El Jambato negro: el sapo que llevó al Estado ecuatoriano a la justicia para exigir sus derechos
Un anfibio ecuatoriano, redescubierto casi tres décadas después de su extinción, ganó una demanda que obliga al Estado a frenar una obra vial. Según los científicos, la construcción amenaza el último reducto de la especie
Isabel Alarcón
Luis Coloma define como un “milagro” el momento en que recibió la fotografía de un sapo color negro, intenso y brillante, descansando sobre una tierra lodosa. Era el mismo que había sido el protagonista de su tesis para graduarse de biólogo en los años 70 y que no había vuelto a ver desde 1988, cuando se lo declaró extinto. La imagen se la envió su colega Giovanni Onore en el 2016 para que confirmara si se trataba del Atelopus ignescens, más conocido como jambato negro. Así, el sapo ecuatoriano volvió oficialmente a la vida, pero ahora, una década después, se pone a prueba nuevamente su resistencia.
“La resurrección es algo que está en la Biblia, pero en nuestra interpretación son cosas que no ocurren. Volver a encontrarlo después de 28 años fue algo increíble”, dice el científico y Director del Centro Jambatu de Investigación y Conservación de Anfibios. El redescubrimiento no ha sido el único hito en la historia de esta especie: fue el primer sapo descrito de Ecuador y, ahora, es el anfibio que lleva al Ministerio del Ambiente ante la justicia para exigir que se respeten sus derechos.
Una carretera pone en riesgo la existencia de la única población que sobrevive de esta especie en el mundo y, que para Coloma, ya no podría resucitar por segunda vez. Los últimos especímenes se encuentran en Angamarca, un poblado de 6.000 habitantes en la zona de los Andes ecuatorianos. En 2016 se inició la construcción de esta vía y, en 2024, se anunció una ampliación que conectaría a este pueblo, en Cotopaxi, con Tungurahua, la provincia vecina.
Organizaciones de conservación, científicos y pobladores de Angamarca se unieron para detener el avance de esta construcción. A inicios de 2026, un grupo de abogados puso una Acción de Protección, en representación del Jambato, en contra del Ministerio del Ambiente. A pesar de los cambios que sufrió el proceso- los abogados se apartaron del caso y la Defensoría del Pueblo asumió la defensa del sapo- en marzo de este año la jueza reconoció que el Estado vulneró los derechos de este animal.
Aunque representó una victoria, no fue el final del proceso, ya que el Ministerio apeló la decisión. La última audiencia se llevó a cabo el 12 de octubre de 2026 y aún se espera la decisión del tribunal. Mientras tanto, las organizaciones denuncian que no se han cumplido las medidas de reparación, que ya debían haberse puesto en marcha, tras el fallo de primera instancia.
Sobreviviendo entre escombros
“Nunca nos opusimos a que se realice la vía, pero sí a que existan todas las garantías para que no se afecte al último refugio de la especie, el río Guambaine”, dice María del Carmen Vizcaíno, directora ejecutiva de la Fundación Alianza Jambato, sobre la zona donde este anfibio vive y se reproduce.
Vizcaíno creó la Alianza, que reúne a organizaciones, investigadores y habitantes de Angamarca, con el fin de entender por qué este animal sobrevivió en esta zona y no en otros lugares. Así, han desarrollado monitoreos, programas de conservación, capacitaciones y han apoyado las acciones legales para asegurar el bienestar de la especie.
En 2024, recuerda, durante uno de sus recorridos, encontró sedimentos y escombros, que caían desde la carretera al río y a la quebrada. “Eso hizo que el cauce se redujera considerablemente”, dice la especialista en estudios socioambientales, quien alertó al Ministerio del Ambiente sobre lo que estaba sucediendo.
Un informe del 2024 de esta cartera del Estado, que consta en el expediente, revela que en la inspección se detectó basura y deslizamiento de fragmentos de rocas hacia la quebrada y el río. Además, se menciona posible contaminación por aceites y combustibles y, sobre todo, “se evidenció que se está ampliando la vía, lo cual no corresponde con la denominación de la actividad en el permiso ambiental”.
