Diputados pedirán a la justicia paralizar HidroAysén por irregularidades



La Segunda. 
Cámara Baja aprobó el informe de la comisión de Derechos Humanos que acusa diversas transgresiones a la normativa en la tramitación del megaproyecto.
Por 41 votos a favor, 23 en contra y 12 abstenciones la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, que investigó la tramitación del megaproyecto energético Hidroaysén, instancia que acordó pedir la paralización del megaproyecto por haber detectado numerosas irregularidades.
El diputado Sergio Ojeda (DC), presidente de la citada comisión, sostuvo que no se explica cómo se terminó aprobando la tramitación del proyecto hidroeléctrico y criticó abiertamente a aquellas instancias que evaluaron y aprobaron ambientalmente la construcción, de propiedad de las empresas Colbún y Endesa.
Ojeda confirmó que como comisión investigadora de la Cámara de Diputados, solicitarán la paralización del proyecto a las instancias que correspondan, principalmente el ministerio del Medioambiente.
El informe votado en el Congreso que será derivado al Ministerio Público, quedará a disposición de todas las organizaciones interesadas en presentarlo ante las instancias legales pertinentes, incluso tribunales internacionales, afirmó el parlamentario DC.
La investigación de la comisión se realizó en medio de una serie de protestas impulsadas por las organizaciones sociales que se oponen a la central, tras el fallo de la Corte Suprema a favor del proyecto, y donde se cuestiona el voto del juez Pedro Pierry por su conflicto de interés en el tema. "Legalmente creemos que no tenía impedimento, pero éticamente si", comentó el diputado PS Marcelo Schilling al comentar un proyecto de ley que busca normar estas situaciones.
Acorssi hace hincapié en inhabilidades
Por su parte, el diputado PPD y miembro de dicha instancia, Enrique Accorsi, indicó que en dicho informe se pudo recabar antecedentes sobre las actuaciones de la Dirección Regional de Evaluación Ambiental de Aysén, a partir de una serie de actos y omisiones susceptibles de fiscalización, como las presiones indebidas de ministros de Estado a funcionarios públicos, informaciones inexactas y omisiones sobre los requisitos ambientales del referido proyecto.
"Además, se dio cuenta de conflictos de interés de personas y servicios, que llevan a pensar que este proyecto hidroeléctrico no debió ser aprobado en el gobierno anterior ni en este gobierno", afirmó Accorsi.
El parlamentario agregó que todas estas irregularidades se deben principalmente a que las instancias de decisión están compuestas solamente por funcionarios de gobierno."No existe un reglamento expreso de inhabilidades y tampoco procedimientos institucionales eficaces y oportunos que tomen en cuenta las opiniones y observaciones de las comunidades afectadas. Eso demuestra que nuestra legislación está en deuda con la necesidad de contar con una participación ciudadana reglamentada y empoderada", puntualizó el representante del PPD.

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La Segunda. 
Además del juez Pedro Pierry, tres parlamentarios cuestionan a la ministra María Sandoval, quien tampoco se inhabilitó: Uno de sus hermanos trabajaría para Colbún, también dueño del proyecto.
Un grupo de senadores entregó este lunes al presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, un escrito en el que solicitan formalmente que el tribunal de ética se pronuncie sobre el supuesto conflicto de interés del juez Pedro Pierry que falló a favor de HidroAysén y no se inhabilitó pese a tener acciones en Endesa, principal controladora del mega proyecto energético, consignó Emol.
Asimismo, los parlamentarios PPD Guido Girardi, Jaime Quintana, el DC Mariano Ruiz Esquide y el RN Antonio Horvath, entregaron otro antecedente: La ministra María Sandoval, quien tampoco se inhabilitó y falló a favor de la represa, tiene un hermano que trabajaría para Colbún, dueño también del proyecto.
La semana pasada la tercera sala de la Suprema rechazó, por tres votos contra dos, los recursos de protección que pretendían paralizar el proyecto HidroAysén.
Una vez conocida la sentencia se cuestionó al ministro Pierry por tener más de 100 mil acciones en la empresa energética y no haberse inhabilitado de conocer esta causa. Según se defendió el magistrado la ley no establece que dichos título que posee en una sociedad abierta le impidan dictaminar una sentencia de este tipo.
Por otro lado, ambientalistas no han descartado recurrir a instancias internacionales para detener el proyecto.

Ilustracion: Boletin Ecosistemas.cl

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