miércoles, 31 de agosto de 2011

INVASIÓN MINERA Y RESISTENCIA CIUDADANA









Las empresas Barrick y Exploraciones Mineras SA, ambas concesionarias de la explotación del proyecto minero "Pascua Lama", consiguieron, del Juez Federal de San Juan, la suspensión en la aplicación de la Ley de Preservación de Glaciares, que se sancionó luego de un intenso debate en el Congreso de la Nación, terciando entre las empresas mineras, el gobierno de San Juan, los grupos ambientalistas y provincias cordilleranas cuyas existencias dependen en gran medida del agua de los glaciares. Por cierto, la provincia de San Juan adhirió al pedido de suspensión en defensa de la autodeterminación constitucional sobre sus recursos. En contraposición la "Fundación Ciudadanos Independientes", una ONG con fines ambientales, pidió el rechazo de la medida de suspensión presentándose en el expediente. Pero fue excluida por el juez y también por la Corte. Luego de suspender la aplicación de Ley de Preservación de los Glaciares, el juez se declaró incompetente y remitió el expediente a la Corte Suprema.
Los juristas consultados por la suspensión de esta ley nacional, entienden que "la Corte mantiene la suspensión y considera que el objeto del proceso no tiene que ver con la prevención del medio ambiente ni con un eventual perjuicio que pudiera causarse o con la reparación de un daño producido a aquel bien colectivo, sino que se pretende tutelar derechos que se relacionarían con el interés directo de Barrick y Exploraciones Mineras". Además, sostiene que hay conflicto entre el Estado provincial y la Nación, por regular esta última de manera extrema los recursos naturales, en violación a facultades reservadas de la Provincia en dominio y explotación.
Lo extraño es que la resolución no establece plazo en la suspensión de la ley de Glaciares, no permite la gestión de la ONG y deja en manos provinciales la no aplicación inmediata.
Éste no es un dato menor, en tanto Mendoza se sumó en el debate nacional a una estricta conducta de preservación de los glaciares y de prohibición de explotaciones en las áreas blancas y de los llamados periglaciares (glaciares de escombro), que en nuestra región abastecen entre el 60 y el 70% del agua de nuestros ríos principales cuando hay sequía o cuencas deprimidas en las altas cumbres.
La provincia se pronunció por la prohibición y un estricto control -en uso de facultades federales incluso- de todo proyecto de explotación en zonas de glaciares. Además, dispuso cumplir con uno de los preceptos de la Ley nacional, la evaluación exacta o censo de los glaciares y ámbitos periglaciares, para diseñar su política de preservación y la política industrial, turística u obras de infraestructura (puentes, caminos, túneles, etc). Por eso se firmó un convenio con el Cricyt, el Ianigla y la UNCuyo, asignando recursos y técnicos para la inmediata realización de ese censo.
La Corte, en definitiva, prioriza en esta puja de intereses el de las provincias -en este caso de San Juan, en coincidencia con los de las empresas mineras- como dueñas del recurso y les reconoce dominio, manejo y decisiones sobre su cuidado y explotación, postergando el criterio de una política nacional acordada en el Congreso para preservar, como política del Estado del país, el celoso cuidado de los glaciares y de las fuentes naturales de agua dulce, escasa y en crisis de abastecimiento.
Es de esperar que Mendoza ratifique, ante esta decisión judicial, su opción por el más celoso de los cuidados sobre sus glaciares -por otra parte en claro retroceso en sus dimensiones- y complete lo antes posible el censo exacto de sus fuentes de agua, priorizándolas por sobre intereses particulares
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El valle de Calamuchita se moviliza para evitar la explotación minera a cielo abierto y alerta sobre la posible contaminación de la principal cuenca de agua de la provincia. El valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, está movilizado. Los pobladores de la región consideran que su principal capital de desarrollo, el turismo, está en peligro a partir de la intención de la empresa Complejo Minero Cerro Blanco S.A. de explotar yacimientos del emblemático Cerro Blanco, ubicado al oeste del Río Durazno, jurisdicción de Villa Yacanto de Calamuchita. Este proyecto pone en jaque a la cuenca hídrica más importante de la provincia, ya que de concretarse podría contaminar el caudal de los siete embalses que proveen de agua potable a toda Córdoba. La zona está en la mira de la explotación minera desde hace varios años. En 2003 se pretendió reiniciar la actividad, pero ante una férrea resistencia vecinal se logró dar marcha atrás a tales pretensiones. Toda la provincia de Córdoba es rica en minerales y en las Sierras Grandes seduce la extracción de cuarzo, feldespato, mica, berilio y tantalio-columbita, algunos de los cuales tienen una pureza del 99 por ciento. "Los vamos a volver a frenar. Si es necesario me planto frente a las máquinas", dijo Alejandro Martín uno de los lugareños de Villa Yacanto, que también participó de la anterior cruzada comunal. Los vecinos se reunieron con las autoridades locales y provinciales, y decidieron convocarse en asamblea permanente para hacer oír sus reclamos.
Las razones por las que se oponen
La minera promete una inversión de 3 millones de dólares, la generación de al menos 20 puestos de trabajo y el compromiso de no contaminar. Para los lugareños el medio ambiente no se negocia. El impacto económico que promete la minera es superado hoy por el conjunto de inversores turísticos y ganaderos ya instalados en la región. "En el hipotético caso de que ésta se transforme en una región minera, muchísimas inversiones quedarían truncas, ya que la minería y el turismo no son compatibles. El turismo es un recurso renovable; la minería, no", dijo el secretario de Gobierno Municipal, Juan Pablo Perucca. El referente ambientalista de Calamuchita Fabián Carbia explicó los costos ecológicos de la explotación minera a cielo abierto que se pretende impulsar. "Los sedimentos llegarían al río del Durazno, uno de los tributarios del Río Grande, el cual forma la represa Hidroeléctrica Cerro Pelado. Aguas abajo se forma el embalse Arroyo Corto, luego este curso de agua es uno de los afluentes del Embalse de Río Tercero, la represa de mayor superficie de la provincia, junto al río Santa Rosa y Quillinzo, que conforma el Río Tercero (curso de agua más importante de la provincia)", manifestó el ambientalista. Desde la cooperativa eléctrica local también se pronunciaron en contra del emprendimiento, entre otras cosas, porque la minera demandaría un consumo equivalente al doble de lo que se genera en la actualidad. "Es como dar energía a dos Yacantos y esa infraestructura no está disponible", explicó el presidente de la cooperativa, Rodolfo Musumeci. Además de perjudicar la cuenca con residuos, Carbia habló de contaminación sonora por los ruidos de las explosiones. Por estas horas, los vecinos del valle juntan firmas para elevarlas a la Legislatura provincial. Piden una normativa que declare a las Sierras de los Comechingones libre de minería.
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La Legislatura fueguina sancionó el proyecto que versa sobre la aplicación a la actividad minera de los principios ambientales preventivos, precautorios y de equidad intergeneracional establecidos en la Ley nacional 25.675 (Ley General del Ambiente), así como el principio de desarrollo sostenible establecido en la Ley provincial 55, Medio Ambiente.
Entre el articulado, aprobado por unanimidad esta tarde, la norma propone "garantizar el uso racional y sustentable de los recursos naturales; protege los recursos hídricos provinciales y compartidos; mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; asegurar la conservación de la diversidad biológica; prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades mineras puedan generar sobre el ambiente" entre otras disposiciones.
Asimismo, prohíbe "los procesos de cateo, prospección, exploración, explotación, beneficio e industrialización in situ, cualquiera sea el método extractivo utilizado" y la "la explotación de minerales metalíferos con la modalidad a cielo abierto de gran escala."
La Ley sancionada establece que será la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, quien se ocupe de regular el cumplimiento de la misma.
Se reguló que quienes exploten concesiones mineras deben "contar, antes del inicio de la actividad, con un seguro o garantía de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pueda producir. Este seguro o garantía deberá guardar proporcionalidad con el costo de mitigación y recupero del ambiente y los ecosistemas que puedan resultar degradados durante la actividad".
FONDO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL
La Ley aprobada, crea también el Fondo de Restauración Ambiental, que busca "la instrumentación de acciones de reparación del ambiente afectado por las actividades mineras de primera categoría al momento del cierre de la mina" y "se constituirá con aportes de los concesionarios equivalentes al cinco por ciento (5%) del monto total de la inversión propuesta. En el caso de los productores artesanales y pequeños, podrán optar por un seguro de caución".

