Cuatro ex funcionarios procesados por violar la Ley de Glaciares: Un fallo con peso histórico en Argentina.

La causa se desprendió de la que investiga el derrame en la mina Veladero. La Justicia ordena al Gobierno inventariar los glaciares. Para los ambientalistas, el fallo es una señal contra la modificación de la ley actual.
   
En un fallo considerado histórico por las organizaciones ambientalistas, el juez federal Sebastián Casanello procesó a tres ex secretarios de  Ambiente de la Nación y al ex titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) por la violación de la ley de Glaciares, en una causa que se desprendió de la investigación del derrame de la mina Veladero en 2015. La resolución también encomienda al gobierno que “establezca de modo urgente si ha existido daño ambiental”, y remarca que si se hubiera cumplido la ley no habría habido derrames.  
El abogado de la Asamblea Jáchal No Se Toca, que impulsa la causa, Diego Seguí, dijo a este diario que “ el fallo es importante porque hay siete proyectos más de la envergadura de Veladero y un proyecto del gobierno para modificar la ley de Glaciares”. “En el dictamen el juez envía dos señales. Dice que la ley se va a tener que cumplir, y hace una advertencia al Congreso diciendo que si se flexibiliza queda desprotegido lo que la ley protege en los términos actuales. Y hay un principio de no regresión ambiental que indica que los estándares de protección pueden mantenerse o aumentar, pero no retroceder”, detalló.
En el escrito, Casanello procesó por abuso de autoridad, embargó por cinco millones de pesos y prohibió salir del país a los ex secretarios Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso por incumplir con el control de la ley de glaciares. También, en los mismos términos, procesó al ex director del Ianigla, Ricardo Villalba.
En los fundamentos, sostuvo que “se verificaron claras omisiones por parte de los funcionarios públicos imputados: no relevaron ni inventariaron con la amplitud y urgencia requerida por la ley”. “Retardaron la publicación de los cuerpos de hielo inventariados y modificaron los presupuestos mínimos de protección de los glaciares”, afirmó el magistrado, quien concluyó que los imputados “en definitiva, no cumplieron con el mandato legal de conservación y protección de los glaciares y el ambiente periglacial”.
Seguí explicó que tras el primer derrame de metales pesados de la Barrick Gold, en 2015, se inició una causa por violación a la ley de Residuos Peligrosos. “Después, tras los otros dos derrames, le solicitamos al juez que reformulara la carátula porque no podían suceder derrames de modo reiterado en donde está Veladero, que es zona periglaciar, si se hubiera hecho el inventario como lo estipula la ley de Glaciares”.
El abogado sostuvo que el fallo “reconoce que de haberse cumplido la ley no se hubieran producido los derrames porque el valle de lixiviación es ambiente periglaciar. Esto lo reconoció la minera en su propio informe de impacto ambiental, pero Ianiglia elaboró un documento en el que viola la ley de Glaciares al mandar a inventariar glaciares de más de una hectárea, cuando la ley nada dice de la superficie, y dejó afuera el ambiente periglaciar de la mina. Por esto, el juez manda a (Sergio) Bergman que haga el relevamiento de los daños en Veladero. Le manda a hacer la auditoria que nunca hicieron”.
Para el letrado, el escrito también es una advertencia para la Cámara de Diputados, donde está en estudio la modificación de la ley de Glaciares por pedido de las compañías mineras. “Cuando Casanello durante la investigación allanó los Ministerios de Ambiente y de Energía, secuestró el anteproyecto para modificar la ley, apoyado en el documento de Ianiglia que subvierte el texto de la norma. Casanello le está diciendo a los diputados que si se usa esa literatura para flexibilizar van a desproteger el medio ambiente”, señaló. “No me extrañaría que en el futuro Bergman sea citado a declarar porque lo alcanza el mismo grado de incumplimiento de la ley”, agregó el abogado.
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Archivan los expedientes penales por derrames
Causas veladas en Veladero
La justicia sanjuanina se apresta a archivar las causas penales por los últimos dos derrames en la mina Veladero, ocurridos en septiembre de 2016 y en marzo de este año. En el primer caso, el fiscal de Jáchal, Sohar Aballay, emitió un dictamen en el que consideró que “no produjo un perjuicio a la salud pública ni el medio ambiente”, y solicitó el cierre del caso ante la falta de delito. En el segundo, el juez Oritja aseguró que “aunque faltan algunas medidas solicitadas, hasta ahora no hay pruebas de contaminación ni imputados”. 
El abogado de los asambleístas jachalenses, Marcelo Arancibia, dijo a este diario que “de la justicia de San Juan no se puede esperar nada. Después del primer derrame de 2015 donde se avanzó sobre los perejiles y no sobre los funcionarios que tenían que controlar ni sobre los empresarios, ha quedado en evidencia que la justicia de la provincia es funcional al gobierno y la empresa que no quieren que se determine el daño ambiental”, y aclaró que “por eso nos focalizamos en la causa que lleva el juez (Sebastián) Casanello por la violación a la Ley de Glaciares”.
El juez de Jáchal con jurisdicción sobre el departamento Iglesia, donde se localiza la mina que explotan la canadiense Barrick y la china Shandong, sostuvo que en el segundo derrame –que se produjo durante la madrugada del 8 de septiembre– “no se comprobó que los líquidos derramados en el valle de lixiviación, hayan llegado a algún curso de agua de la zona”, por lo que “no está demostrada la contaminación”. Además, explicó que en la causa penal que investiga si hubo transgresiones a ley de manejo de residuos peligrosos y la contaminación del agua, “no tiene imputados”.
En cuanto a la investigación por el tercer derrame (el 28 de marzo) cuando se desconectó un caño con “material rico, que no contendría agua con sustancia cianurada sino una mezcla de oro y plata”, según aseguró el gobierno, Oritja dejó entrever que tendría el mismo destino, el archivo, ya que “aunque faltan algunas medidas de prueba que se han solicitado, hasta ahora no hay pruebas de contaminación ni imputados”.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar

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