Colombia: Burlados por gobierno y mineras, indígenas de la Sierra Nevada suspenden consultas previas
Arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos declararon en emergencia la Sierra Nevada de Santa Marta por la avalancha de solicitudes de proyectos minero-energéticos. Exigen al Gobierno una reunión de alto nivel.
Fuente: El Espectador
Por distintos caminos y desde diversos puntos de la Sierra Nevada de Santa Marta llegaron el pasado 11 de febrero más de 150 indígenas hasta el poblado de Chemesquemena, a una hora y media de Valledupar. Querían analizar, reflexionar y proponer soluciones a un problema que los está afectando “espiritual, material y físicamente”. De acuerdo con sus cálculos, hoy existen 395 proyectos minero-energéticos con títulos o a la espera de licencia para operar dentro de su territorio.
La reunión comenzó sobre las 9 de la mañana y, con algunas pausas para descansar y comer, se alargó hasta el atardecer del sábado. Los líderes de los cuatro pueblos que cohabitan en la Sierra Nevada: kankuamos, koguis, wiwas y arhuacos, expusieron ante los delegados del Ministerio del Interior todo su descontento por la avalancha de proyectos que cruzan los límites de la famosa Línea Negra, un trazado que desde 1974 marca los límites de su territorio. Si atendieran una a una cada solicitud de consulta previa para estos proyectos, calculan, les tomaría unos 200 años terminar la tarea.
Aunque aún ven en el presidente Juan Manuel Santos, a quien le entregaron el bastón de mando en 2012 en una ceremonia simbólica en la Sierra, a un posible aliado, insisten en que sus pueblos quedaron a la deriva: proyectos como Puerto Brisa, la represa Ranchería y el plan turístico Los Ciruelos se han atravesado en medio de sus territorios sagrados, sin que sus opiniones hayan sido tenidas en cuenta. El análisis de la situación los llevó a tomar la decisión de suspender su participación en todos los procesos de consulta previa que actualmente están en curso.
“Aunque sabemos que es un elemento esencial para garantizar nuestros derechos, sentimos que nos los han estado vulnerando. Por eso tomamos la decisión de suspender nuestra participación en los procesos hasta que el presidente Santos o el ministro Juan Fernando Cristo vengan hasta acá y nos aclaren si están dispuestos a armonizar sus leyes con nuestros derechos. Hasta ahora lo que sentimos es que primero está la ley del centro del país que nuestros derechos indígenas”, explicó desde Chemesquemena Jaime Arias, del cabildo kankuamo.
“Queremos aclarar –dijo José Mario Bolívar, representante de los wiwas– que no nos oponemos al desarrollo, como lo han querido hacer ver. Por el contrario, por el desarrollo es que tomamos esta decisión: creemos que no puede estar en contravía de las fuentes de agua, del aire y del territorio”.
Para él, las consecuencias de que se intervengan sus sitios sagrados van mucho más allá de la sequía que han padecido en estos últimos meses y que los tiene alarmados. “Están en juego nuestras fuentes de agua y las reservas de las que se surte toda la región. Pero además, está en juego el equilibrio de todo el territorio y de Colombia misma. Esa es la manera en que nosotros entendemos el papel que desempeña la Sierra Nevada”, dice.
Bolívar está de acuerdo en que la petición de las comunidades no consiste en terminar de un tajo los procesos de consulta previa. Pese a las dificultades que han tenido, sabe que representan un logro indígena que en varias ocasiones ha reconocido la Corte Constitucional y por esos sus sentencias son su mejor argumento para reclamarle al Gobierno acciones concretas.
“Los mamos están muy alarmados por esta situación. Están verdaderamente preocupados, porque si no acogen nuestras opiniones, están en juego nuestros territorios ancestrales. Lo que queremos es establecer un nuevo diálogo para que acordemos un camino en que sea posible el desarrollo, pero en que respeten y se protejan nuestros derechos. Infortunadamente en la reunión del viernes no llegamos a ningún acuerdo, así que la única alternativa fue tomar esa decisión hasta que nos reunamos con el ministro”, advirtió.
En su defensa, Álvaro Echeverri, director de consulta previa del Ministerio del Interior, explicó que la reunión se llevó a cabo en los mejores términos: “estoy de acuerdo y promuevo esa reunión para evaluar todos esos puntos y establecer un diálogo respetuoso con el ministro Cristo”. Sin embargo, discrepó de las cifras de los indígenas. “En el momento solo hay por convocar 14 consultas previas. En desarrollo hay siete. Hay solicitudes desde 2012 y 2013. Además, hay tres que ya se concertaron con empresas y se reanudarán después de que se adopte el protocolo de consulta previa. Pero no se trata de cientos de consultas. El año pasado los convocamos a tres y a ninguna asistieron”.
Echeverrí coincide en que estos procesos necesitan revisión permanente. Anunció que este lunes, luego de una reunión con el ministro, se tomará una decisión frente a la solicitud de los mamos. “Lo que está claro es que no vamos a tomar decisiones que violenten los derechos de las comunidades”, dijo.
