Confirman que la minera Los Pelambres será juzgada en la Argentina por contaminación
Pelambres (del Grupo Luksic), con operaciones en Chile, había construido una escombrera en territorio cordillerano perteneciente a San Juan, traspasando los límites fronterizos y sin ningún permiso de las autoridades locales. La Justicia Federal de San Juan rechazó el planteo elaborado por la minera chilena Los Pelambres sobre la supuesta falta de jurisdicción de los tribunales argentinos para actuar en una causa por contaminación ambiental, por lo que la firma será juzgada en el país.
La firma había informado por escrito a autoridades chilenas que recién había tomado conocimiento en abril de 2011 que se encontraba trabajando en territorio argentino, según la carta de Pelambres al Ministerio de RREE de Chile de septiembre de 2011 que ahora obra en expedientes judiciales y administrativos.
Sin embargo, un nuevo informe técnico demostró que Pelambres continuó depositando en San Juan material proveniente de su yacimiento chileno con posterioridad a abril de 2011, es decir, con conocimiento de que lo hacía en Argentina.
El informe técnico que obra en los expedientes administrativos y judiciales (civiles y penales) que tramitan por este conflicto, y que fue preparado por una consultora sanjuanina, habla del depósito -entre mayo 2011 y enero 2012- de cientos de miles de toneladas de residuos y de unos 400 neumáticos usados.
Así Pelambres y sus directivos ven agravada su situación frente a la legislación argentina, ya que continuaron con el depósito de residuos en San Juan con pleno conocimiento de estar traspasando el límite fronterizo, según los expedientes.
La gravedad del tema está despertando el interés de las ONGs y de políticos habitualmente críticos de la industria minera, que recurren a la Justicia a fin de exigir de los funcionarios el cumplimiento de sus obligaciones.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ha publicado en su página web (http://farn.org.ar/pedidos-de-informe-2016) las notas que ha presentado recientemente ante los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Ambiente, y de Energía y Minería de Argentina, solicitando acceso a toda la información vinculada a este tema.
FARN hace referencia a la contaminación causada por la escombrera de Pelambres y a que la provincia de San Juan habría firmado un acuerdo con dicha empresa en lugar de exigirle, como corresponde, la remoción de la escombrera de territorio sanjuanino.
Fuente: Terra
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Los correos que complican a la ministra de Minería de Chile en cadena de favores a minera
¿Por qué funcionarios de gobierno presentaron como propias de SERNAGEOMIN las conclusiones de un informe privado sobre contaminación costeado por Antofagasta Minerals? El Ciudadano revela instrucciones de la titular de la cartera, Aurora Williams, para distribuir los antecedentes cuestionados.
Junio de 2015 representó un mes complejo para la ex gerente de Administración y Finanzas del Terminal Internacional del Grupo Luksic. Convertida en ministra, Aurora Williams tomaba nota de las quejas de la empresa suiza de materias primas Glencore, suscitadas por un documento firmado por su entonces jefe de gabinete, Adolfo Galindo, que certificaba la “buena fe” de Antofagasta Minerals (AMSA) en el marco de un conflicto judicial que dicho holding enfrentaba en Argentina.
Cuando el subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, dispuso investigar el hecho ante publicaciones realizadas por The Clinic, la mina Los Pelambres de Luksic llevaba años botando pilas de neumáticos y desechos de roca provenientes del yacimiento ubicado en la Región de Coquimbo hacia el otro lado de la frontera, sin que ello fuera objetado por autoridades chilenas.
El vertimiento hecho en terrenos del proyecto minero “Pachón” de Glencore, en la provincia de San Juan del vecino país, motivó que la multinacional, representada en Chile por la lobista Verónica Baraona, actual directora de Enami, abriera una causa civil y otra penal en tribunales sanjuaninos, buscando perseguir la responsabilidad de AMSA por invadir su propiedad al expandirse temerariamente al noroeste.
La firma había informado por escrito a autoridades chilenas que recién había tomado conocimiento en abril de 2011 que se encontraba trabajando en territorio argentino, según la carta de Pelambres al Ministerio de RREE de Chile de septiembre de 2011 que ahora obra en expedientes judiciales y administrativos.
