Argentina / Mendoza libre de megaminería: "Cada gota de agua es sagrada"

La localidad mendocina de Uspallata es epicentro del intento de imponer un proyecto minero de cobre, oro y plata. A pesar de la vigencia de la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas, el gobierno provincial avanza junto a la multinacional Solway Holding e incluye represión y criminalización. Detenciones y allanamientos arbitrarios, asambleas y movilizaciones, y una decisión vecinal: no es no.

Por Darío Aranda

"Más extractivismo es igual a menos democracia". Es una frase que recorre lugares que defienden los ríos, los montes y territorios frente a las actividades que explotan la naturaleza. Un ejemplo de ello sucede en Uspallata, localidad de 15.000 habitantes ubicada a 120 kilómetros al noroeste de la capital mendocina. Tenían una vida tranquila, pero todo comenzó a cambiar en 2009, con la llegada de empresas mineras que pretenden el oro, la plata y el cobre de las montañas. Desde fines de 2024, es epicentro del intento gubernamental de imponer el proyecto minero San Jorge sin importar las leyes, la historia del lugar y sin escuchar las voces de quienes lo habitan. "La sola idea de que nos contaminen y nos disminuyan el caudal de agua nos resulta aberrante", explica Eugenia Segura, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata.
Una entrevista para entender qué pasa en Mendoza con la megaminería.

                                                                                            Foto: Rolando Castro

No es no
—¿Por qué le dicen no a la megaminería en Uspallata?
—Mendoza es tres oasis en el desierto, y desde ya que no estamos dispuestos a perder ni uno. En Uspallata están las nacientes del Río Mendoza, que es el único río que abastece a todo el Oasis Norte, del que beben más de un millón de habitantes, riega 250 mil hectáreas de cultivos (la mundialmente famosa "Tierra del Malbec"), y sustenta el cuarto polo industrial del país. Justo ahí pretende instalarse el Proyecto San Jorge para hacer megaminería de cobre, oro, plata y molibdeno, según consta en el Informe de Impacto Ambiental (IIA) de 2008. Y también recordamos que todavía quedan tramos de la maravillosa ingeniería hidráulica del tiempo de los huarpes. Tenemos una de las leyes de Aguas más antiguas del planeta (de 1894). O sea, acá ya había una gobernanza del agua, antes de que hubiera una Constitución Nacional. Todo esto demuestra que cada gota de agua es sagrada para nosotros, lo llevamos en el ADN, marcado a fuego en el imaginario colectivo. La sola idea de que nos contaminen y nos disminuyan el caudal aguas arriba nos resulta sencillamente aberrante, y creo que eso explica todas las puebladas para defender el agua pura a lo largo del tiempo y el territorio.
—¿Qué particularidades tiene este proyecto?
—Este proyecto es incluso peor que el que nos presentaron en 2008, que tenía 141 errores inadmisibles. Dos de las escombreras y el dique de colas llevaban una geomembrana que ahora ya no está, "desapareció". El caudal del arroyo El Tigre no les alcanza para más de cuatro días de producción a pleno, y varía mucho estacionalmente. ¿De dónde van a sacar el agua entonces si no es de perforaciones o del glaciar Tambillos?
Después de todos los intentos de derogar y/o modificar la Ley 7722 (que prohíbe el uso de las soluciones contaminantes y limita desde 2007 la avanzada minera), incluso del delirante intento de hacer un tren para lixiviar con cianuro y ácido sulfúrico. ¿Quién puede creerles que van a renunciar al oro, la plata y el molibdeno que no pueden extraer por el método de flotación con xantato (sales del ácido xántico)?
El dictamen de la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo) ya demostró que el xantato, que se degrada en disulfuro de carbono, está al mismo nivel del cianuro en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, y estarían emitiendo 270 veces más que el máximo establecido en dicha ley. Sería muy sencillo respetar el espíritu de la 7722 si tan sólo se remitiera a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, tal como hace la ley cordobesa hermana de la 7722 (9526), en lo que hace a la interpretación del texto “y otras sustancias tóxicas similares”. Todo esto si hubiera voluntad política de proteger el agua y a la población, en vez de los intereses de las corporaciones extranjeras.

