Argentina: Ecocidio, genocidio, politicidio

En los últimos 30 años, en el territorio argentino se talaron más de 8 millones de hectáreas de bosques, fundamentalmente en las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe. Todo ello en beneficio de una minoría de latifundistas y corporaciones voraces que no trabajan la tierra, sino que la explotan y contaminan. Y cuyas consecuencias inmediatas y directas son las inundaciones cíclicas en pampas y ciudades y el aumento de los índices de mortalidad.

 
Y entre las consecuencias indirectas ­y apenas más lentas de esta tragedia ecológica, hay que apuntar las forzadas migraciones de millares de campesinos y chacareros, con el consecuente vaciamiento de comunidades, entre ellas pueblos originarios, cuyos miembros acaban hacinados en villas miserias llamadas eufemísticamente "barrios carenciados" y en las cuales imperan drogas, malditas policías, punteros políticos, hambre y desnutrición.

Las consecuencias políticas y económicas de semejante tragedia son innumerables, e incluyen no sólo el deterioro de la calidad de la tierra, sino también el desplazamiento y riesgo de extinción de las faunas autóctonas y el colapso de industrias como la melera, catástrofe económica y social para un país que hasta hace poco fue tercer productor y exportador mundial de miel de alta calidad.
De todo esto no se habla en la política vernácula, o se habla poco y confuso para así frenar las medidas que neutralizarían el desastre que ya tenemos encima: urge declarar una emergencia forestal implacable que detenga definitiva y firmemente todos los desmontes, sin excepciones provinciales y haciendo un nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos.

Aunque nunca faltan interesados y/o irresponsables que procuran morigerar estas afirmaciones, la verdad es que se trata de una decisión política de vida o muerte para las generaciones venideras, pero no las de otros siglos; sino la de nuestros hijos. Porque la biodiversidad exige proteger consistentemente a faunas y floras autóctonas y a pueblos originarios, que son los verdaderos garantes del aire que respiramos y el agua que bebemos.
Si no se cuida el ambiente, la sola inacción aumenta el calentamiento global y la desertificación. Y éste no es un problema de cada país ni mucho menos de cada provincia. Mantener segmentadas las posibles soluciones, que jamás se cumplen, es parte del lento suicidio de la especie humana. Eso se llama “ecocidio” y se relaciona con la pandemia que hoy padece el planeta y que es ya una luz roja -–no amarilla–- para el sistema económico, político, social, cultural y vital de la humanidad.
El drama específico, hoy, es que esa segmentación, y los arreglos extrajudiciales multimillonarios de las compañías transnacionales para seguir usando contaminantes, son en sí mismos formas disfrazadas y perversas del ecocidio, vocablo emparentado con la ominosa palabra "genocidio". Y segmentación, además, que es aceptada, instrumentada y favorecida por todos los gobiernos del mundo, que por supuesto reconocen el problema pero no impiden que todas las legislaciones medioambientales sean meramente declarativas de cada país. Que es el modo de impedir una acción planetaria.

En el momento en que se escribe esta nota, y en el que usted la lee, continúa el incendio gigantesco de gran parte de la Amazonía brasileña. ¿Alguien puede sostener que los poderes mundiales, los Estados Unidos y la milenaria Europa, tan declamativos en favor del cuidado ambiental, no son cómplices aunque sea por omisión e inacción? Y parecido sucede en países periféricos como el nuestro, donde la Ley de Bosques Nativos (la 26.331, de 2009) no se cumplió jamás ni hay grandes esperanzas de que se aplique con el actual gobierno, muchos de cuyos funcionarios y exégetas es presumible que ni estén enterados del desastre ambiental argentino.
Es sabido: en este país los descarados intereses económicos y las deficiencias de la llamada "Justicia", son impedimentos casi absolutos para la defensa ecológica de nuestro territorio y nuestro pueblo. Que todavía no comprende, ni hay quien se lo enseñe a cabalidad, que el medioambiente sano es un derecho humano básico y tan natural como el agua y el aire.
Cualquiera sabe que en las provincias las multas por desmontes no se pagan, o se negocian o cambian por favores. Es usual que los "productores" no reforesten lo que cortaron, ni los gobiernos locales exigen cumplir leyes y disposiciones. Y es un clásico que en este país nadie va preso por talas ilegales.
Además son obvias ciertas complicidades del sistema político, que desde los 90 viene debilitando al Estado en todos los órdenes. El gran daño de Menem y sus amigos Cavallo, Neustadt y Grondona, consistió en instalar un modelo de privatizaciones y negocios que nos dejó el Estado lelo que hoy tenemos, temeroso del poder económico e incapaz de sancionar a los ricos, que llevan 30 años cebándose. Es duro decirlo, pero de zonzos negarlo.

Hoy tenemos un Estado que no sostiene una expropiación anunciada y que acepta que un juez provinciano haga tiempo en favor de ladrones y corruptos. Así el río Paraná seguirá en manos extranjeras, como la energía, la minería y todas nuestras riquezas naturales, saqueo encima protegido por un sistema mentimediático que no tiene techo y vomita odio frente a un gobierno que no reacciona, que no termina de auditar la supuesta deuda que tenemos y que es probable que acabe pagando y celebrando porque mejoró montos y plazos.
Es poco creíble que la salvaje oposición macrista se divida entre halcones y palomas. Todos son halcones, y lo demostraron en 4 años. Nuestro Gobierno debería reconocerlo y proceder en consecuencia. Porque si no hay respuestas contundentes, el riesgo es enorme. Está muy bien y es un deber ser amigable con los adversarios leales. Pero es suicida con los bandidos. Y leal compañero no es el que calla estas cosas, sino el que las pronuncia y exhorta a cambiar.

Fuente: Pagina12 - Imagen de portada:Infobae - Imagenes: El País - EFE