Sin embargo, un nuevo informe técnico demostró que Pelambres continuó depositando en San Juan material proveniente de su yacimiento chileno con posterioridad a abril de 2011, es decir, con conocimiento de que lo hacía en Argentina.
El informe técnico que obra en los expedientes administrativos y judiciales (civiles y penales) que tramitan por este conflicto, y que fue preparado por una consultora sanjuanina, habla del depósito -entre mayo 2011 y enero 2012- de cientos de miles de toneladas de residuos y de unos 400 neumáticos usados.
Así Pelambres y sus directivos ven agravada su situación frente a la legislación argentina, ya que continuaron con el depósito de residuos en San Juan con pleno conocimiento de estar traspasando el límite fronterizo, según los expedientes.
La gravedad del tema está despertando el interés de las ONGs y de políticos habitualmente críticos de la industria minera, que recurren a la Justicia a fin de exigir de los funcionarios el cumplimiento de sus obligaciones.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ha publicado en su página web (http://farn.org.ar/pedidos-de-informe-2016) las notas que ha presentado recientemente ante los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Ambiente, y de Energía y Minería de Argentina, solicitando acceso a toda la información vinculada a este tema.
FARN hace referencia a la contaminación causada por la escombrera de Pelambres y a que la provincia de San Juan habría firmado un acuerdo con dicha empresa en lugar de exigirle, como corresponde, la remoción de la escombrera de territorio sanjuanino.
Fuente: Terra
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Los correos que complican a la ministra de Minería de Chile en cadena de favores a minera
¿Por qué funcionarios de gobierno presentaron como propias de SERNAGEOMIN las conclusiones de un informe privado sobre contaminación costeado por Antofagasta Minerals? El Ciudadano revela instrucciones de la titular de la cartera, Aurora Williams, para distribuir los antecedentes cuestionados.
Junio de 2015 representó un mes complejo para la ex gerente de Administración y Finanzas del Terminal Internacional del Grupo Luksic. Convertida en ministra, Aurora Williams tomaba nota de las quejas de la empresa suiza de materias primas Glencore, suscitadas por un documento firmado por su entonces jefe de gabinete, Adolfo Galindo, que certificaba la “buena fe” de Antofagasta Minerals (AMSA) en el marco de un conflicto judicial que dicho holding enfrentaba en Argentina.
Cuando el subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, dispuso investigar el hecho ante publicaciones realizadas por The Clinic, la mina Los Pelambres de Luksic llevaba años botando pilas de neumáticos y desechos de roca provenientes del yacimiento ubicado en la Región de Coquimbo hacia el otro lado de la frontera, sin que ello fuera objetado por autoridades chilenas.
El vertimiento hecho en terrenos del proyecto minero “Pachón” de Glencore, en la provincia de San Juan del vecino país, motivó que la multinacional, representada en Chile por la lobista Verónica Baraona, actual directora de Enami, abriera una causa civil y otra penal en tribunales sanjuaninos, buscando perseguir la responsabilidad de AMSA por invadir su propiedad al expandirse temerariamente al noroeste.
La acusación que complicó más a Pelambres – toda vez que en Argentina los delitos ambientales son investigados por juzgados ordinarios y no especiales, como sucede en Chile – apunta a la contaminación que habría ocasionado la escombrera Cerro Amarillo en aguas colindantes al depósito.
Para comprobar lo anterior, Glencore encargó un informe a la consultora URS Aecom, la cual señaló que en el lugar donde hoy se emplaza el botadero de Luksic existían varias lagunas y que eso constituye “un impacto ambiental directo sobre los cuerpos de agua ubicados en territorio argentino”.
El laboratorio detectó además que el material vertido, por sus características mineralógicas, representa un foco potencial de generación de aguas ácidas capaces de provocar la desaparición de la fauna fluvial y la “pérdida de los recursos hídricos por disminuir su calidad de forma tal que no es apta para el consumo humano, agrícola o industrial”. El estudio no logró identificar actividades de monitoreo de agua superficial o subterránea por Los Pelambres ni la aplicación de medidas de manejo.
