Zona libre de agrotóxicos en Santa Fe





UN FALLO JUDICIAL RATIFICO LA PROHIBICION DE FUMIGAR CON AGROQUIMICOS

La Justicia de Santa Fe prohibió, con fallo firme, fumigar en cercanías de zonas urbanas. El caso marca un precedente para los jueces del resto del país y cuestiona, en base jurídica, el modelo agropecuario. Anuncian nuevas presentaciones judiciales.
Por Darío Aranda
Luego de dos años de disputa judicial, donde en primera y segunda instancia los jueces cuestionaron y limitaron el uso de agroquímicos, la Justicia de Santa Fe acaba de dejar firme la prohibición de fumigar en cercanías del barrio Urquiza de la localidad de San Jorge. Es el primer caso de Argentina donde, con fallo firme, la Justicia prohíbe las fumigaciones para proteger la salud. El expediente judicial, que marca jurisprudencia para centenares de denuncias en todo el país, invoca el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio irremediable es necesario que los jueces tomen medidas protectivas), cuestiona al glifosato (pilar del cultivo de soja) y apunta a un modelo agropecuario en base a agroquímicos. Anuncian nuevas presentaciones judiciales para cientos de pueblos afectados por fumigaciones.
A los cinco días de nacer, Ailén tuvo su primera intoxicación con agroquímicos. Y comenzó el calvario: médicos, internaciones, estudios, ahogos permanentes, desmayos, cócteles de medicamentos para poder respirar. Siempre, casualmente, sus malestares eran precedidos por fumigaciones en un campo de soja vecino. El sentimiento más básico, proteger a su hija, llevó a Viviana Peralta –una ama de casa de un barrio humilde de Santa Fe– a pisar por primera vez tribunales. Pidió mediante un amparo que se privilegie la salud de los niños por sobre los negocios agropecuarios. Fue el inicio de la causa.
“Me decían que estaba loca, pero desde que frenamos las fumigaciones nuestros hijos dejaron de enfermarse”, resume Viviana Peralta, remarca que son muchos los vecinos que trabajaron juntos para proteger la salud de los niños y aún no sale del asombro por los llamados de otras provincias y de Europa, donde “el caso San Jorge” (como comienza a conocerse) marca un hito en la lucha contra un modelo rentable, en manos de empresas, pero con costos sanitarios y sociales.
En marzo de 2009, Viviana Peralta –junto a otros vecinos del barrio Urquiza– y el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) presentaron el amparo. El juez Tristán Martínez, del Juzgado Civil, Comercial y Laboral 11, hizo lugar y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad. Los productores sojeros, la Municipalidad y el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, apelaron la medida.
En diciembre de 2009, ya en segunda instancia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala 2) de Santa Fe mantuvo la prohibición y dio un paso inédito: ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esa manera, por primera vez, se invirtió el cargo de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serían los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrían que demostrar la inocuidad de los químicos.
Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio, vigente en la Ley General del Ambiente: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. La Cámara de Apelaciones de Santa Fe lo utilizó como una de las bases de su fallo, enumeró siete casos en los que fue implementado y destacó que se justifica su utilización cuando haya “falta de certidumbre científica y amenaza de daño al ambiente o la salud humana”.
La Cámara ordenó al gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción y la cartera de Salud, que elabore informes donde pruebe que los agroquímicos no afectan la salud ni el ambiente. También solicitó la intervención de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Esas investigaciones tendrían como destino el Juzgado de Primera Instancia, para decidir si revertía o reafirmaba la medida.
Fechada el 21 de febrero pasado, pero dada a conocer el jueves, la nueva resolución judicial resume: “Resuelvo disponer con la prohibición impuesta en la causa”. Dos líneas, en lenguaje jurídico, históricas, que establecen la prohibición total de fumigar a menos de 800 metros de viviendas familiares (si el método utilizado es terrestre) y marca el límite de 1500 metros (si la aspersión es con avionetas). La medida es para el barrio Urquiza, a las afueras de San Jorge, ciudad de 25 mil habitantes ubicada a 144 kilómetros de la capital provincial. Es una zona sojera por excelencia.
En diez carillas, el juez Tristán Martínez dictaminó: “Los informes no han dirimido el interrogante de si es conveniente continuar con las fumigaciones o no. De todos modos, tras su evaluación, me permito concluir que todo parece indicar que la deducción comulga más con la segunda alternativa (la prohibición) que con la primera (permitir la fumigación)”. Deja constancia de que el Ministerio de Producción (donde funciona Agricultura) no elaboró ningún informe y lo toma como un indicio de que no pueden probar la inocuidad de las fumigaciones.
Sí cumplió el Ministerio de Salud, que reconoció la disminución de afecciones en paralelo con la prohibición de fumigar. Si bien no confirma la conexión, plantea la hipótesis como “bastante plausible”, factor de peso para que el juez sostenga la medida y dé lugar al principio precautorio.
El juez Martínez marca precedente: “(De los informes científicos) No surge con grado alguno de convicción que sea conveniente continuar con las fumigaciones, sino todo lo contrario”. Explica que luego de “leídos y releídos” los informes del Ministerio de Salud y de la Universidad del Litoral se deja atrás la “duda relevante” mencionada en segunda instancia y se dirige hacia la “certeza” de que es necesario limitar las fumigaciones: “Dado por reproducidos cada uno de los argumentos (...) el resultado no puede ser otro que continuar con la prohibición impuesta, conforme en definitivo. De lo aportado no surgen elementos que avalen otra solución”.
La ONG Cepronat, que acompaña a los vecinos en la acción judicial, integra la “Campaña Paren de Fumigar”, donde participan 70 pueblos de Santa Fe y también está presente en Córdoba, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires. “Luego de tantos años de denuncias, y que nos trataban como locos, la Justicia confirmó que los pueblos fumigados tienen razón. Con este antecedente, vamos a pedir la misma prohibición en los 300 pueblos afectados en la provincia”, anunció el presidente del Cepronat, Carlos Manessi.
Manessi remarcó que “no se trata sólo del glifosato, sino del modelo agropecuario con consecuencias sanitarias y sociales”. Y recuerda que “el uso de agrotóxicos en Argentina está autorizado en base a los ‘estudios’ de las propias empresas, y no con investigaciones independientes. Cuando se comienzan a revisar los estudios serios de científicos no comprados, sobrevienen fallos justos, como el de San Jorge”.
Fuente: Página 12
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SI BINNER ES SOCIALISTA, SOROS ES CARTONERO.

