lunes, 30 de noviembre de 2009

Gobierno modelo Barrick Gold






El embajador argentino en Canadá, Arturo Bothamley pidió ser escuchado por el Comité de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional (FAAE) del Parlamento de ese país luego que la ex funcionaria de Medio Ambiente Romina Picolotti denunciara allí a la minera Barrick Gold por amenazas a su familia. Además sostuvo que "Si la presidenta no vetaba la ley de protección de glaciares, Barrick iba a trabajar para congelar las cuentas financieras críticas para estabilizar a la economía argentina durante la crisis internacional".


Quiere retruco*

El embajador argentino en Canadá, Arturo Bothamley pidió ser escuchado por el Comité de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional (FAAE) del Parlamento de ese país. Allí mismo, hace dos días, Romina Picolotti denunció amenazas contra ella y sus hijos por parte de Barrick Gold - la consentida de los Gioja y los Kirchner - durante su gestión como secretaria de Ambiente de Argentina. "Si la presidenta no vetaba la ley de protección de glaciares, Barrick iba a trabajar para congelar las cuentas financieras críticas para estabilizar a la economía argentina durante la crisis internacional" abundó Picolotti vía videoconferencia.
Bothamley, un cordobés, intentará desmentir y desacreditar a Picolotti, también cordobesa, porque Barrick Gold no hizo nada y es campeona en el mundial de desarrollo. Bothamley es embajador en Ottawa desde 2004. En 1998 fue director Nacional de Negociaciones Económicas Internacionales, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Recordemos: otro que tuvo que renunciar por Barrick fue Cristian Modolo, ex subsecretario de Ingresos Públicos. El periodista de La Nación Martín Kanenguiser ya había comentado algo hace un tiempo...
Súbitamente, se movió una causa en la justicia federal contra Picolotti: "La ex secretaria de Ambiente deberá explicar el manejo de unos 22 millones de pesos durante su gestión", dijo urgente Página 12. El conservador National Post de Canada cuestionó a la ex funcionaria: "Ms. Picolotti is not quite all she claims to be", escribió Peter Foster.
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Nota del Editor: "retruco" es un lance del truco, juego de naipes rioplantense; el jugador que lo manifiesta redobla el puntaje en juego.

Fuente: Oro Sucio

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Reafirman defensa del agua en el corte a Barrick Gold

Nuestra defensa del agua se afirma y reafirma en cada paso, en cada acción con compromiso y alegría. Queremos encontrarnos y festejar en Peña Negra, lugar en el que empezamos a decir basta con tanta fuerza, que se expandió por toda nuestra provincia hasta mezclarse con las distintas luchas de nuestro país y del otro lado de la cordillera.
Re- encuentro en Peña Negra
"Nos re-encontramos para rearfirmar nuestra defensa del agua"
El próximo sábado 28 de Noviembre en el Paraje Peña Negra (A 7km desde la plaza principal de Famatina)
Mateada y almuerzo/asado a la canasta (traer platos y cubiertos) 

Vecinos y vecinas:
Hace más de tres años comenzó esta lucha en defensa de la vida en una provincia en donde el agua siempre estuvo mal distribuida, tal como reza la "Cantata Riojana":
Así era el gobierno de esta amada ciudad unos pocos con el agua del mando el resto
con el turno nomás.
Hoy el "poderío económico" tiene otro rostro, pero como siempre, ha tejido sus alianzas con nuestra clase gobernante. Por eso nuestra defensa del agua se afirma y reafirma en cada paso, en cada acción con compromiso y alegría. Queremos encontrarnos y festejar en Peña Negra, lugar en el que empezamos a decir basta con tanta fuerza, que se expandió por toda nuestra provincia hasta mezclarse con las distintas luchas de nuestro país y del otro lado de la cordillera. 
Los/as esperamos!

Nuestras montañas no se tocan!

PD: En este último mes sufrimos un robo en la garita de Peña Negra y se llevaron varios elementos que son indispensables para sostener el corte. Por eso estamos haciendo un pedido de donaciones (colchones, vajilla, alimentos no perecederos, sillas, bancos, elementos de limpieza, colchas). Desde ya muchas gracias!

Servicio privado de Colectivos: salen desde la Terminal de Chilecito a las 10,30 y 11,30hs. 
Desde la plaza de Famatina saldrá una combi gratis a las 12,30hs hacia Peña Negra.

(Fragmento de la "Cantata Riojana")
El reparto del agua

Desde la época mas remota de la riojanidad, el "derecho del agua", era en nuestra tierra, algo verdaderamente correlativo al poderío económico o político del hombre. Si el señor era un terrateniente poderoso disponía, por esa preponderante condición, de mayor cantidad de marcos de agua, que le correspondían dentro del reparto de la comunidad provinciana, puesto que millares de desposeídos debían conformarse con la mínima expresión. 

Cuantas veces estos vieron pasar por casa del vecino rico el torrente anegador de las acequias inundando innecesariamente plantíos y bañados o, que de forma desbordaban aquellos predios ociosos que el patrón se había adjudicado para su buen futuro. Y todo ello, mientras los conciudadanos mas carecidos, clamaban por la mejor equidad con respecto al liquido elemento. 

Y eso fue así durante siglos. La mayor cantidad de marcos de agua equivalía a dominio y poder. Y seguramente, en algunas latitudes de la provincia esto se sigue tomando muy en cuenta. Y todo ello porque el señorío del agua es un sinónimo de autoridad. 

Desde lejanísimos tiempos ser dueño de gran cantidad de agua fue sinónimo de poderío económico y político; pueblos enteros carecían de ella porque se encontraban en predios de un solo señor feudal. Hasta que se llega a matar por ella, como ocurrió en un enfrentamiento entre pobladores de Chañarmuyo y Pituil. 

También la retención del poder se dado de igual manera en esta provincia, que ha sido gobernada durante años por tres o cuatro familiar. Un ejemplo: D. Manuel Vicente Bustos habría llegado a ser gobernador de La Rioja en seis oportunidades y su hermano Francisco en tres. 

("El reparto del agua". Pag 42-43. Cantata Riojana. Edición 2006). 




Ayudanos a difundirlo!
El Famatina No se Toca
Si a la vida, no a la Mina a cielo abierto.

Piratas de garfio blanco






Sabino Cuadra Lasarte
Gara



Un previo: a mí los piratas me caen bien. De chaval, cuando jugábamos a policías y ladrones, nadie quería hacer de lo primero, ni siquiera los hijos de la Benemérita: había que echarlo a suertes. Lo mismo sucedía al jugar a indios y vaqueros. El arco, las flechas y la cara pintada era lo que molaba, al igual que el parche en el ojo pirata.
Digo lo anterior porque, si bien en este artículo el concepto de pirata tiene un sentido negativo, tan solo es por escribir de acuerdo con lo políticamente correcto, que no por ganas: mi corazón, así, en general, sigue estando del lado de ladrones, indios y piratas.
Mientras nos bombardeaban con los pormenores diarios del secuestro del «Alakrana», se ha reunido en Roma, bajo el mayor desprecio informativo, la Cumbre extraordinaria de la ONU-FAO sobre Seguridad Alimentaria. En la anterior, cuando había «tan solo» 830 millones de personas hambrientas, los gobiernos acordaron reducir su número a la mitad para 2015. Hoy, el hambre muerde ya a más de mil millones de personas y el plazo de 2015 es un chiste macabro. De los 20 jefes de estado del G-20, tan solo tres acudieron a la cita. Los grandes del mundo no están para esta clase de menudencias.
Paralelo a la Cumbre se reunió el Foro por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, agrupando a organizaciones de agricultores, pescadores, ganaderos, pueblos indígenas, ecologistas... Según Vía Campesina, uno de los principales miembros del Foro, «una solución auténtica para la crisis alimentaria implica que la agricultura de pequeña escala, no las corporaciones transnacionales, deben recobrar el control sobre los recursos productivos alimentarios como la tierra, las semillas, el agua y los mercados locales».
Por desgracia, se camina en dirección contraria. Hoy, el 82% del mercado mundial de semillas está bajo patentes y diez empresas controlan el 67% de su producción. Otras diez multinacionales de la agroquímica dominan el 85% del mercado mundial agroalimentario. Los alimentos son convertidos en mercancías a través de un largo proceso de procesamiento, almacenaje, congelación y transporte, mientras llegan al lugar donde se consumirán. De esta manera los yogures que comemos viajan un promedio de 2.000 kilómetros hasta alcanzar su destino final y las nueces que se producen en un continente son partidas y envasadas en otro, para ser vendidas en un tercero.
Derivado de todos estos despropósitos y para mejor provecho de las multinacionales, se calcula que la mitad de toda la comida producida de esta manera se pierde en este ir y venir continuo, debido a los desechos derivados en este procesamiento, congelación, transporte, comercialización y venta. Con ello se podría alimentar seis veces a toda la población hambrienta del mundo, pero eso no sería rentable para las grandes multinacionales del sector.
El secretario general de la FAO acudió a Roma con dos objetivos: poner el año 2025 como plazo para la eliminación total del hambre en el mundo y destinar 44.000 millones de dólares por año para apoyar a la agricultura. Los países del G-8 rechazaron las dos demandas por excesivas y tan solo dieron 20.000 millones para tres años, o sea, la sexta parte. El Gobierno de Zapatero, generoso como nadie a la hora de ofrecer a la Banca 150.000 millones de euros, ha dado a la FAO una propina de 500 millones hasta 2012. Menos que las subvenciones «renove» destinadas a la compra de automóviles nuevos.
Mientras tanto, los mares sufren el mayor esquilme jamás conocido. De los 18,5 millones de toneladas de pescado extraídas en 1952, se pasó a los 89 millones a finales de los 80. Desde entonces, esta cantidad se ha mantenido prácticamente igual. En el Estado español, desde los años 50, el 38% de las especies costeras y el 29% de las de mar abierto se han reducido más del 90%. En el Cantábrico, de las 80.000 toneladas de anchoa obtenidas hace 40 años se pasó a las 800 de la última campaña. La situación de la merluza era similar. El atún rojo del Mediterráneo está también en vías de extinción.
Según la FAO, en 2004, de todas las poblaciones de peces del mundo un 7% estaba ya agotado; un 17%, sobreexplotado; un 52% totalmente explotado; un 20%, moderadamente explotado; un 3%, infraexplotado y un 1% final en vías de recuperación. Caladeros míticos, como el del bacalao de Terranova, fueron cerrados de forma indefinida en 1992 por falta de reservas. Del Atlántico Norte y el Gran Sol los grandes pesqueros se dirigieron a África Continental, pero hoy estas aguas comienzan a agotarse por causa de la sobreexplotación, el deficiente seguimiento y la mala gestión. Toca el turno ahora a los mares de Madagascar, las Seychelles y el Océano Índico.
La mayoría de los estados africanos no tienen medios para controlar efectivamente si los navíos de la UE, Japón... respetan la legislación. El caso de Somalia es aún más sangrante. Su Ministerio de Marina carece de barco o patrullera alguna para realizar labores de vigilancia. El Estado somalí no existe prácticamente y hay muchos interesados en que esto siga siendo así.
Pescanova es la pesquera propietaria de la mayor flota privada del mundo. Proporciona el 27% del pescado congelado y el 62% del preparado consumido en el Estado español. En 2004 era la undécima empresa española por orden de ingresos. Hay otras que, sin llegar a tener su tamaño, no se diferencian mucho de ésta en cuanto a objetivos y maneras. La solidaridad más estrecha con los marineros vascos y no vascos secuestrados (la mayoría de la tripulación era africana y asiática) por el infierno que han tenido que pasar junto con sus familias no nos debe hacer olvidar nada de lo anterior.
Los gobernantes ausentes de la Cumbre de Roma, las multinacionales alimentarias y las pesqueras esquilmadoras del mar son los principales piratas del mundo. Piratas de garfio blanco, pata artillada y parche en sus cuentas corrientes, bendecidos por el poder y protegidos por ejércitos públicos y policías privadas pagados, tanto los unos como las otras, con nuestro dinero.
Fuente: http://www.gara.net/paperezkoa/20091129/169439/es/Piratas-garfio-blanco