Una historia de organización y luchas


—La comunidad ya expresó, hace años, el rechazo a este proyecto. ¿Podría describir cómo fue ese proceso?
—Desde que la megaminería se presentó en nuestro territorio, en 2009, se terminó la paz y comenzó la contaminación social, ya que vivimos en la angustia permanente ante el riesgo de que nos envenenen el agua. La estrategia de Mendoza ha sido la de proteger con leyes, que hemos parido y sostenido con el pueblo en las calles. Primero con la creación por ley de Áreas Naturales Protegidas, con la que se blindó la cuenca completa del Valle de Uco (Oasis Centro), y parcialmente los otros dos. En 2007, gracias a las heroicas puebladas de Alvear en el sur, se logró la sanción de la Ley 7722, cuyo eje es, además de la prohibición del uso de sustancias tóxicas, la obligación de someter a debate legislativo cada fase (prospección, exploración y explotación, entre otros), con dictámenes de todos los municipios que comparten la cuenca.
—Otro punto fue el rechazo legislativo.
—En 2011, durante la gobernación de Francisco "Paco" Pérez, antes abogado de la Barrick Gold, logramos el rechazo legislativo de San Jorge, luego de la toma pacífica de la Legislatura un 22 de febrero. Y la histórica audiencia pública de Uspallata, en la que más del 70 por ciento de los 3000 oradores se manifestaron en contra. En el medio, podemos marcar como hitos en Uspallata la conversión del casino en centro cultural y la creación de la radio Comunitaria la Paquita, que actualmente estamos tratando de reactivar, ya que fue crucial para el resultado de aquella audiencia pública.
—Y diciembre de 2019...
—Así llegamos al Mendozazo por el agua del 2019, diez días de lucha permanente, en toda la provincia, que han quedado plasmados en la bellísima película HAM (Historia del Agua de Mendoza). La película está siendo ferozmente censurada por estos días, por lo cual para el 1 de marzo estamos planeando proyectarla simultáneamente en todo el territorio.
—Con el antecedente de defensa de la 7722. ¿Por qué cree que el gobierno provincial insiste?
—Creo que, después de esa pueblada, dejaron de subestimarnos y comenzaron a infiltrarnos, aislarnos y perseguirnos individualmente. Todo esto acompañado de una agresiva estrategia publicitaria en los medios masivos, donde los funcionarios de gobierno actúan como promotores de la megaminería y el fracking. Con el claro objetivo de tildarnos de violentos, terroristas, y culparnos del desastre económico que ellos mismos provocaron. Según la consabida estrategia del divide y reinarás, del miente y miente que algo quedará, de la doctrina del shock. También creo que se confiaron en el estrés postraumático colectivo de la pandemia, pero evidentemente han despertado al gigante dormido. Y tengo grandes esperanzas, a la luz de todas las manifestaciones que se están dando, de que otra vez vamos a dar vuelta la historia, porque en Mendoza en realidad la que manda es el agua.

Foto: Eduardo Pérez Caram

La corporación: Minera San Jorge (MSJ) y Solway Holding
La Asamblea de Uspallata investigó a la empresa Minera San Jorge (MSJ), que impulsa el proyecto minero del mismo nombre. Dan cuenta que pertenece a la multinacional Solway Holding, asentada en Malta, una empresa off-shore radicada en paraísos fiscales. "De esta depende Solway Investment Group, con sede en Zug (Suiza). Y otras 43 subsidiarias, radicadas en países como Luxemburgo, Chipre, Malta, Islas Vírgenes y San Vicente y Granadinas. Esta estructura corporativa le permite evadir impuestos, eludir reclamos y realizar grandes transacciones financieras fraudulentas de manera impune", denuncia Eugenia Segura.
Y explica que Solway nació en 2000 de la fusión de empresas metalúrgicas, mineras y sociedades financieras, adquiridas a partir del desmembramiento de la Unión Soviética y la apropiación de sus empresas públicas. Su fundador es Alexandr Bronstein, nacido en Rusia en 1954, actualmente con ciudadanía de Estonia e Israel. Solway adquirió MSJ a la canadiense Coro Mining por cinco millones de dólares, en sociedad con otra corporación (Aterra). En 2011, adquirieron el 30 por ciento y en 2015 el resto. E impusieron como nuevo CEO ruso a Taras Nechiporenko.
Solway Investment group abre su sede en Suiza en 2015. En 2020, Alexandr Bronstein transfirió todo el holding a sus hijos, Cristian y Daniel, ambos ciudadanos alemanes. Desde la Asamblea señalan que, en 2022, tras el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, Solway se desprendió de todos sus inversores, empresas y empleados en Rusia. En Argentina, Solway se quedó con el total de MSJ.

Foto: Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata

"Los motivos de la 'desrusificación' de Solway tienen que ver con la enorme campaña de exposición de los magnates rusos por parte de la prensa internacional, en la que cayeron sus propietarios. Solway posee (además de MSJ), inversiones megamineras en Estados Unidos, Guatemala, Indonesia, Macedonia y Ucrania", detalla Segura.
Y afirma que, en todos estos países, la imposición de las explotaciones de Solway ha sido impuesta con mano dura, generando conflictos ambientales, sociales y económicos, que derivaron en acusaciones hacia Solway y sus subsidiarias, por hechos de sobornos, contaminación, persecución, intimidación, criminalización de la protesta social y asesinatos de opositores e indígenas.
El 3 de diciembre de 2024 se publicó en el Boletín Oficial de Mendoza el registro en el país de la empresa “Zonda Metals GbmH”, conformada un año y medio antes en la misma sede de Solway Investment Group, en Suiza.
"Con información tomada de fuentes verificables, como el portal Bussiness Monitorse, se constata que MSJ pertenece a capitales transnacionales especulativos y fraudulentos, que su metodología para imponer sus planes devastadores es coercitiva y criminal, y que Zonda Metals GbmH es una empresa fantasma de los mismos dueños", destaca la asambleísta.

