La salud del agua europea, en peligro
Las presiones del ‘lobby’ minero asedian la legislación europea que protege los ríos, los ecosistemas y, a la postre, la salud de la ciudadanía: Biscarrués sigue vivo. El embalse que durante años amenazó con borrar del mapa a este pequeño pueblo oscense finalmente no inundó sus calles gracias a una legislación europea de principios de siglo que, por vez primera, pensó en las aguas como parte de un ecosistema y no como un recurso económico que explotar. Corría el año 2017. Después de 35 años de lucha, una sentencia de la Audiencia Nacional dejó el proyecto en papel mojado por incumplir la Directiva Marco del Agua (DMA). Aprobada en 2000, esta normativa está ahora en peligro.
J. Marcos
Los principios de conservación y de no deterioro que han cuidado las aguas de Europa (ríos, lagunas, acuíferos, costas) están en entredicho por el nuevo planteamiento de la Comisión Europea: “Simplificar para lograr una competitividad sostenible”. Con el objetivo de reducir la dependencia exterior de materias primas y diversificar el suministro de cara a la llamada transición energética, la Comisión se ha propuesto desregular antes del verano varias normativas ambientales, entre las que destaca la dedicada al agua, una directiva aplaudida durante años por personas expertas y activistas por la defensa del medio ambiente.
El reposicionamiento de la UE ha suscitado una fuerte controversia porque, en la práctica, extiende una especie de alfombra roja a los planes extractivistas. Diversas entidades de la sociedad civil, entre ellas las ecologistas, se han apresurado a denunciar los riesgos que conlleva esta revisión, tanto para los ecosistemas como para la salud de las personas.
Anunciado en diciembre de 2025, el Plan de Acción RESourceEU dedica 3.000 millones de euros a “acelerar el despliegue” de “proyectos de materias primas fundamentales para la competitividad de la UE”; en otras palabras, se pretende facilitar al bloque comunitario la reducción de su dependencia energética de países como China, de donde por ejemplo provienen más del 90 por ciento de las tierras raras. No hay que olvidar que la minería provoca altos impactos en el medio ambiente y, por tanto, también en el agua.
Esta “reforma exprés” de la DMA debilita el llamado principio de no deterioro, es decir, la obligación que tienen los Estados de cuidar la calidad del agua
La revisión de la DMA “significa que vamos a tener impactos ecológicos y también impactos en la salud pública, impactos que pagará toda la ciudadanía en forma de más necesidad de depuración o en forma de no poder usar ni disfrutar del agua de nuestros ríos y acuíferos”, explica por teléfono Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA).
El río Gállego, al que iban a poner un bozal en forma de muro de hormigón a su paso por Biscarrués, sigue tronando. Con rafting, nabatas y actividades acuáticas variadas, las personas del entorno disfrutan de un tramo de río vivo, libre, mordiente, divertido. “Los ríos son un patrimonio ecológico ambiental, pero también cultural e identitario, personal y colectivo”, ha dicho Martínez en alguna ocasión. Desde la bravura del agua, los Mallos de Riglos, una formación geológica de inmensas paredes y cúpulas redondeadas, es la postal contemporánea del Prepirineo, la sombra que vigila un tramo del Gállego que sigue vivo. La última gran victoria contra el modelo de gestión del agua que ha operado en España durante más de un siglo: hormigón en los ríos para que dejen de correr.
De forma paralela a la prometida reducción burocrática, la desregulación que busca Europa reduce los requisitos de protección y rebaja los mecanismos de control. La clave, indica en un manifiesto conjunto la quincena de entidades que ha levantado la voz, reside en que esta “reforma exprés” de la DMA que debilita el llamado principio de no deterioro, es decir, la obligación que tienen los Estados de cuidar la calidad del agua. Aseguran que, una vez aprobada, la revisión “facilitará la aprobación de nuevos proyectos mineros sin las suficientes garantías en cuanto a la salud de las personas y de los ecosistemas acuáticos y en cuanto a la transparencia y la participación pública en las decisiones que afectan al interés público superior”. También recuerdan las organizaciones firmantes que se pueden reducir o eliminar las obligaciones respecto a sustancias químicas.
Cléo Moreno, de la oenegé ClientEarth, habla de un “vaciamiento de la Directiva”. Esta asesora jurídica en derecho medioambiental considera por videollamada que se están tomando decisiones “muy prematuras” y “no basadas en la evidencia científica”. En la actualidad hay dos campañas de adhesión abiertas, una de ámbito estatal y otra europea, para que tanto personas como organizaciones apoyen estas demandas y logren cambiar los planes de la Comisión Europea, que mantiene abierta (hasta el 14 de abril) una consulta pública para la revisión y modificación de la DMA.
