Colombia / El Gobierno de De la Espriella deroga la protección de 1.500 hectáreas en el páramo de Santurbán y agudiza la disputa
El Gobierno de Abelardo de la Espriella movió su primera ficha en el páramo de Santurbán, una zona ambiental clave en la cordillera de los Andes, al oriente de Colombia, entre Santander y Norte de Santander. El Ejecutivo derogó la decisión que tomó, a última hora, el Gobierno antecesor de Gustavo Petro para darle una protección ambiental a 1.500 hectáreas contiguas al páramo.
Sebastián Forero
El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, anunció que reiniciaría el proceso para declarar la protección alrededor de la quebrada La Baja, como lo había ordenado un juez. Al reabrir el debate por el límite exacto de la zona protegida, el Ministerio agudiza una disputa ambiental, social y política que mueve desde hace 15 años a Bucaramanga, la quinta ciudad más poblada del país y un bastión de la derecha que se abastece del agua del páramo y donde el movimiento en favor de su protección es muy fuerte.
El anuncio de la derogatoria lo hizo este miércoles el ministro Arjona. Argumentó que la de Petro fue una “resolución exprés”, emitida un día antes de dejar el Gobierno, y que había incumplido el deber de participación de las comunidades involucradas, hasta el punto de que un juez ordenó rehacer el proceso. “El agua y la biodiversidad se protegen con ciencia y el derecho a la participación de todos, no con decisiones de última hora para favorecer intereses políticos de unos pocos, dejando de lado la imparcialidad y objetividad que demandan las decisiones ambientales. Más ciencia, más rigor, más participación, menos dogmas”, escribió el ministro en X.
La decisión generó el rechazo inmediato del Comité para la Defensa del Agua de Santurbán, una plataforma asentada en Bucaramanga que reúne decenas de organizaciones sociales y ambientales. Mayerly López, una de sus lideresas, dice que Arjona presenta un argumento falaz: “El ministro está aprovechándose de un fallo que no ordenaba eso, para disminuir el costo político; en realidad, está incumpliendo ese fallo, que le ordenaba reiniciar la etapa de consulta pública de la resolución, poniendo a disposición de las comunidades todo el expediente. Eso no lo ha hecho”, explica en diálogo con este periódico.
El fallo que citan tanto el ministro como el comité es de un juez de Bucaramanga que dejó sin efectos el trámite de consulta previa de la anterior resolución por haberse hecho con errores. La decisión señala la necesidad de subsanar la participación de las comunidades con un nuevo proceso de consulta, un trámite que no ha iniciado el ministro. Arjona ha señalado que priorizará “una nueva evaluación técnica y jurídica integral” sobre el área, algo que no ordenaba el juez.
Aunque la resolución no se refiere a la totalidad del páramo ni de su protección, no es menor. El comité ha llamado la atención sobre un asunto clave: cobija la zona donde se ubica el título minero de la multinacional canadiense Aris Mining, que tiene la expectativa de extraer allí unas 130 toneladas de oro, según sus estudios de factibilidad. Pese a que cuenta con el título, la minera requiere una licencia ambiental antes de explotar el área, y la resolución derogada impedía de tajo la minería.
La decisión del Ministerio produce desconfianza en el comité porque, antes de posesionarse, Arjona se mostró favorable a la minería en la zona: “Hay que formalizar la minería que ya existe; si hay una minería industrial alrededor podría ayudar a la formalización. Hay una empresa canadiense, Aris Mining, que tiene 38.000 mineros formalizados en Antioquia, es un ejemplo de lo que podría hacerse en Santurbán”, dijo en julio pasado en una entrevista televisiva. Alrededor del páramo, en efecto, hay una tradición minera antigua.
El grueso de la comunidad de Bucaramanga se ha opuesto al megaproyecto minero que hoy tiene Aris y que antes ha sido de otras empresas. Como se desarrollaría muy cerca del páramo, temen que afecte el abastecimiento de agua para al menos 2,5 millones de personas que viven en el área metropolitana. De hecho, el Servicio Geológico Colombiano publicó este año un estudio que determina que el sistema hídrico de Santurbán está interconectado entre las partes más altas de la montaña —la zona de páramo— y las más bajas —donde se haría minería—, donde sigue habiendo zonas de recarga.
Esa defensa del agua lleva al menos 15 años en Bucaramanga. Permitir el megaproyecto podría debilitar el respaldo al Gobierno De la Espriella en una de las capitales donde fue más fuerte —obtuvo el 65% de los votos en una segunda vuelta que ganó por menos del 1% a nivel nacional—. De hecho, uno de los ministros más cercanos al nuevo presidente, Jaime Andrés Beltrán, apoyó las movilizaciones por el agua y contra la minería cuando fue alcalde de Bucaramanga y antes de ocupar la cartera de Vivienda.
A la disputa se añade otro actor: la comunidad minera de Vetas y California, que durante décadas ha vivido de la minería artesanal de oro y que, en su mayoría, apoya la entrada de la compañía como camino para formalizar su labor, poder extraer oro y venderlo a esa multinacional, que se encargaría del procesamiento, según lo tiene diseñado. Allí, el panorama es el contrario al de la capital y en buena medida eligieron a De la Espriella con la expectativa de avanzar en su meta.
La resolución ahora derogada es solo parte de la problemática en Santurbán. De fondo está la delimitación misma de la zona de páramo —dónde empieza y dónde termina— que está pendiente pese a que la Corte Constitucional ordenó hacerla desde 2017, con la participación de todas las comunidades, incluyendo la de Bucaramanga. Esa tarea ahora debe asumirla un Gobierno que ha defendido las industrias extractivas, en lo que ya se vislumbra será una de las principales disputas ambientales que se mantendrá viva durante su Administración.
Fuente: El País de España - Imagen de portada: Vista de Laguna Pintada, en el Páramo Santurbán, cerca de Bucaramanga. YANNICK SCHROTH / 500PX (GETTY IMAGES)
