Capitalismo extremo: el 1% de la población posee la mitad de la riqueza del mundo

El 1% por ciento de la población posee la mitad de la riqueza del mundo, destaca un nuevo estudio realizado por el Instituto de Investigación Credit Suisse que se dio a conocer este martes evidenciando la creciente brecha entre los ricos y el resto de los ciudadanos.

Según el Informe Riqueza Global 2017 las personas más ricas del mundo vieron cómo su fortuna aumentó del 42,5% en el momento álgido de la crisis financiera iniciada en 2008 al 50,1% en 2017.
“La cuota del 1% ha seguido una senda ascendente desde la crisis, superando el nivel de 2000 en 2013 y alcanzando nuevos picos cada año desde entonces”, indica el informe.
Comparando las ganancias de riqueza entre países, Estados Unidos continúa a la cabeza. Tras la crisis financiera, el país prosiguió su ininterrumpida racha de ganancias y añadió 8,5 billones de dólares a la riqueza mundial.
En contraste, el informe señaló que la desigualdad ha seguido incrementándose en el mundo. La riqueza cayó de nuevo este año en África, la región Asia-Pacífico y América Latina, y los pronósticos para el próximo lustro no son nada favorables.
Según el estudio, la riqueza mundial seguirá creciendo a un ritmo similar al de la última mitad de la década y se espera que alcance los 341 billones de dólares para 2022.

Fuente: Elciudadano.cl - Con información de RT en español - Imagen: ‪La Marea
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Lo que es bueno para General Motors…
La carta de 400 millonarios de Estados Unidos al Congreso legislativo recomendando el rechazo de la medida del presidente Donald Trump para recortar drásticamente la carga fiscal de los más ricos es la gota que ya está colmando el vaso de la paciencia generalizada.
Por Joaquín Roy*

Cada día que pasa, los sufridos ciudadanos de la todavía mayor potencia de la galaxia perciben estupefactos cómo desde la Casa Blanca se transpira un clima trufado de mentira, arrogancia, y arbitrariedad. Pero lo que sería reflejo de una política más propia de dictaduras de baja calidad, es en realidad una muestra de una profunda ignorancia de la economía.
Creer que la rebaja drástica de los impuestos a los más pudientes beneficiaría a las capas sociales más inferiores no se sostiene por ninguna teoría del crecimiento, además de constituir una clara figura delictiva de injusticia social.
Recuerda como una gota de agua a otra a la fallida política de Ronald Reagan (1981-1989), que se conoció como economía en “cascada descendente”. Según esa lógica, el enriquecimiento de las capas superiores beneficiaría a los más desposeídos, según una curiosa ley de la gravedad financiera.
Nada tiene de extrañar esta idea peculiar de Trump, ya que desde el comienzo de su mandato, en enero, su nombramiento ha cosechado una antología de fracasos legislativos (inmigración construcción del muro, plan de salud), mientras ha mostrado una peculiar cualidad como administrador en rodearse de una serie de militares jubilados para los puestos de seguridad nacional.
Pero es en el resto de la administración donde ha demostrado una obsesión diabólica en el nombramiento de ejecutivos o dueños de grandes empresas y los ha catapultado a la cima del poder político.
La dimisión de una docena larga de estos neófitos en el arte de gobernar quedará en los anales de la República para el exhaustivo análisis histórico. Nunca antes en el devenir de este admirable país tan pocos han hecho tanto daño en tan poco tiempo, para parafrasear al británico Winston Churchill.