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No mientan más: el hambre en el mundo no les importa
Las políticas que se determinan en ámbitos como el de la Organización Mundial de Comercio (OMC) impulsan “megaproyectos como los de explotación minera que están deteriorando toda la Madre Tierra de los mayas en Guatemala, destruyendo la cosmovisión de los pueblos indígenas”.
Así empezó respondiendo a Radio Mundo Real Marta Ventura, integrante de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina de Guatemala, cuando se le preguntó de qué formas la OMC afecta negativamente sus vidas. Ella está participando de las actividades paralelas a la VII Ministerial del principal organismo comercial a nivel mundial.
Ventura habló de cómo las corporaciones transnacionales, con el “aval” de las políticas de liberalización comercial, roban “los bienes naturales que pertenecen a los pueblos, violan los derechos de los pueblos indígenas e implementan megaproyectos de siembra de palma africana para los agrocombustibles”. Estas prácticas “están afectando bastante nuestros derechos como pueblos mayas, principalmente a la tierra y los territorios”, consideró.
Por eso se les dificulta inmensamente a campesinos e indígenas, cuando no se les hace directamente imposible, producir alimentos. Ventura analizó sencillamente: “a medida que el campesino tiene menos terreno, menos tierra, produce menos”. “No hay políticas de gobierno que ayuden a la producción orgánica propia de los pueblos indígenas”, agregó finalmente.
Foto y Texto: Radio Mundo Real

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El Comercio mundial acelera la crisis climática


Ecologistas en Acción denuncia con el informe “Cambiemos el Comercio, no el Clima” los impactos del llamado “libre” comercio en el Cambio Climático, y exigen al Gobierno español no avanzar en las negociaciones de la OMC como condición para frenar el Cambio Climático.
Con motivo de la 7ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se llevará a cabo en Ginebra del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2009 – y pocos días antes de la crucial Cumbre del Clima de la ONU en Copenhague, Ecologistas en Acción evidencia en un informe la relación entre liberalización comercial y Cambio Climático.
Las conclusiones del informe “Cambiemos el Comercio, no el Clima” son claras y contundentes: el sistema mundial del llamado “libre” comercio es una de las causas fundamentales para el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que provocan el calentamiento global. El 89,3% del total de las emisiones de GEI mundiales se originan en la industria, el uso de la energía, la deforestación y la agricultura industrial. Aun así, los acuerdos internacionales sobre comercio e inversiones impulsan la expansión de los sectores industriales con uso intensivo de energía, el aumento de la extracción y procesamiento de combustibles fósiles y la expansión de la agricultura intensiva. Todas estas actividades contribuyen a la destrucción de sumideros que regulan el clima, como los bosques.
Además, el transporte internacional es responsable de una parte importante de las emisiones de GEI. Cerca de 60% del petróleo usado en el mundo se consume en las actividades del transporte motorizado que depende en un 95% de combustibles fósiles. Lo que genera entre 20-25% del total de las emisiones, aunque en los países industrializados esta cifra alcanza el 66%. Haber puesto en práctica las obligaciones comerciales adquiridas en la Ronda de Uruguay de la OMC supuso un incremento del 70% (sobre los niveles de 1992) del transporte de mercancías.
Al mismo tiempo, la OMC y las distintas reglas internacionales de comercio y inversión impiden una respuesta rápida y efectiva de las administraciones públicas al cambio climático, como se señala en el informe elaborado por la red internacional “Nuestro Mundo no está en Venta”, de la que Ecologistas en Acción es miembro. Las normas sobre los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, encarecen las tecnologías limpias, el sistema de patentes de seres vivos monopoliza en empresas privadas los genes para plantas resistentes al Cambio Climático y limita así la posibilidad de control público del proceso de adaptación, y la liberalización de los servicios energéticos relentiza el cambio hacía fuentes de energía renovable. Las negociaciones sobre el Acceso al Mercado No Agícola (NAMA) está siendo utilizado para cuestionar medidas contra el Cambio Climático como “obstáculos no arancelarios” y el Acuerdo sobre Agricultura frustra los intentos de proteger y promover la producción y el consumo local y a pequeña escala de alimentos. Incluso, las claúsuras sobre subsidios de la OMC restringen o impiden que se preste apoyo financiero público al desarrollo de energías y tecnologías limpias.
“La liberalización comercial es una amenaza para el desarrollo de medidas que intenten frenar el Cambio Climático”, explica Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción. “El gobierno español tiene que decidir entre combatir el Cambio Climático o seguir impulsando políticas que representen únicamente los intereses económicos de una minoría y que causan sistemáticamente crímenes de lesa humanidad como el hambre, la pobreza, falta de agua, desplazamiento forzado y enfermedades curables”.
Con la liberalización de los bienes y servicios ambientales, prevista en Ginebra, la OMC pretende promover las “falsas soluciones” al Cambio Climático, tales como los mercados de carbono, los agrocombustibles industriales a gran escala, y los mal llamados “Mecanismos de Desarrollo Limpio”, con las que se pretende crear uno de los mercados financieros especulativos de materias primas más grandes del mundo. “Ello retrasa peligrosamente la transición necesaria hacía un modelo económico post-petróleo y con bajas emisiones de GEI”.
Por otra parte, la negociación de la UE de tratados comerciales con decenas de países de África, Asia y América Latina, resultaría en pérdidas económicas en términos de recaudación de aranceles y, por ende, estos países tendrían menos capacidad todavía para sobrellevar los impactos del Cambio Climático.
Diez años después de la "Batalla de Seattle”, cuando más de 100.000 personas exigían el desmantelamiento de la OMC, el balance de las políticas de dicho organismo y de todos los acuerdos de libre comercio es catastrófico, sobre todo para la población más vulnerable y el medio ambiente en el mundo. Tras 15 años de oposición a las políticas de la OMC, la sociedad civil internacional ha rebautizado la OMC como la «Organización Mundial de las Crisis».
“Vamos a impedir la conclusión de la Ronda de Doha porque necesitamos girar 180 grados en el sistema mundial de comercio como condición previa para definir las estrategias contra el Cambio Climático en Copenhague”, concluye Tom Kucharz, “y eso implica la desaparición de la OMC, parar las negociaciones de tratados comerciales bilaterales de la UE y revertir los existentes”.
Ecologistas en Acción estará presente en las movilizaciones contra la OMC Ginebra. Como contraparte de la red internacional “Nuestro Mundo no está en Venta” recordará al gobierno español su responsabilidad dentro de la actual crisis alimentaria, financiera y climática.

Fuente: rebelion.org

Argentina: El otro caso Carrasco




Andrés carrasco: Embriólogo del CONICET, dice que “confirmó” el riesgo.
25-11-2009 /  Cómo cambió la vida del científico del CONICET que denunció la toxicidad del herbicida del boom de la soja. Críticas, militancia y el rol de Garré y Barañao.  
Por Matías Loewy

Las ranas “africanas de uñas” o Xenopus laevis, un insumo habitual para estudios científicos de desarrollo embrionario, salieron de su ostracismo de laboratorio. Y podrían poner en jaque o al menos modificar el modo de producción del principal cultivo de la Argentina. Al menos, eso pretende un grupo de médicos, militantes ambientalistas, campesinos y legisladores, para quienes los embriones de la ignota ranita acaban de aportar información decisiva para frenar o detener las fumigaciones con el plaguicida más usado en el país. “¿Qué más vamos a esperar?”, vociferan. El que prendió la mecha es el médico Andrés Carrasco (63), director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA. A comienzos de año, Carrasco extendió el modelo experimental de Xenopus a la evaluación toxicológica. Y, “por decisión personal y a todo riesgo”, como dice, se dispuso a probar los supuestos efectos nocivos del herbicida que contribuyó a impulsar el boom de la soja en Argentina. La revelación de sus resultados provocaría en los meses siguientes un infierno de acusaciones cruzadas, denuncias de intimidaciones, rechazos oficiales y cuestionamientos profesionales. Y vuelve a poner bajo la lupa las relaciones entre ciencia y sociedad. “Yo sabía que esto iba a afectar intereses”, confiesa el investigador y ex director del CONICET. “Pero no podía quedarme callado”.
La palabra clave de la controversia  que agitó la rutina de laboratorio (y la vida) de Carrasco es “glifosato”. Componente activo del producto “Roundup” de Monsanto, mueve un mercado anual de US$ 600 millones. Y se vincula a la aprobación y expansión en el país de la soja transgénica, RR o “Roundup Ready”, que hoy ocupa casi 20 millones de hectáreas. Desde 1996, el consumo local de glifosato creció de 14 millones a casi 200 millones de litros. 

Según Monsanto, el producto se comercializa con éxito en más de 140 países desde hace 33 años y está clasificado en la categoría de menor riesgo toxicológico. “Pruebas agudas en ratas muestran que es algo menos tóxico que la sal de mesa y mucho menos tóxico que la aspirina”, enfatiza Pablo Vaquero, director de Asuntos Corporativos de la división Latinoamérica Sur de la compañía, en respuesta a Newsweek.    

