Respuestas a requerimientos de organizaciones regionales por Ley de Transparencia.

Servicios públicos dan a entender que pronunciamientos por segundo adenda de HidroAysén aparecieron “por generación espontánea”
·       Seis  agrupaciones de la Región de Aysén solicitaron a 26 servicios públicos los documentos que sustentaron la elaboración de sus pronuniciamientos de noviembre de 2010 sobre el EIA de HidroAysén, y una parte importante de ellos ha señalado que no hay correos electrónicos, citaciones a reuniones de trabajo, preinformes técnicos ni comunicación interna alguna relacionada con el proceso de evaluación.
·       La finalidad de las agrupaciones es conocer cómo se desarrolló este trabajo al interior de los órganos del Estado y constatar si hubo presiones de algún tipo para dirigir la evaluación técnica.  Ante las nulas y esquivas respuestas, están ingresando reclamaciones ante el Consejo para la Transparencia.
 
La insólita respuesta de que la única documentación del servicio sería el pronunciamiento oficial publicado en la página web del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ha sido hasta hoy el principal resultado de los requerimientos de información que seis  organizaciones de la Región de Aysén hicieron a los servicios públicos que en noviembre del año pasado les correspondió pronunciarse por el segundo adenda de HidroAysén.
Entre los meses de diciembre y enero, la Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia de Cochrane, la Agrupación Defensores de la Cuenca del Murta, la Agrupación Herederos de la Patagonia de Villa Cerro Castillo, el Comité pro Defensa de la Flora y Fauna, la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA) y el Colectivo Autónomo por la Patagonia (CAPP) solicitaron a 26 instituciones “la información (mails institucionales, memos, oficios, cartas, etc) vinculada con la evaluación técnica del segundo adenda del Proyecto Hidroeléctrico Aysén… Esto debe incluir, en forma especial, los informes de los profesionales y técnicos evaluadores, las citaciones a reuniones, las actas de tales reuniones y la  comunicación formal con el nivel superior en Santiago relacionado con la materia (si procede), además de todos los antecedentes necesarios para la elaboración del pronunciamiento oficial de su servicio”.
La ofensiva fiscalizadora es consecuencia de lo ocurrido al interior de la Corporación Nacional Forestal, donde los sindicatos de trabajadores y profesionales del organismo denunciaron que en el pronunciamiento oficial de conformidad de la dirección regional por el segundo adenda -mediante el ordinario 344 del 15 de noviembre de 2010- no fueron considerados los informes técnicos de los funcionarios evaluadores, que la dirección nacional impuso la redacción del documento final y que directivos de Conaf nacional llegaron a Aysén para dirigir el trabajo regional y adaptarlo a los requerimientos de la empresa, lo cual habría derivado en un cambio rotundo del criterio de inconformidad por ilegalidad mantenido por el organismo en los dos informes previos (mediante oficios 510 del 7 de octubre de 2008 y 450 del 10 de noviembre de 2009).  “Varias organizaciones regionales solicitamos a los servicios los antecedentes que derivaron en sus pronunciamientos.  Queremos saber si ocurrió lo mismo que en el caso de Conaf, donde los dirigentes gremiales han señalado que todo se montó para permitir a HidroAysén inundar parte del Parque Nacional Laguna San Rafael contraviniendo las leyes chilenas y los tratados internacionales” expresó al respecto el representante de las organizaciones de Murta, Cochrane y Villa Cerro Castillo, Víctor Formantel.  La semana pasada esta controversia pasó a tribunales luego de la querella interpuesta el 31 de enero por CODESA, el senador Guido Girardi y el diputado Enrique Accorsi, en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago por “falsificación ideológica y material de documento público”.
 
