Zenayda Serrano, activista: «No hay derecho a legítima defensa en El Salvador»
Abogada y defensora ambiental, su lucha contra la minería culminó con la prohibición de esta actividad en El Salvador en 2017. Ahora la ha llevado al exilio: Su activismo comenzó antes de que gobernase Nayib Bukele pero hasta ahora no había sentido la necesidad de irse. No sólo los medios huyen de El Salvador, también los activistas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 130 defensores de los derechos humanos y periodistas se han exiliado del país que mantiene desde 2022 un régimen de excepción que asegura perseguir a las maras pero acumula denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos humanos.
Entrevista de: Rocío Gómez
Zenayda Serrano es una de estas activistas. Integrante de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica y fundadora de MUFRAS-32, organización comunitaria fundada en 2001 como alternativa de desarrollo económico frente al extractivismo, abandonó su país con sus dos hijas y su marido, el también abogado y activista Héctor Berríos. Ahora rehacen su vida y mantienen su lucha desde Casa Basoa.
Casa Basoa se encuentra en el Valle de Arratia (Bizkaia). Este refugio nace vinculado a la Red Artea, que lleva desde 2016 trabajando con personas migrantes y refugiadas. Esta casa ofrece techo, pero también otro modelo basado en la agroecología, la economía circular y teje una red de luchas por la soberanía de los pueblos.
¿En qué situación se encuentran?
Estamos en espera, tratando de integrarnos en el País Vasco, donde hemos decidido refugiarnos. En la entrevista con la policía nos dijeron que antes del año es difícil que haya respuesta por la cantidad de peticiones que reciben. Hemos seguido actualizando información sobre nuestro caso porque “si no soy pandillera, no deberían aplicarme régimen de excepción”, no entienden por qué estoy pidiendo asilo.
Según la asociación que nos ayuda, ZEHAR – Errefuxiatuekin, un policía no puede hacer juicios, es un recepcionista de la información. Será en otra instancia en donde se hagan las valoraciones.
¿Cuántas personas hay detenidas bajo el régimen de excepción en El Salvador?
En el momento de la entrevista eran 85.000, ahora son 90.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción. ¿Tú crees que han tenido derecho a un proceso justo?
¿Por qué elegisteis Euskadi?
Por la solidaridad que hay. No hemos vivido lo que cuentan otras personas que llegan a otros lugares. Además, en Casa Basoa seguimos siendo activistas y eso significa mucho. Cuando hacemos acciones en solidaridad con el pueblo salvadoreño, la gente nos acompaña y firman las cartas que enviamos a diferentes instancias. Seguimos aportando.
También decidimos quedarnos por nuestra hija pequeña, la empatía que se tiene en la escuela de Artea no la ves en los pueblos más grandes. El cariño que se le tiende a un ser tan frágil que viene con tanto dolor de la experiencia vivida en El Salvador.
¿A qué te refieres?
El ejército ha sido muy duro con nosotros. Llegaban con pequeñas tanquetas frente a mi casa para hacer registros sin una orden judicial. Desnudaban a mi esposo frente a nuestras hijas y tiraban todo. Nos mudamos internamente en tres ocasiones. Ha sido difícil para la pequeña; en la escuela cuenta con una psicóloga para acompañar su proceso.
¿Cómo empezó?
Yo soy originaria de una zona minera del municipio de San Isidro, en el departamento de Cabañas, en El Salvador. En el 2005 el conflicto contra la explotación minera se fue arreciando: la empresa Pacific Rim había encontrado más de 25.000 onzas de oro. Exigíamos el cierre de la mina. El Salvador solo tiene disponible un 5% de agua que, si se trata, es apta para el consumo humano. El 95% restante no se puede tratar. En una zona históricamente minera no hay condiciones adecuadas para eso porque los metales pesados son más difíciles de tratar que otros residuos.
Más de una década de lucha en la que mataron a cuatro compañeros, ¿qué conseguisteis?
En 2017, la empresa Oceana Gold adquiere los derechos de la mina en El Dorado y se logra ganar el caso a esta transnacional en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). Demostramos que era inviable. Fue un hito para un país tan pequeño. El Salvador ha sido el único país en el mundo en prohibir totalmente la minería metálica.
En una zona minera, en un país con inseguridad alimentaria, ¿qué alternativa hay para sus habitantes?
En la pandemia fuimos uno de los municipios que abastecía a mercados comunitarios o al propio Ministerio de Agricultura, que nos pedía llevar a San Salvador tomate, pepino, cebolla, chile verde, frijol, maíz. Desde 2005, hemos desarrollado proyectos de agricultura sostenible. Siguen produciendo hortalizas, granos básicos; se procesan y se comercializan. Veinte años después, un proyecto alternativo está demostrando que se puede mejorar la vida de la población salvadoreña, dinamizar la economía local, generar empleo. Era necesario invertir en tecnología para el uso eficiente del agua para producir alimentos de calidad.
Exigimos al Ministerio de Salud que investigara por qué la zona tenía tantos casos de malformación congénita, algo relacionado con la malnutrición de la gente. No la desnutrición, sino nutrirse mal, con algo contaminado. Casualmente, no había datos estadísticos en los pueblos cercanos a la mina.
¿Cuándo se torció de nuevo?