Carrasco ya no le cree. Asegura que decidió realizar el estudio cuando, un par de años atrás, empezó a escuchar que algunos médicos asociaban el uso extendido del herbicida con el cáncer, malformaciones y abortos espontáneos. “Hice un clic”, grafica. “Me di cuenta de que tenía un modelo experimental con el que podía ver si el elemento era tóxico o no”. Por su condición de médico, añade, era su obligación meterse en ese tema de tanta importancia social. 

Con fondos que el Estado ya asigna a su laboratorio (“si los hubiera pedido especialmente al CONICET, probablemente no me los habrían dado”, alega), el científico bañó e inyectó embriones de Xenopus con glifosato puro y también con la formulación comercial del producto, que incluye otros ingredientes, pero en dosis hasta 5.000 veces menores a las que se emplean para fumigar. Y comprobó que los embriones disminuyeron su largo, así como el tamaño de la zona cefálica y los ojos. También halló problemas en el cierre del tubo neural. 

El embriólogo asegura que repitió los experimentos con distintas dosis y también con embriones de pollo, y que las malformaciones fueron consistentes y reproducibles. “Es perfectamente válido inferir que también ocurran en embriones humanos ante el impacto del glifosato”, añade. 

No todos están convencidos de lo mismo. Carrasco facilitó los primeros datos de la investigación para una nota de tapa de Página/12, el 13 de abril pasado, y no los presentó en una revista o congreso de la especialidad, como resulta habitual en la comunidad científica. Ese paso es central para la dinámica de producción de la ciencia: implica un primer filtro a la calidad metodológica de la investigación y propicia el acceso de los colegas a todos los detalles de un experimento, con el fin de analizarlo y, eventualmente, replicarlo. La transgresión de Carrasco sigue siendo, no sin razón, el primer elemento del que se agarran los detractores del trabajo para cuestionarlo.

“No puedo opinar sobre el estudio del doctor Carrasco, porque nunca leímos ese trabajo en una publicación científica revisada por pares”, señala a Newsweek Guillermo Cal, director ejecutivo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), para quien las denuncias sobre eventuales efectos nocivos del glifosato sobre la salud humana son absurdas y desprovistas de fundamento. El ministro de Ciencia, Lino Barañao, también le salió al cruce. En un congreso en Rosario de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID), y aunque no nombró a Carrasco, sostuvo que “comunicar la información preliminar de una investigación científica en un medio masivo es poco ético”. El funcionario alertó también por la aparición de un discurso que “ya no es ecologista, sino que es antitecnológico y anticientífico”. Fue ovacionado.  
Sin embargo, Carrasco explica que tuvo buenas razones para violar el canon científico. “No todo lo que se publica está garantizado”, argumenta. “Lo importante es que uno esté seguro, y yo lo estaba. No estamos discutiendo una hipótesis sobre la función de un gen, sino algo de mucho impacto en la sociedad. Y yo sentí que había que decirlo”. El investigador dice que presentó por primera vez los aspectos más técnicos de su estudio en una conferencia en el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, el 5 de noviembre pasado, y asegura que ahora está terminando de redactar el informe definitivo para enviar a un journal. 

El problema de fondo, agrega Carrasco, es que experimentos como el suyo no son bien recibidos porque traen malas noticias. Y la comunidad científica —agrega— quiere dar buenas noticias: nuevas tecnologías y productos biomédicos. “La ciencia dejó de estar al servicio de la humanidad para estar al servicio de los intereses. Las grandes instituciones académicas están muy comprometidas con los grandes concentrados de capital. Y la demanda es generar mercancías, no resolver los problemas”, dispara. 
En la mañana del sábado 24 de octubre, medio centenar de médicos, ambientalistas, estudiantes y militantes sociales participaban del V Encuentro Nacional del Foro Social de Salud y Medio Ambiente, en el aula magna de la Facultad de Medicina de la UBA. Autoridades y profesores brillaban por su ausencia. En el hall, un par de stands vendían libros de alimentación orgánica y agricultura sustentable. También tarta de membrillo. Todo a pulmón. El día anterior, según el programa, tenían que haber disertado Martín Sabbatella, Hermes Binner, Fernando “Pino” Solanas y Carlos Heller. Pero faltaron, y mandaron en su lugar a asesores. “¡Lo que pasa es que no tienen h… para venir a hablar con nosotros!”, bramó ante el micrófono Hugo Gómez De Maio, cirujano infantil del Hospital de Pediatría de Posadas. “Es una vergüenza. ¡La próxima vez que yo sepa que ellos vienen, el que no va a venir soy yo!”.

Gómez De Maio integra el grupo más activo de médicos del interior del país que, desde hace varios años, vienen denunciando los supuestos problemas de salud que causa la exposición aguda y crónica a agroquímicos, y en particular al glifosato. Afirman que provocan retraso mental, trastornos del crecimiento, leucemias, mielomeningocele, abortos, defectos en la calidad del semen... En cierta forma, se sienten protagonistas de una cruzada contra los grandes intereses y las multinacionales. No se permiten la duda, y su verba es encendida. “Round Up es altamente tóxico y lo usamos como si fuera agua de colonia”, denunció De Maio en el foro. “Si no les ponemos un freno, los plaguicidas van a hacer una civilización argentina de idiotas”. 

El segundo expositor de la jornada jugaba de local: era, claro, Carrasco. Desde que su investigación salió a la luz pública, cuenta que empezó a ser invitado a lugares que nunca hubiera antes imaginado. Lo presentan sin medias tintas como “el científico del CONICET que demostró que el glifosato causa malformaciones y afecciones diversas a las personas”. Y él no se encarga de desmentirlo. En los últimos meses, dio charlas sobre su estudio y la relación ciencia-sociedad en foros y encuentros públicos en las facultades de Ciencias Sociales y Agronomía de la UBA, en Rojas, en Mar del Plata, en la Cámara de Diputados de la Nación, en Paraná, en Santa Fe, en La Plata, en Villa General Belgrano... 

El médico Jorge Kaczewer, miembro del Grupo de Reflexión Rural y autor del libro “La amenaza transgénica”, dice que ya existía preocupación por el glifosato, “pero con el estudio de Carrasco fue ¡pum!, explotó. Fue la frutilla del postre”. “Es como si Carrasco hubiera producido un efecto dominó”, coincide un asesor de la diputada nacional oficialista Julia Perié, quien, junto a 14 colegas, impulsó en agosto una ley para prohibir la comercialización, uso y aplicación del Roundup (el proyecto se está evaluando en dos comisiones).  

Para Carrasco, es conmovedor el “calor humano” de la gente, incluyendo a habitantes de poblados rurales, que lo van a escuchar. “Casi me agradecen que exista. Sienten que por fin hay alguien que se ocupa de estos problemas”, se ufana. También denuncia contratiempos. A las pocas semanas de revelar su investigación en Página/12, cuenta que sufrió actos de intimidación en su laboratorio, cuando tres personas fueron a interpelar a sus colaboradores y pedirles de mal modo el informe de su estudio. Señala que se presentaron como abogados de CASAFE y que se fueron con las manos vacías. Cal, de la cámara, niega el episodio: “Nunca hubo ninguna acción intimidatoria. Buscamos el diálogo sobre una base científica, y respetamos todas las opiniones y personas”.

La abogada santafesina Graciela Gómez, militante contra la fumigación indiscriminada con agroquímicos y directora de la ONG Ecos de Romang, acompañó a Carrasco en sendas excursiones al interior. Cuenta que el 9 de septiembre, cuando Carrasco disertaba en unas jornadas organizadas por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, fue hostigado a la hora de las preguntas por un miembro del auditorio que (según ella) defendía los intereses de los lobbies sojeros. “Él se defendió bien. Pero se quedó mal”, asegura. Dos semanas después, Carrasco tuvo su revancha. Dio otra conferencia en Paraná y cuando terminó, el público lo aplaudió de pie durante dos minutos. “Ahí revivió.  Fue maravilloso: se lo merecía”, agrega Gómez.
Según a quién se consulte, Carrasco grafica que todavía hay científicos sensibles que se conmueven ante los problemas de la gente, o es el artífice de una maniobra cargada de intencionalidad política. “Son canalladas”, responde Carrasco. El primer día de julio, y para evitar suspicacias, el científico elevó la renuncia a su cargo como Subsecretario de Innovación Científica del Ministerio de Defensa. Se la aceptaron el día 23. “(Nilda) Garré no tuvo nada que ver con mi estudio”, brama. “La señora ministro ni sabía lo que yo estaba haciendo”. Tampoco se enojó cuando lo supo.
Otro punto central que los críticos cuestionan a Carrasco es la aplicabilidad de sus estudios a la vida real. Y hasta qué punto un análisis con embriones de anfibios puede reemplazar, predecir o aproximarse a los resultados de una investigación epidemiológica rigurosa, que hasta ahora nadie encaró “porque no conviene que se haga”, sugiere Carrasco. 

Esos dilemas son habituales en la evaluación de riesgo. La ciencia ofrece un método de acercarse a la verdad, no un veredicto. Y los prejuicios o intereses previos pueden sesgar la valoración de la evidencia. Un documento de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), por caso, interpreta que los métodos y procedimientos utilizados por Carrasco no necesariamente indican riesgo para alguien que no sea un anfibio particular bajo determinadas condiciones experimentales. 

Jorge Adámoli, ingeniero agrónomo y profesor de ecología de la UBA, también tiene sus reparos. “El glifosato no fue creado para ser usado en el desarrollo de embriones. ¡Si los expusiéramos a la sal de cocina, al vinagre o a la lavandina, también les podría causar un efecto!”, asegura. “¿Carrasco puede no saberlo?”, pregunta Newsweek. “No. Si no se da cuenta de las limitaciones de su estudio, es que alguna intencionalidad debe tener”. Por su parte, Rodolfo Ávila, profesor de embriología de la Universidad Nacional de Córdoba, enfatiza que ninguna investigación en embriones es concluyente por sí sola si no se lo acompaña de otros estudios complementarios. “A lo sumo puede representar una señal de advertencia, pero no se puede hacer una extrapolación directa a los efectos en seres humanos”, advierte. 