Conocidas estas conclusiones por el Juzgado Federal Nº 1 de San Juan, la negación de fuentes contaminantes de Cerro Amarillo por Luksic y sus abogados (a la cabeza de ellos el asesor chileno en La Haya, Andrés Jana) sufrió un duro traspié. Esto se agudizó cuando la justicia trasandina quitó validez a la carta dirigida a AMSA por quien fuera la mano derecha de Williams en el gabinete.
El hecho fue interpretado como un trato preferente al dueño del Banco de Chile, también cuestionado ese mismo año por entregar un millonario crédito a la nuera de la Presidenta Bachelet.
ENTRE CUATRO PAREDES “Ignacio, te pido que nos reunamos mañana lunes 23 de marzo a las 9.30 hrs a fin de ver la situación de Pelambres-Pachón. Me interesa analizar desde el principio”, versa el correo que envió la ministra Williams al subsecretario de Minería el domingo 22 de marzo de 2015.
El mensaje fue la antesala de una reunión que se efectuó más tarde, el día 24, y que no fue registrada oportunamente en la plataforma de la Ley del Lobby, según dispone la normativa que obliga a informar las audiencias solicitadas por gestores de intereses privados a autoridades públicas si con ello se pretende influir en ellas para adoptar decisiones favorables a entidades particulares.
A la convocatoria asistieron representantes de AMSA de Luksic, el mencionado Andrés Jana y Soledad Alvear, ex canciller del gobierno de Ricardo Lagos que dio el visto bueno a Pelambres con visita aérea incluida del mandatario. La otrora senadora de la DC trabaja ahora como “abogada externa” del grupo económico y previamente ocupó un asiento en el directorio de Canal 13, propiedad del mismo consorcio, junto a otros personeros de la Concertación.
Como reveló The Clinic leyendo una declaración voluntaria vertida por Jana en el sumario administrativo que sancionó al jefe de gabinete de Williams por extender la carta de “buena fe” que la minera presentó después a la judicatura argentina, el abogado manifestó que la cita en cuestión “fue realizada a través de Soledad Alvear, por medio de la ministra”.
Agregó que en ella “se encontraban presentes la Sra. Ministra de Minería, el Sr. Subsecretario de Minería, el Director de SERNAGEOMIN, el Jefe de Gabinete de la Sra. Ministra de Minería, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, ambos de apellido Pozo, y funcionarios del Ministerio del Interior de apellidos Candia y el segundo cuyo nombre en este momento no recuerdo”.
Según Jana, fue en ese contexto que el subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, realizó una presentación en Power Point para exponer los resultados de una toma de muestras de agua de dos lagunas argentinas cercanas al botadero, efectuada en una visita del 30 de enero de 2015 por el Grupo de Trabajo Binacional Temporal (GTBT) creado para propiciar una solución entre Glencore y AMSA al amparo del Tratado Minero Chileno-Argentino.
De acuerdo a esta versión, allí se discutieron dos cosas: la posibilidad de que la empresa pidiera los resultados de ese monitoreo, que por lo expresado por Moreno había descartado la presencia de drenaje ácido desde la escombrera, y en segundo lugar, la necesidad de contar con una comunicación del Ministerio que confirmara que Pelambres “había actuado en la construcción y operación del botadero Cerro Amarillo con los debidos permisos otorgados por las autoridades chilenas y que, por lo tanto, su conducta siempre había sido de buena fe”.
Cabe señalar como primer problema que el informe aludido en la exposición del subsecretario Moreno había sido hecho por un laboratorio contratado por Luksic, SGS, y no por SERNAGEOMIN.
En marzo de 2016, luego de una solicitud vía Ley de Transparencia realizada por este periódico a fin de aclarar la ruta que siguió el informe de SGS al interior del Ministerio de Minería, la cartera se negó a entregar una copia del sumario administrativo que sancionó a Adolfo Galindo por responder a las solicitudes del abogado Jana, y que según éste último fueron acordadas en presencia de su jefa, la ministra Williams.