Los 400 firmantes de la carta de rechazo de la propina de Trump,  liderados nada menos que por George Soros, temen pasar a la historia no solamente como los sepultureros enmudecidos de un capítulo concreto de esa historia del país, sino también como coautores de un suicidio económico-político.
No quieren ser identificados como los que se han cobijado bajo el manto del poder, como en su momento tuvo que hacerlo Charles Wilson, jefe ejecutivo de la General Motors, al ser propuesto por Dwight Eisenhower (1953-1961) como secretario de Defensa.
En la audiencia senatorial a la que consuetudinariamente deben someterse los nombramientos del gabinete presidencial, se le preguntó a Wilson si no se enfrentaría a un conflicto de intereses al tener que tomar decisiones contrarias a los intereses de su anterior empresa.
Contestó imperturbable que no veía contradicción alguna, ya que lo “es bueno para General Motors es bueno para América (Estados Unidos)”. Dicen los estudiosos rigurosos que en realidad su afirmación fue al revés: en lugar la lapidaria admiración por el capitalismo, aludió a que lo que era bueno para Estados Unidos debía ser bueno para la economía privada.
En la legión de los nombramientos de dueños y altos cargos de empresas para el gabinete de Trump, parece ser que la respuesta sería que “lo que es bueno para General Motors es bueno para… General Motors”. Punto.
Obsérvese que las voces que aparentemente están aquejadas de complejo de culpa son al mismo tiempo practicantes de un deporte importantísimo del sistema socioeconómico de Estados Unidos. Nada sería de extrañar que numerosos firmantes tengan un récord impresionante de altruismo y compitan entre ellos en los listados del campeonato de la filantropía.
Unas leyes imaginativas han permitido el éxito de lo que en otras latitudes es insignificante, limitado o casi clandestino, ya que numerosos sistemas fiscales de América Latina y Europa no favorecen las ventajas de las donaciones, dejándolas a la merced de la simple caridad.
En Estados Unidos, esta práctica tiene suculentas ventajas, además de regalar al donante con una aureola de civilidad y honorabilidad difícil de conseguir de otra forma.
El sistema no solamente está reservado a los más pudientes, sino que también está abierto a los ciudadanos de a pie, quienes por unos procedimientos simples y llanas declaraciones pueden beneficiarse de desgravaciones.
Algunos de los que nos dedicamos a la enseñanza lo comprobamos a diario, sobre todo en los centros privados que dependen de la satisfacción de las tasas de matrícula y las donaciones.
Los aplausos para este sistema son permanentes, pero esconden una desigualdad entre los sectores que no se pueden permitir esta largueza y los que disfrutan de sólido acomodo.
De forma indirecta, pero muy precisa, los filantrópicos deciden arbitrariamente qué sectores de la sociedad reciben los fondos que de otra manera deberían ser canalizados por las arcas públicas.
Los firmantes de la carta de rechazo para la generosidad de Trump creen que la libertad de distribución de beneficios puede llegar al límite. La creciente desigualdad puede hacer estallar el sistema que tan bien se ha portado con ellos.
Los votantes de Trump en algunos estados lastrados por el desempleo se pueden revelar al que no reciben los beneficios prometidos.

