YPF: ¿UN DOBLE ESTÁNDAR EN MATERIA AMBIENTAL?






 por Magalí Heredia   

Cientos de denuncias y trabajos de investigación sobre contaminación ambiental sirven por estos días de base no sólo argumental sino jurídica al objetivo oficial de minimizar el desembolso de miles de millones de dólares por parte del Gobierno nacional a favor del grupo Repsol en concepto de indemnización por la expropiación de YPF.  
El trabajo realizado durante años por organizaciones ambientales o simplemente vecinos con “conciencia ambiental” tildados de fundamentalistas y reprimidos por impedir el paso de camiones con cianuro para la megaminería a cielo abierto, algunos hasta encausados en aplicación de la reciente Ley Antiterrorista impulsada en el Congreso por el Ejecutivo, son hoy la fuente consultada por el gobierno en la avanzada por sumar evidencias que contribuyan a determinar el “justiprecio” de la participación accionaria expropiada.
En esta línea, los cargos por “daños ambientales” se multiplican en las provincias hidrocarburíferas del país y en algunas de ellas como Mendoza, Santa Cruz y Chubut, sus jefes políticos han anunciado públicamente que tomarán medidas al respecto. Entre los episodios de daño ambiental que involucran a la empresa YPF se encuentra la contaminación de la cuenca neuquina denunciada por la Asociación de Superficiarios de Petróleo de la Patagonia (ASSUPA) desde hace dos décadas. Si bien YPF no es la única empresa demandada, se estaría exigiendo la recomposición de terrenos que abarcan unos 800 mil metros cuadrados, tarea valuada en 5 mil millones de dólares, según informó Tiempo Argentino.

Un caso paradigmático, sin embargo, ocurre en la localidad de Gral. Daniel Cerri, ubicada a 15 kms al sur de Bahía Blanca. Allí, en septiembre de 2011 la UTE conformada por YPF y ENARSA presentó el proyecto “GNL Puerto Cuatreros” consistente en la creación de un muelle de doble atraque para la radicación de un buque regasificador y la llegada de buques metaneros así como la posterior construcción de una planta regasificadora, para lo cual se dragaría el canal principal hasta Puerto Cuatreros. El proyecto generó un masivo rechazo no sólo en las comunidades de las ciudades vecinas que en los últimos treinta años han visto cómo las multinacionales avanzaron sobre sus espacios costeros, sino también por parte de científicos de ambas casas de altos estudios de la región – Universidad Nacional del Sur y Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca – y del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO). Los especialistas advirtieron sobre las consecuencias irreversibles que se producirían al dragar en la zona interna del estuario, un ecosistema particularmente valioso para la subsistencia de un ambiente ya de por si comprometido por la actividad de uno de los polos petroquímicos más grandes del país, ubicado a 10 km del centro de la ciudad bahiense. En el sector que se propone dragar se reproducen y crecen las especies ictícolas más importantes que se comercializan en toda la provincia de Buenos Aires, siendo este apenas uno de los muchos impactos que preocupan a la población. También inquieta la recirculación de contaminantes cancerígenos que se produciría a partir de las obras de refulado previstas en el proyecto.

La empresa YPF, inculpada actualmente desde los más altos estamentos políticos por graves irregularidades técnicas y daños ambientales millonarios, intentó en el mes de noviembre del año pasado defender, aunque sin éxito, los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) encargados a la consultora Serman & Asociados. Más de 300 personas se dieron cita por espacio de doce horas en la audiencia pública convocada desde el municipio para tratar el proyecto. El ochenta por ciento de los asistentes fundamentó su rechazo al proyecto denunciando falencias groseras en los EIAs y resaltando además que se omitió realizar un análisis integral del proyecto. Esto, a raíz de conocerse que con el material de refulado se construirían dos islas de 480 hectáreas en total pero que la planta regasificadora sólo ocuparía la mitad de las tierras solicitadas ofreciendo el resto para la radicación de nuevas empresas. Desde diciembre se aguarda el dictamen del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), hoy envuelto en un escándalo ante el estado público que tomó el caso del inspector bahiense Martín Negri, separado de sus funciones por cumplir sin concesiones con las tareas de control inherentes al cargo que desempeñaba. Mientras, y desde hace un año, fecha en la que trascendió la noticia del proyecto, organizaciones vecinales, ambientalistas, educativas, culturales, sindicales y políticas continúan realizando actividades de concientización para informar sobre los alcances del proyecto, que plantea nada más ni nada menos que la creación de un segundo polo petroquímico en la “Chernobyl argentina” del país.

Hoy, el matutino local del empresario Vicente Massot publica una nota pregonando la elección de Bahía Blanca como “nodo energético”, acompañada por una fotografía en la que se muestra al intendente interino Gustavo Bevilacqua (FpV) junto al vicepresidente bonaerense Gabriel Mariotto y al ministro de Planificación Julio De Vido. Según manifestó Bevilacqua, De Vido habría dicho que el proyecto de dragar hasta Puerto Cuatreros no ha sido “descartado”. Teniendo en cuenta que De Vido se desempeña por estos días como interventor de la empresa que está siendo denunciada públicamente por graves irregularidades técnicas y daños ambientales millonarios desde el Gobierno que integra, que esa empresa fue la que pergeñó el proyecto “GNL Puerto Cuatreros”, y a la luz del contundente rechazo que el mismo obtuvo por parte de la comunidad científica local, regional e incluso internacional y de la población, ¿no es esto acaso el reconocimiento de un doble estándar en materia ambiental?


Magalí Heredia  @magalaus Fuente: medioymedio.com.ar Ilustracion: soydondenopienso.wordpress.com

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