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Tratamiento mediático del proyecto San Jorge. Tendencioso, vergonzoso, mentiroso y dañino o dañino y vergonzoso por mentiroso y tendencioso. ¿No se enteraron o pretenden ocultarlo? Revisen su propia documentación y verán:
La minería y específicamente el tratamiento de la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge es el tema más tratado y participado  de Mendoza, a excepción de la ley de ordenamiento territorial, que entre otras cosas  se demoró porque también incluyó con fuerza la minería y el agua. La discusión se inició y se mantiene en las calles y en asambleas de vecinos desde el 2003, pero arrastrados por estas involucró a los partidos políticos,  agrupaciones barriales, sectores académicos, a las universidades, los ámbitos científicos, gremios, grupos  estudiantiles, círculos empresariales,  la Dirección General de Escuelas,  la Iglesia Católica, las comunidades originarias y hasta en la cultura  mendocina, ese lugar profundo donde solo prenden y echan raíces los temas que hacen vibrar el alma. Pasó por muchísimas etapas de participación y evaluación: petitorios y reclamos  vecinales con miles y miles de firmas, manifestaciones en ruta, ayunos, acampes; denuncias e investigaciones administrativas y judiciales ( vergonzosas porque nunca se resolvió el tema de fondo), foros y charlas en toda la provincia,  por la evaluación de organismos independientes involucrados según lo dispuesto por la ley 7722 y por la municipalidad de Las Heras en sus informes sectoriales, por el cuestionamiento de otros municipios  que debieron y no fueron consultados, por la evaluación de la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (representada mayoritariamente  por funcionarios subordinados al sector pro minero),  por la evaluación y crítica del Consejo Provincial del Ambiente (con dos dictámenes contradictorios), paso la etapas de consulta pública con una cantidad de opiniones y objeciones no contestadas jamás vista  en Mendoza, por  una audiencia pública histórica y multitudinaria con cientos de oradores. Aunque se sostenga  que se rechaza solo por cuestiones ambientales, la verdad es que el proyecto se logró poner en debate desde lo formal y administrativo, pasando por  lo social, lo económico, lo técnico, lo ideológico, lo político, lo ético religioso y el marco legal y regulatorio.
¿Poca participación y discusión? Después de este proceso de tres años, una vez redactada la DIA,  ya en la legislatura,  pasaron  casi seis meses más de debate en un plenario de cinco comisiones legislativas  (histórico, jamás visto, jamás soñado)   en los que con toda la documentación en la mano, se permitió la expresión los sectores pro  y contra mineros ante el permanente seguimiento de la comunidad. ¿Poco debate, poca seriedad, rechazo sin razones? Más de 140 objeciones formales,  técnicas, ambientales y éticas graves, muchas de las cuales  rayan lo delictivo, y masivas, sucesivas y crecientes (en cantidad y rigurosidad) manifestaciones populares son evaluadas por periodistas y empresarios claramente interesados en la actividad como  tema resuelto con poca participación y evaluación seria. Señores, revisen la historia,  verán que nunca un tema mantuvo mayor debate y por tanto tiempo como el tema minero y nunca la legislatura mantuvo, por la vigilia de la comunidad, tan cuidadoso debate como en este caso.  El proceso ha sido histórico y marca un hito sin antecedentes de participación y compromiso en los que la sociedad, especialmente los jóvenes,  obligaron a los sectores mediáticos y  políticos a mantener en agenda permanente un tema  que se prefería tratar entre pasillos, sillones y sospechas de billeteras.
El proyecto San Jorge y la minería metalífera han sido debatidos y rechazados por la comunidad mendocina y la legislatura se vió forzada a ratificar la voluntad popular largamente expresada. Los sectores afines a la actividad y algunos funcionarios no pudieron  justificar sus mediocres razones y deberían responder judicialmente por su falsedad y mediocridad  en documentación pública presentada.  Ciudadanos comunes y  aportes académicos y científicos desbarataron todo un proceso seudo científico y comunicacional  con el que se pretendió justificar socialmente un proyecto y una actividad dañina cada vez más cuestionada y  rechazada en todo el mundo. Los sectores pro mineros perdieron la pulseada por su propia incapacidad, por menospreciar a la comunidad y porque sus argumentos  son falsos.
¿Poca seriedad? Poco serio seria aprobar una actividad  tan largamente cuestionada por los dueños de los recursos que se pretende explotar y  con tantas objeciones. Se rechazó porque es  malo, porque no sirve, porque no conviene a Mendoza. Y el debate debe continuar, no solo porque  hay que terminar de tirar las leyes  mineras  que permiten y fomentan  el despojo sino porque es verdad que existe una enorme e invaluable riqueza común  en nuestra cordillera que debe ser inteligente y responsablemente administrada y nos debemos el debate y el compromiso social. Falta mucho por hacer. Y no me refiero al mineral. Me refiero al agua.
Daniel Funes – Orgullosamente: un vecino de a pie.
Publicadas en: noalamina.org

