INVASIÓN MINERA Y RESISTENCIA CIUDADANA









Las empresas Barrick y Exploraciones Mineras SA, ambas concesionarias de la explotación del proyecto minero "Pascua Lama", consiguieron, del Juez Federal de San Juan, la suspensión en la aplicación de la Ley de Preservación de Glaciares, que se sancionó luego de un intenso debate en el Congreso de la Nación, terciando entre las empresas mineras, el gobierno de San Juan, los grupos ambientalistas y provincias cordilleranas cuyas existencias dependen en gran medida del agua de los glaciares. Por cierto, la provincia de San Juan adhirió al pedido de suspensión en defensa de la autodeterminación constitucional sobre sus recursos. En contraposición la "Fundación Ciudadanos Independientes", una ONG con fines ambientales, pidió el rechazo de la medida de suspensión presentándose en el expediente. Pero fue excluida por el juez y también por la Corte. Luego de suspender la aplicación de Ley de Preservación de los Glaciares, el juez se declaró incompetente y remitió el expediente a la Corte Suprema.
Los juristas consultados por la suspensión de esta ley nacional, entienden que "la Corte mantiene la suspensión y considera que el objeto del proceso no tiene que ver con la prevención del medio ambiente ni con un eventual perjuicio que pudiera causarse o con la reparación de un daño producido a aquel bien colectivo, sino que se pretende tutelar derechos que se relacionarían con el interés directo de Barrick y Exploraciones Mineras". Además, sostiene que hay conflicto entre el Estado provincial y la Nación, por regular esta última de manera extrema los recursos naturales, en violación a facultades reservadas de la Provincia en dominio y explotación.
Lo extraño es que la resolución no establece plazo en la suspensión de la ley de Glaciares, no permite la gestión de la ONG y deja en manos provinciales la no aplicación inmediata.
Éste no es un dato menor, en tanto Mendoza se sumó en el debate nacional a una estricta conducta de preservación de los glaciares y de prohibición de explotaciones en las áreas blancas y de los llamados periglaciares (glaciares de escombro), que en nuestra región abastecen entre el 60 y el 70% del agua de nuestros ríos principales cuando hay sequía o cuencas deprimidas en las altas cumbres.
La provincia se pronunció por la prohibición y un estricto control -en uso de facultades federales incluso- de todo proyecto de explotación en zonas de glaciares. Además, dispuso cumplir con uno de los preceptos de la Ley nacional, la evaluación exacta o censo de los glaciares y ámbitos periglaciares, para diseñar su política de preservación y la política industrial, turística u obras de infraestructura (puentes, caminos, túneles, etc). Por eso se firmó un convenio con el Cricyt, el Ianigla y la UNCuyo, asignando recursos y técnicos para la inmediata realización de ese censo.
La Corte, en definitiva, prioriza en esta puja de intereses el de las provincias -en este caso de San Juan, en coincidencia con los de las empresas mineras- como dueñas del recurso y les reconoce dominio, manejo y decisiones sobre su cuidado y explotación, postergando el criterio de una política nacional acordada en el Congreso para preservar, como política del Estado del país, el celoso cuidado de los glaciares y de las fuentes naturales de agua dulce, escasa y en crisis de abastecimiento.
Es de esperar que Mendoza ratifique, ante esta decisión judicial, su opción por el más celoso de los cuidados sobre sus glaciares -por otra parte en claro retroceso en sus dimensiones- y complete lo antes posible el censo exacto de sus fuentes de agua, priorizándolas por sobre intereses particulares
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El valle de Calamuchita se moviliza para evitar la explotación minera a cielo abierto y alerta sobre la posible contaminación de la principal cuenca de agua de la provincia. El valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, está movilizado. Los pobladores de la región consideran que su principal capital de desarrollo, el turismo, está en peligro a partir de la intención de la empresa Complejo Minero Cerro Blanco S.A. de explotar yacimientos del emblemático Cerro Blanco, ubicado al oeste del Río Durazno, jurisdicción de Villa Yacanto de Calamuchita. Este proyecto pone en jaque a la cuenca hídrica más importante de la provincia, ya que de concretarse podría contaminar el caudal de los siete embalses que proveen de agua potable a toda Córdoba. La zona está en la mira de la explotación minera desde hace varios años. En 2003 se pretendió reiniciar la actividad, pero ante una férrea resistencia vecinal se logró dar marcha atrás a tales pretensiones. Toda la provincia de Córdoba es rica en minerales y en las Sierras Grandes seduce la extracción de cuarzo, feldespato, mica, berilio y tantalio-columbita, algunos de los cuales tienen una pureza del 99 por ciento. "Los vamos a volver a frenar. Si es necesario me planto frente a las máquinas", dijo Alejandro Martín uno de los lugareños de Villa Yacanto, que también participó de la anterior cruzada comunal. Los vecinos se reunieron con las autoridades locales y provinciales, y decidieron convocarse en asamblea permanente para hacer oír sus reclamos.