Meses atrás, un informe multidisciplinario del CONICET concluyó que no había datos suficientes en la Argentina sobre los efectos del glifosato en la salud humana. Pudo haber sido un golpe de gracia. Pero para Carrasco, el documento es “grave institucionalmente, indignante” porque, entre las referencias bibliográficas, se cita estudios encargados por Monsanto. Y porque uno de los autores que lo firma también tiene vínculos con la multinacional. Respecto a las otras críticas, aduce que son “chicanas baratas”, “escaramuzas dialécticas”, “argumentos que destituyen la seriedad de la ciencia”. Su pecado, argumenta, fue meterse con un desarrollo tecnológico que la mayoría de los científicos defiende en lugar de mirar críticamente, lo cual, de alguna manera, los impermeabiliza frente a cualquier cuestionamiento de buena fe. ¿Es un quijote incomprendido, un provocador o un rebelde equivocado? Quizás eso es lo que menos importa. Kaczewer anticipa que Carrasco va en camino de ser un “paria”, como les pasó a otros científicos que “examinaron las verdades en lugar de transar con el poder”. Carrasco saca entonces pecho, y no se sabe si lo sufre o en realidad lo disfruta: “Yo sé que esto algún día me lo van a facturar. Pero yo me lo banco. Con la ciencia”.
 
Fuente: Revista Newsweek

Manda la política doméstica de Estados Unidos. De Copenhague a Yasuní





Por Boaventura de Sousa Santos

Como ya se preveía, la próxima Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático -que se celebrará en Copenhague del 7 al 18 de diciembre- será un fracaso que los políticos intentarán disimular apelando a expresiones como "acuerdo político" o "un paso importante en la dirección correcta".
El fracaso reside en que, contra los compromisos asumidos en las reuniones anteriores, en Copenhague no se aprobarán topes jurídicamente vinculantes para reducir las emisiones de los gases que provocan el calentamiento global, cuyo peligro para la supervivencia del planeta ya ha sido suficientemente demostrado como para que el principio precautorio deba ser aplicado. La decisión fue tomada en la reciente Cumbre de Cooperación Asia-Pacífico y, otra vez, fue dictada por la política interior de los Estados Unidos: en lucha por la reforma del sistema de salud, el presidente Obama no quiere asumir compromisos al margen del Congreso norteamericano, y no puede o no quiere involucrarlo en una decisión que implique medidas hostiles al fuerte lobby del sector de las energías no renovables. De esta manera, los ciudadanos del mundo asistirán nuevamente el desolador espectáculo de políticos irresponsables y de intereses económicos demasiado poderosos para ser sometidos al control democrático. Y así será hasta que se convenzan de que está en sus manos construir formas democráticas más fuertes, capaces de impedir la irresponsabilidad de los políticos y el despotismo económico.
Sin embargo, la reunión de Copenhague no será totalmente en vano. Su preparación permitió que se conocieran mejor movimientos e iniciativas de las organizaciones sociales y los Estados, que revelaron una nueva conciencia ambiental global y otras oportunidades de innovación política. Una de las propuestas más audaces e innovadoras es la Iniciativa ITT de Ecuador, presentada por primera vez en 2007 por el entonces ministro de Energía y Minas, el gran intelectual y activista Alberto Acosta, más tarde presidente de la Asamblea Constituyente. Se trata de un ejercicio de corresponsabilidad internacional que apunta a una nueva relación entre países desarrollados y países menos desarrollados, y también a un nuevo modelo de desarrollo, el modelo de pos-petrolífero. Ecuador es un país pobre a pesar de (o a causa de) que es rico en petróleo y su economía depende en gran medida de la exportación de petróleo: el producto petrolífero constituye el 22 por ciento del PIB y el 63 por ciento de las exportaciones. En la Amazonia, la destrucción humana y ambiental causada por este modelo económico es verdaderamente chocante. Como resultado directo de la explotación petrolera de Texaco (luego Chevron) entre 1960 y 1990, desaparecieron por completo dos pueblos amazónicos, Tetetes y Sansahauris. La iniciativa ecuatoriana pretende romper con el pasado y propone lo siguiente. El Estado ecuatoriano se compromete a dejar en el subsuelo reservas de petróleo estimadas en 850 millones de barriles en tres pozos -Ishpingo, Tambococha y Tiputini (de ahí el acrónimo ITT)- del parque nacional amazónico Yasuní, si los países más desarrollados compensan a Ecuador con la mitad de los ingresos que dejaría de tener como resultado de esa decisión. Los cálculos indican que la explotación generaría, a lo largo de trece años, ingresos por 4 a 5 mil millones de euros y liberaría en la atmósfera 410 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esto no ocurrirá si Ecuador es compensado con cerca de 2 mil millones de euros mediante un compromiso doble. Ese dinero se destinará a inversiones ambientalmente adecuadas: energías renovables, reforestación, etc.; el dinero se recibiria bajo la forma de certificados de garantía, un crédito que deberia ser devuelto a los países "donantes", con intereses, si Ecuador explota el petróleo, una hipótesis poco probable dada la doble pérdida que implicaría para el país (la pérdida del dinero recibido y la ausencia de ingresos petroleros durante varios años, entre la decisión de volver a explotar y la primera exportación).
A diferencia del Protocolo de Kyoto, esta propuesta no pretende crear un mercado de carbono, sino evitar que éste sea emitido. No se limita, por tanto, a apelar a la diversificación de las fuentes energéticas; sugiere la necesidad de reducir la demanda de energía, cualesquiera sean sus fuentes, lo que implica un cambio en el estilo de vida que, sobretodo, será difícil en los países más desarrollados. Para ser eficaz, la propuesta debería ser parte de otro modelo de desarrollo y ser adoptada por otros países productores de petróleo. El sustento de la propuesta es la nueva Constitución de Ecuador, una de las más progresistas del mundo, que, a partir de las cosmovisiones y las prácticas indígenas de lo que llaman "buen vivir" (Sumak kawsay) -basadas en una relación armoniosa entre los seres humanos y no humanos, incluyendo lo que en la cultura occidental se conoce como la naturaleza-, propone una concepción nueva y revolucionaria de desarrollo, centrada en los derechos de la naturaleza. Este concepción debe interpretarse como una contribución indígena para el mundo entero, pues gana adeptos en sectores cada vez más amplios de la ciudadanía y los movimientos sociales, a medida que se va volviendo evidente que la degradación ambiental y la depredación de los recursos naturales, además de insostenibles y socialmente injustas, conducen al suicidio colectivo.
¿Utopía? La verdad es que Alemania ya se comprometió a entregar a Ecuador 50 millones de euros por año durante los trece años en que el petróleo podría ser explotado. Un buen comienzo.

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Boaventura de Sousa Santos - Doctor en Sociología del Derecho, profesor de la Universidad de Coimbra (Portugal) y de la Universidad de Wisconsin (EE.UU.).
Traducción: Javier Lorca
Diario Página 12
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PERU: Paracas: Una “reserva” de negociados






Por Wilfredo Pérez Ruiz

Una nueva amenaza se está concretando para la Reserva Nacional de Paracas (Ica). Esta vez se trata de la construcción de una industria petroquímica, autorizada por el Ministerio de Energía y Minas al grupo Bresia. Este proyecto, que ha recibido el respaldo estatal, pone en una situación vulnerable a tan representativo espacio cultural, histórico, paisajístico y ambiental.
Curiosamente, el lugar donde se establecería tiene el estatus de “zona de interés para inversiones en petroquímica” y forma parte de la Zona de Amortiguamiento de esta área natural protegida.
En el 2004 el debate se centro en la instalación de la planta de fraccionamiento de gas, en la playa Lobería, por la compañía Pluspetrol Perú Corporación S.A. Se trataba de una propuesta valorizado en 4,000 millones de dólares (7.5 por ciento del PBI) y el monto de sus beneficios netos sería de 10,000 millones de dólares. Las sospechas en torno a la seriedad de sus operaciones eran válidas por su ubicación (lugar altamente sísmico y próximo a la Zona de Amortiguamiento) y debido a que este consorcio produjo una catástrofe al derramar 5,500 barriles de petróleo en el río Marañón. Ello afectó a las poblaciones nativas y el ecosistema de la Reserva Nacional Pacaya Samiria (2000).
Este reciente episodio se suma a una larga lista de graves acontecimientos suscitados en esta admirable joya ecológica, desde hace varias décadas, que han estado relacionados con la permanente confrontación entre la conservación del ambiente y los desmedidos afanes de favorecer a élites económicas, sin una visión de futuro sobre los alcances de estas iniciativas relacionadas con la explotación de los recursos naturales. Sobre el particular, hagamos un poco de historia.
La presencia del puerto San Martín (Punta Pejerrey) hasta donde llegan camiones cargados de ácido sulfúrico que atraviesan la Reserva Nacional de Paracas, impidió concretar la propuesta del prestigioso biólogo británico Ian Grimwood para declarar santuario nacional la península. Con esta nueva y controvertida intención de la corporación Bresia, el tráfico terrestre y fluvial aumentará y, por lo tanto, los peligros de accidentes, derrames y alteraciones al ecosistema.
En 1983, y a partir del “Fenómeno del Niño” de ese año, se produjo una sobreabundancia de la concha de abanico en Paracas y, consecuentemente, el gobierno -a través del Ministerio de Pesquería- benefició a ciertas empresas con la extracción ilimitada de esta riqueza hidrobiológica para los mercados internacionales. A los desórdenes de esta actividad -que se extendió durante varios años- se sumó la edificación de dos muelles financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (1985). Estas acciones contaron con el aval del ministro Ismael Benavides Ferreyros, a quien su tío, el recordado conservacionista Felipe Benavides Barreda, denunció denominándolo: “Abimael Benavides: terrorista de la naturaleza”.
Este suceso sólo tiene parangón con la “fiebre del oro” en California (1849). Entre 1983 y 1987, según el disuelto Instituto de Comercio Exterior, se generaron 74 millones de dólares por el comercio de este recurso, pero también se establecieron asentamientos humanos e instalaron 5,000 pescadores, 700 embarcaciones y 800 buzos, ocasionando incalculables trastornos ambientales y sociales. No faltaron senadores, diputados, alcaldes y amigos de los partidos gobernantes que estuvieron involucrados en estas sórdidas acciones, como Alberto Galeno Tapia (AP) y Agustín Mantilla Campos (PAP), este último específicamente señalado en el informe de la Comisión Investigadora sobre la Extracción de la Concha de Abanico en la Bahía de Paracas de la Cámara de Diputados (1987).
Pero, eso no es todo. El pretendido aprovechamiento de bentonita (1982), la edificación de albergues turísticos en la playa Atenas (1986), la emisión de los desechos domésticos e industriales en el río Pisco y en la bahía de Paracas, el establecimiento de industrias y el turismo descontrolado, etc. son algunos de los males que perjudican éste escenario de inigualable valor ornitológico, entre otros aspectos. Asimismo, una deficiencia en la conducción de esta reserva es la poca participación de la población local, que tiene elevados niveles de pobreza, y también los escasos índices de inversión en actividades concordantes con sus fines conservacionistas.
Algunos de los pusilánimes “funcionarios públicos de carrera” responsables de estos sucesos y que tienen como habitual comportamiento el miedo, la apatía, los silencios cómplices, la sumisión ante decisiones comprometedoras y exhiben efímeras lealtades (eso lo puedo acreditar por mi experiencia en la conducción del Parque de Las Leyendas) integran controvertidas organizaciones no gubernamentales y han sido asesores de organismos oficiales en este gobierno.
Es oportuno recordar que el actual régimen, a pesar de su aparente disposición para asumir la temática ecológica tuvo que retroceder en su afán de reducir el Parque Nacional Bahuaja Sonene (Madre de Dios y Puno), proyecto que de haberse concretado habría permitido la utilización de gas ypetróleo en este espacio natural. Sobre el particular, cabe agregar que el intendente de Áreas Naturales Protegidas del Inrena (Instituto Nacional de Recursos Naturales) pagó con su cargo el haberse opuesto a las intenciones del titular de Agricultura (2007). La denuncia de parlamentarios norteamericanos (en vísperas de la aprobación del Tratado de Libre Comercio) obligó al estado peruano a rectificarse. No necesitamos decir lo que pasó, hace escasos meses, cuando el Poder Ejecutivo pretendió desconocer legítimos derechos de las comunidades nativas y lo expresado en tratados internacionales para usufructuar la diversidad biológica en la amazonia.
Todos estos hechos demuestran que la constitución del Ministerio del Ambiente (2008) no responde a una real y honesta decisión de incorporar el quehacer ambiental como eje central del desarrollo.
Como lo dijimos en su momento, su creación evidenció el agudo olfato político y mediático del jefe de estado en vísperas de la V Cumbre de ALC-UE. A más de un año del nacimiento de este portafolio, pocos son los resultados y muchas las contradicciones, desautorizaciones y retrocesos relacionados al manejo de la gestión ambiental y a su injerencia en las políticas gubernamentales. Este año el Ministerio de Economía le asignó 95 millones de dólares de presupuesto de los 260 millones de dólares solicitados. Este ejemplo es más que elocuente.
Consideramos significativa la llegada de capitales orientados hacia sectores que contribuyan a impulsar propuestas de largo aliento. Pero, el Perú requiere que éstos se desenvuelvan respetando los controles y reglamentaciones ambientales, en un medio en donde todavía el marco institucional presenta debilidades, vacíos e inconsistencias y, especialmente, teniendo en cuenta la carencia de voluntad para conciliar los asuntos “verdes” con los grandes temas de la agenda nacional.
Es importante que el Ministerio del Ambiente, de donde depende ahora el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe), tenga el apoyo político y económico que facilite el cumpliendo de sus atribuciones, tal como sucede en las naciones industrializados que tienen un sólido ordenamiento ambiental y cuyas inversiones son promovidas por este gobierno. Creemos que el progreso debe tener en cuenta, como su mejor aliado, a la biodiversidad y, consecuentemente, al hombre que es el “fin supremo de la sociedad”.


