Ojo con las leyes eléctricas
Por: Peter Hartmann
Director Codeff Aisén, Coordinador Coalición Ciudadana por Aisén Reserva de Vida.
Como ya escribimos en columnas anteriores, el "hecho esencial" ante la Superintendencia de Seguros y Valores por parte de Colbún, fue interpretado en ese entonces por algunos como señal de que abandonaban el proyecto HidroAysén. La interpretación de otros fue de que ese "hecho" consistía en una presión hacia el gobierno, para imponer "el peso de la noche". Los hechos subsiguientes, en buena medida mostraron que el gobierno reaccionó rápida y favorablemente ante las demandas empresariales. Mientras, la petición de que se nos reciba a las organizaciones ciudadanas, aun no logra concretarse.
Se esperaba que la reunión del directorio de HidroAysén diera luces con respecto a la inquietud de Colbún, pero solo ocurrió, que para variar, la decisión se pospuso mientras se encargaban estudios. Esta claro además, que no van a dar por perdido su proyecto así como así no mas y menos aun hacerlo tan en público.
La cuestión es que HidroAysén estaba embalada con su proyecto de línea de transmisión desde la confluencia Baker-Chacabuco hacia Santiago, pasando por medio Chile, cuando fue el propio Presidente Piñera, quien tras asumir que ese proyecto era inviable, anunció el 21 de mayo del 2010 una "carretera eléctrica pública". Al principio HidroAysén pataleó, pero luego se ajustaron a la mano que se les estaba tendiendo, la que para su pesar, esta demorando en hacerse real. En el intertanto, el país cambió y se le puso mas pesada la pista a Endesa & Colbún y también al gobierno, el que no quiere salir aun mas mal parado de esta controversia. Así es como este último intenta ahora pasarle el costo político al parlamento. De ahí el "consenso" al que alude Colbún. Este intento de traspaso es mediante dos leyes que pretenden reordenar y dar aun mayores facilidades a las empresas eléctricas, las que ya cuentan con una legislación leonina originada en la dictadura, junto al Código de Aguas y la legislación minera. Leyes que evidentemente juegan contra todo atisbo de sustentabilidad e interés nacional y que han sido muy bien aprovechadas por las transnacionales y los antipatriotas que se ocultan bajo sus faldas.
La primera de estas nuevas facilidades es la ley de "fast track - de concesiones eléctricas" que ya ha dado dos botes en el Congreso y la semana pasada nuevamente fue reenviada a la Cámara de Diputados con urgencia simple. Ahora se encuentra en análisis de las comisiones de Minería y Energía y Recursos Naturales, Ambiente y Bienes Nacionales. Esta ley, entre otras medidas, pretende acortar plazos a la SEC y afectados para manifestarse, limita estrictamente a quienes podrían hacer observaciones y acerca de qué (se explicita que el turismo y el medio ambiente nada tienen que ver con el tema eléctrico), con esto se limitan los ámbitos de indemnización, se cambia la comisión de hombres buenos por "tasadores", se cambian las formas de notificación de afectados a simples avisos en el diario). ¿Qué opinarán los posibles propietarios afectados sobre esta restricción a sus derechos?
La segunda, la Ley de "Carretera Eléctrica Pública", ahora se anuncia para agosto y esta dando para todo tipo de especulaciones y declaraciones contradictorias, incluso aquellas del Subsecretario de Energía, el que en abril declaró que era para "facilitar el sistema de transmisión" y "así terminar con las trabas que existen para desarrollar grandes líneas de transmisión", y ahora sin arrugarse, dice que: "no estamos elaborando proyectos de ley pensando en HidroAysén". Por otra parte, el Ministro de Energía, anunció la semana pasada una carretera para prácticamente todo el país, inclusive Aisén, lo cual también es diferente a una que antes iba solo de Puerto Montt a Santiago. Y agregó, que ésta estará operativa en cinco años y nos costará a todos los chilenos 700 millones de dólares "viabilizando muchos proyectos de energía renovable no convencional" ¿Inclusive HidroAysén y las termoeléctricas que nada tienen de ERNC?