Pronunciamientos “espontáneos”
A la fecha han sido varios los servicios que simplemente no entregaron información, entre ellos el Consejo de Monumentos Nacionales y la seremi de Salud.
Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la respuesta que han dado algunos de los organismos que participaron en el proceso, dando a entender que la única documentación relativa a la evaluación sería el pronunciamiento oficial: no habría citación a reuniones de trabajo técnico, solicitudes de informes a los profesionales ni tampoco preinformes sobre los cuales trabajar y consensuar un documento definitivo, ni ninguna otra comunicación oficial ni antecedente para elaborar tan importante resolución.  “Se nos está dando a entender que los oficios de pronunciamiento aparecieron por generación espontánea, como si hubiesen sido redactados por una sola persona o un equipo completo frente a un solo computador, que todo el material se hubiese traspasado mediante pendrives sin oficios conductores, ni convocando a reuniones de trabajo alguna para evaluar el adenda de HidroAysén.  Estas afirmaciones transgreden toda lógica y, en concreto, nos preocupa que se esté intentando esconder el trabajo interno que se habría realizado en algunos servicios para adaptar los pronunciamientos a las necesidades de la empresa” expresó el presidente de CODESA, Patricio Segura.
El caso más patente es el de Conaf, donde la respuesta fue que “la elaboración de la opinión oficial de CONAF, metodológicamente se basa en reuniones de trabajo e intercambio de opinión de profesionales convocados para tal efecto.  De dichas acciones no se levanta acta ni se generan informes de avance u oficios institucionales”.  Sin embargo y a pesar de reconocer la convocatoria a reuniones especiales, tales comunicaciones no fueron entregadas en circunstancias de haber sido expresamente solicitadas, lo mismo que el preinforme de los profesionales y técnicos que ha sido difundido por diversos medios de prensa.  “Nuestro interés sólo es tener la información para cumplir con nuestro rol ciudadano, para eso se promulgó la Ley de Transparencia” señaló Marcela Figueroa, del CAPP.
Lo mismo contestó la seremi de Obras Públicas, que luego de recabar la información en las direcciones General de Aguas, Obras Hidráulicas, Aeropuertos, Obras Portuarias, Arquitectura y Vialidad, remitió sólo los pronunciamientos oficiales no aludiendo a ningún otro documento relacionado.  Algo similar ocurrió en las seremis de Vivienda, Bienes Nacionales (que sí enumeró reuniones pero no entregó las respectivas convocatorias), Planificación, Agricultura y Transportes, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, además de la gobernación General Carrera donde se reconoció que se realizaron reuniones pero “como se trata de profesionales que laboran día a día en esta Gobernación, no fue necesario citarlos a dichas reuniones mediante comunicaciones formales, por lo que no existe registro documental de tales citaciones”.
La seremi de Educación respondió que “la redacción de la evaluación constituyó un proceso de ensayo y corrección, que sólo quedó plasmado en el oficio al que se hace referencia, elaborando el pronunciamiento respecto de lo que se solicitaba.   En este sentido no existen mail institucionales, memos, cartas, etc., y por la configuración de las respuestas dadas por esta Secretaría Regional Ministerial, principalmente en cuanto a que falta información, tampoco existen informes de profesionales o de técnicos evaluadores, citas a reuniones, y/o actas”.
Al contrario, entre los servicios que sí cumplieron a cabalidad con lo solicitado se incluyen Sernageomin y Sernatur. 
Desde la semana pasada, las organizaciones que solicitaron la información están presentando reclamaciones ante el Consejo para la Transparencia por las respuestas incompletas o simplemente no entregadas de algunos de estos órganos del Estado.
 
 
Comunicaciones
Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida
www.aisenreservadevida.cl

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Investigación De Tesistas Del Mit Siembra Dudas Sobre Eia De Hidroaysén

