Argentina: Los dueños del germoplasma, la dominación capitalista y la disputa por la renta



zero-biocidas

El 23 de mayo de 2015 por tercera año consecutivo, hubo protestas masivas en 48 países del mundo, contra el Gigante de la biotecnología Estadounidense, en pos de crear conciencia sobre los peligros del consumo de alimentos genéticamente modificados.

En nuestro país, desde hace 2 años Monsanto viene suscribiendo contratos privados con semilleros y acopios como ASGROW, ACA, NIDERA, DON MARIO, LA TIJERETA, SYNGENTA, LDC, SURSEM, FN SOJA, CRIADERO SANTA ROSA, BIOCERES SEMILLAS, HORUS Y CRESPO COLOMBRES, para el uso y comercialización de su último evento, “invento” transgénico, la soja INTACTA RR 2 PRO, resistente a “plagas”, y “malezas”, intentando esquivar la vigencia de la ley de semillas que habilita el derecho al uso propio en la Argentina.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), o proyecto de ley, vendría a reconocer la propiedad intelectual sobre los eventos por parte del estado nacional, al implementar el cobro del canon tecnológico, ¡Monsanto agradecido! En el marco de esta fuerte disputa por la apropiación de las regalías y su destino, el “consenso” alcanzado no es tal ni representa a todos los sectores de la sociedad.
El derecho de propiedad intelectual es un derecho que da exclusividad temporaria sobre una invención. Esta condición establece un monopolio sobre la explotación de la creación; por lo tanto, para asegurarse patentes sobre formas de vida y recursos vivos, las grandes empresas reclaman las semillas y las plantas como ‘invenciones’ suyas y por consiguiente, como “algo de su propiedad”. Además, el reclamo de la supuesta invención de variedades de plantas y organismos vivos genéticamente modificados (OGM), supone la completa negación de la creatividad de la naturaleza en su conjunto y de los agricultores en particular, quienes han aportado el conocimiento milenario relativo a los mismos.
Estos “eventos biotecnológicos” sobre los que estas empresas reclaman derechos de propiedad, devienen de la apropiación de los saberes ancestrales que provienen de 10.000 años de agricultura. También es importante remarcar que la semilla de soja transgénica que originó la disputa es el primer eslabón de un modelo agrícola que está teniendo dramáticas consecuencias socio-ambientales a partir de la imposición del paquete tecnológico de Monsanto, como son la drástica disminución de la biodiversidad, desertificación de nuestros suelos, contaminación de los mismos y acuíferos con pesticidas, aumento de enfermedades letales en las poblaciones que conviven con las plantaciones y los silos, expulsión de la población rural de sus territorios.
A partir de la modalidad que fueron adquiriendo las patentes del área biotecnológica, el límite entre invención y descubrimiento se ha vuelto difuso. Esto lleva a que cobren fuerza las tendencias a la apropiación de la materia existente en la naturaleza, produciendo un desplazamiento y ampliación en el significado mismo de lo que se entiende por propiedad intelectual y su ámbito de aplicación.
De esta manera, se ha abierto un nuevo e inmenso campo para la propiedad sobre formas de vida en manos de las empresas multinacionales apropiadoras de la biotecnología, en función de ejercer la dominación mediante mecanismos, aparentemente inevitables, como son los paquetes tecnológicos en las distintas producciones, granarias, horticultura, olivicultura, forestales, frutales, animales y hasta florales; erigiéndose en los dueños de la biodiversidad del planeta, por lo tanto de la alimentación de la humanidad.

