Hidroeléctricas atentan contra la vida

Proyectos convierten recursos hídricos en mercancías.
“Los pueblos originarios son las principales víctimas de un modelo de economía obsesionado por el crecimiento económico que atenta contra la vida y favorece la avaricia de un grupo de empresas y personas”, denunciaron los 264 asistentes al V Foro Mesoamericano de la Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR), llevado a cabo en Boquete, Panamá, del 22 al 25 de abril.

Bajo el lema “¡Aguas para la vida, no para la muerte!”, los delegados —pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y pueblos indígenas de América Central y México— debatieron las estrategias regionales y nacionales para resistir al neoliberalismo y construir alternativas que garanticen un acceso a los recursos hídricos de manera libre, soberana, democrática y respetuosa de la vida.

Ana Ella Gómez, del Centro para la Defensa del Consumidor de El Salvador, dijo en su intervención que si bien Mesoamérica —que incluye el centro sur de México y se extiende hasta la península de Yucatán en el sudeste, Guatemala, Belice, El Salvador, la costa del Pacífico de Honduras, Nicaragua, hasta el golfo de Nicoya en Costa Rica—tiene una elevada disponibilidad de recursos hídricos, con 1,064 m³ anuales per cápita, los cuales son pésima y desigualmente distribuidos, ya que sólo el 50% de la población mesoamericana tiene acceso efectivo a agua potable.

Gómez precisó que en la región centroamericana “unos 12 millones de personas no tienen del todo acceso al agua [potable], lo que las obliga a proveerse de dicho líquido, exclusivamente, pagando a corporaciones privadas que cobran precios elevados por el recurso; esto en el mejor de los casos porque muchas personas ni siquiera tienen los medios para pagar”. 

Los asistentes denunciaron proyectos hidroeléctricos que “atentan contra la vida” como La Parota, Paso de la Reyna y la Yesca, en México; Xlalá e Hidroxalbal, en Guatemala; Wancarque en Honduras; la represa El Tigre, en la frontera entre Honduras y El Salvador; El Chaparral, El Cimarrón, Sensunapán II, en El Salvador; Pacuare, Diqués, Savegre, en Costa Rica; y Bocas del Toro, en Panamá.

“Reafirmamos que las represas no son energía limpia”, dice la declaración final. “La supuesta energía limpia de las hidroeléctricas ha sido un engaño facilitado por las empresas ejecutoras de los llamados estudios de impacto ambiental en todo el mundo, cuyo fin real ha sido facilitar inversiones y fabulosas ganancias privadas”. —Noticias Aliadas.http://www.noticiasaliadas.org

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Poder popular contra hidroeléctricas
Por: Louisa Reynolds




Comunidades rechazan proyectos que afectan medio ambiente.
Para los pueblos indígenas, agua es vida. El líder maya guatemalteco Daniel Matul explica la importancia de este recurso para los indígenas en la región mesoamericana:

“El agua participa en las bases fundamentales del devenir material y espiritual. En la filosofía maya los hombres y las mujeres devienen del agua, son fuente de vida”.

Pero el agua se ha convertido en un tema de preocupación mundial y está estrechamente vinculada al control social y a las relaciones de poder.

La región mesoamericana —que incluye el centro sur de México y se extiende hasta la península de Yucatán en el sudeste, Guatemala, Belice, El Salvador, la costa del Pacífico de Honduras, Nicaragua, hasta el golfo de Nicoya en Costa Rica— es excepcionalmente rica en biodiversidad y recursos naturales, incluyendo ríos, arroyos y otros recursos hídricos.
Impacto de hidroeléctricas
El Plan Puebla Panamá (PPP), ambiciosa iniciativa para integrar la infraestructura de la región, incluye la promoción de represas hidroeléctricas supuestamente para reducir la dependencia en el combustible fósil.

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han criticado duramente al PPP como mecanismo de poderosos intereses económicos —relacionados con los gobiernos pro-empresariales centroamericanos— para explotar los recursos altamente lucrativos de la región con escaso respeto por las necesidades básicas de las comunidades locales.

Según el investigador Giancarlo Delgado Ramos, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, México, los proyectos hidroeléctricos son un componente clave del PPP y han sido presentados engañosamente como limpios y ambientalmente amigables para atraer la inversión de organismos internacionales.

Delgado Ramos explica que lejos de ser ambientalmente amigables, las hidroeléctricas contribuyen de manera significativa al calentamiento global ya que inundan vastas áreas de bosques en las que la vegetación en descomposición y otras materias orgánicas producen enormes cantidades de dióxido de carbono y metano.

El investigador sostiene que “todo ese movimiento mayor de agua podría provocar un cambio regional del clima, lo que alteraría los ecosistemas hidrológicos de la zona, afectando la distribución de las cuencas de agua, desplazando las capas freáticas y provocando la desertización de algunos lugares y la inundación de otros”.

Comunidades locales en toda la región ya han sentido el impacto de las hidroeléctricas.
Victoria popular
En el estado de Guerrero, en el sur de México, organizaciones campesinas han luchado a brazo partido contra la construcción de la presa La Parota en el río Papagayo.

A mediados del 2003, la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) autorizó la construcción de la hidroeléctrica sin el obligatorio estudio de impacto ambiental y sin consultar a la población campesina local.