Una serie de dudas sobre el estudio de impacto ambiental (EIA) de HidroAysén arrojaron los resultados del trabajo de campo que durante el mes de enero de 2009 desarrollaron en la Región de Aysén cinco ingenieras cursando postgrados en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), y quienes recorrieron la zona con el fin de responder preguntas tan complejas como ¿cuál sería el aporte en gases de efecto invernadero (GEI) de las cinco centrales de HidroAysén?, ¿es posible hacer más eficientes las represas que ya existen en el SIC y evitar la intervención de la Patagonia?, ¿es factible prevenir el vaciamiento de lagos de origen glaciar? o ¿hay riesgo de colapso de las represas por estos vaciamientos, poniendo en riesgo a localidades aguas abajo como Caleta Tortel?
Luego de caminar sobre escarpados glaciares, bajar por el caudaloso Baker, participar en un seminario científico internacional, entrevistarse con autoridades y dirigentes sociales, visitar Coyhaique, Cochrane, Caleta Tortel y Chile Chico pesquisando información técnica, y un trabajo de gabinete de varios meses, las estadounidenses Kristen Burrall, Gianna Leandro y Laura Mar, junto a las italianas Elisabetta Natale y Flavia Tauro, bajo la conducción de la investigadora Wendy Pabich (Ph.D del MIT), entregaron sus informes con posibles respuestas. Su meta, además del aporte técnico y científico a la discusión, obtener el grado de Magíster en Ingeniería del prestigioso centro de investigación, por cuyas aulas han pasado 63 premios Nobel en las más variadas áreas de las ciencias exactas.
Es así que en septiembre de 2009 se emitió el informe final del grupo, el cual entregó decidores resultados.
LAS INCÓMODAS CONCLUSIONES DEL MIT
La investigación de las tesistas incluyó variados aspectos, entre ellos los impactos ambientales, de la seguridad y las posibles alternativas de generación de energía mediante la optimización de las represas ya existentes en el río Biobío y el avance en renovables no convencionales. Además, su relación con el calentamiento global.
En términos ambientales, las investigaciones determinaron que, producto de la sedimentación en el proyectado embalse Baker 1, el depósito y la erosión aguas abajo implicarían un gran impacto en riberas, vegetación y fauna.
Otro aspecto es que normalmente los proyectos de represas evitan calcular las emisiones de gases efecto invernadero, CO2 específicamente, e HidroAysén no fue la excepción. En este sentido el estudio determinó que la línea de transmisión constituiría cerca del 70 % del impacto en este ámbito, sugiriendo que para reducirlo sería una alternativa generar energía con fuentes más cercanas a su lugar de demanda. El cálculo realizado llega a un total de al menos 3 millones 770 mil toneladas de CO2 generadas por la construcción y operación de tales embalses, en tanto que la línea de transmisión hacia el norte produciría al menos 8 millones 959 mil toneladas. Estas estimaciones consideran sólo la construcción y transporte, la huella de carbono de los materiales utilizados y el cambio de uso de suelo (inundación, pérdida de sumideros y almacenaje producto de la deforestación).
En seguridad se analizaron los posibles cambios de temperatura por el efecto invernadero. Enfocándose en el lago Cachet 2 (protagonista de repentinos vaciamientos o GLOFs, por sus siglas en inglés), con una temperatura de entre 4º y 8º celsius en verano, la descarga máxima ha sido del rango de los 1.200 a 2.000 m3/seg. Con un futuro aumento de 3º el caudal podría aumentar en un máximo adicional de 500 m3/seg. En estas circunstancias la eventual rotura de la presa presenta un alto nivel de riesgo para la población que vive río abajo, siendo la situación más compleja la de Caleta Tortel.
Con relación a las alternativas, se concluyó que la operación de las hidroeléctricas en el Biobío está cerca del máximo de la energía posible de entregar. Sólo se podrían producir pequeñas ganancias (de un 3 a un 11 %) al tratar de optimizarlas. De todas formas, los estudios demostraron que la eficiencia energética y opciones de energía renovable son económicamente viables para Chile, alternativas que debieran ser enfatizadas y exploradas a futuro. Particularmente si Chile pretende un crecimiento económico bajo en carbono.