El derecho del Obtentor, el uso propio y las patentes
En apretada síntesis, trataremos de explicar la compleja madeja legal mediante la cual los monopolios de los agrobussines, dueños de los paquetes tecnológicos, intentan darle una vuelta más de tuerca a la dependencia en la producción agraria capitalista.
En ese sentido el obtentor, es aquel que descubre o modifica genéticamente una determinada variedad, en este caso de semilla, lo que le da derecho sobre el poder de reproducción de la misma, lo que fue acordado en distintos tratados internacionales del mundo capitalista, fundamentados en el derecho de propiedad intelectual.
Las leyes de patentes en cambio, dan derecho no sólo al uso de la semilla destinada a la reproducción, sino también a los distintos destinos de las mismas, comercialización, estudios genéticos, etc.
En nuestro país, la leyes vigentes son la 20247 y 24376 que aprueban el Acta Internacional UPOV de 1978 (Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales) que regula la exclusividad sobre el material destinado a la reproducción y se destina a la comercialización, lo cual da derecho al uso propio por lo que el productor puede utilizar parte de la cosecha, con destino a una nueva siembra sin pagar regalía alguna. Por lo tanto, cae de maduro que la discusión en nuestro país se basa en el derecho al que las multinacionales semilleras, principalmente Monsanto y Syngenta, quieren acceder para avasallar dicho derecho, convirtiéndolo en derechos de patentamiento, intentando cerrar aún más el círculo de la dependencia productiva para profundizar la dependencia tecnológica a la que nos tienen acostumbrados.
En los últimos veinte años, las grandes empresas semilleras compraron un alto porcentaje de fuentes de semillas y empresas, calculándose que para 1998 operaban en el mundo 1500 empresas semilleras, 24 de las cuales dominaban la mitad del mercado semillero mundial. En la actualidad, solo diez de ellas, controlan el 57% del mercado mundial de semillas que factura anualmente alrededor de 28000 millones de dólares. Las principales empresas que concentran este mercado son Monsanto de EEUU; Du Pont / Pioneer de EEUU; Syngenta, de Suiza y Limagrain, de Francia. Estas mismas controlan el 100% de las semillas transgénicas y el 44% del mercado de semillas comerciales.
Entre las corporaciones más paradigmáticas del mercado, Monsanto es una de las empresas más grandes del mundo, que impulsa el desarrollo de cultivos transgénicos y obtiene ganancias millonarias en su expansión, al proveer al mismo tiempo, semillas y herbicidas para ser aplicadas en grandes superficies. En el año 1997, vendió toda su división química para centrar su investigación y desarrollo en procesos y productos biotecnológicos. Actualmente, compra tanto compañías de semillas, como biotecnológicas. Con la compra de la empresa mexicana Seminis, Monsanto pasó a ser la mayor empresa mundial que controla el 90% del mercado de semillas transgénicas y agrotóxicos a nivel global.
El 23 de mayo de 2015 por tercera vez, hubo protestas masivas en 48 países del Mundo, contra el Gigante de la biotecnología Estadounidense, en pos de crear conciencia sobre los peligros del consumo de alimentos genéticamente modificados.
En nuestro país desde hace 2 años Monsanto, viene suscribiendo contratos privados con semilleros y acopios como:(ASGROW, ACA, NIDERA, DON MARIO, LA TIJERETA, SYNGENTA, LDC, SURSEM, FN SOJA, CRIADERO SANTA ROSA, BIOCERES SEMILLAS, HORUS Y CRESPO COLOMBRES), para el uso y comercialización de su , último evento, “invento” transgénico , la soja INTACTA RR 2 PRO, resistente a “plagas”, y “malezas” , intentando esquivar la vigencia de la ley de semillas que habilita el derecho al uso propio en la Argentina, como señalamos más arriba.
Dichos contratos obligan a las empresas suscriptoras a cobrar regalías, a razón de 12 u$s por tonelada al momento de comprarla a los productores, analizándola en el momento de la descarga, con un líquido reactivo, que la misma Monsanto provee a sus contratados. El gobierno nacional intenta salir al cruce anunciando la firma de un DNU (decreto de necesidad y urgencia) (en las últimas horas se rumoreaba la idea de convertirlo en proyecto de ley), que impulsa el cobro de un canon tecnológico a los agricultores de mayor escala que compren su semilla, limitando su percepción al momento de la compra de la misma.
El DNU, también prevee la creación de un registro para determinar que porción de semilla no fiscalizada es de uso propio y cual de “bolsa blanca” (la venta de las semillas de soja como grano por parte de productores entre sí) aclara también excluir a los pequeños agricultores. Prohibiría, la realización de contratos futuros, así como intenta ilegalizar el cobro de regalías a través de los contratos privados subscriptos últimamente, por lo que ya anunció la multinacional, devendrá en innumerables juicios contra el Estado Nacional.