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Wilfredo Pérez Ruiz - Docente, conservacionista, consultor en temas ambientales, miembro del Instituto Vida y ex presidente del Patronato del Parque de Las Leyendas – Felipe Benavides Barreda (LIma, Perú).

Prodesis, la Unión Europea le hace competencia a EEUU en políticas de "desarrollo" desastrosas





Por Anna Hampf

Tras un balance analítico, varias organizaciones sociales, entre ellas la RMALC, han concluido que los intereses de la UE en México no son el fortalecimiento del dialogo político ni la cooperación, y mucho menos la protección de los derechos humanos sino ser un contrapeso a la influencia de los EEUU en América Latina, revertir la poca importancia que tiene la UE en el mercado latinoamericano, impulsar el libre comercio y la libre inversión en el mercado latinoamericano y garantizar beneficios comerciales en áreas que fueron bloqueadas a nivel global durante las negociaciones en la OMC.


El Programa PRODESIS (Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona) se realizó entre 2004 y 2008 en la Selva Lacandona en Chiapas, concebido como un proyecto de "desarrollo sostenible". El gobierno de Chiapas aportó el equivalente de 16 millones de euros (aproximadamente MX$ 311 millones de pesos) y la Unión Europea (UE) otros 15 millones de euros (MX$291 millones), cantidad que casi iguala una tercera parte de la cooperación total que acordaron la UE y México para el período 2007-2013. Los objetivos de este proyecto eran:
- disminuir la presión sobre los recursos naturales de la región,
- mitigar la degradación ambiental,
- afrontar la pobreza de los habitantes y
- reformular la política del desarrollo social en Chiapas con un enfoque de participación y sustentabilidad del desarrollo territorial (1)
Estos objetivos pretendían fortalecer a la sociedad civil y mejorar la relación entre el gobierno de Chiapas y los 155,000 habitantes de las 830 comunidades ubicadas en la zona protegida de la Selva Lacandona: La reserva biológica Montes Azules, una de las zonas de mayor biodiversidad en el mundo, contiene un gran número de plantas medicinales y especies en extinción. Contrastando con esa riqueza natural, la población de la entidad, que en su mayor parte son pueblos indígenas y agricultores de subsistencia, tiene uno de los niveles más altos de marginación y pobreza en Chiapas y en México.
PRODESIS era el último proyecto de una serie de programas que incluyó el Plan Cañadas y el proyecto PIDSS (Programa Integral para el Desarrollo Sustentable de la Selva). A diferencia de sus antecesores, el PRODESIS se concentró en sólo 16 de los 34 microregiones identificadas por el PIDSS.
Se seleccionaron estas 16 microregiones porque supuestamente ofrecían condiciones para su desarrollo económico. Las microregiones incluyen Agua Azul, Avellanal, Amador Hernández, Betania, Benemérito de las Américas, Carmen Villaflores, Comunidad Lacandona, Damasco, Francisco I Madero, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Nahá, Nuevo Francisco León, Nuevo Huixtán, Río Blanco y Santo Domingo (2).
Proyecto rechazado
Dos años después de su inicio, el proyecto fue duramente criticado y rechazado por algunas de las comunidades participantes. El 9 de febrero de 2007, la prensa publicó una denuncia, la llamada Declaración Moxviquil, en la que 58 representantes de las tres subregiones Comitán, Ocosingo y Palenque exigían la suspensión del proyecto, por no haber sido informados ni consultados sobre el proyecto:
"No nos han informado sobre el origen, el contenido, financiamiento y objetivos generales y específicos de ese proyecto y sólo hemos sido objeto nunca sujeto de decisión. [...] No es que la propuesta del PRODESIS sea mala sino ilegitima, porque no pudimos participar en su definición y elaboración..." (3)
Argumentaron también que el proyecto violaba al Artículo 2 de la Constitución Mexicana, que garantiza "a los indígenas y sus comunidades el derecho a diseñar y operar conjuntamente con el estado mexicano las instituciones y programas que les afectan". Además, PRODESIS fue criticado por violar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que consigna que los "pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente (4).
Las comunidades criticaron también la ausencia de un verdadero desarrollo social, limitándose a la distribución de subsidios para la compra de cemento, semillas, gallinas y tejas. Algunos firmantes de la Declaración Moxviquil luego denunciaron haber sido amenazados con ser excluidos de otros tipos de apoyo gubernamental (Oportunidades o Procampo) si no se retractaban (5).
Proyecto fracasado
Aparte de ser rechazado por las mismas comunidades supuestamente beneficiadas, PRODESIS no logró cumplir con los objetivos generales propuestos cuando inició sus actividades en 2004, según una evaluación del proyecto por encargo de la Comisión Europea que fue llevado a cabo por la empresa IBF International Consulting en conjunto con B.A.a Consultors. En su informe, los consultores europeos independientes afirman que PRODESIS no ha logrado disminuir la pobreza ni reducir de manera notable la presión sobre los recursos naturales (la deforestación permanece en 1% anual). Además critican que las iniciativas económicas del proyecto para fomentar el desarrollo social de la región no han producido resultados productivos concretos. El documento de la comisión además señala que muchos procesos quedaron inconclusos (6).
Anota también que, a pesar de ser pertinente en sus objetivos, el proyecto no era viable. Explica que el Plan Operativo Global, que programa las actividades del proyecto, marcaba que 2005 y 2006 debían ser años de plena ejecución. En realidad no se logró ni iniciar la mayor parte de las actividades planeadas, por lo que los cuatro años de duración del PRODESIS se reducen aproximadamente a dos de intervención efectiva (7).
Los consultores critican que ese tiempo en ningún caso es suficiente para promover procesos que impliquen cambios de enfoque a nivel institucional, municipal o en las microregiones, pues normalmente tardan entre cinco y diez años para surtir efecto. El retraso que dio largas al inicio del proyecto se debió a la incompatibilidad de reglamentos entre la UE y México respecto al manejo de los fondos del proyecto. El informe de los investigadores señala que esa indiferencia, que no se solucionó entre abril y septiembre de 2004, fue muy costosa en términos de tiempo y redujo la eficiencia del proyecto en su totalidad. De ahí que a comienzos de 2006 la UE hubiese transferido a Chiapas apenas 3 millones 600 mil euros de los 15 millones comprometidos para 2007 (8). Las comunidades afectadas critican que una gran parte de este presupuesto se gastó en los sueldos de técnicos en vez de haberse invertido en el desarrollo local.
Aparte de las críticas que recibió por no cumplir con sus objetivos y violar los derechos de los pueblos indígenas, el PRODESIS, al igual que sus antecesores PIDSS y Plan Cañadas, fue acusado por parte de la población y algunas ONG locales e internacionales de cobijar fines de contrainsurgencia. En todo caso lo cierto es que el proyecto se realizó en una zona de alta conflictividad, con fuerte presencia militar y en donde una parte de la población plantea permanecer en permanente oposición a programas gubernamentales hasta en tanto no se cumplan los acuerdos de San Andrés.