El poder de la patronal
Como antesala a la reforma de la DMA planteada por la Comisión Europea, que se ha fijado como plazo para su aprobación este segundo semestre de 2026, una investigación periodística realizada por DeSmog ha revelado que las reuniones del sector minero con el funcionariado europeo se triplicaron en 2025: de las 30 reuniones celebradas en 2024 a las 108 del pasado año, según los registros del portal de transparencia de la UE. Al menos ocho de estos encuentros tuvieron que ver de forma directa con el Plan de Acción RESourceEU, otros 19 se centraron en minerales críticos y hubo dos más sobre agua; en conjunto, un aumento del 220 por ciento sobre estos temas con respecto al ejercicio anterior. Las cifras arrojan un promedio de 2,7 entrevistas con la patronal minera por cada representante de la CE, el doble de las que mantuvieron estos mismos delegados con personal de la Oficina Europea del Medio Ambiente, la principal coalición europea de organizaciones sin ánimo de lucro que luchan para proteger la legislación medioambiental.
Las reuniones del sector minero con el funcionariado europeo se triplicaron en 2025
Euromines, la Asociación Europea de Industrias Mineras, Minerales Metálicos e Industriales, defiende ante CTXT que este incremento refleja “la complejidad” del “elevado número de iniciativas legislativas y políticas que han afectado al sector de las materias primas en los últimos años”. Fuentes oficiales de esta asociación sostienen por escrito que sus demandas no tienen nada que ver con una “licencia para contaminar”, sino que están sujetas a “estrictas medidas de seguridad”. En líneas generales, el sector minero subraya que flexibilizar la normativa de protección del agua es fundamental para aumentar la extracción de metales y minerales raros, materiales con una demanda disparada por su utilización en las baterías de los vehículos coches eléctricos, también en la instalación de placas solares y aerogeneradores.
Más allá de las reuniones con las más altas esferas de la política europea, las principales asociaciones del sector, entre ellas Euromines, piden la eliminación del principio de no deterioro y una flexibilización en el plazo que tienen los Estados miembros para garantizar que las masas de agua gocen de buena salud. Hasta ahora solo en casos muy puntuales y especialmente graves se permitía la exención de algún criterio de la Directiva. Y si bien el sector minero es el que a priori mejor parado puede salir de la flexibilización, los centros de datos, las centrales hidroeléctricas, la industria farmacéutica o la ganadería intensiva también se verían beneficiadas de una menor protección del agua en Europa.
Sectores como el minero, el energético y el agroquímico, “aunque fuertemente dependientes de agua limpia y abundante, está usando su poder para evadir y debilitar la DMA, bajo el pretexto de la simplificación”, advierte la alianza ecologista Living Rivers Europe en su informe ‘El papel de la industria en la resiliencia hídrica: cómo algunos lideran y otros destruyen’.
Objetivos sin cumplir
El Consejo de la Unión Europea ha actualizado recientemente varias normativas que atañen a la calidad del agua, como la actualización de contaminantes, una nueva directiva para las aguas residuales y otra sobre los microplásticos en agua potable.
Los colectivos que defienden el agua recalcan que, más allá de las cuestiones técnicas, está en juego quién o quiénes deciden sobre el agua, si la ciudadanía europea o si las industrias extractivas capitalistas, y con qué criterios.
Las voces expertas consultadas para este análisis coinciden a la hora de señalar que las metas establecidas por la DMA, que en un principio se pidieron para 2015 y posteriormente han sido pospuestas hasta 2027, están lejos de cumplirse. Menos del 40 por ciento de las aguas superficiales de la UE alcanza buen estado ecológico, es decir, tiene buena salud, según los últimos datos de la propia Comisión Europea, que en el apartado químico sitúa el porcentaje por debajo del 30 por ciento. Respecto a la situación del agua subterránea, el mapa interactivo elaborado por Datadista deja entrever el “desastre de los acuíferos en Europa”.
En este contexto y con agravantes como la emergencia climática, que provoca sequías prolongadas y grandes inundaciones, “la DMA sigue siendo un instrumento válido que hay que mantener, mejorando su implementación”, indicó La Roca en el webinar “¿Está en riesgo la protección del agua en Europa?”, organizado recientemente por la FNCA. De hecho, en 2019 se realizó una revisión de la Directiva y se aplaudió el impacto positivo que hasta entonces había tenido en el agua de Europa. Ahora, sin embargo, los intereses van por otro lado.
Fuente: https://ctxt.es/es/20260401/Politica/52951/directiva-marco-del-agua-resource-eu-comision-europea-lobby-minero.htm - Imagen de portada: El río Gállego a su paso por los Mallos de Riglos. / Grand Parc-Bourdeaux (vía Wikimedia Commons)