Las razones por las que se oponen
La minera promete una inversión de 3 millones de dólares, la generación de al menos 20 puestos de trabajo y el compromiso de no contaminar. Para los lugareños el medio ambiente no se negocia. El impacto económico que promete la minera es superado hoy por el conjunto de inversores turísticos y ganaderos ya instalados en la región. "En el hipotético caso de que ésta se transforme en una región minera, muchísimas inversiones quedarían truncas, ya que la minería y el turismo no son compatibles. El turismo es un recurso renovable; la minería, no", dijo el secretario de Gobierno Municipal, Juan Pablo Perucca. El referente ambientalista de Calamuchita Fabián Carbia explicó los costos ecológicos de la explotación minera a cielo abierto que se pretende impulsar. "Los sedimentos llegarían al río del Durazno, uno de los tributarios del Río Grande, el cual forma la represa Hidroeléctrica Cerro Pelado. Aguas abajo se forma el embalse Arroyo Corto, luego este curso de agua es uno de los afluentes del Embalse de Río Tercero, la represa de mayor superficie de la provincia, junto al río Santa Rosa y Quillinzo, que conforma el Río Tercero (curso de agua más importante de la provincia)", manifestó el ambientalista. Desde la cooperativa eléctrica local también se pronunciaron en contra del emprendimiento, entre otras cosas, porque la minera demandaría un consumo equivalente al doble de lo que se genera en la actualidad. "Es como dar energía a dos Yacantos y esa infraestructura no está disponible", explicó el presidente de la cooperativa, Rodolfo Musumeci. Además de perjudicar la cuenca con residuos, Carbia habló de contaminación sonora por los ruidos de las explosiones. Por estas horas, los vecinos del valle juntan firmas para elevarlas a la Legislatura provincial. Piden una normativa que declare a las Sierras de los Comechingones libre de minería.
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La Legislatura fueguina sancionó el proyecto que versa sobre la aplicación a la actividad minera de los principios ambientales preventivos, precautorios y de equidad intergeneracional establecidos en la Ley nacional 25.675 (Ley General del Ambiente), así como el principio de desarrollo sostenible establecido en la Ley provincial 55, Medio Ambiente.
Entre el articulado, aprobado por unanimidad esta tarde, la norma propone "garantizar el uso racional y sustentable de los recursos naturales; protege los recursos hídricos provinciales y compartidos; mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; asegurar la conservación de la diversidad biológica; prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades mineras puedan generar sobre el ambiente" entre otras disposiciones.
Asimismo, prohíbe "los procesos de cateo, prospección, exploración, explotación, beneficio e industrialización in situ, cualquiera sea el método extractivo utilizado" y la "la explotación de minerales metalíferos con la modalidad a cielo abierto de gran escala."
La Ley sancionada establece que será la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, quien se ocupe de regular el cumplimiento de la misma.
Se reguló que quienes exploten concesiones mineras deben "contar, antes del inicio de la actividad, con un seguro o garantía de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pueda producir. Este seguro o garantía deberá guardar proporcionalidad con el costo de mitigación y recupero del ambiente y los ecosistemas que puedan resultar degradados durante la actividad".
FONDO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL
La Ley aprobada, crea también el Fondo de Restauración Ambiental, que busca "la instrumentación de acciones de reparación del ambiente afectado por las actividades mineras de primera categoría al momento del cierre de la mina" y "se constituirá con aportes de los concesionarios equivalentes al cinco por ciento (5%) del monto total de la inversión propuesta. En el caso de los productores artesanales y pequeños, podrán optar por un seguro de caución".

