Argentina: Un ajuste de tuerca para el mega-saqueo

 

Una de las características particulares del contexto discursivo en lo económico y político de los llamados países en vías de desarrollo en estos últimos 30 años, es la insistencia de que debían generarse políticas de Estado en todos los ámbitos de la economía. Pero afinando la mirada sobre lo ocurrido a lo largo de todo este tiempo, vemos que en verdad, todas las políticas aplicadas en estos años, fueron políticas de Estado a largo plazo, hechas de manera que sucedan lo menos traumática desde un periodo a otro, incluido el periodo de facto desde el ’76 en adelante.

 
Por Ramón Gómez Mederos


En ese diseño de las políticas de estado, no escapa la estrategia de sucesión de dichos periodos; en esa correspondencia entre un periodo y otro, los acuerdos deconstruyeron todo viso de ideología (si es que la hay, en el sentido práctico) y se amalgamaron el interés y el lobby para que el sistema de conjunto no sea afectado por sobre toda las cosas.
Es en ese sentido que la proyección en el tiempo de estas políticas de estado trascienden las discusiones sobre lo democrático y sobre la soberanía de decisiones.
El plan nuclear argentino diseñado por la dictadura, sobrevivió en la democracia y quiso instalar en Argentina uno de los primeros repositorios nucleares del mundo en la localidad de Gastre, Chubut, e inicia en el país un proceso de resistencia que se entrelazaría directamente con el proyecto hegemónico de destinarnos como territorio proveedor de materia primas; es decir la fórmula de las políticas de estado estratégicas y a largo plazo reformuladas por la dictadura, correlacionaba directamente el proceso de facto con la naciente democracia, pero además, porque toda forma de extractivismo daña la naturaleza, ese momento de sucesión histórica desarrolla en los movimientos ambientales recién nacidos , esto de pensar la ecología y la historia de manera entrelazada(1), lo cual sirvió de base política de la resistencia a ese modelo de extracción.
La década del 90 continuó y ajustó finamente la sanción de leyes referidas al extractivismo en general, pero lo más fuerte fue la ley de inversiones mineras, la 24196, que inauguraba una seguidilla de políticas públicas que apuntaban al saqueo sistemático de la riqueza mineralógica nacional a favor de las transnacionales del rubro como nunca.
Pero la ratificación de la 24.196 a partir de febrero de 2003 hasta la fecha, necesitaba y necesita de un requisito fundamental a favor del capital transnacional, y es el agregado de complementariedades a la ley, lo que está certeramente estipulado desde el capítulo I de dicha ley hasta el capítulo VII por lo menos.
Su capítulo I deja marcada su intencionalidad estratégica, y la proyecta como política de estado a largo plazo; les concede estabilidad fiscal por 30 años desde iniciada la presentación del estudio de factibilidad. Pase lo que pase en el plano económico en Argentina en esos treinta años las transnacionales mineras no modificaran para abajo en un ápice su ganancia y rentabilidad, lo que hace que jueguen con total soltura ante sus accionistas, y por ende en el mercado de valores.
Pero el sector no se queda quieto; el lobby minero no deja de traccionar para anclar más ajuste de tuerca del rubro sobre el régimen actual.
Solamente en 2012, para comprender un poco el escenario que viene, participan en el mercado alrededor de 150 empresas extranjeras con concesiones privadas que alcanzan los 103.000 km2; según el Ministerio de Energía y Minería de la Nación en el último año se superaron los 730.000 metros de perforaciones.
Los números que se operaron en 2015, recientemente, ronda los 8500 millones de dólares de exportaciones, seguramente un valor que en la realidad está sub-dimensionado.
Los anuncios de Macri de liquidar las retenciones a las exportaciones mineras en Argentina, no pueden estar analizados si antes no medimos la escala estratégica que para el capital mundial tienen nuestros bienes naturales, y de cómo estos juegan en el juego de relaciones de fuerza de la geopolítica global. El anuncio es despreciable, justo en un momento en que la estrella de los andes del régimen de turno y del que se fue, Veladero, dejó el mayor desastre ecológico hasta ahora registrado en Argentina, y uno de los mayores en el mundo entero, al derramar, según la minera y el gobierno, 1,5 millones de litros de agua cianurada en el Río Jáchal, provincia de San Juan, estipulada por la propaganda oficial como provincia minera.
El anuncio, hecho desde la cordillera de los andes en Barreal, una localidad del departamento Calingasta, que sufre la contaminación del rio tributario Carnicería, ubicado en la cuenca del Río San Juan, principal rio de la provincia, por la minera del grupo transnacional Lucksic dueño de Pelambres, que explota la mina del lado chileno y que ha dejado una escombrera con material de desecho minero contaminado de 52,8 hectáreas del lado argentino, inclusive violando nuestra soberanía, afectando dicho rio y las vegas que se encuentran linderas.
Pero además el anuncio de Macri, en el marco de lo que el gobierno llama la Gesta Sanmartiniana, un evento que pretende rememorarla y en el cual hasta hubo una bandera canadiense, muestra la impunidad de los anuncios.
Mientras tanto en Jáchal un niño de 5 años sufre la contaminación con arsénico, plomo y mercurio en su sangre, y 5 localidades del departamento, Pampa Vieja, Tamberia, Villa Mercedes, La Represa, Huaco y la población de Mogna y sus cauces de agua son declaradas no aptas para el consumo humano.
Es evidente que Macri es una continuidad aceitada y armónica de un proceso que se erige en Nuestramerica sin distinción de banderas, mucho menos la nuestra.

* Secretario Adjunto de la CTA San Juan. Integrante del Espacio por el Agua de San Juan - * publicado en Agencia de Noticias CTA