La minería artesanal de oro, fuente de contaminación humana y natural con mercurio







La exposición al vapor de mercurio generado por la reducción del mercurio usado en la extracción informal del metal precioso, causa extensivos daños a los pulmones y acumulación de mercurio en la sangre y finalmente en los riñones que causan daños degenerativos en los adultos. En el resto de los familiares causa igual daño, sin embargo en las mujeres embarazadas y niños menores de 12 años y ancianos, se da un deterioro de las capacidades neurológicas, de aprendizaje y movilidad similares al autismo.


Julio 26. Halifax, Canada.- Las minería artesanal, informal o semi industrial de oro, como se le conoce en el mundo a la extracción manual llevada a cabo por pequeños grupos de personas, motivados principalmente por la pobreza en todas partes del mundo, desde Asia, África, Suramérica y Centro América, según Susan Keave del Programa Global Mercurio de las Naciones Unidas, y Marcello Veiga de la Universidad de British Columbia, representan unas 15 millones de personas directamente involucrados y 100 millones indirectamente involucrados en la actividad minera y que es reconocida por los científicos que presentaron sus informes en el 10º congreso internacional de mercurio como contaminante global, aquí en Halifax, como la fuente principal de contaminación por mercurio tanto para los seres humanos, la vida silvestre y para los ecosistemas terrestres, acuáticos y atmosférico.
El mercurio elemental y en todas sus especies, tal como el metilmercurio, son elementos tóxicos, principalmente neurotóxico y bioacumulables, que a través del proceso de amalgamiento de oro, en ríos y pequeñas industrias formales e informales, y su introducción a los ecosistemas a través del agua, aire o tierra del mercurio causa daños acumulativos tanto en los organismos vivos, humanos y marinos. La exposición al vapor de mercurio generado por la reducción del mercurio usado en la extracción informal del metal precioso, causa extensivos daños a los pulmones y acumulación de mercurio en la sangre y finalmente en los riñones que causan daños degenerativos en los adultos. En el resto de los familiares causa igual daño, sin embargo en las mujeres embarazadas y niños menores de 12 años y ancianos, se da un deterioro de las capacidades neurológicas, de aprendizaje y movilidad similares al autismo.
Varios cálculos hechos por diversos estudios, como el del Dr. Kevin Telmer en su trabajo “Estimación global de uso de mercurio en la minería artesanal de oro en el 2010” supone un estimado de 1,400 toneladas de mercurio elemental ó casi 20% de las 7,500 toneladas utilizadas anualmente a nivel mundial. De este total (1,400) el 50% se pierde (60% contamina el sistema acuático y los suelos y el 40% la atmosfera) y 50% es recuperado por parte de los mineros. El costo actual de la libra de mercurio en el mercado es de US$ 56.00 mientras que el precio internacional del oro alcanza la mayor cotización de su historia, en mas de US$ 1,800 la onza.