Para justificar la censura, el subsecretario (s) Felipe Curia aludió a una oposición escrita del funcionario castigado y a presuntos impedimentos relacionados con el “interés nacional”, ya que tocaba materias que afectarían a Chile y Argentina y por ende se debía “respetar el principio de cooperación entre los Estados en las relaciones internacionales, de manera de evitar cualquier tensión entre éstos”.
Pese a esta dificultad, El Ciudadano accedió por otras fuentes a las declaraciones vertidas en el proceso interno y advirtió contradicciones evidentes sobre el origen y distribución del informe del laboratorio privado SGS, pagado por AMSA, que Galindo devolvió a la empresa de Luksic a través de Jana con el timbre del Ministerio de Minería y una nota de puño y letra que decía “recibí conforme”.
Según explicó en el proceso, realizó esto último para que dar cuenta que esas copias habían sido entregadas a él por el director de SERNAGEOMIN.
LAS PAUTAS DE AMSA
A las 8:36 horas del 5 de abril de 2015, desde su cuenta awilliams@minmineria.cl, la ministra Aurora Williams escribió (foto arriba) al subsecretario Moreno y al encargado de la División Jurídica lo siguiente:
“Ignacio M., se envió el resultado de laboratorio de las aguas que se iban a examinar al Subse Argentino, Gobernador de San Juan e Intendente de la IV????? El viernes debió haber ingresado la solicitud de estos resultados vía transparencia. Felipe Curia: puedes ver si ingresó esta solicitud???”
El correo da cuenta de dos cosas: que Williams manejaba una fecha tentativa para el ingreso de la solicitud de AMSA y la existencia de una preocupación especial de su parte por satisfacer los requerimientos discutidos en la cita del 24 de marzo. Pese a esto, el Ministerio ha insistido en que no adquirió “compromisos de ningún tipo” en dicha reunión con la empresa.
El 28 de abril, Rodrigo Álvarez, director de SERNAGEOMIN, a través de su cuenta rodrigo.alvarez@sernageomin.cl, se coordina con Aurora Williams para hacer una videoconferencia con el entonces embajador de Chile en Argentina, Marcelo Díaz, actual ministro vocero de gobierno y ex parlamentario por el Distrito Nº7 de Coquimbo, región de Pelambres. “Puede ser mañana a las 16:30 hrs. u hoy, pero como a las 22:00 hrs”, le responde Williams.
El correo dirigido a Williams adjunta otro enviado esa misma mañana a Álvarez desde la cuenta mdiazm@minrel.cl (foto arriba), donde el ahora titular de Segegob confirma la recepción del informe de SGS financiado por Luksic, documento que anteriormente había sido solicitado por la cabeza de SERNAGEOMIN a Gustavo Possel, de la vicepresidencia de Medio Ambiente de Antofagasta Minerals, los días 14 y 15 de abril.
Según otros intercambios electrónicos adosados al sumario, se trata de la misma copia que Rodrigo Álvarez remitió al subsecretario Moreno y éste a Galindo, quien finalmente la entregó a Jana en compañía de la carta de “buena fe”, dando inicio a la polémica.
En el expediente queda también al descubierto que la información contenida en el Power Point exhibido el 24 de marzo por el subsecretario Moreno provino de Antofagasta Minerals. En su declaración, Moreno manifestó que sólo se ajustó a lo informado telefónicamente por el director de SERNAGEOMIN de que esas muestras correspondían a otras levantadas en diciembre de 2014, y no a las de SGS.
“En relación a la foto de la presentación, ésta la obtuve de un set de fotografías que no recuerdo si me las mandaron desde el SERNAGEOMIN o si me las mandó el encargado ambiental de AMSA”, testimonió Rodrigo Urquiza, encargado de asuntos internacionales del Ministerio que elaboró el ppt. La imagen que aparece en la cuestionada lámina es la misma que consta en el informe de SGS.
