España / La justicia cerca al activismo climático con varios juicios: «Estaríamos siendo condenados como presos políticos ecologistas»
En un margen de apenas cinco días, el movimiento ecologista afronta dos procesos judiciales que hacen temer una creciente criminalización de la protesta. Por un lado, el pasado jueves 21 de mayo, nueve activistas se sentaron en el banquillo enfrentándose a peticiones de casi dos años de cárcel por teñir de rojo la fachada del Congreso de los Diputados en 2023. Por otro lado, este martes 26, la justicia procesará a otras tres figuras del ecologismo por un acto de desobediencia civil tras bloquear el tráfico en Madrid en 2019. A estos se les suma un tercer juicio previsto para otoño contra una decena de activistas por lo ocurrido en abril de 2022, cuando tiraron sobre la fachada de la Cámara Baja un líquido biodegradable que simulaba sangre.
Eduardo Robaina
El primer juicio quedó visto para sentencia la semana pasada en el Juzgado de lo Penal n.º 10 de Madrid. El caso se remonta al 30 de marzo de 2023, cuando nueve activistas de distintos colectivos –Extinction Rebellion, Rebelión Científica y Futuro Vegetal– denunciaron la inacción climática arrojando témpera diluida en agua sobre las escalinatas del edificio del Congreso. La Fiscalía solicita para todas ellas un año y nueve meses de prisión por daños al patrimonio, sin hacer distinciones entre las cuatro que lanzaron la pintura y las cinco que únicamente participaban en la concentración pacífica.
El argumento principal del Ministerio Público se centró abiertamente en buscar un castigo ejemplarizante: “La fiscalía pide pena de prisión para que sirva de prevención”. Al considerar el acto como «vandálico» y argumentar que es necesario evitar que las organizaciones recauden fondos para repetir la acción, el fiscal insistió en la necesidad de la privación de libertad, pese a tratarse de una protesta no violenta.
Frente a esta postura, las personas acusadas defendieron la legitimidad de su acción: «La acusación que pesa sobre nosotras no solo es desproporcionada, sino también hipócrita. Ejercimos nuestro legítimo derecho a la protesta frente a un mal mayor que pone en peligro a todas las personas. Nos manifestamos ante unas instituciones que incumplen la más básica de sus atribuciones, que es asegurar la vida de los pueblos y la protección del territorio”.
La defensa puso el foco en la evidente desproporción de las penas solicitadas. Durante la vista se recordó que las activistas actuaron a cara descubierta, no opusieron ninguna resistencia a la detención y emplearon pintura biodegradable fácilmente lavable. De hecho, los daños evaluados en 5.863 euros —que cubrían la limpieza y los trabajos de restauración en uno de los leones de bronce— ya fueron abonados de forma voluntaria y por adelantado por las propias acusadas. Por este motivo, los abogados reclamaron la absolución para quienes lanzaron la pintura y limitar el castigo a una sanción administrativa para el resto.
En el segundo juicio, que se celebra este martes 26 de mayo, tres activistas del movimiento —Marina Martínez (Extinction Rebellion), Francisco del Pozo (Greenpeace) y Jorge Riechmann (Anticapitalistas y Ecologistas en Acción)— serán juzgados por una protesta celebrada el 7 de octubre de 2019. Aquella jornada, trescientas personas cortaron el tráfico en una arteria principal de Madrid, convocadas por Rebelión por el Clima y Extinction Rebellion Spain. De las 180 personas identificadas entonces, los tres encausados se enfrentan ahora a posibles condenas de hasta tres meses de prisión o severas multas, bajo la acusación de un delito de resistencia grave a la autoridad.
En declaraciones a Climática, Jorge Riechmann, de 64 años, ha tildado de «fantasiosa» esta acusación de resistencia a la autoridad. Explica que el único forcejeo consistió en «intentar evitar que le rompieran un brazo» al ser desalojados. «En el caso de que hubiera condenas, estaríamos siendo condenados como presos políticos ecologistas», sentencia.
Para hacer frente a esta nueva cita en los juzgados, organizaciones como Anticapitalistas, Ecologistas en Acción y Greenpeace han convocado una concentración de apoyo a las puertas de los tribunales para el próximo martes. Las ONG advierten de que estos juicios no son expedientes rutinarios, sino «elementos centrales de la respuesta del Estado» para reprimir la disidencia ciudadana y sostener el statu quo.
La agenda judicial, sin embargo, no terminará con el mes de mayo. Para el propio Jorge Riechmann, el asedio en los tribunales es múltiple. El poeta, filósofo y activista se enfrenta a un tercer juicio, previsto para el próximo otoño, junto a otros catorce científicos y académicos de Rebelión Científica. En esta tercera causa se juzgará la protesta que tuvo lugar el 6 de abril de 2022, la acción originaria en la que se derramó agua con jugo de remolacha en la fachada del Congreso tras la publicación de los informes del IPCC. Fue, precisamente, la protesta que denunció la inacción política y que precedió e inspiró a las activistas juzgadas el pasado jueves.
La acumulación de estos dos juicios inminentes coloca a Riechmann ante una situación límite: si resulta condenado en ambas causas, la suma de las penas podría suponer su ingreso real en la cárcel. Preguntado por esta posibilidad, el poeta reconoce que, aunque es «muy improbable», la prisión es «posible, en términos aritméticos». «No tenemos un tipo de justicia en muchos casos de la que quepa esperar comprensión para las protestas climáticas», ha lamentado.
Fuente: https://climatica.coop/juicios-activismo-climatico/ - Imagen de portada: Acción de XR en Madrid de 2019 por el que tres activistas irán a juicio este martes. Foto: Eduardo Robaina.
