediados del siglo pasado, cuando la Argentina debía sustituir las importaciones que Inglaterra había cortado. Pero a partir de los años 60, cuando el país comienza a diversificarse y entran el petróleo y la energía hidroeléctrica, el carbón entró en picada. Ahora, la Argentina no necesita de esto. Tiene una oferta potencial para producir energía con cero emisiones y el mundo no comprende por qué todavía nuestro país está en cero en el desarrollo de energía eólica”, explica. “Esa usina –continúa– es el primer paso de un plan de explotación a gran escala. Si las discusiones de Copenhague avanzan hacia el buen lugar, tarde o temprano, esa central comenzará a ser onerosa desde todo punto de vista”.

Desde el oficialismo, hacen una ecuación lineal. Dicen que la central termoeléctrica será una fuente de trabajo para la gente y plantean que es la usina o es el hambre. Alegan que desde hace tiempo los pobladores de Río Turbio exigen una planta de tratamiento del carbón que sale del yacimiento para evitar el proceso de desaparición del pueblo por falta de empleo. “No entiendo a organizaciones como Greenpeace. Deberían pensar que se está haciendo patria en el confín de la Argentina”, asume, enojado, el unico funcionario del Ministerio de Planificación que aceptó hablar en off. “El concesionario, además, ha comprado la tecnología más sofisticada para evitar que no se produzca ningún tipo de contaminación”, agrega.

Rumbo a Copenhague. El martes pasado, en la web de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación apareció un texto que describe la posición que asumirá el país durante la inminente Cumbre de Cambio Climático de Dinamarca. En el documento, Homero Bibiloni sugiere que el país exigirá a las grandes potencias recursos para invertir en adaptación y mitigación.

Durante la cumbre de Copenhague, los representantes del mundo industrializado buscarán llegar a un acuerdo para la reducción de gases de efecto invernadero. Lógicamente, Estados Unidos y China aparecen como los ogros del debate, ya que son los mayores emisores del planeta. Brasil se comprometió a reducir sus emisiones en un 38 por ciento y planea actuar en bloque junto a Francia, con quien cultivó una agenda de intercambio en defensa e industria en los últimos meses.

La Argentina no es un país industrializado sino en vías de desarrollo. Por lo tanto, no le caben las mismas obligaciones que a los países más prósperos. Sin embargo, por adherir a una serie de convenios de las Naciones Unidas sobre calentamiento global está obligada a invertir en infraestructura y adaptabilidad para el combate del calentamiento y también, aunque no prioritariamente, a reducir sus emisiones de CO2, que en muchos casos superan a las de países del Primer Mundo. La Patagonia podría ser un corredor de producción energía eólica, limpia y no contaminante. Sin embargo, por una anacrónica decisión gubernamental, el humo negro de la quema del carbón contaminará los cielos prístinos del sur. Justamente, sobre eso, la web oficial de la Secretaría de Ambiente no dice nada.

El ahorro que el carbón impedirá

Si se completara el promocionado plan de eficiencia energética anunciado por el Gobierno meses atrás, que implica el cambio de lámparas de luz comunes por lámparas de bajo consumo en el sector comercial, público y también residencial, las reducciones de CO2 llegarían a 1.109.481 toneladas. Pero sólo un año de funcionamiento de la Central Termoeléctrica con sus casi dos millones de toneladas de CO2 emitidas neutralizará todo el esfuerzo realizado por la sociedad para producir el cambio tecnológico.

OPINIÓN

El desafío
Juan Carlos Villalonga (Director de Campañas Greenpeace Argentina)

Nunca antes los seres humanos enfrentamos un desafío de esta magnitud. Del resultado de Copenhague se juega si podremos mantenernos dentro de límites que eviten en cambio climático “fuera de control”.

Las medidas básicas que deben emerger de esa reunión son una reducción del 40% de las emisiones en el mundo industrializado para el 2020 (respecto a los niveles de 1990) y para los países en desarrollo una disminución de entre el 15 y el 30% en el crecimiento de sus emisiones. Aún estamos lejos de un acuerdo así. Y sólo quedan semanas para Copenhague.

Pero no sólo son necesarios compromisos de reducción. También es necesario que se disponga de fondos suficientes para que todos los países puedan transformar sus economías, esencialmente su actividad energética, para cumplir con estos objetivos. La cifra ronda los 140.000 millones de dólares por año hasta el 2020. Esa cifra debe servir para el cambio tecnológico, detener rápidamente la deforestación y permitir que muchos países se adapten a las nuevas condiciones climáticas para las próximas décadas.

Nada está acordado aún. No hay segunda oportunidad. Cada año venidero es un año vital para producir estos cambios. Todos los países, con responsabilidades diferentes acorde a su contribución al problema, deben realizar este cambio. En este sentido, Argentina, poco está haciendo para ir en la dirección correcta. La decisión de avanzar en el uso a gran escala del carbón para producir electricidad aparece como una política insensata disponiendo de alternativas con mayor potencial energético y de cero emisiones, como es el caso de la eólica.

Cada vez conocemos mejor el comportamiento del clima, sabemos cuál es la solución, las tecnologías están disponibles. Sólo falta la voluntad política de hacerlo y no perder más tiempo. Tiempo que no podremos luego recuperar.

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