martes, 28 de abril de 2009

INVESTIGARÁN EL VACIAMIENTO: Reabren el caso Río Turbio



Fue una privatización menemista con apoyo del entonces gobernador Néstor Kirchner, en 1993. En 2004, 14 operarios murieron en su interior.

La Cámara Federal ordenó reabrir la causa que investigaba el vaciamiento de los yacimientos petrolíferos Río Turbio a manos de su último concesionario, Segio Taselli. En febrero de 2008, el juez Sergio Torres había dictado el sobreseimiento del empresario y del secretario de Energía –a cargo de controlar el cumplimiento del contrato–, Daniel Cameron. Los jueces de la Sala I firmaron un fallo el miércoles en cual anulan esta decisión y proponen el llamado a indagatoria del funcionario.

En 1993, el gobierno de Carlos Menem les otorgó a los hermanos Sergio y Alberto Taselli la concesión de esta mina santacruceña con 580 millones de toneladas de carbón en su interior. Era un contrato que aseguraba la venta de producción por una década y un subsidio de 16 millones de dólares por año. La decisión tenía el apoyo indiscutido del entonces gobernador, Néstor Kirchner.

Cuando los empresarios ingresaron a la mina, había cinco mil trabajadores. Cuando se fueron, nueve años después, quedaban sólo mil y una empresa arrasada. La desidia se convirtió en tragedia: en 2004 hubo catorce muertos por un accidente adentro de las cuevas de la mina con los obreros trabajando.

Ese accidente se investigó en la justicia provincial, pero el vaciamiento de la empresa llegó como denuncia penal a Comodoro Py en 2003. Según el escrito de la Cámara Federal, “la acusación se refiere a la existencia de posibles irregularidades durante el transcurso de la concesión”.

A pesar de que un informe oficial había acreditado el incumplimiento de contrato, en febrero de 2008 el juez Torres decidió dictar un sobreseimiento. Se basó en un informe pericial que declaraba la imposibilidad de verificar la existencia de los bienes recibidos por la concesionaria y de los subsidios entregados por el Estado porque, sencillamente, había desaparecido esa documentación.

El fiscal Federico Delgado apeló esa resolución argumentando que precisamente esa ausencia de papeles sumaba sospechas al caso. La Cámara le dio la razón: “Lejos de justificar el cierre definitivo de las actuaciones, constituye un motivo determinante para la prosecución (...) debido a que existe la posibilidad de que ese desorden administrativo haya obedecido en algún punto al incumplimiento deliberado”.

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SANTA CRUZ: La excusa justa

El proyecto de ley impulsado por el Gobernador Daniel Peralta para modificar la ley provincial 2249 es la excusa justa para allanarles el camino al gobierno nacional y más precisamente a Julio De Vido, en su intención por iniciar en la provincia la explotación de uranio zona de las Heras.

Esta modificatoria que busca el Ejecutivo es en realidad el paso previo y necesario para abrir la puerta, que la propia ley provincial impulsada por quien hoy es el presidente de Fomicruz mantenía cerrada con siete llaves, a los desarrollos uraníferos que tiene en agenda el gobierno nacional.

Nada es casual en Santa Cruz y mucho menos la construcción de un instrumento de este tipo en el marco de una discusión instalada en Santa Cruz donde se cuestiona al Estado provincial de estar fomentando la exploración y cateos de uranio con la intervención de Fomicruz, mientras que la Ley provincial en la materia prohíben los minerales radiactivos.

Indudablemente las últimas apariciones del presidente de Fomicruz Miguel Ángel Ferro, quien no pudo explicar en las entrevistas radiales esta contradicción de ser por un lado impulsor de una ley que prohíbe repositorios, manipulación y transporte de sustancias radiactivas (uranio) y por el otro la empresa que promueve e interviene en negociaciones, acuerdos y trabajos preliminares para la explotación en las Heras, ha generado esta idea de aparecer con una ley nueva, modificatoria de la 2249 para generar la idea de que el Estado ha decidido “controlar” y “puntualizar” todo este tema en un organismo específico, pero en realidad más allá de este pretendido ordenamiento, lo que se busca es construir la llave que necesita Julio De Vido para hacer realidad sus sueños, que algunos meses atrás adelantara el propio Diputado Nacional Manuel Córdoba cuando alentó la radicación de una usina de generación nuclear en territorio de la provincia.

Esto, junto con lo publicado en nuestra nota de ayer remata que todo este asunto tiene dos lecturas bien diferenciadas: una político-partidaria, donde se genera una suerte de castigo a un candidato opositor y otro político-estratégico donde se busca vulnerar una ley provincial a la vista de todos con una excusa que por ordinaria, resulta palpable.

Fomicruz y la CENEA no son garantía de nada y seguramente los legisladores del FPVS no dudarán en hacer lo que corresponde en la próxima sesión. (Agencia OPI Santa Cruz)