Para el coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann, quien ha hecho un exhaustivo análisis de la información recogida, “es bastante increíble que tengan que venir a hacer estudios para constatar cosas que debiéramos verlas en nuestro propio país, con nuestras propias universidades, con nuestros propios centros de estudio y con nuestro propio Gobierno”. Puntualizó que “todos estos cuestionamientos constituyen una señal de alto riesgo para una inversión del tamaño que se pretende hacer acá”, la cual según las últimas estimaciones llegaría a los 3 mil 500 millones de dólares sólo para las represas.
EL QUE FINANCIA DECIDE QUÉ SE ESTUDIA
Un tema relevante de por qué varios de estos temas no fueron considerados en el EIA de HidroAysén, es la operativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, donde es el propio proponente quien contrata, directamente, a los centros de estudios que elaboran tanto la línea base como los estudios de impacto ambiental de sus iniciativas. Incluso llegan, mediante términos de referencia, a definir qué se estudia y qué no, y qué se pone en el documento que se presenta a evaluación, y qué no.
Para los expertos, la intermediación entre financiamiento y términos de referencia es el quid del asunto. “Si quieres realizar un proyecto, entregas los fondos al Gobierno y éste contrata una consultora mediante una licitación. Y diferentes consultores compiten para hacer ese trabajo y se mantiene la independencia para todos quienes participan en el proceso” explica el profesor en Ecohidráulica de la Universidad de Idaho, Peter Goodwin (Ph.D. de la Universidad de Berkeley), quien participó a principios de 2009 en un seminario científico organizado por el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) en Coyhaique. Hoy eso no ocurre en Chile, donde los estudios se restringen a lo que el proponente –y financista- decide. Nada más. Nada menos.
En este sentido, para el académico de Hidráulica e Hidrología de la Facultad de Ingeniería de Universidad de Concepción, Claudio Meier (doctor en Ecología de los Ríos), hoy en Chile se trabaja en construcción de represas con un sistema obsoleto. “En el sistema antiguo lo que tú haces, básicamente, es un ranking de los sitios sobre la base del retorno económico. Es decir, tienes un equipo de ingenieros que ve la factibilidad técnica y economistas la económica, que buscan las gargantas más angostas, con mayor caudal, para poder generar mayor energía. Y éste es un proyecto más rentable porque gastas menos hormigón y generas más electricidad” explica. El investigador agrega que cuando se escoge un sitio sólo por consideraciones técnicas y luego se entrega el proyecto a profesionales solicitándoles que “minimicen sus impactos, lo que se hace es una minimización ‘post mortem’, a posteriori, porque tú ya tomaste todas las decisiones importantes. Hay que hacer las cosas en forma moderna, con planificación, donde miras varios posibles lugares, los sometes a una evaluación ambiental y social preliminar dentro de un equipo multidisciplinario con participación ciudadana en esa etapa, y vas tomando las decisiones para resolver el problema fundamental que es de abastecimiento, no de ganar la mayor cantidad de dinero generando energía. Eso es un enfoque país de hacer las cosas”.
Periodista de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida / Consejo de Defensa de la Patagonia. Involucrado en el desarrollo sostenible de la Región de Aysén, en la Patagonia chilena, y últimamente en oposición a las represas que se intentan construir en este territorio. psegura@gmail.com (56-99) 9699780
http://www.pysnnoticias.com/2011/02/03/investigacion-de-tesistas-del-mit-siembra-dudas-sobre-eia-de-hidroaysen/

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SEÑOR
JEFE DE PRENSA
De nuestra consideración :
Invitamos cordialmente a vuestro medio de comunicación a un PUNTO DE PRENSA a realizarse el día MIÉRCOLES 9 DE FEBRERO a las 10:00 HRS. en las oficinas de la  CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN (OBISPO VIELMO 275, FRENTE HOTELSA), ocasión en que el director de la filial Aysén de Codeff, Peter Hartmann, ingresará a la Contraloría Regional de Aysén un requerimiento para que se investiguen y establezcan responsabilidades y sanciones por ilegalidad en intervención de Parque Nacional Laguna San Rafael.
El escrito da cuenta de la serie de incongruencias e irregularidades de varios servicios públicos en su rol de salvaguardad, por mandato de leyes internas y tratados internacionales, la integridad de las áreas silvestres protegidas, en especial el Parque Nacional Laguna San Rafael declarado Reserva de la Bíosfera por la Unesco en 1979.
Desde ya agradecemos su participación en esta actividad informativa.

Patricio Segura Ortiz

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