Argentina / Salta, represión y desmonte: ahora están en riesgo 700 mil hectáreas de bosque nativo
Ya es Ley el nuevo ordenamiento territorial en la provincia de Salta que permite avanzar con la destrucción de 700 mil hectáreas. Son más de 500 comunidades indígenas y familias campesinas que no fueron consultadas en el tratamiento de las leyes y que serán afectadas por la desforestación. El mismo día, en Orán, se realizaba el entierro del trabajador de frontera, Fernando Gómez asesinado por Gendarmería. Las topadoras que destruyen el monte también barren las protestas, un escenario para el agronegocio y las mineras.
Por ANRed/ Sisas.
El jueves finalmente se aprobó por mayoría en el senado salteño un conjunto de leyes que dan un nuevo orden territorial a los bosques nativos (OTBN). En la misma sesión también se aprobaron leyes que solicitaba el ejecutivo como el presupuesto general y los gastos para el 2025, emergencia hídrica y económica. El nuevo ordenamiento territorial fue impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz y ya había sido aprobada en la Cámara de diputados.
A pesar de las alertas señaladas por las comunidades indígenas, organizaciones ambientales, sociales sobre las consecuencias de avanzar contra los bosques que afectarán no solo al ambiente sino a la precarización de la población regional. Las fuerzas políticas en el gobierno volvieron a apostar por la forestación, el monocultivo, el extractivismo. Se calcula que unas 700 mil hectáreas de bosques podrán desmontarse.
No es casual que mientras se aprobaba en la Cámara alta el OTBN, en Orán los barrios marchaban en el cortejo fúnebre de Fernando Goméz, el trabajador de frontera asesinado a manos de Gendarmería en el marco del Plan Guemes; el operativo que activo Patricia Bullrrich para ir a buscar el narcotráfico y que termino con una balacera contra “bagayeros” por una “confusión”.
Familiares y compañeros de trabajo reclaman contra las "falsedades" difundidas por el gobernador que siguió la línea discursiva de la ministra de Seguridad de la Nación, que afirma que se trata de un conflicto con narcos.
Lo cierto es que la represión desató una trama de corrupción con instituciones nacionales y de la provincia. Las víctimas, los trabajadores informales (bagayeros) que vienen denunciando excesivos controles con prácticas abusiva que afectan notablemente su trabajo.
Un desenlace fatal de una larga historia de precarización laboral fomentada por privatización, vacíos legales y corrupción en las fuerzas represivas y el aparato judicial.
El «Plan Güemes» impulsado por Bullrich ya tiene un asesinado y tres personas heridas y ninguna solución para la precarización laboral que aqueja a la provincia.
Diputados y diputadas de la bancada del Frente de Izquierda presentaron un proyecto en el congreso exigiendo la inmediata destitución de la ministra Patricia Bullrich por ser la “máxima responsable política del asesinato de un trabajador informal, en un violento y criminal ataque por parte de la Gendarmería Nacional en el puesto 28 de la frontera norte de la Provincia de Salta.
Y es que miles de trabajadores son desplazados por las practicas extractivistas que impactan sobre la agricultura familiar y la ganadera tradicional que realizan las familias campesinas e indígenas de la zona.. Los testimonios de las familias que se aglomeran en ciudades y que tratan de encontrar formas de sobrevivir como el pase de frontera “bagayeo”. En el caso de Orán unas 8 mil familias viven de este tipo de actividad que consta de trasladar a pie mercadería de un lado al otro de la frontera.
Tampoco es casual que la nueva legislación del territorio se da apenas días después de derogar la Ley de Emergencia Territorial Indígena (Ley 26160) , una normativa que suspendía los desalojos de comunidades indígenas hasta que se completaran relevamientos y tramites de sus tierras.
Desde los medios alternativos venimos señalando como se activaron decenas de desalojos en el primer año de la gestión Milei. Que se puede sintetizar como una ampliación en los margenes de represión y una legislación acorde para terminar “con las trabas” particularmente para el gran capital.
Las “fuerzas del mercado” ya habían sido apalancadas en la reciente aprobada Ley de Bases puntualmente en el paquete de leyes contemplada en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Estas leyes hoy cuestionadas tras el escandalo del senador entrerriano Eduardo Kueider, quien luego de ser detenido por trasladar a Paraguay dinero sin declarar, se transformo en la prueba que la aprobación de la ley se obtuvo con sobornos y negociados.
Las organizaciones ambientales como Greenpeace, La Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir, la Fundación Cebil, y el Foro de Mujeres, venían alertando las implicancias del nuevo proyecto de OTBN. No solo por lo excesivo de lo propuesto para el desmonte denunciando el constante desmonte que ya viene avannzando en la provincia (714 mil hectáreas) sino porque detrás se habilitaba al desmonte ilegal y a la no restitución del bosque nativo.
Como se observa en el mapa, las organizaciones criticaron que la zona con color marron y amarrillo oscuro en el mapa son áreas que quedarían vulnerables a ser desmontadas por su recategorización.
El desmonte aprobado por ambas cámaras en el OTBN genera una fragmentación del territorio que afectará a grandes mamíferos que ya están amenazados, como el yaguareté.
Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina nos contó que la nueva ley habilita el desmonte de más de 700mil hectáreas de bosques y que contradice la Ley de Bosques marcando un retroceso sin precedentes en la protección ambiental de la región.
“El gobierno salteño dictó la sentencia de muerte a los bosques de la provincia. Es una ley que permite destruir setecientas mil hectáreas de bosques sin determinar su ubicación; el mapa presenta tres millones de hectáreas en amarillo oscuro, con puntos verdes que indican con un número -cual si fuera una lotería-, el porcentaje de desaparición de bosques que se habilitaría en cada cuenca. A comienzos de año, un equipo científico interdisciplinario del Conicet, presentó el mapa que señala las áreas prioritarias de la región chaqueña que deben ser conservadas para garantizar la supervivencia del yaguareté, que debía ser tenido en cuenta en los ordenamientos. Esto no ocurrió. Las serranías que hacen de corredor entre la Reserva Nacional Pizarro y el Parque Nacional El Rey, antes conservadas en rojo, por ejemplo, han sido puestas en amarillo, olvidando que hace pocos años, las cámaras trampa que monitorean Pizarro, fotografiaron a un ejemplar de yaguareté”, explicó.
“Mientras tanto, los pueblos indígenas de Salta, que habitan las zonas boscosas, en su gran mayoría no han participado del proceso, ni han sido consultados sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques, cuando la Ley Nacional 26,331 establece claramente la importancia de respetar sus territorios. Muchas comunidades ya se encuentran en crítica situación de emergencia territorial dado el avance de la deforestación sobre sus tierras. Algunas han sido víctimas de recategorizaciones, como el caso de Cuchuy, donde se desmontaron 9000 ha de territorio Wichí, pese a que la ley protegía esos bosques. Según el Informe Anual elevado por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) al Honorable Congreso de la Nación, en diciembre 2023, en Salta fueron identificadas 520 comunidades indígenas y 298 son las que cuentan con relevamiento territorial culminado y su correspondiente resolución administrativa. Sin embargo, aún se hallaban pendientes del relevamiento 76 comunidades. No protege la conservación de los corredores de vinculación de las comunidades, territorios de valor ambiental, memoria histórica, cultural y espiritual”.
Es un avance inconsulto, denuncian las comunidades indígenas apelando a la arquitectura legal que obliga a tener en cuenta a la población nativa una de las más afectadas. Y es que la nuevas normas agravaran las actuales posibilidades de desalojos, y “deben resultar un llamado urgente a quienes representan los intereses de cada departamento. Más desmontes significa también, la muerte de nuestra diversidad cultural”.
La Comunidad Misión la Loma de Embarcación del Pueblo Wichi denuncia que el gobierno nacional está en contra de los pueblos originarios y que las comunidades terminan siendo perjudicadas por el gran retroceso en materia de derecho indígena a través del DNU, la adhesión al RIGI en Salta, la caída de la Ley 26160 y ahora con la aprobación de los la reglamentación de los bosques nativos sin consentimiento que afectan territorio indígena.
«Les da poder a todas las empresas que vendan y que hagan lo que quieran en nuestro territorio y nosotros no tenemos los títulos y ahora ellos vienen con todo ese poder que le dan a los terratenientes. Ellos se van a agarrar de la ley, y donde estamos nosotros? eso beneficia a unos pocos que tienen dinero. Ellos hablan de trabajo cuando el único trabajo que quieren es extraer todos los recursos naturales que hay en la zona» aseguró Mirco, integrante de la comunidad.
«Con esa ley van a cercar, destruir el monte, por más que ellos dicen que va a haber trabajo, nosotros conocemos el trabajo que va a haber, luego se va a ir, no va a quedar nada y que va a quedar para nuestro sucesores. Es algo alarmante» sentenció.
«El monte es nuestra forma de vida» explicó y narró que como guardianes del medio ambiente, respetan el monte del que obtienen lo necesario para la producción y trabajo con artesanías y para sus viviendas.
El jueves, mientras se desarrolló la votación a puertas cerradas en la Legislatura sin haber sido presentado el proyecto completo con anterioridad y sin la participación de las comunidades y asambleas, vulnerando el convenio 169 de la OIT, el acuerdo de Escazú y la Ley de Ambiente, se realizó una radio abierta como cada jueves para denunciar que afectan el derecho a un ambiente sano.
«Luchamos poniendo el cuerpo y el alma repudiando el ecogenocidio frente a la Legislatura desde hace 130 jueves , no desde ahora como hacen muchos que fueron cómplices sentándose durante dos años en el consejo asesor del desmonte que convocó el gobierno ecogenocida» manifestó Mara Puntano, abogada e integrante de la Red de Luchas Socioambientales de Salta.
Fuente: https://www.anred.org/salta-represion-y-desmonte-ahora-estan-en-riesgo-700-mil-hectareas-de-bosque-nativo/ - Imagen de portada: Collage con imagenes de una topadora desmontando el bosque salteño (Greenpeace) y otra imagen de maquinaria del municipio de Orán barriendo las protestas en la ruta 50 por los trabajadores baleados por Gendarmería (Prensa Orán).