Más adelante, la jefa del Departamento de Gestión Ambiental y Cierre de Faenas Mineras, Ana Luisa Morales, confirma que por “petición de Rodrigo Urquiza… solicité vía correo electrónico al Sr. Possel (de AMSA) los resultados de las muestras que SGS había tomado para la empresa en la visita del 30 de enero de 2015… Entendí que lo que se me requería desde el Ministerio era sólo para efectos informativos”.
De la petición a Possel hay constancia en un correo de Morales de fecha 23 de marzo, en el cual explica: “me están solicitando un análisis”.
Desde su cuenta de correo electrónico, el empleado del holding minero de Luksic contesta adjuntando un breve instructivo de cómo leer los datos que arrojó SGS y agrega: “Qué otro comentario necesitarías? Voy saliendo de viaje hoy, para entretenerme haré un comentario más general, localización, qué se busca, qué implica, etc, está bien?”
Cuando se tornó evidente que el “trato preferente” a Luksic podía implicar a funcionarios de mayor jerarquía, la fiscal administrativa y profesional a contrata de SERNAGEOMIN, Doris Roa, se inhabilitó. En su lugar fue designado Sergio Hernández, vicepresidente de Cochilco. Hernández sólo aplicó una medida disciplinaria a Galindo, estimando innecesario efectuar careos o pedir cuentas a la titular de Minería aludida por Jana.
SILENCIO CHILENO, GRITO ARGENTINO
Para comprobar lo anterior, Glencore encargó un informe a la consultora URS Aecom, la cual señaló que en el lugar donde hoy se emplaza el botadero de Luksic existían varias lagunas y que eso constituye “un impacto ambiental directo sobre los cuerpos de agua ubicados en territorio argentino”.
El laboratorio detectó además que el material vertido, por sus características mineralógicas, representa un foco potencial de generación de aguas ácidas capaces de provocar la desaparición de la fauna fluvial y la “pérdida de los recursos hídricos por disminuir su calidad de forma tal que no es apta para el consumo humano, agrícola o industrial”. El estudio no logró identificar actividades de monitoreo de agua superficial o subterránea por Los Pelambres ni la aplicación de medidas de manejo.
Conocidas estas conclusiones por el Juzgado Federal Nº 1 de San Juan, la negación de fuentes contaminantes de Cerro Amarillo por Luksic y sus abogados (a la cabeza de ellos el asesor chileno en La Haya, Andrés Jana) sufrió un duro traspié. Esto se agudizó cuando la justicia trasandina quitó validez a la carta dirigida a AMSA por quien fuera la mano derecha de Williams en el gabinete.
El hecho fue interpretado como un trato preferente al dueño del Banco de Chile, también cuestionado ese mismo año por entregar un millonario crédito a la nuera de la Presidenta Bachelet.
ENTRE CUATRO PAREDES “Ignacio, te pido que nos reunamos mañana lunes 23 de marzo a las 9.30 hrs a fin de ver la situación de Pelambres-Pachón. Me interesa analizar desde el principio”, versa el correo que envió la ministra Williams al subsecretario de Minería el domingo 22 de marzo de 2015.
El mensaje fue la antesala de una reunión que se efectuó más tarde, el día 24, y que no fue registrada oportunamente en la plataforma de la Ley del Lobby, según dispone la normativa que obliga a informar las audiencias solicitadas por gestores de intereses privados a autoridades públicas si con ello se pretende influir en ellas para adoptar decisiones favorables a entidades particulares.
A la convocatoria asistieron representantes de AMSA de Luksic, el mencionado Andrés Jana y Soledad Alvear, ex canciller del gobierno de Ricardo Lagos que dio el visto bueno a Pelambres con visita aérea incluida del mandatario. La otrora senadora de la DC trabaja ahora como “abogada externa” del grupo económico y previamente ocupó un asiento en el directorio de Canal 13, propiedad del mismo consorcio, junto a otros personeros de la Concertación.
Como reveló The Clinic leyendo una declaración voluntaria vertida por Jana en el sumario administrativo que sancionó al jefe de gabinete de Williams por extender la carta de “buena fe” que la minera presentó después a la judicatura argentina, el abogado manifestó que la cita en cuestión “fue realizada a través de Soledad Alvear, por medio de la ministra”.
