Argentina: Salta y Neuquén, represiones contra pequeños productores y campesinos
La represión en Salta incluyó autos incendiados (por la propia policía), heridos de bala y campesinos presos.
El gobierno de Salta y la compañía petrolera Pan American Energy (PAE) se comprometieron a refaccionar escuelas y caminos en poblados del Valle de Acambuco, en el norte de la provincia, donde hace diez días fueron reprimidas familias de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) y otros vecinos durante una protesta en la que reclamaban esas mejoras.
El ministro de Producción de Salta, Martín de los Ríos, y el gerente regional de Relaciones Institucionales de PAE, Gastón Malbos, se comprometieron a realizar esas y otras obras en una reunión con representantes de la UTT y pobladores que concluyó el viernes 16 a primera hora de la tarde en Tartagal.
“El compromiso de refaccionar escuelas, caminos y en la provisión de agua, entre otras obras, se reflejó en el acta de la reunión y lo más importante es que el Ministro (De los Ríos) nos informó que sería liberado esta misma tarde Agustín Mayares, quien se encontraba detenido e incomunicado desde la protesta del miércoles 7 de julio”, relató Luis Rivero, referente salteño de la UTT, en declaraciones a Tierra Viva.
Del reclamo realizado el 7 de este mes en el acceso a una planta de compresión de gas de PAE en Macueta participaron unos 20 pobladores de diversos parajes del Valle de Acambuco, municipio de Aguaray (departamento de San Martín, a unos 50 kilómetros de Tartagal y próximo a la frontera con Bolivia).
Los manifestantes -entre ellos Mayares, del paraje Campo Largo- reclamaban a Pan American Energy y al gobierno provincial el cumplimiento de promesas de mejoras “en servicios públicos esenciales”, ya que el acceso “cada día es más difícil por el estado de los caminos y las familias pequeño productoras no pueden comercializar sus alimentos”, informó la UTT al denunciar la represión.
“Además, la Escuela albergue N° 4175 se encuentra en condiciones paupérrimas, no hay internet ni computadoras, los niños y niñas de la zona no pueden acceder al derecho básico de la educación. Desde la UTT realizamos tareas de refacción de la escuela en 2019 pero el abandono municipal y provincial es total”, añadió.
La policía de Salta reprimió con balas de goma
“Sin ninguna orden judicial, el Escuadrón Regional N°4 de la Infantería de Salta desplegó un operativo desproporcionado para dispersar a los pobladores reprimiendo con balas de goma e incendiándoles dos autos”, puntualizó.
Los vehículos se hallaban estacionados a distancias de entre dos y tres kilómetros de la protesta, fueron incendiados en el contexto de la operación represiva y testimonios recogidos por la UTT atribuyeron esos atentados a policías.
En cuanto al origen del reclamo, hace tres meses los pobladores habían llegado a un acuerdo con autoridades municipales para que se iniciaran obras de mejoras en caminos “para que puedan ingresar maestros y médicos a sus pueblos”, señaló la organización.
“Sin embargo, las obras se paralizaron a pedido de la empresa Pan American Energy por estorbar los planes de sus nuevos gasoductos. La misma empresa que hace más de 20 años se lleva nuestros bienes comunes expulsando a los antiguos pobladores que toda su vida cultivaron esas tierras que solían dar tabaco y frutales, entre otras producciones”, añadió la UTT.