A pesar de esa crítica, en octubre de 2008, durante el octavo encuentro del Comité Común de la Unión Europea y México, y con base en el Acuerdo Global, las autoridades responsables afirmaron que:
"Además los partidos reconocen los resultados positivos del proyecto PRODESIS y se pusieron de acuerdo para buscar una posibilidad de continuarlo en una segunda fase de la cooperación entre 2007 - 2013."
A finales de 2008, Rodolfo Díaz Sarvide, el entonces director general de PRODESIS y responsable de la implementación del proyecto, viajó a Bruselas, posiblemente para negociar la siguiente fase del proyecto. Sin embargo, a principios de 2009 la UE decidió cancelar el PRODESIS (9).
La inversión europea en México
Proyectos como el PRODESIS ponen en duda la intención de la UE de promover el desarrollo social en un ambiente conflictivo como el de Chiapas. El proyecto PRODESIS surge del Acuerdo Global, que incluye el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea (UE) y México que entró en vigor en el año 2000. Este acuerdo "pretende no sólo generar la liberación del tratado y de la inversión entre México y la Unión Europea, sino también la igualdad social y un sistema político que es democrático y pluralista y respeta los derechos humanos." (10).
Aunque la UE subraya que el principio fundamental del Acuerdo Global es la protección de los derechos humanos y principios democráticos, como lo establece la llamada cláusula democrática en el Artículo 1 del Acuerdo, muchos analistas están convencidos de que los verdaderos intereses de la UE son otros.
Durante un discurso en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en la ciudad de México en 2002, Pascal Lamy, el actual director de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y entonces mandatario del comercio europeo, explicó:
"El Acuerdo establece un dialogo político al nivel alto sobre todos los asuntos bilaterales y internacionales con el fin de coordinar posiciones comunes en la arena internacional. Pero más importante, el acuerdo incluye un Tratado de Libre Comercio.
Siempre lo llamo "el primero, el más rápido y el mejor". El primero, porque era el primer TLC transatlántico jamás negociado. El más rápido, porque fue negociado dentro de un año y pasó por los procesos de concesión en tiempo record. Y lo mejor, porque representa (en este momento) el acuerdo más amplio en términos de extensión". (11)
Con su declaración Lamy demuestra que la negociación del acuerdo fue tan veloz que apenas permitió la participación de la sociedad civil y del poder legislativo. Organizaciones sociales y civiles critican que no fueron consultadas y que la forma en que se negoció el Acuerdo fue muy similar a la que México experimentó con los Estados Unidos y Canadá (TLCAN)(12). En otras palabras, el proceso fue poco transparente y no tomó en cuenta las grandes asimetrías que México tiene con respecto a la Unión Europea. Pocos años después de que el Tratado de Libre Comercio entró en vigor, esas asimetrías han generado numerosos efectos negativos entre los sectores económicos y sociales de México.
Según una evaluación realizada por la fundación alemana Heinrich Böll en el año 2008, durante los primeros seis años de vigencia del tratado de libre comercio (TLC), el déficit comercial de México con la UE aumentó en aproximadamente 80%. Además no se logró una significativa diversificación del comercio exterior, uno de los objetivos detrás de la firma del un acuerdo con la UE. Aunque la UE incluye 27 países, el comercio se concentra en unos pocos países como Alemania y España, que acumulan más de la mitad de todo el comercio entre México y la UE.
Además, una parte importante de las exportaciones la realizan las transnacionales europeas desde territorio mexicano. El tratado tampoco cumplió con su promesa de generar más y mejores empleos. Los investigadores de la fundación establecieron que en el campo mexicano se perdieron 1.377.973 empleos y 57% de los nuevos empleos generados no cumplen con la ley (vacaciones, seguridad social). Critican que también en el sector manufacturero se perdió el 14,5% de los empleos existentes. Concluyen que los resultados macroeconómicos no sólo no beneficiaron a la mayoría de la población, sino que el TLC ha sido un fracaso al no lograr los objetivos que se buscaban cuando se firmó.
También son preocupantes los impactos negativos en el sector social y la sociedad civil. La organización no-gubernamental (ONG) RMALC señala que la UE utilizó el dialogo político para presionar al gobierno mexicano para que abra ciertos sectores económicos como la energía y el agua, sumamente codiciados por las empresas transnacionales(13). Además, la UE contribuyó al financiamiento de programas como el Plan Puebla Panamá (PPP) y el PRODESIS, ambos rotundamente rechazados por los pueblos indígenas y algunos organizaciones civiles. RMALC lamenta que las negociaciones de este tipo de tratados no tomen en cuenta la opinión pública ni las demandas de las organizaciones sociales. El tratado tampoco ha contribuido a la protección de los derechos humanos y los principios democráticos, porque el artículo 1 del Acuerdo sólo puede ser aplicado si se trata de una violación sistemática a los derechos humanos llevado a cabo por el gobierno. Por esta razón las organizaciones civiles han exigido que la cláusula democrática se exprese en sentido afirmativo, trascienda la mera sanción a las violaciones e impulse la promoción, la garantía y el respeto a los derechos humanos.
Conclusión
Tras un balance analítico, varias organizaciones sociales, entre ellas la RMALC, han concluido que los intereses de la UE en México no son el fortalecimiento del dialogo político ni la cooperación, y mucho menos la protección de los derechos humanos sino:
- ser un contrapeso a la influencia de los EEUU en América Latina,
- revertir la poca importancia que tiene la UE en el mercado latinoamericano,
- impulsar el libre comercio y la libre inversión en el mercado latinoamericano y
- garantizar beneficios comerciales en áreas que fueron bloqueadas a nivel global durante las negociaciones en la OMC (14).
Habida cuenta de que las negociaciones en el seno de la OMC fracasaron en julio de 2006, no sorprende que la UE haya dado a conocer poco después, en octubre de 2006, una nueva estrategia, titulada "Europa globalizada: compitiendo en el mundo", que planteó nuevos objetivos para la política del comercio internacional de Europa, entre ellos la reducción de las barreras no arancelarias para las exportaciones e inversiones europeas, mayor acceso a los recursos naturales, la garantía del abasto energético, el fortalecimiento de la presencia europea en los países emergentes, la implementación de mecanismos anti-dumping y la protección de los derechos a la propiedad.
En busca de la mayor desregulación posible, la UE empezó a negociar el TLC con la Comunidad Andina, la región MERCOSUR y los países de Centroamérica. Por el momento existen tratados de libre comercio con Chile y México. Las negociaciones con la Comunidad Andina y Centroamérica sobre un Acuerdo de Asociación todavía no se han podido concluir debido al descuerdo con el gobierno boliviano y la situación actual en Honduras. Es inquietante ver que la UE sigue buscando maneras de cumplir sus objetivos sin importar los costos. Si no logra sus objetivos dentro de la OMC, los persigue mediante tratados bilaterales o regionales que son aún más dañinos que los que existen a nivel mundial. Habiendo visto los estragos que las políticas europeas de "cooperación" han significado tanto a nivel local como a nivel estatal para México, ¿existe motivo para dudar de que su impulso en otros países de América Latina producirá los mismos resultados negativos?

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Anna Hampf - "Chiapas al Dia" - CIEPAC - Centro de Investigaciones Economicas y Politicas de Accion Comunitaria, A.C.
Chiapas; México

2.100 coches nuevos ruedan por las calles de Beijing cada día





2.100 coches nuevos ruedan por las calles de Beijing cada día. La cifra puede espantarnos de este lado del planeta, pero en China las dimensiones son otras, para todo. Así, los funcionarios medioambientales de la ciudad han dado la buena noticia de que la contaminación del aire no empeorará el próximo mes, cuando el número total de coches en la capital sea de cuatro millones. El raro cálculo se explica –o mejor dicho, lo explican las autoridades- porque este año se han retirado más de la mitad de los 200 mil coches altamente contaminantes.
¿200 mil coches contaminantes menos compensan 2.100 coches nuevos al día? Parece que sí: las cifras oficiales señalan una reducción de 25% de las emisiones totales de los coches. Aunque ayer el cielo de Beijing estaba cubierto por una capa gris y 25 de las 28 estaciones que monitorean la contaminación de la ciudad reportaron que el aire era poco sano.
Más sorprendente que la calidad del aire es que Li Kunsheng, director de la sección de gerencia de vehículos del departamento de medio ambiente, opine que, gracias a ese 25% menos de emisiones, en Beijing ahora hay espacio para más coches. El parque automotor de la ciudad llegó a 3,96 millones la semana pasada, lo que representa alrededor de 1 millón de toneladas de contaminantes al año.
Desde 2008, los coches de Beijing han estado usando un combustible más limpio que cumple con la norma Euro IV. La ciudad también ha estado realizando un campaña de día sin coche desde abril que, no obstante, ha encontrado cierta resistencia de los propietarios de automóviles, que han respondido comprando más vehículos, según cuenta Zhang Jianyu, director del programa de del Environmental Defense Fund.
El gobierno ha gastado 290 millones de yuanes en ayudas económicas a los propietarios de los más de cien mil vehículos altamente contaminantes que deben desaparecer.
Vía | www.chinadaily.com.cn
Fotografía | Ian Holton
Fuente: ecologiablog.com

domingo, 29 de noviembre de 2009

Patagonia y las represas





Por Lucho Contreras
Así es Patagonia¡¡: corría 1998 estábamos en un montaña del cajón del Maipo, aprendiendo a subir montañas en condiciones patagónicas. El maestro era el gran montañista, nuestro profesor y amigo Claudio Gálvez, (quien lamentablemente moriría 3 años después, en el Himalaya, bajando de una montaña de más de 8.000 metros). Mientras escalábamos el cielo dejaba caer una fuerte lluvia, momentos después está se calmaba y salía el sol entre las nubes…minutos más tarde comenzaba una fuerte ventisca acompañada de nieve. Todo esto es en el trascurso de una hora. Claudio alucinaba, y con una cara de alegría y locura nos daba ánimos gritándonos: así es Patagonia¡¡ así es Patagonia¡¡, que días tan hermosos.
Noviembre de 2009: hace unas semanas regresé de mi último viaje a la Patagonia. Es la cuarta vez que mis pasos me llevan a este rincón del mundo tan mitológico. A este pedazo de tierra que pareciera estar colgando del continente; donde el viento, los ríos, la pampa, los lagos, la nieve, el mar y las montañas conviven salvajemente.
Estamos con la Chascona (la chica que amo) hace 3 horas, en una fría tarde, buscando un lugar donde dormir en Villa O’Higgins, el lugar que motivó nuestro viaje. Simplemente queríamos llegar al último punto de la carretera austral, partimos desde Coihaique, unos 700 km más al norte. Moviéndonos muy lentamente, a veces en mini buses, otras a dedo o incluso caminando por muchos kilómetros (bajo la lluvia o nieve). Esto nos permitió ver directamente cual es el grado de aceptación y rechazo de las personas locales a la instalación de las Represas por parte de HidroAysen. Estas personas son hijos o nietos de los pioneros que llegaron a esta tierra bendita. Desde Santiago es fácil ser ecologista, o estar en contra de la grandes empresas, tenemos todo a mano. Pero lo importante es saber que opinan los que viven a cientos de kilómetros de todo, los que muchas veces no tienen acceso a un doctor de urgencia, los que deben esperar horas e incluso días (me toco vivirlo) para que pase el bus por esta solitaria carretera austral. Gratamente no hubo ningún pueblo o ciudad en donde no encontré carteles “artesanales” demostrando el rechazo, vi frases como “déjenos tranquilos, no a las represes”, “no destruyan nuestra tierra, no destruyan la Patagonia”, etc. De todas las personas que les pregunte cual era su postura solo una me dijo que estaba de acuerdo, fue un señor dueño de una hostería que veía que le podría ir bien económicamente ofreciendo sus servicios a los numerosas empresas que traerían a sus trabajadores a la zona (una visión respetable pero cortoplacista y sobre todo egoísta).
Mientras escribo estas palabras y recuerdo todos los lugares maravillosos que una vez más vi en nuestra Patagonia solo me embarga un sentimiento: FE, fe en que las personas podamos entender que la vida no es algo que se base simplemente en nuestro presente, que no podemos acabar y devastar el entorno natural de la tierra pensando en nuestro bienestar económico, que por satisfacer nuestra necesidades actuales no le dejemos a nuestros hijos la posibilidad de que ellos caminen en 10, 20 o 100 años mas en la Patagonia y esta sea tal cual como la conocemos, tal como la conoció Claudio Gálvez, salvaje¡¡ porque así es Patagonia¡¡ y así debe ser por siempre, por eso NO¡¡ a las represas en Patagonia.

