Patagonia: Denuncian a Chubut ante la CIDH por el proyecto de zonificación minera
Por Agencia Tierra Viva
La
denuncia se ha realizado a petición de las Comunidades Mapuche
Tehuelches Los Pino, Mallin de los Cual, Chacay Oeste y Laguna Fría.
“Exhortamos a las autoridades de la provincia del Chubut, especialmente a
la presidencia y los miembros de la Legislatura Provincial a cesar en
su actitud violatoria de los derechos humanos, a fin de evitar
ulteriores consecuencias graves tanto para el Pueblo Mapuche Tehuelche
como para el Estado”, manifestó Endepa en un comunicado.
Un proyecto inconsulto
El
hecho que motiva la presentación ante la CIDH es la pretensión
gubernamental de modificar de forma inconsulta la ley provincial que
protege a los territorios comunitarios indígenas, prohibiendo la
actividad megaminera. De aprobarse esta reforma, “se expondría a las
comunidades a convivir con explotaciones de megaminería a cielo abierto
promovidas desde el Estado, privando de un ambiente sano y de seguridad y
futuro al mantenimiento de la vida en común”, explica Endepa.
Además,
sentaría un grave precedente respecto al desconocimiento del derecho a
la propiedad y a la consulta y participación indígenas. Por eso, la
presentación requiere que la Corte Interamericana solicite al Estado al
Estado argentino que la Legislatura de la Provincia del Chubut suspenda
el tratamiento del proyecto 128/2020 denominado “Desarrollo Industrial
Minero Metalifero Sustentable de la Provincia del Chubut” hasta que se
efectivice la consulta y participación con las comunidades indígenas
involucradas y afectadas por el mismo. El 5 de febrero estaba previsto
su tratamiento, pero una cautelar suspendió provisoriamente el trámite.
“Solicitamos
además que se indique al Estado argentino que la consulta previa a los
pueblos indígenas no consiste en una mera información o reuniones
formales sino en un procedimiento tendiente a la obtención del
consentimiento previo, libre e informado”, afirma Endepa. En ese
sentido, deben seguirse las indicaciones que para dichos procesos han
elaborado los órganos competentes de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
La urgencia del pedido se sustenta en que una
acción posterior a la reforma de la ley tendría un tiempo de
sustanciación que no impediría el asentamiento de emprendimientos
económicos. “No queremos solicitar posteriormente al daño una
indemnización, sino evitar que el perjuicio se produzca de modo
irreparable, lo que ocurriría inevitablemente si la modificación legal
que el Estado propone se realiza”, aseguran en la denuncia.
La
Comunidad Mapuche Tehuelche Los Pino tiene una población de
aproximadamente 50 personas que integran diez familias. Por su parte, la
Comunidad Mapuche Tehuelche Mallin de Los Cual tiene alrededor de 40
personas integrando seis familias. La Comunidad Mapuche Tehuelche Chacay
Oeste y Laguna Fría tiene aproximadamente 160 personas que integran 20
familias.
Derechos vulnerados
Según informó Endepa, el riesgo
inmediato consiste en la afectación a las comunidades de los artículos
21 (derecho a la propiedad comunitaria indígena) y 23 (derecho de
participación política) de la Convención Americana y de los artículos
referidos al derecho a la protección del medio ambiente sano, derecho a
la participación indígena y derecho al desarrollo de la Declaración
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Además los
resultados de la falta de consulta a las comunidades afectarán en el
futuro su asociación cultural, su integridad familiar en nuestro entorno
cultural y los derechos de que los niños sean criados en su cultura.
“Nuestras
comunidades sufren una acción invisible y constante del Estado
tendiente a su desaparición. La falta de todo tipo de ayuda económica y
de créditos, así como la ausencia de todo plan de desarrollo de la
región producen como resultado la migración de parte de nuestros jóvenes
a las ciudades en busca de oportunidades económicas”, contextualiza
Endepa en la denuncia elevada a la CIDH.
Además de las políticas
orientadas a megaemprendimientos dañinos al ambiente y el
desconocimiento de derechos básicos de propiedad comunitaria y consulta y
participación, las comunidades viven “en una situación de
vulnerabilidad que se agravaría notablemente” con la modificación legal
cuya suspensión se solicita. “Reiteramos que ni siquiera tenemos
titularizada la propiedad de nuestros territorios y que jamás en la
historia política provincial han existido mecanismos participativos y de
consulta a nuestras comunidades”, dice la presentación judicial.
