Perú y su frágil balance entre China y EE. UU.
Cuando salieron a la luz unos vídeos en los que se veía al presidente de Perú llegando con una sudadera con capucha a unas reuniones nocturnas con el empresario chino Zhihua Yang, se desencadenó el último de una serie de escándalos políticos peruanos: Conocido como “Chifagate”, en referencia a los restaurantes de fusión chino-peruana donde tuvieron lugar las reuniones, el caso acabó provocando la destitución de José Jerí en febrero. El proceso para elegir a un nuevo mandatario comienza el 12 de abril: será el noveno presidente de Perú en apenas una década.
César Prado
El “Chifagate” también ha despertado un debate más amplio sobre la creciente influencia de los inversores y las empresas chinas en Perú. Yang es uno de los muchos empresarios que han impulsado los vínculos de inversión de Perú con China desde la década de 1990. Su empresa es titular de una concesión para un proyecto hidroeléctrico en el río Pachachaca. Inicialmente se prometió la entrega para principios de este año, pero, en el momento de sus reuniones con Jerí, se había solicitado una prórroga de tres años.
Varias empresas chinas se han convertido en un elemento clave de sectores como la minería, la energía y la infraestructura peruanas. El ejemplo más destacado es el puerto de Chancay, un megapuerto financiado por China situado cerca de Lima, sobre el que EE.UU. se ha pronunciado recientemente en su intento por contrarrestar la influencia china en la región.
Más allá de las implicaciones geopolíticas y de la corrupción política, estos proyectos se desarrollan en algunas de las regiones más sensibles desde el punto de vista ecológico de Perú. Las investigaciones realizadas por la OCDE y organizaciones ecologistas han puesto de manifiesto que la débil gobernanza ha socavado la supervisión medioambiental de las industrias extractivas.
Décadas de corrupción
Desde hace años, Perú se encuentra sumido en una situación de inestabilidad política, caracterizada por presidentes que son investigados, procesados o condenados por corrupción.
El primero fue Alberto Fujimori, fallecido en 2024 tras cumplir 16 años de condena por violaciones a los derechos humanos y múltiples casos de corrupción.
Cuatro de sus sucesores quedaron atrapados en el caso Lava Jato, la red de sobornos de constructoras brasileñas que remeció a toda América Latina. Otro ex presidente fue recientemente sentenciado por coludirse con empresas peruanas del llamado “Club de la Construcción”. El presidente electo en las urnas en 2021 también quedó bajo la sombra de investigaciones por presuntos sobornos en obras públicas. Tras ser vacado y condenado por conspiración para la rebelión, sus reemplazantes no han podido concluir el período presidencial debido a vacancias y censuras por parte del Congreso de la República.
Para José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, que forma parte de la red anticorrupción Transparency International, el equilibrio entre los poderes del Estado se ha quebrado. “La inestabilidad de los puestos políticos nos demuestra que cualquier congresista puede ser mañana el presidente de la República y en ese sentido el Congreso ha acumulado un poder desproporcionado”, sostuvo a Dialogue Earth.
Según una encuesta de Proética realizada en octubre a 1.300 peruanos que viven en zonas urbanas, el Congreso es percibido como la institución más corrupta del país y obtuvo un índice de desaprobación del 85%. En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 de Transparency International, Perú ocupa el puesto 130 de 182 países.
En este contexto, los peruanos acudirán a las urnas el 12 de abril para elegir a un nuevo presidente entre 36 candidatos.
El crecimiento de las inversiones chinas
Algunas empresas chinas siguen invirtiendo en Perú. “China tiene una visión de largo plazo y la turbulencia política peruana no necesariamente les asusta”, afirma Cynthia Sanborn, directora del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico (CECHAP) de la Universidad del Pacífico en Lima.
De acuerdo con cifras del CECHAP, durante las últimas décadas China se convirtió en el principal socio comercial del Perú, con una inversión acumulada de 27.877 millones de dólares, equivalente al 21% de la inversión extranjera en el país. El plato fuerte sigue siendo la minería, que concentra el 47% de las inversiones. La presencia de las grandes estatales chinas comenzó en 1992, cuando Shougang adquirió la entonces empresa pública Hierro Perú y dio origen a Shougang Hierro Perú en Marcona (Ica), donde ha invertido más de 2.255 millones de dólares. Esta relación comercial se intensificó en 2007 con la llegada de la Corporación del Aluminio de China, que se hizo cargo del megaproyecto minero de cobre de Toromocho, en Junín, en el centro de Perú. La empresa invirtió alrededor de 5.590 millones de dólares en infraestructura y operación minera.
La última inversión significativa se produjo en 2014 con la compra de Las Bambas —uno de los mayores yacimientos de cobre del país, en Apurímac— por el consorcio encabezado por MMG Limited junto a Guoxin y CITIC, que ha invertido cerca de 4.741 millones de dólares.
En los últimos años, la cartera se ha diversificado hacia energía e infraestructura portuaria y logística. Tras el retiro de capitales norteamericanos y europeos, corporaciones estatales chinas adquirieron la mayoría de acciones de Enel y Luz del Sur, las principales distribuidoras eléctricas de Lima, la capital del país. Por su parte, en 2024 la empresa china Cosco Shipping inauguró al norte de Lima el megapuerto de Chancay. Con capacidad proyectada para movilizar dos millones de contenedores al año, es considerado el más importante del Pacífico Sur. China también tiene un peso decisivo en la balanza comercial del Perú. A inicios de 2025, el 28,7% de las importaciones provenían de China y el 33,8% de las exportaciones peruanas se dirigían a ese país.