La carencia de información sobre los efectos en la salud y el medio ambiente del mercurio elemental utilizado para amalgamar el mineral de oro, la escasa tecnología disponible para este fin, tanto de amalgamiento, como de vaporización, el bajo costo del mercurio comparado al precio del oro y la falta casi total de supervisión de estos procesos por parte de las agencias reguladoras en casi todos los países visitados para el estudio, hacen de ésta una actividad descontrolada y altamente contaminante con consecuencias fatales para las personas expuestas a los mismos y los ecosistemas donde se llevan a cabo tanto en el campo como en las ciudades, tal como fue probado en el estudio “Contaminación atmosférica urbana por mercurio” de los investigadores Paul Cardy, Ben Crawford y el profesor asociado y Ph. D. Marcello Veiga, de la Universidad de British Columbia, llevado a cabo en poblados mineros como Segovia en Medellín y la cordillera de los Andes en Andacollo, Chile, Perú y en Brasil, en el año 2010.
Este estudio demostró que existe una relación directa entre la falta de buenas prácticas tanto artesanales de extracción de material con oro, su amalgamiento con mercurio, como de la reducción de esta amalgama y la vaporización in situ del metal amalgamado en el 99% de los casos, que conlleva a una mortal exposición de las personas involucradas directamente en los procesos antes mencionados y una severa contaminación del pueblo en general debido a las emisiones atmosféricas generadas en los locales donde se comercia con oro.
Según Paul Cordy, candidato al PH. D. del Instituto de Ingeniería minera, de la Universidad de British Columbia, “Los resultados de las investigaciones demostraron, no sólo el daño ambiental sobre los ecosistemas, el aire principal elemento investigado, y mediante conversaciones con sus residentes, pudimos confirmar daños en la salud de las personas que habitan estos pueblos, tales como aumento de cáncer, mineros intoxicados y familiares enfermos.”
Por último en un estudio presentado por el Ingeniero químico Luis Fernández, asesor de la Agencia de los Estados Unidos de América para la protección ambiental (USA/EPA), “Reducciones de emisiones de mercurio en el procesamiento de pequeña escala de oro” se expusieron diversas tecnologías de bajo costo y de alta efectividad para la recuperación de mercurio elemental durante el proceso de vaporización tanto a pequeña como a mediana escala, que disminuiría tanto el uso de mercurio por unidad de oro extraído como la cantidad de emisiones toxicas tanto a lo interno de las tiendas de oro y productos relacionados a la actividad, como las emisiones atmosféricas en los pueblos donde se lleva a cabo su procesamiento y comercialización.
Utilizando estas tecnologías, estos indicadores que sobre pasan el millón de nano gramos de mercurio/m3 a menos de 300 nano gramos/m3 dentro de las tiendas y de más 50,000 nano gramos a entre 400 y 600 nano gramos/m3 (frente a las tiendas), con inversiones entre 20 y 450 dólares por grupo de mineros y por tienda, respectivamente.
Según el profesor Marcello Vaiga, Ph. D. de la Universidad de British Columbia y ex gerente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO), “son tres las formas de intervenir efectivamente la producción artesanal de oro, primero sacando los procesamientos del mineral de las poblaciones, segundo entrenando a los mineros con métodos de reducción del uso de mercurio a través de la concentración del mineral de oro y tercero eliminando el uso de mercurio con otros procesos como la centrifugación y la cianuración del mineral de oro”. 
Jorge G. Conte Burrell - Alianza Contaminación Cero

“El periodismo independiente no existe”





