Empresas españolas en territorio indígena
SoluZiona, CSI o Gas Natural Fenosa son algunas de las multinacionales que operan en la construcción de grandes presas
Diego JiménezDiagonal
La presencia de multinacionales en Latinoamérica para la explotación de recursos naturales es cada vez mayor. Muchas de estas transnacionales son españolas y provocan graves daños ambientales y el desplazamiento de los pueblos originarios de la zona. La Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (Codpi) ha llevado a cabo recientemente un estudio que denuncia la implicación de las empresas españolas en Latinoamérica.
En Barro Blanco, Panamá
En la comarca Ngöbe-Buglé, en Panamá, se lleva a cabo el proyecto de la presa de Barro Blanco, que prevé la inundación de las tierras comunales anexas pertenecientes a los indígenas ngöbe buglé, que desplazará a millares de habitantes locales y tendrá graves impactos sobre miles de personas más que dependen del río para conseguir agua y alimentos.
Los movimientos sociales locales denuncian que las comunidades afectadas no fueron consultadas y que el estudio de impacto ambiental cuenta con información falsa. La compañía promotora es Generadora del Istmo S.A. (Genisa), entidad creada ad hoc en 2006 que ha actuado intimidando a los propietarios locales, según recogen diversas denuncias. Las empresas españolas participantes en el proyecto fueron: Soluziona y CSI, que elaboraron el estudio de la presa; y Novotec Consultores y Aenor, que elaboraron los informes para la aprobación de la represa.
En Guatemala, Hidroeléctrica Q'amb’alam se encuentra en el municipio de Barillas. Allí opera la empresa Hidro Santa Cruz, sociedad participada y gestionada por Hidralia Energía, fundada en 2006 en A Coruña como una compañía de ingeniería, consultoría y desarrollo de proyectos. La compañía gallega fue creada “para ofrecer a sus clientes un servicio global de proyectos hidroeléctricos abarcando estudios y diseños así como gestión, proceso de aprobación, obtención de licencias y financiación”.
Actualmente, la empresa tiene contratos en varios países de América Latina como Ecuador, Venezuela, Honduras, Nicaragua y Guatemala. En mayo de 2011, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala concedió a Hidro Santa Cruz una autorización para la construcción de la Hidroeléctrica Canbalam I. Este permiso da vía libre a la instalación de una unidad generadora con capacidad de 4.998 Mw, así como una subestación. El proyecto contaría además con una línea de transmisión de una longitud de 5 km. La empresa construye un cerco con malla y postes en el que se colocan minas antipersona.
Aunque la represa está aún en fase de construcción, ya ha provocado importantes conflictos en la región, incluyendo la muerte de un dirigente comunitario. Tras estos hechos, el Gobierno guatemalteco declaró Estado de sitio en la región y encarceló durante ocho meses a nueve líderes comunitarios opuestos a la construcción de la represa.
Gas Natural Fenosa
En Guatemala también se encuentra las hidroeléctricas El Puente, en el departamento de Chiquimula, San Luis, departamento de El Quiché, y Cahabón 10, departamento de Alta Verapaz. Allí, los proyectos para tres hidroeléctricas fueron entregados a la empresa Generación Limpia de Guatemala (GLG), subsidiaria de Gas Natural Fenosa. Ninguno de estos proyectos fue consultado con los pueblos mayas de la región y ya han causado graves impactos sociales como amenazas y enfrentamientos para conseguir la venta de tierras en una región donde ya existe una gran problemática en torno a la propiedad de la tierra.
Otro proyecto es el de la Hidroeléctrica de El Volcán, en el departamento de Alta Verapaz, operada por la empresa Generación Limpia de Guatemala. Gas Natural Fenosa vendió sus activos a un fondo de inversión británico (Actis) en 2011, aunque la mayor parte de las violaciones de derechos se produjeron cuando GLG aún era propiedad de la empresa española.
