Recursos en juego: Extranjeros toman el control de tierras claves para la producción de alimentos





Los chinos se aseguraron cereales de dos valles de Río Negro por 20 años. Y los árabes empezarán a cultivar en El Impenetrable. El Congreso se apresta a debatir frenos a la extranjerización del suelo.


Los últimos valles de clima templado del Cono Sur aún sin explotar, rociados por el agua pura del Río Negro, perderán su virginidad: ahora los pondrán a parir toneladas de cereales, que no serán para alimentar a los argentinos con necesidades básicas insatisfechas, sino que partirán hacia China durante los próximos 20 años. Es lo que acaban de pactar, bajo polémicas condiciones y sin aval legislativo, el gobierno de Río Negro y una gigantesca empresa estatal china: la concesión de 330.000 hectáreas a cambio de 1.500 millones en inversiones.

Es apenas un caso de miles que se producen en estos momentos en un mundo que busca asegurarse los alimentos para los próximos 50 años, luego de una década en que vio mermar drásticamente la disponibilidad de las superficies cultivables, la pesca marítima, los bosques y el agua potable.

Expertos en geografía humana de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, definen este proceso como una “fiebre por la tierra”, que tiene componentes productivos y también especulativos, dos factores que se verifican en la Argentina. Es por eso que el Congreso planea discutir, desde el próximo miércoles, los proyectos que intentan frenar el proceso de extranjerización de la tierra y proteger el agua y las riquezas del suelo argentino.

“En el caso de Río Negro, comprometimos el uso de superficies privadas, no fiscales, con la idea de aprovechar para el riego el agua que hoy estamos tirando, unos 900 metros cuadrados por segundo”, fue la justificación que dio el gobernador Miguel Saiz, un radical K que apeló a una frase insólita: “Yo no tengo un bidón y un embudo gigante para juntar esa agua, que termina en el mar”.
Hay una canción de León Gieco que se llama El embudo y es una crítica a la extracción sin freno de los recursos naturales y el petróleo del país. Tiene un verso elocuente, que dice: “Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún ‘sudoructo’”.

Es que la soberanía, en el contexto mundial de codicia por suelos fértiles, no es hoy una cuestión de hitos de hormigón armado o estacas de madera colocadas en los 9.376 kilómetros de frontera, sino una cuestión geopolítica interior.

Las tierras de América fueron las que menos se degradaron por actividades como el desmonte, el desvío de los ríos y la sobreexplotación. Un 11% de deterioro entre los años 1945 y 2000, contra el 23% de Europa y África y el 21% de Asia, según reportes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (la FAO, por la sigla en inglés). Es el organismo que prevé, para los próximos 15 años, un aumento de casi el 40% de la demanda mundial de cereales, en paralelo a un descenso del 30% de las cosechas en los países en desarrollo.

Es por eso que el suelo argentino es demandado desde distintos países, como Arabia Saudita, que acaba de asegurarse la explotación de 30.000 hectáreas en el Chaco, con posibilidad de extenderse a 200.000 en total en la zona de El Impenetrable, una región de monte nativo en la llanura provincial. A cambio, el grupo árabe Al Khoraref pondrá 400 millones de dólares y se quedará con la producción, para un plan de seguridad alimentaria en su país. “Queremos darle valor agregado a tierras improductivas”, se atajó el gobernador kirchnerista Jorge Capitanich.

El potencial es enorme. En la última campaña de siembra en la Argentina, se utilizaron 30 millones de hectáreas, que se podrían estirar a 35 millones de hectáreas en el futuro cercano.

Pero ya hay siete millones de hectáreas en manos de extranjeros o sociedades de otra nacionalidad, “aunque la cifra podría llegar a 17 millones”, indicó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez,
El panorama es más amplio y diverso. Firmas chinas explotan latifundios en Santa Fe y construyen un puerto en Rosario para llevarse su soja. Empresarios malayos compraron tierras aptas en la bellísima Malargüe, con fósiles y volcanes incluidos. La Cordillera de los Andes, útero de los ríos más transparentes, fue desafectada de la protección especial que tienen las zonas de frontera y la minería internacional encontró el atajo justo para avanzar. Hasta el lago Escondido, rico en truchas patagónicas, fue cercado por el magnate inglés Joe Lewis, junto a un cartel que decía “Propiedad Privada”.

Es que las medidas para detener la extranjerización y el uso concentrado de la tierra, luego de la década menemista, el caos de la Alianza y ocho años de administración kirchnerista, dejan que desear.

El proyecto de ley que auspicia la Casa Rosada para atender parte del problema sucede a otros nueve que nunca tuvieron apoyo legislativo desde agosto de 2002, cuando la Federación Agraria Argentina (FAA) planteó por primera vez el tema en el Congreso (ver Cuestionan el proyecto oficial...)

Un documento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca advierte que “se registra en nuestro país, y en otros países con tierras aptas para la producción, un fuerte proceso de adquisición de grandes extensiones por parte de capitales financieros transnacionales, el que se vio intensificado en los últimos años, a raíz de la especulación desatada con motivo de la variación de los precios de los productos primarios en el mercado internacional”.

“Nuestro país -admite el informe- no es ajeno a este proceso de adquisición o de interés por adquirir grandes superficies de tierras rurales. Prueba de ello es que, a partir de la década del 90, habrían pasado a manos de capitales extranjeros tierras rurales en 19 de nuestras provincias”.

Desde el regreso de la democracia, en 1983, nadie se preocupó por hacer un relevamiento exacto de cuántas tierras fueron vendidas a personas o empresas de otro país y qué recursos naturales quedaron en peligro. Clarín advirtió esta falencia en enero de 2010, en una nota titulada “El Gobierno no sabe cuántas tierras de frontera pertenecen a extranjeros”, pero poco se hizo desde entonces.

Ahora son las superficies potencialmente fértiles las que preocupan y el proyecto de ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, el primero que pidió aprobar la presidenta Cristina Kirchner luego del respaldo que obtuvo en las urnas el 14 de agosto, propone hacer el primer Registro Nacional de Tierras Rurales. Con suerte, estará recién para el año que viene, si las provincias comparten la información catastral.

La iniciativa oficial establece que el dominio u ocupación extranjera sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, definidas como “todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localización o destino”, no debe superar el 20 % del total. Habrá debate, porque no están claras las superficies que se toman como referencia y las estimaciones oficiales son difusas.

“Los topes del 20 por ciento de posesión extranjera y de 1000 hectáreas para cada comprador de otro país son demasiado altos. Yo creo que ningún extranjero debería poseer tierras argentinas, como sucede en algunos estados de EE.UU, países de Europa y Japón”, opina la historiadora Elsa Bruzzone, autora del libro “Las guerras del agua”.

El Gobierno, que dice haber hecho un cotejo con las legislaciones de Brasil, España, Francia, Italia, Canadá y también de Estados Unidos, asegura que, si se sanciona su proyecto quedarán protegidas “más de 200 millones de hectáreas aptas para la producción de alimentos y servicios ambientales”. La superficie del país, sin contar la Antártida, supera los 278 millones de hectáreas. Sólo a modo de dato gráfico, el 20 por ciento de esa superficie es equivalente a 45 veces las islas Malvinas.

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