Escrito por Redacción   

 
La frase la dijo la Dra. Graciela Gomez al referirse a la nota donde el gobernador pide desmitificar la toxicidad del  glifosato. “Hay que desmitificar a algunos políticos también, si Binner es socialista, entonces Soros es cartonero” expresó la abogada ambientalista.  En las últimas horas el gobernador santafesino volvió a cuestionar la toxicidad o las bondades económicas del glifosato. Uno no deja de sorprenderse de tamaño desconocimiento o de ser testigos de la actuación fingida de algunos políticos con la sola finalidad de  volver a mitificar un tema que para los vecinos y la justicia está claro.
-“El gobernador Hermes Binner, no solo desconoce sobre sinergias y efectos  acumulativos del veneno, además ignora el informe de la Universidad Nacional del Litoral que describe los efectos negativos del glifosato en humanos desde la página 116 a 122  y que fuera manipulado por un diario que tuvo el borrador antes que el juez Tristán Martínez, del Juzgado Civil, Comercial y Laboral 11.
Esto sucedió  gracias a la generosidad de algún funcionario interesado en minimizar los resultados de 21 científicos que hoy son ninguneados por el funcionario socialista.
-“ Desconoce también otro  informe,  de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR, que aconseja una zona de exclusión de 1000 metros para las fumigaciones terrestres ,  admitiendo que los 500 metros de la Ley 11.273 no son suficientes para proteger a los habitantes”. dijo Gómez. 
Para el gobernador no hay efecto negativo en las fumigaciones. Las evidencias además se multiplican allí donde se fumigue y es hora de que los organismos de recategorización tomen cartas en el asunto. Además podría sumarse la presentación del Defensor del Pueblo de la Nación”, recordó la abogada:  
La Defensoría en su Resolución  Nº147/10 recomienda  que hasta tanto se realice la revisión de la clasificación, los agroquímicos aprobados que no tengan evaluado el grado de su toxicidad en las dosis subletales y crónicas, sean clasificados como clase Ia: sumamente peligrosos, muy tóxicos, e identificados con banda roja.
Nada parece en la línea política de Binner dispuesto a cambiar.  Cabe preguntarse qué hace  Sanidad Vegetal y el Ministro de La Producción ante el demoledor documento de la Defensoría de la Nación que dista mucho de la provincial y que en su párrafo principal expresa en forma categórica “ Que, en consecuencia, la toxicidad indicada para los formulados comercializados no representa su toxicidad real” y que “Esa clasificación de las sustancias químicas, al no tener en cuenta la totalidad de los efectos nocivos de los agroquímicos para la salud, trae aparejados controles laxos e insuficientes que evidentemente, por lo antes mencionado, resultan deficientes para el cuidado de la salud de la población expuesta y del medio natural”.
Para entender de lo que se trata a veces un ejemplo basta. Gomez dijo “sería interesante que lean el artículo de la revista  Environmental Health Perspectives. Allí un estudio arroja un resultado inquietante ya que se prueba que las concentraciones de plaguicidas agrícolas en el polvo de alfombras, algunos de los cuales son  agentes carcinógenos y pueden tener un impacto en un radio de un kilómetro alrededor del sitio de aplicación. Las muestras  de polvo en las alfombras de 89 viviendas en California ha puesto de manifiesto la presencia de residuos de plaguicidas agrícolas utilizados en un radio de hasta 1250 metros alrededor de las residencias durante los últimos 730 días”.
El estudio además despejo las dudas de la utilización doméstica de insecticidas.  Los pesticidas no sólo son perjudiciales para los productos agrícolas, sino que también pueden  tener un impacto en el aire para los residentes de casas vecinas y los campos y huertos donde se utilizan productos químicos.
Si nuestro país tuviera los controlos  eficaces,  de los los herbicidas que se venden en forma de mezclas complejas, siguiendo la Directiva Europea 91/414, que requiere que cada molécula y la formulación de cada uno debe ser un estudio de conjunto. La autorización de comercialización de los plaguicidas debería  ser renovado cada diez años.
Para ejemplificar esto,  la molécula activa de Roundup o glifosato, siempre está acompañado por un agente humectante, a menudo una amina polioxietil (POEA), moléculas que tienen tres MA. 
Está comprobado que Micelios radicales tienen la misma mortalidad durante una aplicación de Round Up, sus agentes humectantes, que las células de cordón placentario, probado por  Gilles-Eric Séralini. 
“Habría que preguntarles a los grandes defensores del veneno ¿Por qué  el Estado cuando recibe la solicitud de permiso para un producto no son de acceso público? Los "secretos comerciales" son más importantes para el Estado que la salud de las personas concluyó la ambientalista.

Fuente: Asociación Argentina de Periodistas Ambientales (AAPA)-Medio&medio

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