A partir de 2022 comenzó a llegar gente que no era de la comunidad. Ya había ganado Bukele y en el municipio de San Isidro gobernaba su partido (Nuevas Ideas). Descubrimos que eran mineros de Perú, de Costa Rica y de México, y que ofrecían “desarrollo”, según el alcalde de San Isidro. Empezamos a denunciar presiones en la comunidad para vender las tierras si no querían que se las quitasen. Empezaron a presionarnos a nosotros: en una ocasión llegó el ejército y le pidieron a mi esposo que les llevara a la mina: «Usted conoce los túneles, ahí están escondidos los pandilleros». Ya teníamos el régimen de excepción, ya se habían instalado cercos militares en la zona.
¿Qué ha supuesto el régimen de excepción?
Comenzaron a capturar a la población joven de San Isidro. Como abogados hemos visto fotografías de compañeros asesinados a golpes dentro de los centros penitenciarios en El Salvador. Comenzamos a ser perseguidos por denunciarlo.
Y en 2024, Bukele deroga la prohibición con una nueva ley que permite la minería.
En diciembre se cumple un año. En enero de 2025, junto a cientos de personas, nos manifestamos en contra. La UCA (Universidad Centroamericana) hizo una nueva encuesta sobre la minería: más del 60% de la población la rechazó. La Iglesia católica ha abanderado la lucha: recolectaron más de 200.000 firmas y las organizaciones sociales recolectamos 50.000. Estas firmas respaldan el no a la mina y se las hicimos llegar a la Asamblea Legislativa. A raíz de eso se arreció una embestida contra nosotros: llegaron a dispararnos frente a la casa por la noche, la policía local no quería llegar hasta allí, dijeron que se habían perdido. Mi esposo llamó al teléfono de la policía: «Soy Héctor Berríos y solo quiero que quede constancia en esta llamada que han venido a ametrallar mi casa, que estoy solo con mi esposa y mis hijas y, si algo nos pasa, ustedes son los responsables por no querer acudir a nuestro auxilio”. Y ahí llegó la policía.
¿Hubo otro tipo de presiones?
Mi esposo fue condenado en un proceso administrativo del año 2007, aquella causa había sido desestimada porque no procedía, pero casualmente ahora se resuelve sin que se le notifique la reapertura del proceso. Eso nos alarmó porque el régimen está aprovechando procesos administrativos para detener a los compañeros. Luego llegaron otras notificaciones: Hacienda revisando expedientes, todas tus declaraciones de renta, impuestos… Nuestro abogado nos aconseja no volver mientras se mantenga el rompimiento al Estado de Derecho. No hay derecho a legítima defensa hoy en El Salvador.
¿Cuándo decidieron salir del país?
Cuando empezaron con mi hija mayor: primero fueron llamadas de números desconocidos de madrugada. Luego nos hablan del colegio para que fuéramos a recogerla porque había un vehículo sospechoso en la entrada, sin placa y con ventanas polarizadas, y la policía no acudía. El pánico nos invadió y ese mismo día salimos de San Isidro.
¿Encontraron apoyo?
La cooperación alemana ha apoyado mucho la lucha contra la explotación minera en El Salvador. Tuvimos una reunión con el ministro consejero de la Embajada de Alemania, se sentía impotente y nos aconsejó salir del país. También de Front Line Defenders y la Organización Mundial Contra la Tortura, hicieron el enlace con Zehar – Errefuxiatuekin, que nos puso en contacto con Casa Basoa. Aquí nos recibieron Mar y Natasha. Yo les quería explicar mi causa hasta que me dijeron: “Si estás diciendo todo esto porque necesitas una justificación, no lo hagas, creemos en ti”. No sabes el consuelo que sentí.
¿Por qué crees que la minería destruiría a tu pueblo?
Están presionando a la comunidad para que arriende el resto de las tierras. Por la composición geológica, por cómo se encuentra el oro en el territorio solo puede darse la mina a cielo abierto. Eso implica una devastación total de nuestros cerros y casi el 60% del pueblo. Somos 11.000 habitantes demandando recursos y tierra, pero justamente donde está la mina ahora es propiedad de un hermano de Bukele. Lo que ha crecido el patrimonio de la familia Bukele en estos últimos años no es casualidad.
La mina plantea una encrucijada, ¿está calando la idea de que traerá desarrollo?
¿Qué clase de desarrollo? Puede haber desarrollo por 10 años, por ejemplo, a costa de la vida de la población. No puede haber desarrollo para Europa o Estados Unidos a nuestra costa. La mina va a operar 10 o 20 años, ¿y después qué? La destrucción, la contaminación, el impacto socioambiental lo van a sufrir nuestras comunidades, nuestras generaciones futuras. No te estoy hablando de mis bisnietos, mis hijas se van a enfrentar al drama humano que dejan las empresas mineras. Hay un modelo alternativo siempre y cuando se invierta en la gente y se quieran desarrollar los territorios, cuando hay voluntad política, sí se puede, pero es más fácil desarrollar proyectos que enriquecen su bolsillo.
El Salvador está sirviendo de experimento en Latinoamérica: cómo un dictador puede apropiarse de un país. No solo de sus recursos, también de la vida de la gente, del futuro. Meten a la gente en la cárcel, instauran un régimen de excepción en donde la población tiene que estar confiscada en casa por miedo al ejército ¿me entiendes?
Fuente: https://climatica.coop/entrevista-zenayda-serrano-el-salvador/ - Imagen de portada: https://climatica.coop/entrevista-zenayda-serrano-el-salvador/