http://www.theclinic.cl/2009/11/26/patagonia-y-las-represas/

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Obispos a la ONU por la Patagonia

Los obispos de Chile y Argentina encargados de las diócesis de la Patagonia enviaron una carta al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, para solicitar que se respete esa "reserva de la vida del planeta". Los religiosos escribieron que les preocupan las amenazas que sufre la región por proyectos mineros, hidroeléctricos, acuíferos, forestales y de basureros nucleares "que herirían grave e irreversiblemente la naturaleza y la vida humana de esta reserva de vida del planeta".


Esa misiva está firmada por los obispos de Comodoro Rivadavia, Virgilio Bressanelli; y el obispo prelado de Esquel, José Slaby, además de los obispos de Río Gallegos, del Alto Valle de Río Negro, de Neuquén, Bariloche y Viedma, además de sus pares de Aysén y Punta Arenas, por Chile.

Asimismo, solicitaron que en la agenda de la Cumbre de Copenhague sobre el clima, que se realizará entre el 7 y el 18 diciembre, se incluya en los debates el tema del agua, y que se le dé con una importancia relevante en los tratados post Kioto (2012).

Argumentaron que el agua dulce es un "elemento vital insustituible, don de Dios, derecho humano, patrimonio común de la humanidad, que debe ser motivo de solidaridad, justicia y equidad entre los pueblos".

Citando los insistentes llamados del Papa Benedicto XVI, y antes, de Juan Pablo II, a "globalizar la solidaridad" y a "crear un nuevo orden mundial", demandaron que se haga viable a corto plazo un Plan Mundial del Agua.

Además, solicitaron que se promueva en todos los países la gestión del agua con participación del sector público, del sector privado y de las comunidades y organismos locales, considerando a las cuencas hidrográficas, los glaciares y las aguas subterráneas como bienes comunes.

Los obispos destacaron que el Papa dirigirá a la defensa del medio ambiente su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, con el lema "Si quieres cultivar la Paz, cuida la Creación".

"Ayudaremos a tomar conciencia para que el Agua no llegue a ser el símbolo y el medio de nuevas colonizaciones y esclavitudes del siglo XXI", afirmaron los religiosos en la carta.

El texto está firmado por Luis Infanti, obispo vicario apostólico de Aysén y Bernardo Bastres, obispo de Punta Arenas, ambos de Chile.

Desde Argentina firmaron Marcelo Melani, obispo de Neuquén, Néstor Hugo Navarro, obispo de Alto Valle; José Pedro Pozzi, obispo emérito de Alto Valle, Esteban Laxague, obispo de Viedma, Fernando Maletti, obispo de San Carlos de Bariloche; José Slaby, obispo prelado de Esquel; Virginio Bressanelli, obispo de Comodoro Rivadavia; y Juan Carlos Romanin, obispo de Río Gallegos

Fuente: rawsonline.com

Los embajadores de la creatividad






ESCRITO POR VÍCTOR CORCOBA HERRERO   

Mucho se habla en los últimos tiempos de la necesidad de los creativos, de las personas ingeniosas capaces de avivar la creatividad, en un mundo diverso que debemos aceptar y no temer.

Probablemente el slogan de “la imaginación al poder”, nos venga a pedir de boca en un planeta absorbido por la estupidez del consumo. Precisamente, coincidiendo con el Año Europeo de la Creatividad y la Innovación, un grupo de pensadores europeos, apunta que “si Europa no quiere perder comba en un mundo que cambia con rapidez y superar desafíos tales como la crisis económica y el cambio climático, debemos, entre otras cosas, reinventar la educación, transformar los centros de trabajo en centros de aprendizaje, fomentar la innovación, pensar globalmente y pasar a una economía ecológica”. Las cuestiones no son baladíes y considero que vale la pena reflexionar sobre ellas.
Reinventar la educación. Sin duda, es la vía para responder a los retos actuales. Se habla de marcos estratégicos que abarquen los sistemas de educación y de formación en su totalidad, dentro de una perspectiva de aprendizaje permanente como guía fundamental. Sin embargo, se observa que se siguen impartiendo aprendizajes pocos atractivos, que los sistemas de orientación son mediocres, y que el aprendizaje de adultos apenas existe. No puede haber una docencia de alta calidad cuando el profesorado se encuentra totalmente desmotivado.

Ahora lo que se viene acrecentando en buena parte del mundo, para desdicha de todos, es el aniquilamiento del que piensa distinto, el fracaso de los jóvenes, la tristeza y el abandono de la persona a la que se le ha robado su talento creativo, no dejándole ser lo que quiera ser y como quiera ser.

Las políticas educativas no pueden ser distintas en valores y deberían permitir que todos los ciudadanos, independientemente de sus circunstancias sociales y económicas, pudiesen recibir una formación de alta calidad que propiciase aptitudes interculturales, valores democráticos y el respeto de los derechos fundamentales y del medio ambiente. La actual crisis económica también pone de manifiesto la exigencia de una inversión más decidida y valiente en el campo del saber y de la educación. Cuestiones de carácter ético no pueden ser ignoradas a la hora de transmitir conocimientos.
Transformar los centros de trabajo en centros de aprendizaje. Hace falta también más inversión formativa para que las personas no queden excluidas de un mundo laboral cambiante. En todos los puestos de trabajo debería haber aulas de reciclaje permanente que fomentase la capacidad de aprender a aprender, el sentido de la iniciativa y el carácter emprendedor, así como la conciencia estética cultural. Hay que anticiparse a los cambios con la formación adecuada. La nueva economía es una economía del aprendizaje. Cuando realmente aprendemos es cuando algo nos importa, nos sirve para la vida y es realmente útil para nuestro trabajo.
Fomentar la innovación. Está visto que las empresas logran ventaja competitiva a través de fomentar la invención. La política empresarial de la Unión Europea dice apoyarse en la creación de un entorno adecuado para invertir en competitividad e innovación; aunque luego en la práctica los centros educativos y de investigación suelen carecer de relaciones con el mundo empresarial. La realidad es bien distinta a lo que a veces se habla. En esa innovación siempre necesaria, inherente a ella, tiene que desarrollarse una conciencia crítica social, una cultura socializadora cuyo centro sea el ser humano como persona y como miembro de una globalizada humanidad.
Pensar globalmente. Este mundo exige personas abiertas, de horizonte amplio, que no levante muros diferenciadores, que apueste por la cooperación y la solidaridad sin límites. En un mundo que se nos queda pequeño, resulta mezquino pensar y actuar con una mentalidad localista. Todo lo que afecta a una parte del planeta ya nos afecta a cualquiera de nosotros. Las distancias físicas se han achicado y tendremos que aprender a convivir culturas diversas, porque la vida misma ya se ha mundializado.
Economía ecológica, que en verdad es una economía responsable. Juntos hemos de iniciar también una nueva era de desarrollo verdaderamente sostenible basado en tecnología limpia y en una economía de baja emisión. Nadie tiene derecho a degradar el medio ambiente. Y en todo caso, quien produzca un daño al ecosistema, es el que debe responder económicamente del coste de la reparación y restauración. Sin duda, la economía ecológica es la visión más humanista para la política ambiental.
Pienso que hacen bien los embajadores de la creatividad en llamarnos la atención sobre lo vital que es un mundo cultivado para comprender y aprender a ver en la naturaleza algo más que una simple fuente de riqueza y de explotación. Tenemos necesidad, pues, de dar sentido moral a los tiempos actuales y al desarrollo de la humanidad. De lo contrario, corremos el riego de ser una sociedad de individuos que no atiende a sus semejantes como parece en ocasiones que así es. A punto de expirar el año 2009, que la Unión Europea quiso dedicar a la creatividad e innovación, pienso que ha servido de muy poco. Todo se ha quedado en palabrería. El verdadero cambio en la sociedad y en la economía lejos de producirse, camina a la deriva, sin rumbo y con escasa inversión en el verdadero conocimiento. Son tiempos de ruptura cicatera más que de respeto a las identidades culturales, de cerrojos al pensamiento libre, de estímulos a las desigualdades, de politización excesiva y de mercadeo egoístamente interesado. Ahora lo que se viene acrecentando en buena parte del mundo, para desdicha de todos, es el aniquilamiento del que piensa distinto, el fracaso de los jóvenes, la tristeza y el abandono de la persona a la que se le ha robado su talento creativo, no dejándole ser lo que quiera ser y como quiera ser. Libertades perdidas, esclavitudes ganadas. Es lo que entra por los ojos a poco que uno mire a su lado.

Fuente: revista Fusion

No hubo marcha que le pusiera freno a la minería



A pesar del rechazo de los vecinos, avanza la explotación a cielo abierto en Campana Mahuida. Críticas de los legisladores de la oposición.



Matrimonio tóxico. Una pareja de manifestantes con disfraces del gobernador Sapag y de la presidenta Cristina Fernández.
Más de mil personas se manifestaron esta semana en la capital neuquina contra el desarrollo de la minería a cielo abierto en territorio de la provincia. Los vecinos repudiaron el proyecto de explotación minera, cuya concreción se está analizando en la localidad de Campana Mahuida, y en sus reclamos contaron con el apoyo del Foro Permanente por el Medio Ambiente (Foperma), de líderes de la comunidad mapuche, de varias agrupaciones de izquierda, de organizaciones no gubernamentales ambientalistas y de un grupo de diputados provinciales. Además, los manifestantes lanzaron un ultimátum a los legisladores de la provincia para que no aprueben la ley que “abriría las puertas a la megaminería a cielo abierto” en suelo neuquino.