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Tratamiento mediático del proyecto San Jorge. Tendencioso, vergonzoso, mentiroso y dañino o dañino y vergonzoso por mentiroso y tendencioso. ¿No se enteraron o pretenden ocultarlo? Revisen su propia documentación y verán:
La minería y específicamente el tratamiento de la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge es el tema más tratado y participado  de Mendoza, a excepción de la ley de ordenamiento territorial, que entre otras cosas  se demoró porque también incluyó con fuerza la minería y el agua. La discusión se inició y se mantiene en las calles y en asambleas de vecinos desde el 2003, pero arrastrados por estas involucró a los partidos políticos,  agrupaciones barriales, sectores académicos, a las universidades, los ámbitos científicos, gremios, grupos  estudiantiles, círculos empresariales,  la Dirección General de Escuelas,  la Iglesia Católica, las comunidades originarias y hasta en la cultura  mendocina, ese lugar profundo donde solo prenden y echan raíces los temas que hacen vibrar el alma. Pasó por muchísimas etapas de participación y evaluación: petitorios y reclamos  vecinales con miles y miles de firmas, manifestaciones en ruta, ayunos, acampes; denuncias e investigaciones administrativas y judiciales ( vergonzosas porque nunca se resolvió el tema de fondo), foros y charlas en toda la provincia,  por la evaluación de organismos independientes involucrados según lo dispuesto por la ley 7722 y por la municipalidad de Las Heras en sus informes sectoriales, por el cuestionamiento de otros municipios  que debieron y no fueron consultados, por la evaluación de la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (representada mayoritariamente  por funcionarios subordinados al sector pro minero),  por la evaluación y crítica del Consejo Provincial del Ambiente (con dos dictámenes contradictorios), paso la etapas de consulta pública con una cantidad de opiniones y objeciones no contestadas jamás vista  en Mendoza, por  una audiencia pública histórica y multitudinaria con cientos de oradores. Aunque se sostenga  que se rechaza solo por cuestiones ambientales, la verdad es que el proyecto se logró poner en debate desde lo formal y administrativo, pasando por  lo social, lo económico, lo técnico, lo ideológico, lo político, lo ético religioso y el marco legal y regulatorio.
¿Poca participación y discusión? Después de este proceso de tres años, una vez redactada la DIA,  ya en la legislatura,  pasaron  casi seis meses más de debate en un plenario de cinco comisiones legislativas  (histórico, jamás visto, jamás soñado)   en los que con toda la documentación en la mano, se permitió la expresión los sectores pro  y contra mineros ante el permanente seguimiento de la comunidad. ¿Poco debate, poca seriedad, rechazo sin razones? Más de 140 objeciones formales,  técnicas, ambientales y éticas graves, muchas de las cuales  rayan lo delictivo, y masivas, sucesivas y crecientes (en cantidad y rigurosidad) manifestaciones populares son evaluadas por periodistas y empresarios claramente interesados en la actividad como  tema resuelto con poca participación y evaluación seria. Señores, revisen la historia,  verán que nunca un tema mantuvo mayor debate y por tanto tiempo como el tema minero y nunca la legislatura mantuvo, por la vigilia de la comunidad, tan cuidadoso debate como en este caso.  El proceso ha sido histórico y marca un hito sin antecedentes de participación y compromiso en los que la sociedad, especialmente los jóvenes,  obligaron a los sectores mediáticos y  políticos a mantener en agenda permanente un tema  que se prefería tratar entre pasillos, sillones y sospechas de billeteras.
El proyecto San Jorge y la minería metalífera han sido debatidos y rechazados por la comunidad mendocina y la legislatura se vió forzada a ratificar la voluntad popular largamente expresada. Los sectores afines a la actividad y algunos funcionarios no pudieron  justificar sus mediocres razones y deberían responder judicialmente por su falsedad y mediocridad  en documentación pública presentada.  Ciudadanos comunes y  aportes académicos y científicos desbarataron todo un proceso seudo científico y comunicacional  con el que se pretendió justificar socialmente un proyecto y una actividad dañina cada vez más cuestionada y  rechazada en todo el mundo. Los sectores pro mineros perdieron la pulseada por su propia incapacidad, por menospreciar a la comunidad y porque sus argumentos  son falsos.
¿Poca seriedad? Poco serio seria aprobar una actividad  tan largamente cuestionada por los dueños de los recursos que se pretende explotar y  con tantas objeciones. Se rechazó porque es  malo, porque no sirve, porque no conviene a Mendoza. Y el debate debe continuar, no solo porque  hay que terminar de tirar las leyes  mineras  que permiten y fomentan  el despojo sino porque es verdad que existe una enorme e invaluable riqueza común  en nuestra cordillera que debe ser inteligente y responsablemente administrada y nos debemos el debate y el compromiso social. Falta mucho por hacer. Y no me refiero al mineral. Me refiero al agua.
Daniel Funes – Orgullosamente: un vecino de a pie.
Publicadas en: noalamina.org

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