Foto: Mendoza Renovable

Aliados extractivos
—¿Qué rol juegan los gobiernos?
—El gobierno provincial creó una empresa mixta, Impulsa Mendoza, al mando de Emiliano Guiñazú, ex secretario de Energía y Minería del primer gobierno de Alfredo Cornejo, y ex ceo de las empresas de Enrique Pescarmona, imputado en el caso Odebrecht. Y puso frente de la Secretaría de Energía y Minería a Jerónimo Shantall, quien no cubre los requisitos para ese cargo. Hay conflictos de intereses, personas que están de ambos lados del mostrador y dejaron afuera del negocio, y muy resentidos, a las Cámaras de Empresarios y de Servicios Mineros, y otros especuladores y profesionales del sector. Entonces comenzaron a meter de prepo una zonificación en el Oasis Sur, con un paquete de 63 proyectos en un área que ocupa medio Malargüe.
—¿Y cómo juega el proyecto San Jorge en ese contexto?
—El proyecto San Jorge es la verdadera punta de lanza y porque es único que está listo para pasar a fase de explotación, y que además es el único que cuenta con el fallo de la Corte Suprema de Justicia provincial para utilizar “otras sustancias tóxicas similares”, con lo que pretenden sentar precedente jurídico para el resto. Mientras el intendente (Francisco Lo Presti) se dedica a perseguir, calumniar y hostigar vecinos, y a inaugurar oficinas mineras.

Foto: Mendoza Renovable

—¿Y el gobierno nacional?
—Es de público conocimiento que en el extractivismo siempre han estado alineados, así como las declaraciones públicas del presidente Javier Milei sobre que quien tenga el dinero para pagar, puede contaminar todos los ríos que quiera. Además está la ingeniería legal aportada por el RIGI. Esto también explica el apuro por acelerar los procedimientos, ya que lo quieren tener aprobado antes de octubre para que San Jorge pueda entrar en el marco del RIGI.
—Respecto al Poder Judicial. ¿Qué leyes vulnera este proyecto?
—Ya están violando la Ley 7722, en su espíritu, que es que no le echen sustancias tóxicas al agua, el artículo 1. Pero también, y sobre todo en su cuerpo, que es el artículo 4, al impedir que dictaminen los trece municipios que comparten la cuenca, reduciéndolo a sólo uno donde está emplazado el proyecto. También la Ley 6599 de Monumentos Naturales, y la Ley Ambiental Provincial 5961. También estarían violando las leyes nacionales de Ambiente 25.675, de Residuos Peligrosos 24.051, el Acuerdo de Escazú, y nuestro derecho constitucional a un ambiente sano.

Foto: Mendoza Renovable

Violencia y criminalización
—¿Cuándo reactivaron la propuesta de San Jorge?
—En enero de este año, con la presentación del Informe de impacto ambiental, y la inauguración de las oficinas con la patota de la Uocra (sindicato de la construcción), que motivaron dos puebladas en 48 horas en Uspallata, más todas las movilizaciones que están sucediendo en la ciudad y otros puntos de la provincia.
A fines de de enero sucedió lo previsible. El gobierno provincial y municipal avanzaron en la inauguración sorpresiva de la oficina de la minera en Uspallata. Fue tomado como una provocación, en un lugar que ya dijo que no a la megaminería. Se produjo una movilización espontánea para repudiar a la empresa y sus aliados. Y sobrevino lo que ya sucedió numerosas veces para imponer el extractivismo. Una patota, en este caso del sindicato de la construcción (Uocra), atacó a los vecinos y vecinas. Lo que motivó la movilización en la localidad. Todo fue plasmado en tres crónicas de Eugenia Segura, donde detalla lo sucedido el 24 y 25 de enero. El lunes 24 de febrero detuvieron al asambleísta Mauricio Cornejo y allanamientos arbitrarios en casas de vecinos y vecinas. La Asamblea denunció la criminalización de quienes defienden el agua.
—¿Cómo continuará la situación respecto al proyecto minero y la reacción de la población?
—Estamos en la etapa de inicio de los dictámenes sectoriales. Después de eso viene la Consulta Libre e Informada de los expedientes a la comunidad en general y a los pueblos originarios según el Convenio 169 de la OIT. Y luego de eso la audiencia pública. Entretanto, estamos en estado de alerta permanente y movilización hasta que logremos echarlos definitivamente con la sanción del proyecto de ley del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, presentado por los vecinos en 2009, y con el respeto a nuestro derecho a un ambiente sano, y a todas las leyes que nos amparan.

                                                                                    Foto: Mendoza Renovable

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/mendoza-libre-de-megamineria-cada-gota-de-agua-es-sagrada/ - Imagen de portada: Foto: Rolando Castro

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