Entrevista a Pascual Serrano, periodista

El Argentino


El fundador del sitio Rebelión, y autor de varios libros que revelan cómo desinforman los medios, es uno de los pensadores más lúcidos sobre la comunicación. En esta entrevista analiza las prácticas hegemónicas, el papel de las audiencias y los desafíos para sostener modelos alternativos al de los grupos dominantes.
Pascual Serrano es uno de esos periodistas e intelectuales cuya opinión es valorada y respetada en diversos rincones del mundo, sobre todo por quienes primero paran la oreja izquierda para escuchar. Este mérito se debe a una trayectoria prolífica de libros, artículos y reflexiones, cuyo vértice es una mirada crítica, lúcida y lapidaria de los grandes medios de comunicación.
Serrano nació en Valencia, España, en 1964, y casi treinta años más tarde se licenció en periodismo, en Madrid, donde vive, trabaja y pretende desenmascarar el poder mediático. Desde allí, también responde con entusiasmo las preguntas de Miradas al Sur que viajan en correo electrónico y cruzan el océano a velocidad cibernética.
Con la misma presteza, Serrano, junto a un grupo de colegas, fundó en 1996, el sitio Rebelión (www.rebelion.org ), uno de los máximos paradigmas de la comunicación alternativa en Latinoamérica. Durante 2006 y 2007, fue asesor editorial de Telesur, el canal que es hijo de los procesos de cambio de nuestro continente y cuya pretensión es generar un modelo de comunicación contrapuesto a los medios dominantes.
Antes y después, y en medio de sus habituales colaboraciones en periódicos españoles y latinoamericanos como Le Monde Diplomatique, La Jiribilla y Diagonal, publicó, sucesivamente, dos ediciones de "Perlas. Patrañas, disparates y trapacerías en los medios de comunicación", "Medios violentos. Palabras e imágenes para el odio y la guerra", "Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo", "El periodismo es noticia. Tendencias sobre comunicación en el siglo XXI", "Traficantes de información. La historia oculta de los grupos de comunicación españoles", y, en junio de este año, "¿El mejor de los mundos? Un paseo crítico por lo que llaman 'democracia'".
En ellos, en la línea de pensamiento de Ignacio Ramonet, Eduardo Galeano y Noam Chomsky, Pascual Serrano describe con precisión el perverso ADN de la desinformación mediática.
Y, ahora que pulsa la tecla “enviar”, también responde nuestras preguntas.
–En el último año, en la Argentina se instaló un antagonismo entre “periodismo militante” y “periodismo independiente”. En su opinión, ¿existe tal antítesis? ¿Por qué?
–Personalmente no me gusta ninguno de los términos. Para empezar, el periodismo independiente no existe, o mejor dicho, es indefinible. ¿Independiente de qué, de quién? Siempre dependerá de algo o alguien. Dependerá de los superiores jerárquicos de quien escriba y que decidirán si se publica o no, dependerá del marco económico en que se desarrolle el medio y que será decisivo para que sea viable o no el proyecto, dependerá de todos los poderes económicos y políticos que garantizan el funcionamiento del medio, dependerá del punto de vista del periodista que está escribiendo. El uso de esos términos es malicioso porque lo hacen los sectores privados que se arrogan sin fundamento alguno el carácter de “independiente” frente a un periodismo que actúa condicionado por principios y valores.
–¿Por qué los medios se muestran tan interesados en desdibujar desde dónde “informan” y a la vez ponderan la “objetividad” y la “libertad de expresión”?
–Los grandes medios han descubierto que, para influir, deben presentarse como asépticos, neutrales, virginales. Basta con observar el nombre neutro que dan a sus cabeceras: El Mundo, El País, La Razón, La Nación, ABC. De este modo, deslizan intencionalidades, valores y posicionamientos que disfrazan de información pura. Incluso mienten. Por último, el uso y abuso del término “libertad de expresión” es sólo un escudo a través del cual quieren mantener su impunidad para manipular y sus privilegios para dominar el mercado informativo.
–Usted ha señalado a los medios como “traficantes de información”. ¿Por qué es posible esa definición?
–Mi libro Traficantes de información recurre a ese título para presentar a las empresas de comunicación como meros tiburones de las finanzas. En su modus operandi se aprecian todas las tropelías de ese mundo: tráfico de influencias, especulación, atropellos laborales, accionariado cruzado con empresas que trafican con armas, complicidad con golpes de Estado y dictaduras e incluso con la delincuencia organizada. En realidad, nada diferente a cualquier otro gran sector de la economía privada.
–Los movimientos sociales suelen plantear la invisibilidad que les asignan los grandes medios, pero también alzan la voz cuando sus temas se incorporan en las agendas mediáticas porque éstas distorsionan la información. ¿Cómo es posible escapar de este laberinto?
–No voy a decir que deben desentenderse de buscar el modo de ser protagonistas de la agenda informativa, pero sí es bueno que sepan que en el panorama privado empresarial de la información nunca van a encontrar un trato plural y honesto. Ese sector se mueve en un marco económico y financiero determinado y a él se deben. Todo lo que se enfrente al modelo económico dominante será silenciado o castigado desde esos medios. Por eso deben ayudar y participar en la elaboración de otro modelo informativo diferente.
–Ante lo que usted describe sobre los medios, ¿qué futuro augura a los periodistas profesionales?
–La casuística del periodista profesional es muy amplia. Mi opinión es que el profesional honesto que quiera adaptarse a los nuevos tiempos debe practicar un periodismo de análisis e interpretación. El formato urgente, frívolo y superficial de nuestros medios va a ser arrasado por internet y el testimonio ciudadano gracias a las nuevas tecnologías.
–Señala las responsabilidades de los medios, pero estos suelen escudarse en la elección de “la gente”. ¿Qué responsabilidad le atribuye a las audiencias?
–Escudarse en las audiencias es muy habitual. Creo que es discutible que las audiencias exijan esta mediocridad en los medios. Podemos observar que el programa que logró más audiencia en las televisiones españolas la semana pasada fue la previsión del tiempo. Si de toda la programación televisiva de una docena de canales, lo más aceptado por la audiencia fue la programación del tiempo, es evidente que están diciendo que los contenidos son una mierda.
–En la Argentina se discute si la definición “medios alternativos” es pertinente, dado que parecería reducirlos, a perpetuidad, a ser los hermanos menores del sistema de medios. ¿Le parece válido este tipo de debate? ¿Se lo ha planteado alguna vez?
–Sí, claro que me lo he planteado. Me parece apropiado el término “alternativo” pero con vocación de dejar de serlo. “Alternativo” quiere decir que promueve algo diferente a lo dominante, es evidente que es lo que todos pretendemos. Ahora bien, anclarnos y congratularnos en esa "alternatividad" puede suponer condenarnos a la marginalidad. La verdadera vocación del alternativo, en política, en sociología, y también en medios de comunicación, debe ser conseguir la hegemonía.
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Marco Pala