La cuestión es que ambas leyes se justifican en la necesidad de reformas en el sistema de transmisión eléctrica, donde es evidente que existen serios problemas. Parte de esos 'problemas a su vez provienen de la falencia de política energética o mas bien su origen en los años 80, que dejó el tema al arbitrio del oligopolio, o sea son estructurales. Y no cabe duda que sea ahí donde se requieren las reformas de fondo, esas que propuso en octubre pasado la "Comisión Ciudadana Parlamentaria para la Transición hacia un Desarrollo Eléctrico Limpio, Seguro, Sustentable y Justo".
Esta claro que al oligopolio eléctrico y al gobierno les conviene que las nuevas leyes facilitadoras pasen lo mas desapercibidas posible por el parlamento y justo en época electoral y verano, cuando los "honorables" tienen su cabeza en otras cosas y los partidos necesitan caja para el "con$en$o". Eso, mientras las leyes de incentivo a las energías renovables no convencionales ("20/20", una promesa electoral del gobierno) y de "Medición Neta" han sido pasadas a segundo o tercer plano.
Bueno, eso será lo que debamos evitar en los próximos meses, poniendo el tema en el tapete, denunciando, sacando a los parlamentarios al pizarrón. Y también insistiendo en una política energética de bien público nacional, que vaya hacia la regionalización, las redes inteligentes, la microgeneración y autosuficiencia y por supuesto todo esto con participación ciudadana y no entre gallos y medianoche.
Fuente: El Divisadero.
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Columna de Patricio Segura.
A principios de junio de 2012 el subsecretario de Energía, Sergio del Campo, afirmó, sin inmutarse, que “no estamos elaborando proyectos de ley pensando en HidroAysén". Ni se arrugó la autoridad al decirlo, no sólo a pesar de que los chilenos conocemos qué piensa el gobierno sobre esta iniciativa sino esencialmente porque sus últimas decisiones apuntan decididamente en la dirección contraria.
Un primer ejemplo es el proyecto de ley sobre concesiones eléctricas, ingresado originalmente en el Senado en septiembre de 2010. Esta modificación legal busca, en concreto, una vía rápida (o fast track) para que las eléctricas desarrollen sus iniciativas en desmedro del patrimonio económico, ambiental y de los pueblos originarios de Chile.
Algunas joyitas (informadas por Chilesustentable) son simplificar el proceso de concesión provisional reduciendo sus requisitos, acortar los tiempos de tramitación, restringir el ámbito de observaciones y oposiciones, además de la definición de los afectados, acotar los medios de notificación, establecer procedimientos judiciales sumarios que afectarían el resguardo de los derechos de los afectados, introducir la posibilidad de dividir la solicitud de concesión, modificar el procedimiento de tasación de inmuebles y crear un procedimiento arbitral que favorezca al concesionario eléctrico por sobre otros actores.
Informados los senadores de la Comisión de Minería y Energía sobre tales objetivos, el proyecto no avanzó y fue retirado definitivamente el 15 de mayo. Pero empeñada como está la actual administración en apoyar al monopolio eléctrico, desde el 3 de mayo va por el repechaje, esta vez en la Cámara de Diputados, con un clon de la malograda idea.
El 21 de mayo de 2011, durante el huracán de movilizaciones post aprobación de HidroAysén, Sebastián Piñera hizo dos anuncios: “Una carretera eléctrica pública, de acceso abierto” y “un multicarrier eléctrico, que otorgue a los consumidores mayores opciones para elegir a sus generadores de energía”.
Hasta hoy el énfasis principal ha sido puesto en el primero, cuyo ingreso legislativo se adelantó para agosto. ¿Por qué el apuro?
Fue el último 30 de mayo cuando Colbún “recomendó” a sus socios de Endesa suspender la tramitación de las líneas de transmisión desde Aysén a Santiago, porque “no están dadas las condiciones para desarrollar proyectos de esta magnitud y complejidad” para lo cual se requeriría “una política que cuente con amplio consenso y otorgue los lineamientos de la matriz energética que el país requiere” pidiendo de paso a “los poderes ejecutivo y legislativo consensuar los cambios institucionales y regulatorios necesarios para viabilizar los proyectos de generación y transmisión que demanda el desarrollo económico y social de Chile”.
De ahí que el desesperado tirón de orejas de los Matte (miembros del selecto grupo de los dueños de Chile, según la OCDE) no fuera sólo para Piñera sino para toda la clase política, en especial para los parlamentarios que decidirán sobre los proyectos que viabilizarían este negocio que ya va en los U$ 10.000 millones.