Los indígenas tienen claros los temas pendientes con el gobierno: examinar la política minera en su territorio, un protocolo para los procesos de consulta previa, hacer un balance de los procesos de consulta previa en Colombia y evaluar cómo se han llevado a cabo en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Fuente: El Espectador
Por distintos caminos y desde diversos puntos de la Sierra Nevada de Santa Marta llegaron el pasado 11 de febrero más de 150 indígenas hasta el poblado de Chemesquemena, a una hora y media de Valledupar. Querían analizar, reflexionar y proponer soluciones a un problema que los está afectando “espiritual, material y físicamente”. De acuerdo con sus cálculos, hoy existen 395 proyectos minero-energéticos con títulos o a la espera de licencia para operar dentro de su territorio.
La reunión comenzó sobre las 9 de la mañana y, con algunas pausas para descansar y comer, se alargó hasta el atardecer del sábado. Los líderes de los cuatro pueblos que cohabitan en la Sierra Nevada: kankuamos, koguis, wiwas y arhuacos, expusieron ante los delegados del Ministerio del Interior todo su descontento por la avalancha de proyectos que cruzan los límites de la famosa Línea Negra, un trazado que desde 1974 marca los límites de su territorio. Si atendieran una a una cada solicitud de consulta previa para estos proyectos, calculan, les tomaría unos 200 años terminar la tarea.
Aunque aún ven en el presidente Juan Manuel Santos, a quien le entregaron el bastón de mando en 2012 en una ceremonia simbólica en la Sierra, a un posible aliado, insisten en que sus pueblos quedaron a la deriva: proyectos como Puerto Brisa, la represa Ranchería y el plan turístico Los Ciruelos se han atravesado en medio de sus territorios sagrados, sin que sus opiniones hayan sido tenidas en cuenta. El análisis de la situación los llevó a tomar la decisión de suspender su participación en todos los procesos de consulta previa que actualmente están en curso.
“Aunque sabemos que es un elemento esencial para garantizar nuestros derechos, sentimos que nos los han estado vulnerando. Por eso tomamos la decisión de suspender nuestra participación en los procesos hasta que el presidente Santos o el ministro Juan Fernando Cristo vengan hasta acá y nos aclaren si están dispuestos a armonizar sus leyes con nuestros derechos. Hasta ahora lo que sentimos es que primero está la ley del centro del país que nuestros derechos indígenas”, explicó desde Chemesquemena Jaime Arias, del cabildo kankuamo.
“Queremos aclarar –dijo José Mario Bolívar, representante de los wiwas– que no nos oponemos al desarrollo, como lo han querido hacer ver. Por el contrario, por el desarrollo es que tomamos esta decisión: creemos que no puede estar en contravía de las fuentes de agua, del aire y del territorio”.
Para él, las consecuencias de que se intervengan sus sitios sagrados van mucho más allá de la sequía que han padecido en estos últimos meses y que los tiene alarmados. “Están en juego nuestras fuentes de agua y las reservas de las que se surte toda la región. Pero además, está en juego el equilibrio de todo el territorio y de Colombia misma. Esa es la manera en que nosotros entendemos el papel que desempeña la Sierra Nevada”, dice.
Bolívar está de acuerdo en que la petición de las comunidades no consiste en terminar de un tajo los procesos de consulta previa. Pese a las dificultades que han tenido, sabe que representan un logro indígena que en varias ocasiones ha reconocido la Corte Constitucional y por esos sus sentencias son su mejor argumento para reclamarle al Gobierno acciones concretas.
“Los mamos están muy alarmados por esta situación. Están verdaderamente preocupados, porque si no acogen nuestras opiniones, están en juego nuestros territorios ancestrales. Lo que queremos es establecer un nuevo diálogo para que acordemos un camino en que sea posible el desarrollo, pero en que respeten y se protejan nuestros derechos. Infortunadamente en la reunión del viernes no llegamos a ningún acuerdo, así que la única alternativa fue tomar esa decisión hasta que nos reunamos con el ministro”, advirtió.
En su defensa, Álvaro Echeverri, director de consulta previa del Ministerio del Interior, explicó que la reunión se llevó a cabo en los mejores términos: “estoy de acuerdo y promuevo esa reunión para evaluar todos esos puntos y establecer un diálogo respetuoso con el ministro Cristo”. Sin embargo, discrepó de las cifras de los indígenas. “En el momento solo hay por convocar 14 consultas previas. En desarrollo hay siete. Hay solicitudes desde 2012 y 2013. Además, hay tres que ya se concertaron con empresas y se reanudarán después de que se adopte el protocolo de consulta previa. Pero no se trata de cientos de consultas. El año pasado los convocamos a tres y a ninguna asistieron”.
Echeverrí coincide en que estos procesos necesitan revisión permanente. Anunció que este lunes, luego de una reunión con el ministro, se tomará una decisión frente a la solicitud de los mamos. “Lo que está claro es que no vamos a tomar decisiones que violenten los derechos de las comunidades”, dijo.
Los indígenas tienen claros los temas pendientes con el gobierno: examinar la política minera en su territorio, un protocolo para los procesos de consulta previa, hacer un balance de los procesos de consulta previa en Colombia y evaluar cómo se han llevado a cabo en la Sierra Nevada de Santa Marta.