En contraste, otras compañías chinas son objeto de cuestionamientos por sospechas de corrupción. En 2022, una colaboradora eficaz, que brindó información a cambio de beneficios legales, reveló la presunta existencia de un grupo de congresistas conocido como “Los Niños”. Según su testimonio, estos habrían intercedido ante el entonces presidente Pedro Castillo para favorecer a consorcios integrados por las constructoras China Railway Tunnel Group y China Civil Engineering Construction Corporation.
La empresa constructora de Yang también forma parte de un grupo de 13 constructoras, conocido como el “Club del Dragón”, que ha sido acusado de “tráfico de influencias” en relación con la adjudicación de contratos públicos.
Al respecto, Sanborn advierte que el debate no debe simplificarse. “No debemos tratar a toda la inversión china como homogénea, ni tampoco toda inversión mexicana, estadounidense o francesa. Las denuncias de corrupción son un problema en nuestro país y en diversos sectores que son corresponsabilidades nuestras y tenemos que controlar”, señaló a Dialogue Earth.
Los problemas socioambientales
En medio de estos señalamientos, las empresas chinas también tienen denuncias de contaminación y abuso contra las comunidades nativas.
Un ejemplo es el del Lote 58, ubicado en la provincia de La Convención, en Cuzco. En el 2013, la empresa China National Petroleum Corporation (CNPC) adquirió sus acciones a Petrobras Argentina. La mala relación de CNPC con las comunidades nativas, el incumplimiento de la consulta previa y los problemas ambientales asociados a su actividad han generado un clima de rechazo contra la empresa.
Más reciente es el caso de la empresa de cerámicas y porcelanatos Tengda, vinculada a Zhihua Yang. En 2022, edificó una planta sobre un terreno de 35 hectáreas en el distrito de Salas, en Ica. Pero antes de que pudiera entrar en operación fue intervenida en dos ocasiones por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). El ente regulador identificó que la planta generaría una sobreexplotación del agua y la liberación de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y compuestos volátiles perjudiciales para la salud.
El medio de periodismo de investigación Ojo Público reveló recientemente que representantes de ocho empresas vienen siendo investigados por la extracción ilegal, robo y exportación de relaves mineros hacia China. El material arribó a puertos de ese país tras ser adquirido por las empresas Wuchan Zhongda International Group Co., Ltd. y Shuikoushan Nonferrous Metals Co., Ltd, controladas por el estado chino. Ninguna quiso dar explicaciones para este reportaje. El transporte y la extracción ilegales de materiales potencialmente tóxicos ponen de manifiesto una falta de supervisión que conlleva el riesgo de daños medioambientales.
Dos potencias en disputa
Perú se encuentra en medio de las tensiones actuales entre China y Estados Unidos.
Tras un reciente fallo del Poder Judicial que ordenó suspender la supervisión del Puerto de Chancay por parte del ente regulador del transporte, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos advirtió de una presunta pérdida de soberanía del Perú frente a propietarios chinos. Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en el Perú, elevó el tono de las críticas y en un mensaje en sus redes sociales afirmó que “todo tiene un precio y, a la larga, lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía”.
La respuesta de China llegó por parte de Lian Jian, portavoz de la cancillería de ese país en el Perú. En conferencia de prensa, sostuvo que “China se opone firmemente a la falsa acusación y desinformación de EE.UU. contra la cooperación de China con Perú en el puerto Chancay”.
César Gutiérrez, consultor y expresidente de Petroperú, descarta que la medida judicial reste soberanía al país. “La regulación sobre Chancay debió fijarse antes de otorgar la concesión del puerto (2008) y no seis meses previos a la inauguración como se ha intentado hacer”, afirmó a Dialogue Earth.
En un contexto más amplio de la región, la Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU., publicada recientemente, destaca el deseo del país de seguir siendo la potencia hegemónica en el hemisferio occidental. Pero José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente de Perú e investigador de la ONG CooperAcción, sostiene que Estados Unidos está tratando de recuperar terreno: “China se ha convertido en el principal socio comercial de la mayoría de países en el mundo y el Perú es uno de ellos. Es bastante difícil que Estados Unidos pueda revertir inversiones como la del Puerto de Chancay, aunque seguramente va a intentar contrapesar ese enorme poder como ha sucedido en Panamá”.
Mientras tanto, EE.UU. ha aprobado un acuerdo por valor de 1.500 millones de dólares para la modernización de la base naval de Callao, situada cerca del aeropuerto internacional de Lima. Por su parte, Perú tiene pendiente una decisión sobre la adquisición de una flota de aviones de combate por un valor superior a los 3.000 millones de dólares.
Por ahora, el presidente José María Balcázar, de 83 años, se enfrenta a la tarea de intentar mantener la estabilidad en un país en constante turbulencia.
Fuente: https://dialogue.earth/es/negocios/peru-fragil-balance-entre-china-y-ee-uu/ - Imagen de portada: En febrero de 2026, José Jerí, en el centro, se convirtió en el último de una serie de presidentes peruanos destituidos de su cargo en medio de acusaciones de corrupción (Imagen: Presidencia Perú / Flickr, CC BY NC SA)
