¡Luz Roja a HidroAysén!




Columna de Juan Pablo Orrego, publicada en radio Cooperativa.

El reciente fallo de la Corte Suprema respecto de la evaluación ambiental del proyecto HidroAysén, es alarmante, y da para reflexionar sobre cómo se está haciendo, o más bien, no se está haciendo justicia en Chile.
En efecto, el miércoles 4 recién pasado, la Corte rechazó los siete recursos de protección presentados por la ciudadanía, que cuestionan por diversos motivos, la calificación favorable de las cinco represas, otorgada en mayo de 2011 por la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Aysén.
Pero, la verdad es que no fue la Corte Suprema la que falló así, sino tres de sus cinco Ministros, dos de los cuales tienen graves situaciones de conflictos de interés, como se dice eufemísticamente en Chile.
El tema de fondo es que los otros dos ministros acogen gran parte de la substancia de los recursos y llegan a la conclusión que la resolución ambiental favorable de la CEA es ilegal y debiera ser anulada, volviendo a fojas cero.
¿Cómo se puede prestar la misma Ley 19.300 para fallos totalmente contrapuestos?
¿El problema es la ley o los Ministros?
O sea, 'ganan' tres Ministros simplemente porque son más. No prima la calidad de los argumentos legales, no impera la justicia, sino que se impone una mayoría. Las represas son autorizadas por una cuestión numérica.
Un empate de fútbol se resuelve a penales, pero este no es el sistema correcto para zanjar asuntos que afectan el destino de Aysén y del país.
¿Tan kafkianos estamos? Es muy obvio que cuando el desacuerdo entre los Ministros es tan fundamental, debiera existir una instancia, un procedimiento para que la discusión continúe, y se llegue finalmente a un fallo de consenso donde prime la razón, y no la fuerza de los números.
Si seguimos ahondando, descubrimos que los Ministros a favor de HidroAysén evitan los temas legales de fondo para rechazar algunos de los recursos, y luego descartan los que se refieren a los aspectos potencialmente más riesgosos del proyecto, porque, según ellos, éstos problemas ambientales fueron resueltos por la CEA en base a imponerle a la empresa condicionamientos futuros, que consisten en estudios que realizaría la empresa después de la autorización.
Los dos ministros que acogen parte importante de los recursos dicen, por el contrario, que la CEA "ha incurrido en ilegalidad al dejar de aplicar el texto expreso de la ley y obviar los principios que la rigen, otorgando una calificación favorable a un proyecto que no cumple con la obligación que prescribe el artículo 12 letras d) y e) de la ley N° 19.300 y que obliga a considerar una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo."
Según ellos estas ilegalidades se manifiestan al menos en la afectación del Parque Nacional Laguna San Rafael, del riesgo de extinción de nuestro emblemático Huemul, a la ponderación de los vaciamientos súbitos de lagos glaciales, y a las fluctuaciones de caudales en el río Baker, debido a la operación de las centrales.
Según los dos Ministros 'disidentes', con esta resolución ambiental favorable, en base a un estudio manifiestamente incompleto, se viola el principio preventivo, que es la base de la ley ambiental, y permitirle a la empresa analizar los riesgos en forma posterior a la evaluación se traduce "en una renuncia por parte de la CEA a su obligación legal de velar por la protección del medio ambiente y la seguridad e integridad de las personas..."
Según el Ministro Brito "obrar como se ha hecho... constituye una ilegalidad del órgano recurrido [CEA] que no sólo vulnera la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino y lo más importante constituye una amenaza a la integridad física de los residentes de las zonas afectadas." Más claro que agua bendita de la Patagonia.
Al final del día no es que dé lo mismo toda esta faramalla técnico-jurídica en torno a la espúrea evaluación de este proyecto, porque ojalá que las instituciones funcionaran decentemente en nuestro país, pero lo más importante es que hace rato que Chile le puso luz roja a HidroAysén.
La corte no estuvo a la altura de la ciudadanía, que tiene mucho más claro lo que es bueno para nuestro país y le pone luz verde a la Patagonia.

Boletin 294 Ecosistemas.cl
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Ecosistemas. 
El pasado miércoles 4 de abril, la Tercera Sala de la Corte Suprema -en fallo dividido de tres votos contra dos- rechazó los siete recursos de protección interpuestos en contra del megaproyecto hidroeléctrico Hidroaysén, en los que se denunciaban graves irregularidades constatadas en su proceso de evaluación ambiental.

Como organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, rechazamos de plano esta resolución de última instancia, a la vez que denunciamos y condenamos de modo enérgico el conflicto de interés que tiene en la causa uno de los magistrados que resolvió a favor de la empresa, el ministro Pedro Pierry, dado que posee en ella acciones por más de 90 millones de pesos. Un voto, por lo demás, que resultó ser decidor a la hora de dirimir el veredicto de este tribunal, que sentencia a la Patagonía, a sus ríos y a las personas que habitan esas australes tierras a la pérdida de sus bienes comunes.
A casi un año de la aprobación inicial del proyecto –el 9 de mayo de 2011- por parte del Consejo Regional Ambiental de Aysén, denunciamos una vez más la imposición de un modelo energético social y ambientalmente insustentable, pues constituyen falsas soluciones que sólo responden a intereses corporativos. Proyectos como Hidroaysén son refrendados por las autoridades como una respuesta válida, pero en la práctica, éstos en lugar de resolver una crisis estructural provocada por el propio sistema, la profundizan.
De allí el contundente repudio por parte de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada a éste y otros megaproyectos energéticos que intentan instalarse en Chile, tales como Castilla, Isla Riesco y Barrancones, evidenciando el divorcio que existe entre las decisiones de la autoridad y la opinión de comunidades locales afectadas y a nivel nacional, así como en la manera en que unos y otros entienden y asumen la protección del medio ambiente.
Chile requiere hoy de cambios profundos en el enfoque de su política energética, que respondan a las reales necesidades de las personas y que a su vez hagan resguardo del medioambiente y la sostenibilidad de los distintos territorios. La aprobación unánime y sin mayores reparos de un proyecto de la envergadura de Hidroaysén por parte de la institucionalidad ambiental, así como los fallos preliminares de Cortes de Apelaciones y el reciente de la Corte Suprema, que no resguardan garantías fundamentales como son el derecho a la vida, a la integridad física y síquica y a vivir en un medioambiente libre de contaminación, son ejemplos inequívocos que el estado avanza en una senda contraria a lo que la inmensa mayoría de los chilenos anhela y necesita.
Una reflexión de fondo a estas causas estructurales y falsas soluciones tendrá lugar en Río de Janeiro en junio próximo. A 20 años de la Cumbre de la Tierra realizada en esa misma ciudad, éstos son parte de los ejes de discusión que darán forma a la Cumbre de los Pueblos –que se desarrolla en paralelo a la cumbre oficial Río+20 de representantes de Estado-, en donde se establecerán estrategias conjuntas regionales y mundiales para alcanzar los cambios a que aspiramos.
¡Justicia social y ambiental para nuestros pueblos! PLATAFORMA RÍO + 20 CHILE

Santiago, miércoles 11 de abril de 2012

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