Agregó que en ella “se encontraban presentes la Sra. Ministra de Minería, el Sr. Subsecretario de Minería, el Director de SERNAGEOMIN, el Jefe de Gabinete de la Sra. Ministra de Minería, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, ambos de apellido Pozo, y funcionarios del Ministerio del Interior de apellidos Candia y el segundo cuyo nombre en este momento no recuerdo”.
Según Jana, fue en ese contexto que el subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, realizó una presentación en Power Point para exponer los resultados de una toma de muestras de agua de dos lagunas argentinas cercanas al botadero, efectuada en una visita del 30 de enero de 2015 por el Grupo de Trabajo Binacional Temporal (GTBT) creado para propiciar una solución entre Glencore y AMSA al amparo del Tratado Minero Chileno-Argentino.
De acuerdo a esta versión, allí se discutieron dos cosas: la posibilidad de que la empresa pidiera los resultados de ese monitoreo, que por lo expresado por Moreno había descartado la presencia de drenaje ácido desde la escombrera, y en segundo lugar, la necesidad de contar con una comunicación del Ministerio que confirmara que Pelambres “había actuado en la construcción y operación del botadero Cerro Amarillo con los debidos permisos otorgados por las autoridades chilenas y que, por lo tanto, su conducta siempre había sido de buena fe”.
Cabe señalar como primer problema que el informe aludido en la exposición del subsecretario Moreno había sido hecho por un laboratorio contratado por Luksic, SGS, y no por SERNAGEOMIN.
En marzo de 2016, luego de una solicitud vía Ley de Transparencia realizada por este periódico a fin de aclarar la ruta que siguió el informe de SGS al interior del Ministerio de Minería, la cartera se negó a entregar una copia del sumario administrativo que sancionó a Adolfo Galindo por responder a las solicitudes del abogado Jana, y que según éste último fueron acordadas en presencia de su jefa, la ministra Williams.
Para justificar la censura, el subsecretario (s) Felipe Curia aludió a una oposición escrita del funcionario castigado y a presuntos impedimentos relacionados con el “interés nacional”, ya que tocaba materias que afectarían a Chile y Argentina y por ende se debía “respetar el principio de cooperación entre los Estados en las relaciones internacionales, de manera de evitar cualquier tensión entre éstos”.
Pese a esta dificultad, El Ciudadano accedió por otras fuentes a las declaraciones vertidas en el proceso interno y advirtió contradicciones evidentes sobre el origen y distribución del informe del laboratorio privado SGS, pagado por AMSA, que Galindo devolvió a la empresa de Luksic a través de Jana con el timbre del Ministerio de Minería y una nota de puño y letra que decía “recibí conforme”.
Según explicó en el proceso, realizó esto último para que dar cuenta que esas copias habían sido entregadas a él por el director de SERNAGEOMIN.
LAS PAUTAS DE AMSA
A las 8:36 horas del 5 de abril de 2015, desde su cuenta awilliams@minmineria.cl, la ministra Aurora Williams escribió (foto arriba) al subsecretario Moreno y al encargado de la División Jurídica lo siguiente:
“Ignacio M., se envió el resultado de laboratorio de las aguas que se iban a examinar al Subse Argentino, Gobernador de San Juan e Intendente de la IV????? El viernes debió haber ingresado la solicitud de estos resultados vía transparencia. Felipe Curia: puedes ver si ingresó esta solicitud???”
El correo da cuenta de dos cosas: que Williams manejaba una fecha tentativa para el ingreso de la solicitud de AMSA y la existencia de una preocupación especial de su parte por satisfacer los requerimientos discutidos en la cita del 24 de marzo. Pese a esto, el Ministerio ha insistido en que no adquirió “compromisos de ningún tipo” en dicha reunión con la empresa.