Se plantea haber llegado a un “consenso” para impulsar este DNU. Obviando que la “Bolsa Blanca” fue una de las herramientas con la que se logró expandir la soja transgénica a partir de 1996. El “consenso” alcanzado no es tal ni representa a todos los sectores de la sociedad. Es sólo el consenso entre el Estado y los representantes de los agronegocios.
Los actores involucrados en este conflicto se posicionan según sus intereses y, de este modo, las multinacionales del sector, hicieron lobbies sobre la Cámara de Diputados y Ministerio de Agricultura, logrando la promesa del otrora ministro de agricultura Julián Domínguez, de modificar el derecho al uso propio mediante el envío de un proyecto al Congreso Nacional elaborado por la CONASE (Comisión Nacional de Semillas) modificatorio de la 20247 lo cual hasta hoy afortunadamente, nunca ocurrió.
En tanto, la Federación Agraria Argentina erigida en representante de la pampa húmeda sojera, se opone con justa razón esta vez, a los contratos privados y manifiesta haber sido oída por el Gobierno, aunque hace reservas dado que el decreto no fue publicado aún, esperando ponga límites al derecho de los obtentores.
Demás está aclarar, que es una justa reivindicación para los pequeños y medianos productores atrapados por el modelo sojero y su paquete tecnológico, del que más temprano que tarde deberán liberarse, mediante un proceso de reconversión agraria (vuelta a la chacra mixta) dado que el mismo no fue pensado para la pequeña escala.
Asimismo, la disputa por el manejo del paquete económico, derivado de la aplicación del paquete tecnológico de los agronegocios, entre Monsanto, el Gobierno y los partícipes usuarios del paquete tecnológico, grandes popes del agronegocio, grandes productores, medianos y pequeños, se encuentran hoy en una encrucijada, que remite al uso y destino de la producción granaria, y sus ganancias, poniendo en el centro de la escena la discusión sobre el destino de las ganancias derivadas de la producción y comercialización de semillas transgénicas en Argentina.
A su vez el DNU, o proyecto de ley vendría a reconocer la propiedad intelectual sobre los eventos por parte del estado nacional, al implementar el cobro del canon tecnológico, ¡Monsanto agradecido!
En el marco de esta fuerte disputa por la apropiación de las regalías y su destino, el “consenso” alcanzado no es tal ni representa a todos los sectores de la sociedad.
El tema viene recibiendo las críticas y el rechazo de cientos de organizaciones sociales, y de trabajadores, así como de académicos y de diferentes sectores políticos.
Las Organizaciones Campesinas, de Pueblos Originarios y Agricultura Familiar no fuimos convocados al debate, sólo informados en la reunión del “consejo asesor de la agricultura familiar, campesina e indígena”. Realizada el 22 de mayo de 2015 en el Ministerio de Agricultura (donde nos pronunciamos fuertemente desde el lugar que ocupamos como MCL) haciendo un llamamiento a las autoridades presentes: Secretario de Agricultura, Emilio Pérsico, Jefe de Gabinete del Ministerio, Héctor Espina, Director Nacional de Fortalecimiento de las Organizaciones, Ramiro Fresneda, y el mismo Secretario de Agricultura de la Nación, Gabriel Delgado.
A convocar a un gran debate nacional sobre la necesidad de cambios estructurales en el agro argentino, con plena participación de todas las organizaciones agrarias, de pueblos originarios. Y agricultores familiares ampliado al resto de los sectores populares, movimientos sociales, centrales de trabajadores, partidos políticos populares, para lograr poner verdadero freno al avance de la multinacional de la muerte como la identifican a Monsanto mundialmente.
Centrando el debate en dos puntos centrales: Uno sobre una nueva ley de semillas que contemple, entre otras cosas, la protección y el rescate de las semillas originarias y su multiplicación, desconozca el derecho de propiedad intelectual sobre los bienes naturales. El otro, la creación de una nueva institucionalidad que ponga en manos del Estado la comercialización externa de granos y carnes, para con el producido de esas ganancias solventar un verdadero plan emancipador, de desarrollo popular y agrario sustentable, que garantice la soberanía alimentaria y el hambre cero, lo que fue ampliamente compartido, por el resto de las organizaciones presentes en el consejo, que también vienen resistiendo la apropiación de los bienes comunes de la naturaleza por parte de las multinacionales imperialistas.

José Luis Livolti es Coordinador Nacional del MCL Movimiento Campesino Liberación.


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