*Catedrático Jean Monnet y director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. Fuente: (IPS) –

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Giro a la derecha: Concentración de la riqueza y aumento de la pobreza en el actual ciclo político de gobiernos de derecha en América latina


En América latina, desde el 2000, los avances fueron impulsados por una mejoría relativa de los sectores de menores ingresos. Hasta que irrumpió con fuerza la tensión permanente de sistemas políticos donde los grupos más favorecidos, generalmente asociados a actividades rentistas, usan la concentración del ingreso y el poder económico para mantener sus privilegios. El avance de gobiernos de derecha en algunos países de la región es la expresión de esa reacción conservadora.

Por Javier Tolcachier *

 
Entre 2008 y 2015 la desigualdad en los ingresos disminuyó en promedio regional de un 0.5 a un 0.469 (índice de Gini), aunque enlenteciéndose la mejoría entre 2012 y 2015. En 2008, por cada moneda que conseguía un hogar del quinto más pobre, entraban casi 15 monedas en el quinto más rico de la sociedad. Los niveles actuales siguen siendo muy elevados, aunque la desproporción se redujo a “tan sólo” 12 veces. Venezuela, Uruguay y Argentina, en ese orden, presentan los menores índices de desigualdad (alrededor de 0.4). Guatemala, Colombia y Brasil van a la cabeza de la desigualdad (superior al 0.5).
El amesetamiento en los avances es congruente con los datos sobre pobreza e indigencia que refleja el Informe sobre el Progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ofrecido en la primera reunión de seguimiento efectuada en México, entre el 26 y el 28 de abril pasado. A inicios del milenio, había en la región 225 millones de pobres (44 por ciento) con casi 100 millones de indigentes (19,3 por ciento). Esta cifra cayó a 29 y 12 por ciento, respectivamente, lo que implica que al menos 50 millones de personas salieron de la pobreza y 25 millones de la indigencia. Sin embargo, desde 2012 se observa el estancamiento de esta mejoría, incluso comenzando a subir tanto el número de gente pobre como el de indigentes hacia finales de ciclo.
Los avances fueron impulsados por una mejoría relativa de los ingresos laborales de los sectores de menores ingresos, gracias a un aumento en la formalización del empleo y el aumento real de los salarios mínimos en varios países y el incremento de las transferencias monetarias hacia los estratos de menores ingresos (jubilaciones, subvenciones y programas de apoyo directo). Es decir, un conjunto de políticas activas de redistribución de ingresos que realzan el aporte efectivo de varios gobiernos de la región y la inacción, indiferencia o ineficacia de otros. Esto se refleja con claridad la inversión social que creció en promedio en la región aproximadamente un 30 por ciento entre 2000 y 2015, llegando a ser de un 14,5 del PIB, rubro en el que destacan positivamente Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica, con más del 20 por ciento del PIB.
Pobreza
En 2014, por cada 100 hombres que vivían en hogares pobres, había 118 mujeres en esa situación. Los motivos son básicamente dos: el tiempo total de trabajo de las mujeres incluye muchas más horas dedicadas al trabajo doméstico y a cuidados no remunerados. Por otra parte, sus salarios son peores, a pesar de tener mayor cualificación educativa. Esto conlleva además una limitación en la autonomía financiera de la mujer, implicando una mayor dependencia.
La condición étnico-racial es otro factor de desigualdad estructural. En la región viven unas 130 millones de personas afrodescendientes (2015) y 48 millones pertenecientes a pueblos indígenas. O sea, una de cada cuatro personas es indígena o afrodescendiente.
Ambos grupos de la población son proporcionalmente más numerosos en el estrato más pobre y sufren desigualdades profundas en todas las áreas del desarrollo social, expresándose en mayores tasas de mortalidad infantil y materna, de embarazo adolescente, de desempleo y en menores ingresos laborales. Algo similar ocurre con los habitantes de áreas rurales y en las periferias urbanas, “donde se concentran los pobres y se acumulan las carencias”
Con respecto a la evolución a lo largo del ciclo vital, el 63 por ciento de los niños de América Latina y el Caribe –casi dos tercios del total– y 45 por ciento de los jóvenes son pobres, y un tercio de estos pobres, indigentes (2014). Muchos no tienen condiciones mínimas que les permitan completar el ciclo escolar y eso implica, en adelante, menores remuneraciones, menores jubilaciones, es decir, menores posibilidades durante toda su vida. En el área rural, la situación es aún peor, duplicándose la cifra de adolescentes que no asisten a la escuela secundaria.
O sea, la pobreza en América Latina tiene cara de mujer, rasgos indígenas o piel negra, vive en el campo o en los suburbios y además, si es niño o joven, la desigualdad lo perseguirá durante toda la vida.
Libreto
Para contrarrestar el flagelo de la desigualdad, recomienda la Cepal “políticas públicas que deben garantizar la titularidad de derechos, se debe reconocer y potenciar el trabajo productivo y de calidad como la llave de la igualdad y como instrumento por excelencia en la construcción del bienestar, y universalizar la protección social a lo largo del ciclo de la vida (la infancia y adolescencia, la juventud, la edad adulta y la vejez), con una mirada sensible a las diferencias (Cepal, 2017)”.