Doménica Chávez, especialista de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la delegación provincial de Chimborazo de la Defensoría del Pueblo, explica que la obra tenía un permiso que se otorga a actividades de bajo impacto para el mejoramiento o mantenimiento de la vía. Sin embargo, para una ampliación de esta magnitud, se necesita una licencia ambiental, que es la que corresponde a actividades de impacto alto y medio.
A pesar del informe, la obra continuó. Por eso, la Acción de Protección que se puso en 2026, fue dirigida al Ministerio, ya que era la entidad encargada de controlar las afectaciones al medioambiente. “Hay una vulneración de los derechos de la naturaleza por omisión estatal. Es decir, por no haber sancionado”, suma Mónica Bonilla, delegada provincial de la Defensoría del Pueblo en Chimborazo.
Junto con Chávez, estuvieron a cargo de demostrar que los derechos de su representado, el jambato, fueron vulnerados. Según la ley ecuatoriana, esta institución puede defender los derechos de la naturaleza y, en este caso, ante la renuncia de los defensores anteriores, la jueza les dispuso que representen a la especie.
En marzo del 2026, la justicia declaró la responsabilidad del Estado y ordenó que el Ministerio suspenda la ampliación de la carretera, hasta que la Prefectura de Cotopaxi (encargada de la obra) presente un informe con las evidencias que demuestren que se han subsanado los daños ocasionados al hábitat del sapo.
Si la Prefectura quiere continuar con la ampliación, deberá presentar las pruebas de que no existirá riesgo para la especie y cumplir “un proceso de regularización ambiental que corresponda al impacto real de la obra”. Es decir, obtener la licencia y, para ello, cumplir con requisitos como llevar a cabo una consulta ambiental y presentar el plan de remediación.
Luchando por una segunda vida
En el plazo máximo de 60 días, que se cumplieron en mayo, se ordenó que se inicie un procedimiento técnico y legal para declarar el hábitat del Jambato en la parroquia Angamarca, como un área protegida. La Alianza Jambato denuncia que esta y otras medidas, como la reparación integral de los daños, no se han cumplido. Se enviaron preguntas sobre estos temas a la Prefectura de Cotopaxi y al Ministerio del Ambiente, pero no respondieron hasta la publicación de este reportaje.
Para Juan Manuel Guayasamin, profesor en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), perder nuevamente a esta especie, sería una “tragedia”. Actualmente, dice, existe la oportunidad de seguir estudiando, generando más datos y conociendo más de la última población de este animal, que ya está al borde de la extinción.
Además de la ratificación de la sentencia, en esta instancia se sumaron otros pedidos: La realización de un proceso de socialización en Angamarca para que los pobladores se empoderen en el cuidado del jambato y la publicación en las redes sociales del Ministerio y la Prefectura de Cotopaxi de la sentencia completa para evitar que se propague la desinformación, como ya ha ocurrido.
“Nos dijeron que impedimos la vía, pero solo quisiéramos que hagan con responsabilidad”, dice William Millingalli, de la comunidad Quilaló, en Angamarca, quien sufrió agresiones por otras comunidades, ya que lo señalaron por oponerse a los planes de la Prefectura.
Para Hugo Echeverría, abogado ambiental, este caso tiene un potencial importante para seguir desarrollando el contenido de los derechos de la naturaleza. Ecuador es el primer país del mundo que reconoce estos derechos, y lo que se decida en torno al jambato “generará un antecedente que se mira en todo el mundo”. El abogado también rescata las enseñanzas que puede dejar esta situación sobre cómo llegar a un equilibrio y adoptar medidas que precautelen los derechos de la naturaleza y de los animales, sin afectar los de la población a contar con vialidad adecuada.
Fuente: https://elpais.com/america-futura/2026-11-09/el-jambato-negro-el-sapo-que-llevo-al-estado-ecuatoriano-a-la-justicia-para-exigir-sus-derechos.html - Imagen de portada: Ejemplar de Atelopus ignescens, en peligro crítico de extinción, habitan en Angamarca, Ecuador. AMANDA QUEZADA (ALIANZA JAMBATO)