Se trata del proyecto presentado por el diputado Hugo Goncalves, del Frente Alternativa Neuquina, que a pesar del rechazo popular fue aprobado el jueves por la noche por escaso margen. 

El diputado provincial por el socialismo Rodolfo Canini señaló que “el proyecto deja varios aspectos sin protección y prohíbe la utilización de mercurio, cianuro y acido sulfúrico solamente en zonas específicas cercanas a los acuíferos, algo que debe ser totalmente prohibido en todo lugar debido a las filtraciones a las napas subterráneas que pueden ocurrir”.

El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Matías Viale, señaló que “existe mucha preocupación sobre el proyecto Goncalves, que utiliza el mismo lenguaje de las transnacionales, aquellas que dicen que la actividad puede ser regulada con controles. Y ésta no tiene control posible, porque es inherentemente contaminante”. 

“Una ley que prohíba esta actividad no es algo irracional: ya hay siete provincias que tienen legislación prohibitiva, producto de la gran movilización social que existe en el país”, explicó Viale. 

Marche un lápiz rojo para 58 municipios

De los 134 municipios de la provincia de Buenos Aires, 58 de ellos cerrarán el año con déficit fiscal: un rojo que asciende a la cifra de 300 millones de pesos. 

Según fuentes del Ministerio de Economía provincial, el Estado bonaerense deberá además asistir a otras 40 comunas con un fondo extra de aproximadamente 40 millones de pesos, para que esos municipios puedan “cerrar” el año en términos financieros. 

Esa ayuda no estará destinada a que las comunas asistidas logren alcanzar el equilibrio presupuestario, sino a que afronten gastos esenciales de funcionamiento administrativo, como el pago a empleados o la compra de insumos. 

Estas cifras marcan las dificultades financieras que atravesaron las comunas bonaerenses a lo largo de 2009, cuando tuvieron que afrontar, además del aumento de costos por inflación, diversos inconvenientes como la sequía y la crisis económica. En ese marco, desde la cartera económica buscarán que no se corten los pagos a los proveedores municipales.

Auxilio financiero con créditos fiscales

El diputado provincial de Santa Fe Víctor Hugo Dadomo presentó un proyecto para solicitar al Congreso Nacional que impulse una ley que considere a los estados provinciales y municipales de todo el país como responsables inscriptos del Impuesto al Valor Agregado. De este modo, el monto que abonen de IVA podría ser considerado como crédito fiscal en la AFIP a su favor, lo que se transformaría en un verdadero auxilio financiero frente a la actual crisis.

Entre los fundamentos del proyecto de ley, el legislador provincial puso especial énfasis en destacar que “en su carácter de consumidores, los estados provinciales y municipales son gravados con el IVA sin su discriminación”. 

Actualmente, toda contratación realizada está incrementada en un porcentaje –por la aplicación del IVA– que se traslada al precio final. “Este porcentaje no se transforma en crédito fiscal sino que pasa a formar parte del costo del producto o contrato”, señaló Dadomo, y agregó que “de lo que se trata es de encontrar un mecanismo que permita sumar recursos a los gobiernos locales ante la crisis actual”.
Fuente: criticadigital.com

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LA MEGAMINERÍA NO TIENE CONTROL POSIBLE



Lo dijo el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Matías Viale, de visita en Neuquén.
Por Guadalupe Maqueda

Ayer se aprobó el proyecto de ley del diputado provincial Hugo Goncálves (Alternativa Neuquina) que permite la explotación minera pero con controles medioambientales en la provincia. La iniciativa genera amplia preocupación en sectores de la sociedad que defienden el medio ambiente.
Y en su paso por esta ciudad, el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AA de AA), Enrique Matías Viale, consideró que el proyecto en juego terminará por legalizar la megaminería en Neuquén.
La discusión, según dijo, se comprende como parte de un proceso de “avance sistemático” en una Argentina que, sin embargo, no tiene tradición minera. Invitado por la Coalición Cívica y el ARI, el abogado realizó una serie de actividades la semana pasada, vinculadas a la problemática.
“La megaminería no es la minería tradicional sino que es una nueva modalidad de explotación, imposible de controlar”, sostuvo Viale en una entrevista con La Mañana de Neuquén.

¿Qué la distingue?
Las características, dimensiones y modalidades de explotación. Esta megaminería se realiza a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas como el mercurio, el cianuro y el acido sulfúrico. Además, lo que hace irreversiblemente insustentable a esta actividad, es la utilización que realiza del agua y la energía.
Sin ir más lejos, la minera La Alumbrera (Catamarca), el primer emprendimiento en la Argentina de este tipo, utiliza 100 millones de litros de agua por día, lo mismo que utilizan 500 mil personas. También requiere más energía que toda la provincia de Catamarca.

¿Cuáles son los escenarios de conflicto que gesta su aplicación?
Uno de ellos es la devastación ambiental. El primero de los tres paradigmas de la megaminería. La ecuación ambiental es irreversiblemente negativa. Además de que no es posible controlarla, genera una disputa por el agua en la población.
A esto se suma una política de saqueo económico encubierta, que propone espejitos de colores.  Pintan escuelas, regalan ambulancias, compran voluntades. En este contexto, la Ley Nacional 24.196 -de inversiones mineras- procura excensiones impositivas irracionales para las mineras trasnacionales.

¿Por ejemplo?
Les ofrece estabilidad fiscal por 30 años. No pagan impuestos de importación de bienes de capital y tienen un tope a las regalías. Las provincias no pueden cobrar más del 3%. Y una nueva modificación introducida a la ley  redujo el valor de boca de mina,  de modo que por cada 100  dólares de minerales que se llevan pagan solo 1.4% de regalías. Tampoco tienen que liquidar las divisas en el país.

Además de devastación ambiental y saqueo económico, ¿qué otro paradigma viene asociado a la actividad?
El de devastación institucional, cuyo máximo exponente es nacional: el veto presidencial a la Ley de Glaciares. Sancionada por unanimidad, esta norma prohibía la actividad en glaciares y ambientes periglaciares. Pero se veta de forma deliberada para beneficiar el emprendimiento binacional Pascua Lama (San Juan), por cuanto se desarrolla en glaciares y ambientes periglaciares.
Sirva de ejemplo para ilustrar la devastación de instituciones democráticas, proceso que promueve a su vez relaciones entre gobernadores y empresarios mineros. Es el caso del gobernador de San Juan (José Luis Gioja) y su vínculo con la empresa Barrick Gold.
 El propio secretario de Minería de la Nación (Jorge Mayoral) comparte directivos con esta empresa. Por eso decimos que se debe hacer un análisis conjunto de la problemática. No es solo una cuestión ambiental sino institucional y económica. 

¿Qué consideraciones realiza en el plano provincial?
Vemos con mucha preocupación el proyecto Goncálves, que utiliza el mismo lenguaje de las transnacionales, aquellas que dicen que la actividad puede ser regulada con controles. Y esta no tiene control posible, porque es inherentemente contaminante.
La provincia de Neuquén parece que se quiere encaminar hacia eso, aunque existe la forma de enfrentar esto: con una ley que la prohíba. Y no es una petición absoluta e irracional. Hay siete provincias que tienen legislación prohibitiva, producto de la gran movilización social que existe en el país.
Estas son Río Negro, Chubut, La Rioja, La Pampa, Tucumán, Córdoba y Mendoza. Queda afuera Santa Cruz, San Juan y Catamarca, las tres provincias que actualmente llevan a cabo megaemprendimientos mineros.
Estamos convencidos de que con una aplicación efectiva de los principios precautorio y preventivo, que obligan a prevenir el daño,  la megaminería debería estar prohibida.
La lucha contra la megaminería se vislumbra claramente en Neuquén y en el país, donde ya hay más de 70 asambleas conformadas. Es que se está empezado a comprender que la problemática ambiental es una problemática de derechos humanos.

¿Porque realiza esta vinculación?
Porque el ambientalismo no puede desprenderse de la cuestión social. Es la sociedad la que más sufre la degradación ambiental. La contaminación hace más pobre al pobre. Y una radiografía de eso es el Riachuelo.

¿La postura que toma no es apocalíptica?
Para nada, es una visión de la realidad. Hacemos un análisis completo que incluye el desarrollo económico, social y cultural. Nosotros no estamos en contra de la producción, del desarrollo de la sociedad. No queremos volver a la época del fuego. Esta minería no es tradicional en la Argentina, es importante decirlo.
Y como alternativa proponemos el desarrollo de actividades productivas, aunque  sabemos que hay productores locales donde el Estado se retira. Esto no es casual. Cuando esta actividad intenta desarrollarse, se empieza a retirar para hacer creer que no hay otra forma de progreso.

¿La minería no deja nada para los pueblos?
Nosotros creemos que el actual ordenamiento legal que existe de la actividad minera en realidad lo que produce es un saqueo. La ley de inversiones mineras beneficia a las empresas con una serie de excensiones impositivas. Además, en las cuestiones ambientales no se pone muchas veces en la cuenta final a los pasivos ambientales, porque estos finalmente se terminan socializando. Ocurre, por ejemplo, con el Riachuelo.

En la provincia, a pesar del proyecto de ley de Goncálves, el TSJ suspendió el proceso administrativo de un proyecto –Emprendimientos Mineros- en Loncopué …
Estamos al tanto. Es un fallo muy importante en la lucha que se está dando en toda la cordillera contra la minería porque por primera vez se hace efectivo el Convenio 169 de la OIT que establece la consulta previa de los pueblos originarios. Esto marca un hito a nivel país en la lucha contra la megaminería, aunque no termina de detener la actividad.

¿Que elementos jurídicos tiene un particular o una organización para llevar adelante su demanda?
La acción de amparo es una herramienta jurídica suscripta en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que expresamente refiere a cuestiones medioambientales. Esta intenta hacer efectivo el artículo 41 que consagra el ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Pero también existe la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.

¿Los abogados tienen basamento jurídico suficiente para llevar a buen puerto esta demanda?
Hay instrumentos legales. El problema en la Argentina es la falta de aplicación efectiva. Pero existen. Está la Ley General del Ambiente -25.675- que establece principios e instrumentos de gestión ambiental. Entre ellos menciono el precautorio y preventivo. El desafío del momento en el derecho ambiental es poder difundir estas herramientas, su verdadero alcance y como transformar con ellas todo el ordenamiento jurídico
fuente La Mañana de Neuquen