Resistencia neuquina a orillas del Nahueve
En el norte de Neuquén, el presidente de la Comisión de Fomento Rural de Villa Nahueve, Carlos Burgos, desalojó por la fuerza al poblador Juan Antonio Sepúlveda. Se trata de una zona preciada por diferentes empresas para la construcción de una represa en el lecho del río Nahueve, perteneciente a la cuenca fluvial del río Neuquén. Organizaciones en defensa del Nahueve denunciaron que el miércoles 15 de julio Burgos, junto a 20 agentes municipales, “tiraron los muebles y pertenencias afuera de la casa y rompieron el alambrado del campo” donde los Sepúlveda habitan desde 1940. En los últimos días, la familia ya había realizado tres denuncias por usurpación, aunque la Fiscalía todavía no ordenó ninguna acción. En diálogo con Tierra Viva, Gisela Moreira, activista socioambiental neuquina, relató: “No hemos podido lograr que se ordene el desalojo de las personas que, tras la usurpación, están ocupando la vivienda; ni la restitución a Juan Antonio Sepúlveda». No hubo respuestas de la Fiscalía de turno, a cargo de Fernando Fuentes y de Natalia Rivera. Para Moreira, que es abogada de la Asamblea por el Agua del Norte Neuquino, “hay una complicidad del Poder Judicial para no garantizar la protección de los derechos de la familia Sepúlveda y para que la obra de represa del Nahueve avance”.
En junio pasado, cuatro familias campesinas de las localidades neuquinas de Bella Vista y Villa Nahueve fueron intimadas a desalojar sus territorios por el gobierno local. Suman 13 los grupos familiares perjudicados por el proyecto extractivista. A la presión que desde hace tiempo se cierne sobre los habitantes de la zona para que abandonen el lugar, ahora se suma el delito del funcionario público Burgos. Y el Poder Judicial no ofrece respuesta. “Hay un total desamparo de las personas que ven usurpadas sus viviendas y vulnerados sus derechos. Seguimos insistiendo pero ni el fiscal Fuentes, ni la fiscala Rivera ni el juez Carlos Choco están atendiendo nuestros pedidos”. En el juzgado de Choco hace once meses está a la espera un recurso de amparo presentado por las organizaciones de la zona para frenar las máquinas que construyen la represa. El proyecto de embalsar el Nahueve forma parte de uno de los 20 “microemprendimientos energéticos”, denominados así por el Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén, que se planifican realizar sobre la cuenca del río Neuquén con el fin de inyectar al sistema de interconexión nacional aproximadamente 3000 MW (4.6 Mw aportaría la represa del Nahueve). Esta serie de embalses incluye desvíos de los ríos para la construcción de canales cerrados con turbinas. Organizaciones socioambientales, entre ellas la Asamblea por el Agua del Norte Neuquino, cuestionan que la energía eléctrica no es una necesidad de los pobladores de esa región, que ya cuentan con electricidad. Argumentan que la obra “forma parte de un negocio empresarial para ampliar la producción del fracking y mineras que en los últimos años viene haciendo estragos en el ambiente: sismos, basureros petroleros, contaminación y muerte”. Y alertan sobre el peligro de sequía en la cuenca fluvial y la alteración de todo el ecosistema natural. La primera etapa de la obra de embalse fue adjudicada el 3 de junio del 2020 a la empresa Rovella Carranza en asociación con Industrias Metalmecánicas Especiales S.A. y Canteras CN Sapag, dado que presentaron la oferta más económica. A finales de julio de ese año empezaron a trabajar las máquinas, que dañaron la zona del Eltun (cementerio mapuche) junto al arroyo Caripil, comprendido dentro de la parcela de un poblador de quien se exhibe una supuesta autorización firmada por él, aunque no domina la lectoescritura. El 18 de agosto de 2020, asambleístas presentaron un amparo ambiental colectivo para frenar el avance de la obra. La jueza de Chos Malal hizo lugar al amparo pero no dispuso ninguna medida cautelar. La Asamblea apeló. La Cámara de Zapala -a cargo de Carlos Choco- demora pronunciarse sobre el recurso. Tal como informó Tierra Viva días atrás, las máquinas no sólo no se han detenido, sino que además se proyecta construir una segunda represa con un paredón de 50 metros de alto y 300 hectáreas bajo agua.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/salta-y-neuquen-represiones-contra-pequenos-productores-y-campesinos/