¿Alguien cree todavía que no hay censura el día de hoy? Entonces, ¿por qué, si por un lado estamos informados sobre todo lo que está sucediendo en Egipto, por otro lado los medios masivos de información no han dicho una sola palabra sobre lo que sucede en Islandia?. 
El pueblo de Islandia ha logrado hacer dimitir completamente un gobierno. Se nacionalizaron los principales bancos comerciales; los ciudadanos decidieron por unanimidad declarar la insolvencia de la deuda que esos mismos bancos habían contraído con Gran Bretaña y Holanda, producto de lo inadecuado de su política financiera; finalmente, se creó una asamblea popular para rehacer por entero la Constitución. Y todo de un modo pacífico. Una verdadera Revolución contra el poder que había conducido a Islandia hacia el reciente colapso económico.
Seguramente se estarán preguntando por qué estos acontecimientos no se han hecho públicos durante los últimos dos años. La respuesta nos lleva a otra pregunta, más mortificante todavía: ¿qué sucedería si el resto de los ciudadanos europeos tomaran el ejemplo de los “conciudadanos” islandeses?
Presentamos brevemente la cronología de los hechos:
2008. En septiembre se nacionaliza el banco más importante de Islandia: el Glitnir Banl. La moneda se devalúa y la Bolsa suspende todas las actividades: el país se declara en bancarrota.
2009. En enero las protestas de los ciudadanos frente al Parlamento provocan las dimisiones del Primer Ministro Geir Haarde y de todo el gobierno –la Alianza Social-Democrática (Samfylkingin)– obligando al país a elecciones anticipadas. La situación económica se muestra precaria. El Parlamento propone una ley que prevee el saneamiento de la deuda con Gran Bretaña y Holanda a través del pago de 3,5 mil millones de euros, que se habrían cargado a cada familia islandesa, mensualmente, por un lapso de 15 años y con una tasa de interés del 5,5%.
2010. Los ciudadanos vuelven a ocupar las plazas y exigen someter a referéndum la previsión citada.
2011. En febrero el Presidente Olafur Grimsson veta la ratificación de la ley y anuncia el referéndum consultivo popular. Las votaciones tienen lugar en marzo y el NO al pago de la deuda vence con el 93% de los votos. Mientras tanto el gobierno ha consultado debidamente para determinar en términos jurídicos las responsabilidades civiles y penales de la crisis. Se emiten las primeras órdenes de arresto para distintos banqueros y miembros del Poder Ejecutivo. La Interpol se encarga de buscar y capturar a los condenados: todos los banqueros implicados abandonan Islandia. En este contexto de crisis se elige una Asamblea para redactar una Nueva Constitución que pueda extraer las lecciones aprendidas durante la crisis y que sustituya la actual Carta Magna (basada en el modelo danés). Para ello se dirigie directamente al pueblo soberano: se eligen legalmente 25 ciudadanos, libres de filiación política, entre los 522 que se presentan a las votaciones. Los únicos dos vínculos para la candidatura, además de estar libres de pertenencia partidaria, eran ser mayor de edad y disponer de al menos 30 firmas de apoyo. La Nueva Asamblea Constitucional inicia su trabajo en febrero presentando un proyecto llamado Carta Magna, en el que confluyen la mayor parte de las “líneas guía” producidas por consenso en el curso de las asambleas populares que habían tenido lugar en todo el país. Dicha Carta Magna deberá ser sometida a la aprobación del Parlamento inmediatamente después de las próximas elecciones legislativas que tendrán lugar.

Traducción del italiano: Marcelo Colussi

“Estamos acosumbrados a la estigmatización del movimiento social patagonia sin Represas”




Señaló Marcela Ponce al ser absuelta del delito de atentado al vehículo del alcalde de Coyhaique el día que se aprobó HidroAysén.
·       Esta mañana los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique la liberaron de las imputaciones que le hicieran el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, que desde un principio buscaban su condena por un crimen de alta penalidad y no por un simple delito.

Patagonia sin represas”.  Con este grito recibieron los asistentes al juicio el veredicto del Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique que esta mañana absolvió a Marcela Ponce del cargo de atentado a vehículo motorizado en circulación y desechó la demanda civil relacionada, vinculado a su eventual participación en la rotura de un vidrio del automóvil en que el alcalde Omar Muñoz llegó a la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén el 9 de mayo pasado, día en que se aprobó HidroAysén.
Señaló la sentencia que lo único que se pudo acreditar por parte del fiscal fue que Marcela Ponce se encontraba ese día en la manifestación en contra de HidroAysén y que lanzó un objeto que se desintegró al chocar con el vidrio trasero del vehículo del edil, sin causar deterioro alguno.  Y sobre la rotura del vidrio delantero, hay duda razonable de que ella haya sido su autora.
Al concluir la audiencia Marcela Ponce señaló “estar muy contenta, pero con mesura ya que recién el sábado se conocerá realmente la sentencia.  Viví un proceso que ha sido muy complejo, con un alto costo familiar, personal, laboral.  Sin embargo creo que aquí ha primado la búsqueda de la verdad y en ese sentido estoy muy contenta, muy satisfecha”.  Sobre el intento de la Fiscalía de formalizarla por un delito de alta penalidad como es el de atentado a un vehículo en movimiento expresó que “ya estamos acostumbrados a esta estigmatización del movimiento social Patagonia sin Represas, por lo tanto no me sorprende”.
La defensora Ruth Vallejos, en tanto, indicó que “los argumentos de la defensoría, desde el inicio del juicio, eran de absolución, y la esperanza se cumplió.  Creemos que hemos logrado establecer, por lo menos con las pruebas que teníamos en el juicio, que Marcela no lanzó ningún proyectil que pudiera haber dañado el vehículo del alcalde”. Explicó que “estábamos dentro de un delito que era lanzar objeto contundente en vehículo en movimiento, pero tenemos la certeza que ella no tenía ninguna intención de lanzar un objeto contundente
El Tribunal determinó que el sábado se entregue el texto completo de la sentencia definitiva, en la cual las partes encontrarán el razonamiento jurídico.  A favor de la absolución estuvieron Luis del Río  y Sergio Vásquez, mientras que el voto de minoría fue de Pablo Freire.
El fiscal Patricio Jory indicó sobre la sentencia “se estudiará en su oportunidad si es procedente o no presentar algún recurso”.

