“Que no se vuelva a repetir”: la familia de Berta Cáceres pide a la UE responsabilidad en sus inversiones para evitar más crímenes contra activistas
Fondos europeos financiaron el asesinato de la líder comunitaria hondureña en 2016, según un informe independiente. Sus allegados exigen a varios países supervisar el destino real de su dinero y las actividades de sus socios en el Sur Global: Diez años después del asesinato de su madre, la activista hondureña Berta Cáceres, por oponerse a un proyecto hidroeléctrico en las tierras de su comunidad, Bertha Zúñiga Cáceres está convencida de que una supervisión más minuciosa de las inversiones extranjeras en países del Sur Global es esencial para evitar futuras muertes de defensores de los derechos humanos. Así lo ha repetido en estos días a autoridades de la Unión Europea, Holanda, España, Alemania, Suiza e Italia.
BEATRIZ LECUMBERRI
“Esa es nuestra lucha ahora, además de trabajar por el fin de la negligencia del Gobierno de Honduras. Para evitar que crímenes así vuelvan a repetirse”, dice Zúñiga a este periódico a su paso por Madrid, donde se reunió con autoridades y organizaciones de la sociedad civil.
La familia, la comunidad lenca a la que Cáceres pertenecía y los expertos que presentaron hace seis meses un informe independiente encargado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los entresijos de su asesinato, insisten en que la estructura que lo financió “no se ha desmantelado” y la impunidad prevalece y todo eso multiplica las preguntas sobre cómo Europa elige y hace un seguimiento a sus proyectos en países como Honduras.
“Se ha puesto sobre la mesa la responsabilidad de los bancos de desarrollo en el respeto a los derechos fundamentales en los diferentes lugares en los que operan”, estima Pedro Biscay, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) en Buenos Aires y uno de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que realizó la investigación en Honduras.
Porque el plan hidroeléctrico Agua Zarca tenía financiación europea y hubo fondos desembolsados por el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que “fueron desviados y utilizados para financiar un conjunto de actividades ilícitas vinculadas a la gestión violenta del conflicto territorial, y, en última instancia, el asesinato de Berta Cáceres”, según este informe.
“Los expertos lograron probar que el crimen fue pagado con el dinero de estos bancos internacionales que estaba destinado al desarrollo de Honduras, pero terminó en manos de los sicarios”, asegura a este periódico en Madrid Camilo Bermúdez, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización fundada por Berta Cáceres.
Más control en los proyectos
El informe traza, con una precisión casi cinematográfica, el rastro del dinero, desde su desembolso por parte del FMO hasta el centro comercial donde se entrega a quienes mataron a Cáceres. “Quedó demostrado además que los bancos sabían que había violencia y persecución contra las comunidades lencas, ya que la propia Berta Cáceres les había informado por escrito, pidiéndoles que no financiaran el proyecto”, agrega Biscay. “Es un precedente, una advertencia de peso para que Europa sea mucho más rigurosa en los proyectos en países emergentes”, insiste el experto.
El banco FMO respondió por correo electrónico a las preguntas de este periódico y subrayó que “lamenta profundamente” su participación en el proyecto Agua Zarca y que el asesinato de Cáceres es “un episodio negro” en la historia del banco.
Desde 2016, se han tomado “medidas concretas para reforzar la gobernanza con el fin de evitar que una tragedia de este tipo vuelva a producirse en relación con los proyectos que financiamos”, aseguró el banco. Esas medidas incluyen mejoras en el Marco de política de sostenibilidad del FMO, una ampliación significativa del departamento de aspectos ambientales y sociales, que ahora cuenta con expertos especializados en derechos humanos, y la apertura de oficinas locales para profundizar en la comprensión de los contextos locales.
Biscay apunta que en ocasiones los contratos financieros entre entidades extranjeras y socios locales para proyectos de este tipo ”suelen redactarse con cláusulas que permiten eludir o flexibilizar algunos compromisos”. Por ejemplo, en el caso del proyecto Agua Zarca, había, en el papel, exigencias de respeto medioambiental, de prevención del fraude o de defensa de los derechos de las comunidades, pero en la práctica “se podían suplir con informes blanqueados por auditores externos”, según Biscay.