El “colbunazo” movilizó al gobierno como nunca. Lo que ni 100 mil estudiantes en las calles ni una cifra similar protestando contra las represas en la Patagonia habían logrado.
Lo primero fue comunicar telefónicamente a los empresarios de la energía que el ingreso de la Carretera Eléctrica Pública, programada originalmente para diciembre, se adelantaría para septiembre. A los pocos días, el lunes 4 de junio, los ministros de la Presidencia, Hacienda y Energía se reunieron con los presidentes de Endesa España, Borja Prado, y Enersis, Pablo Yrarrázaval. Pero el plato de fondo vendría ese viernes: el Presidente Sebastián Piñera recibió a los máximos ejecutivos de las eléctricas, liderados por Endesa y Colbún. El resultado: la Carretera Eléctrica Pública ya no se presentaría en septiembre sino en agosto. De guinda, el jueves 14 de junio el Primer Mandatario desayunó con la plana mayor de la CPC, tranquilizándolos por HidroAysén.
Para el récord: este martes 10 de julio se realizará una sesión especial de la Cámara de Diputados sobre la Carretera Eléctrica Pública y en forma simultánea el ministro de Energía, Jorge Bunster, se reunirá con la CPC.
Y si todo esto fuera poco, una tercera señal se cocina en paralelo a las lides legislativas.
El 5 de junio cerró el plazo de postulación para ejecutar, en cinco meses, un estudio de impactos de transmisión de energía entre Cochrane y Calbuco (y “protección de la Patagonia” rezan los términos de referencia) que busca el análisis de 4 alternativas de trazado entre Cochrane y Cerro Castillo y 5 entre Cerro Castillo y Calbuco, para llevar electricidad desde Aysén al SIC. Sintomático es que los mapas incluyan como referencia el tendido que HidroAysén ha estado evaluando y que en la calificación de las propuestas se pondere la expertise del consultor en "simulación por imágenes" para " apreciar el impacto de la línea en el paisaje" y nada de su idoneidad para establecer parámetros de conservación de la diversidad biológica, el patrimonio cultural o el desarrollo productivo local. Poco serio, por decir lo menos, la forma de “proteger la Patagonia”
De Calbuco al norte el Ejecutivo apuesta por la Carretera Eléctrica Pública.
Estos arreglos legales y administrativos con nombre y apellido, usando recursos públicos para beneficio de una iniciativa de rentabilidad privada, no se condicen con el Estado preocupado del interés colectivo.
El bien del país no está en HidroAysén, a pesar del estudio que blandió el gobierno la semana pasada calculando las “pérdidas” por el no ingreso al SIC de las represas de Endesa y Colbún. Dicho análisis no hace un balance económico completo al obviar el efecto negativo de las casi 6 mil hectáreas de inundación (y sus obras asociadas) y dos mil kilómetros de torres en el valor comercial de los predios afectados, la pérdida de empleos, el daño a la marca de productos de ganadería orgánica y los gigantescos perjuicios relacionados con el valor del paisaje, el turismo, entre otros aspectos.
A los miles de chilenos y chilenas que nos hemos movilizado y queremos un país no secuestrado por los intereses de las grandes corporaciones, nos interesa que avance el multicarrier eléctrico para poder elegir energías más sustentables. Anhelamos la generación eléctrica distribuida y no concentrada en pocas manos, donde el net metering permita que cada casa y cada pyme inyecte energía al sistema (y reciba un pago por ello), desconcentrando la riqueza del negocio eléctrico y haciendo cada día menos necesarias faraónicas ideas como HidroAysén en los ríos Baker y Pascua, Energía Austral en río Cuervo o Mediterráneo en río Puelo, proyectos que hoy amenazan nuestra Patagonia. Y qué decir de las termoeléctricas que matan a nuestras comunidades. Exigimos la Ley 20/20 que busca incentivar que las energías renovables no convencionales lleguen a un 20 % de la matriz nacional al 2020. Queremos que se hable de ahorro y eficiencia energética como puntal de nuestro desarrollo.
Mientras eso no pase, motivos tenemos para pensar que La Moneda se parece hoy más a una sucursal de HidroAysén que al espacio donde se ejecutan políticas en pro del interés general.
Fuente: El Divisadero Imagenes: theclinic.cl - ecosistemas.cl