En distintos informes se habla de la estrecha relación entre acceso a educación de calidad, mejoramiento de la situación sanitaria y de vivienda, acceso a la tecnología y otras condiciones para la consecución de empleo de mejor calidad, todo lo cual refiere a las mencionadas “políticas activas”. Aquí es donde aparece el Estado como único garante de principios, que deben dejar de ser aspiraciones y convertirse en derecho exigible.
Pero aún desde el esquema habitual de relativización de derechos que rige las prácticas sociales actuales, para que el Estado pueda hacer efectivas (y no declamativas) políticas activas de inclusión social, son evidentes dos condiciones mínimas: que el gestor (gobierno) tenga nítidas intenciones en ese sentido y que cuente con fondos para efectuar la tarea.
Las dificultades del primer término de la ecuación no son desconocidas para la Cepal. En un documento señala “la tensión permanente de sistemas políticos donde los sectores más favorecidos, generalmente asociados a actividades rentistas, usan la concentración del ingreso y el poder económico para mantener sus privilegios”. El tan mentado “giro a la derecha” en algunos países de la región es tan sólo expresión de esa reacción conservadora.
Paraísos fiscales
Con respecto a lo segundo, basta constatar la actividad ilegal que desarrollan los sectores opulentos para impedir todo avance de los sectores más oprimidos de la sociedad. Una de las principales herramientas es la subversión fiscal. O sea la evasión. Unos 700.000 millones de dólares que están en paraísos fiscales pertenecen a personas de América Latina, lo que a su vez representa el 22 por ciento de la riqueza financiera total de la región, y que la mayor parte de este monto (alrededor del 80 por ciento en promedio) no ha sido declarada a las respectivas administraciones tributarias.
Por otra parte, existen las maniobras dolosas de las empresas multinacionales, que sobrefacturan gastos e importaciones y subfacturan ventas y exportaciones. Unos 765.000 millones de dólares no han sido declarados entre 2004 y 2013, conspirando de esta manera contra las posibilidades de acción solidaria de los estados. Estas empresas manejan además gran parte de los medios y por ende, tienen una enorme influencia en la opinión pública, a través de la cual se “deciden” los gobiernos.
¿Cómo seguir entonces aquellas recomendaciones si apenas un Estado comienza a favorecer a los vulnerables se encuentra con la tremenda reacción de los sectores del poder? ¿Cómo pensar en mejores empleos, si las principales corporaciones planifican para la economía mundial un horizonte de simbiosis de alta tecnología en la producción? En conjunto con las ya abultadas dosis de economía especulativa, todo ello atenta contra la posibilidad de ingreso formalizado y suficiente. Aún si se piensa en servicios, la intención empresarial apunta a reducir costos, lo cual se traduce en reducción de cantidad de personas empleadas o de salarios. Nada hace pensar que ese modo antihumano de funcionar la economía varíe, de no mediar algún cambio sustancial.
Concentración
Hablar con propiedad es hablar de la propiedad. Y hablar de la propiedad es hablar de violencia económica. Es hablar, en general, de actividad delictiva. Calificar a la concentración de riqueza como delito no es tan sólo una alusión a su inmoralidad, aunque dicha actitud antisocial deba ser repudiada sin ambages en el campo valórico. Puede constatarse sin mayor dificultad cómo en la génesis misma y en el transcurso del proceso de acumulación de riqueza, se verifican numerosos delitos tipificados en los códigos civiles y penales vigentes. El dolo, el hurto, el robo, el fraude, la apropiación indebida, el plagio, la competencia desleal, la extorsión, la cartelización, la evasión y elusión fiscal son moneda corriente en la práctica de los grandes conglomerados empresariales. La corrupción que tanto irrita a la prensa dependiente tiene su origen en las empresas, no “en la política”. Corromper mediante dádiva, coima, prestaciones o apoyo electoral es para las empresas una práctica ordinaria que facilita “los buenos negocios”.
En cuanto a la dirección de los procesos humanos, los pueblos sólo pueden contar consigo mismos. Deben movilizarse y organizarse. La paradoja de estatalización –dependencia excesiva de una gestión– y movilización popular puede ser resuelta convirtiendo a lo político en cuestión existencial. Ya no simplemente relativa a la primaria subsistencia –la cual ciertamente está en riesgo–, sino en un sentido de cualidad ampliada, la de la existencia humana, relacionada con la posibilidad de crear y decidir, lo cual aparece hoy alejado de las expectativas y posibilidades de gran parte de la humanidad.
En términos sociales, los conjuntos organizados podrán así garantizarse una renta universal y avanzar por las vías del empleo cooperativo, es decir el autoempleo colectivo como factor primario de la producción y la economía.
Para que esto sea posible, necesitamos una ola de alfabetización transformadora. Para aprender a defendernos de la manipulación de los poderosos y de la naturalización de situaciones oprobiosas y evitables. Aprender que sólo habrá progreso si es de todos y para todos.

* Investigador perteneciente al Centro Mundial de Estudios Humanistas. Fuente: www.alainet.org - Imagen: ‪Taringa‬

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