El 28 de abril, Rodrigo Álvarez, director de SERNAGEOMIN, a través de su cuenta rodrigo.alvarez@sernageomin.cl, se coordina con Aurora Williams para hacer una videoconferencia con el entonces embajador de Chile en Argentina, Marcelo Díaz, actual ministro vocero de gobierno y ex parlamentario por el Distrito Nº7 de Coquimbo, región de Pelambres. “Puede ser mañana a las 16:30 hrs. u hoy, pero como a las 22:00 hrs”, le responde Williams.
El correo dirigido a Williams adjunta otro enviado esa misma mañana a Álvarez desde la cuenta mdiazm@minrel.cl (foto arriba), donde el ahora titular de Segegob confirma la recepción del informe de SGS financiado por Luksic, documento que anteriormente había sido solicitado por la cabeza de SERNAGEOMIN a Gustavo Possel, de la vicepresidencia de Medio Ambiente de Antofagasta Minerals, los días 14 y 15 de abril.
Según otros intercambios electrónicos adosados al sumario, se trata de la misma copia que Rodrigo Álvarez remitió al subsecretario Moreno y éste a Galindo, quien finalmente la entregó a Jana en compañía de la carta de “buena fe”, dando inicio a la polémica.
En el expediente queda también al descubierto que la información contenida en el Power Point exhibido el 24 de marzo por el subsecretario Moreno provino de Antofagasta Minerals. En su declaración, Moreno manifestó que sólo se ajustó a lo informado telefónicamente por el director de SERNAGEOMIN de que esas muestras correspondían a otras levantadas en diciembre de 2014, y no a las de SGS.
“En relación a la foto de la presentación, ésta la obtuve de un set de fotografías que no recuerdo si me las mandaron desde el SERNAGEOMIN o si me las mandó el encargado ambiental de AMSA”, testimonió Rodrigo Urquiza, encargado de asuntos internacionales del Ministerio que elaboró el ppt. La imagen que aparece en la cuestionada lámina es la misma que consta en el informe de SGS.
Más adelante, la jefa del Departamento de Gestión Ambiental y Cierre de Faenas Mineras, Ana Luisa Morales, confirma que por “petición de Rodrigo Urquiza… solicité vía correo electrónico al Sr. Possel (de AMSA) los resultados de las muestras que SGS había tomado para la empresa en la visita del 30 de enero de 2015… Entendí que lo que se me requería desde el Ministerio era sólo para efectos informativos”.
De la petición a Possel hay constancia en un correo de Morales de fecha 23 de marzo, en el cual explica: “me están solicitando un análisis”.
Desde su cuenta de correo electrónico, el empleado del holding minero de Luksic contesta adjuntando un breve instructivo de cómo leer los datos que arrojó SGS y agrega: “Qué otro comentario necesitarías? Voy saliendo de viaje hoy, para entretenerme haré un comentario más general, localización, qué se busca, qué implica, etc, está bien?”
Cuando se tornó evidente que el “trato preferente” a Luksic podía implicar a funcionarios de mayor jerarquía, la fiscal administrativa y profesional a contrata de SERNAGEOMIN, Doris Roa, se inhabilitó. En su lugar fue designado Sergio Hernández, vicepresidente de Cochilco. Hernández sólo aplicó una medida disciplinaria a Galindo, estimando innecesario efectuar careos o pedir cuentas a la titular de Minería aludida por Jana.
SILENCIO CHILENO, GRITO ARGENTINO
El Ciudadano pidió una entrevista con el director de SERNAGEOMIN, Rodrigo Álvarez, pero éste sólo aceptó contestar preguntas por escrito. En un cuestionario le consultamos si recibió instrucciones de la ministra Williams para solicitar el informe de SGS a AMSA. Evitando responder sobre aquello, y afirmando que el servicio nunca validó ese estudio, sugirió que todas las consultas en detalle fueran hechas al gabinete del Ministerio de Minería.
La ministra Aurora Williams también declinó ser entrevistada por este medio. A través de su jefa de prensa, declaró igualmente por escrito que “las acciones de esta Secretaría de Estado no tienen como objetivo favorecer a empresas privadas” y que “ante potenciales dudas con respecto al proceder del Ministerio de Minería, instamos a efectuar las denuncias ante los organismos pertinentes”.