El proyecto incluía la inundación de 17,000 Ha de tierras, desplazando a más de 25,000 campesinos en los municipios de Acapulco, San Marcos, Juan R. Escudero, Tecoanapa y Chilpancingo, cuyas tierras tendrían que ser obligatoriamente expropiadas por el Estado.

Ese mismo año, las comunidades campesinas de Guerrero conformaron el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).

El 14 de marzo del 2006, el CECOP emitió una nota de prensa denunciando que la CFE había actuado ilegalmente al convocar a asambleas campesinas para votar sobre la continuación del proyecto, cuando la ley agraria mexicana establece que tales consultas comunales sólo pueden ser convocadas por las autoridades campesinas, no por entidades estatales.

Según el CECOP, quienes se oponen a la construcción de la presa fueron impedidos de asistir al evento por soldados del Ejército apostados en la zona.

El 16 de marzo, unos 300 campesinos realizaron una manifestación pacífica en las afueras de la sede del CFE en Ciudad de México, exigiendo que La Parota sea cancelada.

Cuatro días después, el caso fue presentado en el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), que falló a favor de las comunidades campesinas y declaró que “el proyecto hidroeléctrico La Parota debe cancelarse, ya que no se demuestran los beneficios a la población local ni su contribución al desarrollo regional ni a la protección del medio ambiente y los recursos naturales”.

Debido al descontento de la población y el fallo del TLA, el proyecto ha sido archivado. Pero el gobierno del presidente Felipe Calderón bien podría retomarlo más adelante, una vez que se haya calmado la situación.
Resistencia guatemalteca
Esta victoria ha inspirado a otras organizaciones de la sociedad civil en la región que también se han opuesto a la imposición de proyectos hidroeléctricos que significan una seria amenaza al medio ambiente.

En Guatemala las comunidades indígenas mayas mam de Tajamulco, en el norteño departamento de San Marcos, cerca de la frontera con México, se han opuesto al proyecto hidroeléctrico Tres Ríos que prevé la construcción de tres generadores eléctricos en los ríos Canujá, Negro de San Pablo y Cutzulchimá.

Comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas se oponen al proyecto basándose en que se ha realizado un solo proyecto de impacto ambiental —cuando de hecho se requieren tres estudios, uno por cada río— y que la población local no ha sido consultada.

El 27 de noviembre del 2006, el Consejo Comunitario de Desarrollo de Tajamulco organizó la consulta comunal —tradicional plebiscito de la comunidad en que la población vota a mano alzada— en la que 192,000 campesinos mayas rechazaron por unanimidad el proyecto.

Un voto similar se produjo en abril del 2006 en el municipio de Ixcan, en el altiplánico departamento de Quiché, donde 18,000 campesinos maya keqchi’ rechazaron unánimemente el proyecto hidroeléctrico de Xalala, temiendo que la presa provoque un desastre ecológico e inunde sus pequeñas fincas.

Según el Código Municipal guatemalteco y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, los pueblos indígenas tienen el derecho a decidir sobre cualquier tema que afecte su bienestar, y sus formas tradicionales de organización y toma de decisiones deben ser respetadas.

Sin embargo, en mayo último la Corte de Constitucionalidad determinó que las consultas comunales no eran vinculantes, lo cual ha sido usado por el gobierno como una excusa para ignorar a las comunidades que se oponen a los proyectos mineros o hidroeléctricos.

Es así que el 11 de octubre la Corte de Constitucionalidad autorizó la construcción de la represa Río Hondo en el departamento de Zacapa, donde en el 2005 ganó el No en una consulta popular sobre este proyecto hidroeléctrico.

La represa empezará a funcionar en el 2010.
Oposición en toda la región
Proyectos similares han sido rechazados en toda la región mesoamericana. 
En abril del 2005, las comunidades vecinas del río Pacuare, en el sureste de Costa Rica, rechazaron la construcción de una presa hidroeléctrica que ha sido señalada como ambientalmente insegura, y en Panamá, organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación sobre los planes del gobierno para construir nueve presas hidroeléctricas en un intento por reducir la factura energética del país.

Comunidades de toda la región están exigiendo cada vez más un tipo de desarrollo nuevo, ambientalmente amigable, en sintonía con las necesidades locales.

En la localidad guatemalteca de Uspantan, en el Quiché, tras los Acuerdos de Paz de 1996 se creó la Cooperativa Integral de Producción 31 de Mayo la que, con apoyo del gobierno español y la no gubernamental Fundación Solar, instaló una minihidroeléctrica para proporcionar energía eléctrica a 500 familias.

Este tipo de proyectos hidroeléctricos a pequeña escala todavía son raros en la región mesoamericana, pero ya tienen gran éxito en otros países como Cuba, que tiene 175 pequeñas hidroeléctricas que benefician a un promedio de 400 familias cada una.

Tal como lo dijo el líder del CECOP, Rodolfo Chávez Galindo, luego que La Parota fue considerada insegura por el TLA: “No hay desarrollo si es sólo para las transnacionales, un desarrollo es para todo el pueblo y esto es fundamental. O hay desarrollo para todos o lo que dicen que es desarrollo no lo es”.

Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?item=1&art=5379