Para llevar a cabo el proyecto, la empresa hondureña Desa pidió un préstamo de 44 millones de euros, distribuidos entre el FMO (15 millones), el BCIE (24,4 millones) y el Fondo de inversiones finlandés FinnFund (5 millones canalizados a través del FMO). En el momento del asesinato de Cáceres, FMO administraba el préstamo lo cual “vinculó al proyecto con instituciones multilaterales y de desarrollo europeas”. Hasta el asesinato de Cáceres fueron desembolsados 18 millones de dólares y, según el informe de expertos, más de 12 fueron objeto de desvíos o manejos irregulares.
“Todos los mecanismos de control de instituciones financieras fallaron”, lamenta Bermúdez. “Había solicitudes de desembolso de fondos con el nombre de una empresa y el número de cuenta era de otra. Nadie verificó eso. El dinero, en vez de ir a una constructora iba a otra compañía y luego se le iba perdiendo la pista”. Tras el crimen, FMO y FinnFund se retiraron de Agua Zarca y el proyecto quedó interrumpido.
Un desafío para inversiones europeas
Biscay lamenta que la “estrategia del actual Gobierno de Honduras haya sido desconocer las conclusiones del informe de los expertos y también pasar por alto la continuidad política del Estado, es decir, las decisiones del ejecutivo precedente. ”Es una mala idea obviar resultados tan objetivos y tan contundentes. No se puede tapar el sol con las manos”, asegura.
Por el asesinato de Cáceres hay ocho hombres presos, pero la familia no lo considera resuelto mientras los autores intelectuales no rindan cuentas, señalando especialmente a la familia Atala Zablah, una de las más pudientes de América Central que tenía las riendas de Desa. “Las personas que ordenaron su asesinato no han sido llevadas antes la justicia”, insiste Bertha Zúñiga.
Tanto la familia como los expertos subrayan además que esto “es un desafío importante” por ejemplo para iniciativas como la europea Global Gateway, que nació para contrarrestar la influencia que China ejerce en el mundo con la llamada Nueva Ruta de la Seda y aúna capital público y privado en infraestructuras clave en África, América Latina y el sudeste asiático. Esta manera de invertir, que no existía cuando Cáceres fue asesinada, ha querido encarnar una nueva forma de cooperación sustentada en valores democráticos y de sostenibilidad. En más de cuatro años de existencia, ha logrado movilizar más de 306.000 millones de euros, según cifras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la última reunión del grupo a finales de 2025 en Bruselas.
De hecho FMO está involucrado en varios proyectos del Global Gateway, como el Fondo de la Iniciativa Global de Bonos Verdes (GGBI, por sus siglas en inglés), una nueva herramienta de inversión público-privada destinada a movilizar hasta 20.000 millones de euros de capital privado para proyectos de infraestructura sostenible en países de renta baja y media.
Biscay explicó que durante su viaje por Europa, se reunieron con autoridades holandesas y responsables del banco FMO a los que presentaron los hallazgos del informe sobre la malversación de fondos, las sociedades pantalla o las cuentas offshore. “Les pedimos que colaboren con el COPINH y den acceso a los registros financieros porque la verdad tiene que ser conocida. Pero nos dijeron que no podían”, cuenta el experto.
Biscay admitió que no sintió ni en las autoridades ni en los responsables del banco dieran un paso adelante para lograr alguna reparación o reconocimiento pleno de la verdad. “Pero espero que esto ocurra en algún momento”, confió.
El banco subrayó también su compromiso en participar en un fondo de reparación que lleve el nombre de Berta Cáceres, pero matizó que siguen esperando “cómo contribuir a este proyecto ya que no han recibido ninguna solicitud formal hasta el momento”.
Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/2026-06-25/que-no-se-vuelva-a-repetir-la-familia-de-berta-caceres-pide-a-la-ue-responsabilidad-en-sus-inversiones-para-evitar-mas-crimenes-contra-activistas.html - Imagen de ‘portada: Bertha Zúñiga Cáceres, hija de la activista hondureña asesinada Berta Cáceres, en Zaragoza el 15 de junio de 2026. MARCOS CEBRIÁN
