Argentina: El gobierno de Salta quiere desmontar 700 mil hectáreas
El gobernador Gustavo Sáenz impulsa una ley que pone en riesgo más de 700 mil hectáreas de monte nativo. Ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y resta la votación en Senadores. Organizaciones socioambientales afirman que se trata de una medida a pedir de las empresas del agronegocio y mineras. Se violó el derecho a consulta de los pueblos indígenas.
Salta avanza en un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) sin el consentimiento de los pueblos indígenas y con la intención de arrasar 720.000 hectáreas de monte, según denuncia Greenpeace. Organizaciones socioambientales y comunidades originarias denuncian que la ley presentada por el Ejecutivo provincial —que ya cuenta con media sanción en Diputados— es tratada de forma exprés y sin haberse realizado el proceso de consulta previa, libre e informada que establece la ley. “Si se destruye el monte se pierde la biodiversidad, se eliminan especies nativas y es causa de la muerte de niños wichí por deshidratación y desnutrición“, advierte Mara Puntano, abogada de comunidades indígenas.
La Ley de Bosques (26.331) marca tres colores en los mapas provinciales de ordenamiento territorial: verde, donde se permite la deforestación; amarillo, donde se permite pero sujeta a la aprobación de la autoridad de aplicación; y rojo, que indica las tierras que tienen un “muy alto valor de conservación y no deben transformarse“. El nuevo ordenamiento en Salta establece un cuarto color (amarillo oscuro), que identifica una nueva zona para habilitar desmontes, llamada “Área de Producción y Conservación”. En el mapa, esa zona cuenta con un punto verde (en el que podría deforestarse) pero cuya ubicación catastral no queda definida en la ley sino que “se irá identificando en dicha categoría a medida que se vaya definiendo la misma a nivel predial, como así también su remanente, que se incorporará a la Categoría II (amarillo)”. Es decir que hay zonas boscosas que no quedan debidamente identificadas para su conservación.
La modificación en la normativa habilita el cambio de uso del suelo a criterio del Gobernador. Establece que las urbanizaciones, obras públicas o de infraestructura que impliquen un cambio de uso de suelo serán autorizadas por la «autoridad competente» según la Ley Provincial 7070 de protección del ambiente. Por otro lado, las áreas comprendidas en las categorías de conservación también podrán destinarse a los cuestionados proyectos de certificación de bonos verdes.
Desde Greenpeace, Noemí Cruz asegura que “la zonificación propuesta no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I (rojo) y II (amarillo), algo prohibido por la normativa nacional. Se trata de una zonificación transitoria o flexible, lo que en la práctica no es una zonificación, porque no determina claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar“.
La organización alerta que Salta es una de las provincias con más deforestación del país en las últimas décadas. A partir de datos oficiales revela que, desde la sanción en 2007 de la Ley de Bosques hasta fines de 2022, allí se desmontaron 714.052 hectáreas. Según Greenpeace, «muchas de ellas, de forma ilegal».
El proyecto que impulsa el Ejecutivo provincial también busca validar los desmontes ilegales ya realizados, denuncia Cruz. “Este proyecto promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté, especie por la cual la provincia se encuentra demandada por Greenpeace ante la Suprema Corte de Justicia”, explica.
La avanzada en Salta no es aislada. En Chaco un proyecto similar se aprobó en abril, también de forma exprés. A fines de agosto, la provincia gobernada por Gustavo Sáenz adhirió por ley al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).
Foto: Martín Katz / Greenpeace
Un proyecto de ley exprés e inconsulto
La Ley Nacional de Bosques establece que “todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”. En Salta hay 14 pueblos indígenas que hablan siete idiomas. Sin embargo, no hubo consulta previa, libre e informada ni instancia intercultural bilingüe en relación a este nuevo ordenamiento.
El proceso para cambiar el ordenamiento territorial en Salta comenzó en 2020. Verónica Ardanaz, integrante de Fundación Cebil y del Consejo Asesor creado para la modificación, denuncia que la propuesta del Ejecutivo “es un mapa sacado de un laboratorio, totalmente fuera de contexto y sin la participación de las personas del territorio”. Añade que, dentro de la nueva categoría propuesta, se incluyen territorios que están en litigio, como es el caso de Maitines en la yunga de San Lorenzo. “Es una aberración bajo todo punto de vista. Por la falta de participación, por inventar categorías y por relocalizar colores”, cuestiona.
El gobierno de Salta entregó, el 28 de diciembre de 2023, un informe final a todos los miembros del Consejo Asesor, donde aparece la nueva categoría. Ardanaz aclara: “Ese informe fue impugnado. Esto jamás fue conversado en ninguna de las reuniones técnicas que se mantuvieron a lo largo de todos estos años. Es algo que salió de la galera. En todo el proceso jamás se habló de una cuarta categoría. Sin embargo, el gobierno continuó modificando el mapa sin informar al Consejo Asesor”.
Las organizaciones respondieron elevando múltiples notas y comunicados al gobierno provincial. Se hicieron manifestaciones frente a la Legislatura y se hicieron acciones de visibilización en medios de comunicación. ”Sin embargo, jamás mostraron las modificaciones que siguieron haciendo al mapa”, agrega.
Desde el gobierno provincial afirman que hubo participación de 130 organizaciones. “Hablan de participación masiva de la sociedad, cosa que no es no es verdad. Este ordenamiento territorial de bosques responde a los intereses de las cámaras inmobiliarias, de las cámaras industriales, de la Sociedad Rural, de las mineras. Y las comunidades originarias no son escuchadas. Se violan sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas“, responde Puntano.
“Ya la ley vigente era injusta e inconsulta y este nuevo mapeo lo es todavía más. Se reunió a algunas comunidades, se les sacaron fotos y se les hizo firmar, porque son procedimientos totalmente engañosos“, denuncia. Agrega que en las comunidades que habitan la provincia “muchas personas no saben castellano, ni leer ni escribir“.
“Están gobernando para un pequeño grupo. Es muy triste que no se tenga en cuenta el futuro de todos los salteños“, lamenta Ardanaz.
Pone en peligro los bosques y la vida
En 2008 se sancionó la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Salta (Ley 7.643). “Pero como con cada cosa que pasa en Salta, fue una cuestión formal para cumplir con estándares internacionales y poder conseguir distintos tipos de de capitales, préstamos o subsidios a nivel internacional para diferentes proyectos que siempre benefician a una minoría de la población”, indica Puntano.
“En 2009, como resultado de estos desmontes autorizados por el Estado y realizados en este momento por las petroleras, madereras y sojeras hubo un alud histórico en Tartagal», recuerda.
Salta es la provincia argentina con mayor diversidad de etnias indígenas. Desde la llamada «conquista», esas poblaciones originarias fueron despojadas de sus territorios. ”No obstante, son los guardianes naturales de los bosques. Donde todavía existe monte nativo es porque habitan estos pueblos. Para ellos, en especial para los wichí, el monte es su alimento, su medicamento y la principal fuente de materia prima de trabajo. El monte es su vida”, afirma.
”Se autoriza estos desmontes masivos para el monocultivo transgénico de soja, de trigo y de maíz y además se autoriza la fumigación con agrotóxicos. Los hospitales de Salta están atestados de personas con cáncer y eso es consecuencia de estas políticas públicas ecocidas y genocidas. Esto va a traer consecuencias graves, pero pareciera que a los gobiernos no les importa”, denuncia Puntano.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/el-gobierno-de-salta-quiere-desmontar-700-mil-hectareas/ - Imagen de portada: Foto: Martín Katz / Greenpeace