En su breve respuesta, Williams declinó comentar si hubo coordinaciones directas con Soledad Alvear para concretar la reunión del 24 de marzo. Tampoco se refirió a los motivos por los que pidió el envío de resultados que favorecían a Pelambres a las autoridades extranjeras mencionadas en su correo.
Al otro lado de la cordillera, el abogado ambientalista Diego Segui realiza gestiones para que representantes del Congreso Nacional Argentino intervengan en el caso, estimando que “claramente la empresa Luksic fue favorecida por las autoridades del Ministerio de Minería de Chile”.
La causa penal por eventual contaminación provocada por Cerro Amarillo en Argentina “está totalmente paralizada, sin que se haya procesado a nadie”, explicó. En tanto, la arista civil intenta concluirse con el ignominioso convenio suscrito por Glencore y AMSA con el aval del gobierno de San Juan, que compromete un “aislamiento ambiental y sustentable” de la escombrera con retiro de los neumáticos depositados y su traslado a territorio chileno.
Para Segui, tratándose de “un conflicto internacional, lo que se requiere es la intervención del gobierno federal, especialmente del Congreso”. En conversaciones para aquello estaría el senador por la ciudad de Buenos Aires, Fernando Solanas, y la diputada por la provincia del mismo nombre, Margarita Stolbizer.
Fuentes consultadas para este reportaje afirmaron que lo anterior, obedezca a una serie de negligencias o derechamente a un actuar doloso de funcionarios públicos en beneficio de privados, siembra mayor incertidumbre sobre el futuro político de la ministra Aurora Williams si La Moneda procede a realizar un nuevo cambio de gabinete.
Fuente: El Ciudadano - Imagen: Funcionarios de Minería, embajador Marcelo Díaz y representantes de Antofagasta Minerals visitan el botadero Cerro Amarillo (30 de enero de 2015). Fuente: noalamina.org
La ministra Aurora Williams también declinó ser entrevistada por este medio. A través de su jefa de prensa, declaró igualmente por escrito que “las acciones de esta Secretaría de Estado no tienen como objetivo favorecer a empresas privadas” y que “ante potenciales dudas con respecto al proceder del Ministerio de Minería, instamos a efectuar las denuncias ante los organismos pertinentes”.
En su breve respuesta, Williams declinó comentar si hubo coordinaciones directas con Soledad Alvear para concretar la reunión del 24 de marzo. Tampoco se refirió a los motivos por los que pidió el envío de resultados que favorecían a Pelambres a las autoridades extranjeras mencionadas en su correo.
Al otro lado de la cordillera, el abogado ambientalista Diego Segui realiza gestiones para que representantes del Congreso Nacional Argentino intervengan en el caso, estimando que “claramente la empresa Luksic fue favorecida por las autoridades del Ministerio de Minería de Chile”.
La causa penal por eventual contaminación provocada por Cerro Amarillo en Argentina “está totalmente paralizada, sin que se haya procesado a nadie”, explicó. En tanto, la arista civil intenta concluirse con el ignominioso convenio suscrito por Glencore y AMSA con el aval del gobierno de San Juan, que compromete un “aislamiento ambiental y sustentable” de la escombrera con retiro de los neumáticos depositados y su traslado a territorio chileno.
Para Segui, tratándose de “un conflicto internacional, lo que se requiere es la intervención del gobierno federal, especialmente del Congreso”. En conversaciones para aquello estaría el senador por la ciudad de Buenos Aires, Fernando Solanas, y la diputada por la provincia del mismo nombre, Margarita Stolbizer.
Fuentes consultadas para este reportaje afirmaron que lo anterior, obedezca a una serie de negligencias o derechamente a un actuar doloso de funcionarios públicos en beneficio de privados, siembra mayor incertidumbre sobre el futuro político de la ministra Aurora Williams si La Moneda procede a realizar un nuevo cambio de gabinete.
Fuente: El Ciudadano - Imagen: Funcionarios de Minería, embajador Marcelo Díaz y representantes de Antofagasta Minerals visitan el botadero Cerro Amarillo (30 de enero de 2015). Fuente: noalamina.org