Comunicaciones
Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida
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Expresan que respuesta debió ser clara y directa, y no aludiendo desconocimiento de la legalidad.

Cuestionan a alcalde de Coyhaique por emitir decreto que rechaza plebiscito comunal sustentado en dudas sobre competencias municipales
·       Paz Foitzich y Claudia Torres ingresaron esta tarde una carta a la Contraloría donde hacen ver sus críticas y solicitan al organismo contralor agilizar el análisis y pronunciamiento sobre la materia.
·       Ambas dirigentas tildaron a Omar Muñoz de “incoherente” cuando señala públicamente que los plebiscitos son buenos instrumentos de participación ciudadana pero que en sus actos bloquea “que la ciudadanía se exprese”.

Realizar en el menor tiempo posible el análisis legal vinculado con el ejercicio de este derecho, y emitir la respuesta correspondiente”.  Tal fue la solicitud que Paz Foitzich y Claudia Torres ingresaron esta tarde a la Contraloría Regional de Aysén, en el marco del requerimiento de plebiscito comunal que el 19 de agosto hicieran al alcalde de Coyhaique, Omar Muñoz Sierra, y que éste rechazara mediante decreto 5.823 del viernes pasado, y en el cual reconoce sus dudas sobre la procedencia o no de dar curso a la petición.  Con el fin de aclarar estos puntos el 23 de agosto el municipio ingresó una consulta al organismo contralor, el cual aún no emite un pronunciamiento.
La carta de Foitzich y Delgado a la Contraloría se sustenta en el derecho constitucional de petición consagrado en el artículo 19 número 14 de la Carta Fundamental, y fue realizado en representación de los casi 1.800 ciudadanos que firmaron por el plebiscito.
En la misiva recuerdan que el edil argumentó en su rechazo que “las materias a plebiscitar no estarían en la esfera de Competencias de la Municipalidad.  Ello, en tanto la Contraloría General de la República se pronuncie sobre el particular, pudiendo revocarse el presente acto administrativo si el ente contralor estimare la pertinencia del requerimiento y, como consecuencia, procedencia del plebiscito”.  En uno de los considerandos, el municipio expresó que no es “indubitable que los temas señalados para su plebiscito sean propios de la esfera municipal”.
En opinión de los solicitantes, “con esta decisión -que no es precisa y directa en determinar la legalidad o ilegalidad de lo solicitado por 1.782 ciudadanos- se está dilatando arbitrariamente el ejercicio de un derecho normado por una ley orgánica constitucional.  Para esto, a nuestro entender, se está utilizando un futuro dictamen de la Contraloría General de la República, organismo al cual se le solicitó el 23 de agosto un pronunciamiento, como pretexto para no cumplir con lo que la legislación mandata expresamente”.  Agregan que “esta dilación pone en riesgo el ejercicio de los derechos estipulados en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a la luz de los plazos en esta norma instituidos, toda vez que no es factible realizar plebiscitos comunales en año de elecciones municipales, es decir, a partir del 1 de enero de 2012”.
Paz Foitzich dijo que le llamaba la atención “un alcalde que por un lado tiene una versión de las cosas, pero que actúa en contrario”.  Ante esto recordó “a Omar Muñoz que es un alcalde electo apenas con un 35 % de la ciudadanía, por tanto tiene la obligación de escuchar al otro 65 % que no votó por él, entre quienes hay muchos de quienes firmaron… es una mala señal que él rechace, a priori, un plebiscito en la comuna ya que si tenía dudas, y es legítimo consultar a la Contraloría, a lo menos debió haber esperado que este organismo se pronunciara”.  Puntualizó que “un alcalde que en definitiva tenga una actitud democrática implementa este tipo de medidas.  Se reúne a la ciudadanía, escucha.  Es más, él debió haber liderado este proceso.  Estamos dando una oportunidad para que la comuna se exprese y en función de lo que la mayoría de la comuna quiera el alcalde lidere una posición.  Pero aquí el alcalde no ha estado dispuesto a escuchar, y rechaza de plano la petición”.
Por su parte, Claudia Torres indicó que “es incoherente el decreto que sacó el alcalde porque justamente le vimos una columna en el día de hoy diciendo que los plebiscitos comunales son un instrumento de participación ciudadana legítima.  Estamos hablando justamente del proceso en el cual los ciudadanos de su comuna, los votantes de su comuna, se hicieron parte reuniendo firmas, creyendo en este instrumento legal, y resulta que ahora él sale con un decreto bastante dudoso de su parte”.  En su opinión esto es “incoherente porque si él realmente quisiera que los plebiscitos comunales fueran un instrumento de participación en algo tan importante como el desarrollo futuro de su comuna perfectamente podría haber llamado a la comisión que presentamos las firmas para debatir este tema y decir que a lo mejor tenía dudas, lo cual es legítimo”.  Concluyó que la mejor vía podría haber sido “trabajar con la comunidad.  Ahí habría sido más coherente, pero presentar eso de que tiene dudas y pasarle la pelota a la Contraloría, claramente su intención se quedó en el papel y está protegiendo los intereses de la empresa e intereses personales que él tiene, con terrenos involucrados en este proyecto”.

Comunicaciones
Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida

UN FALLO DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE CHACO LES PONE LIMITES A LAS FUMIGACIONES CON AGROQUIMICOS





La salud pública antes que los intereses comerciales

Por primera vez, la máxima instancia judicial de una provincia se pronuncia respecto de la utilización de agrotóxicos. La sentencia obliga a no fumigar a menos de mil metros de viviendas, escuelas y cursos de agua.

 Por Darío Aranda

Las fumigaciones llegaron, por primera vez, a un máximo tribunal provincial. Y la sentencia golpea al modelo agropecuario basado en el uso masivo de agroquímicos. El Superior Tribunal de Justicia de Chaco confirmó una medida cautelar que fija límites inéditos para las fumigaciones: a mil metros de viviendas y escuelas, si son aspersiones terrestres, y a dos mil metros para las aéreas. El máximo tribunal chaqueño protegió, también por primera vez en esta instancia, los cursos de agua. Remarcó la vigencia del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras), priorizó la salud por sobre la rentabilidad, llamó la atención sobre la responsabilidad de los funcionarios y exhortó a los municipios a dar respuesta urgente a la población. La decisión judicial apunta a emprendimientos arroceros que utilizan endosulfán y glifosato, ambos químicos de uso masivo en Argentina. La Leonesa y Las Palmas son municipios que están a 60 kilómetros de Resistencia. Vecinos del barrio La Ralera denuncian desde hace nueve años el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz que lindan con el barrio. Alertan sobre el incremento de casos de cáncer, las intoxicaciones y la contaminación del agua. Apuntan al glifosato, al endosulfán, al metamidofos, el picloran y el clopirifos, entre otros químicos usados también en los cultivos de soja. Señalan a las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga. En enero de 2010 presentaron un recurso de amparo contra las arroceras, las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas, el gobierno provincial y nacional. Solicitaron el cese de las fumigaciones y la relocalización de los arrozales. En primera y segunda instancia hubo fallos favorables a los vecinos. Habían fijado un precedente histórico para las fumigaciones: a mil metros de viviendas, escuelas y cursos de agua, si son terrestres; a dos mil metros si son aéreas. Las arroceras y los municipios apelaron el fallo, en febrero pasado, ante el Superior Tribunal de Justicia de Chaco. Los jueces se expidieron el jueves en dos sentencias.
Las empresas habían solicitado la “inconstitucionalidad e inaplicabilidad” de la ley. Pidieron modificar la medida cautelar para reducir los límites de las fumigaciones y esgrimieron como argumento posibles perjuicios económicos. El máximo tribunal –mediante la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral– sentenció que no corresponde recurrir a esa instancia por no tratarse de una sentencia definitiva. Y, lejos de disminuir las distancias de fumigación, cuestionó el pedido por “no haber acreditado la dificultad y menos aún la imposibilidad de cumplir” con lo solicitado por los jueces de segunda instancia (los límites a las aspersiones). Les recordó que “los valores que están en juego son la salud y la vida” e hizo hincapié en el principio precautorio vigente en la Ley 25675: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. Los jueces marcaron un criterio que golpea no sólo al modelo agropecuario sino a todo el modelo extractivo (minería, petróleo y forestales, entre otros). “El mayor mérito del principio de precaución consiste en haber logrado expresar la preocupación, muy difundida en los últimos años, de dar una mayor prioridad a la protección del medio ambiente y de la salud pública por encima de los intereses comerciales”, dice el fallo. A las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas se les había solicitado que efectuaran un informe detallado en cuanto a las medidas adoptadas en el tratamiento de los residuos contaminantes de las arroceras y que informen acerca del control, clasificación, reutilización o quema de basuras o desechos provenientes de los establecimientos cuestionados. Pero ambas comunas apelaron y el Superior Tribunal se expidió en la sentencia 313, con la firma del presidente de la Sala, Rolando Toledo, y de la jueza María Luisa Lucas.
El tribunal advirtió que los municipios no expresaron qué perjuicios les ocasionaría cumplir con los pedidos determinados por primera y segunda instancia, y remarcó que (aunque hubiesen demostrado algún perjuicio) la apelación es “improcedente” por los “intereses que se encuentran en juego”, la salud y el ambiente. “De ninguna manera puede considerarse arbitraria la decisión de la Cámara luego de un análisis minucioso de las normas constitucionales y legales aplicables, del que surgen que los poderes públicos municipales tienen responsabilidad ambiental, esto es, que resultan sujetos obligados a la tutela de uno de los derechos fundamentales como lo es el (derecho al) medio ambiente”, remarcó el máximo tribunal. Agregó que los municipios tienen responsabilidad en el “control y políticas de prevención que hacen a la preservación, protección, conservación y recuperación de los recursos naturales”. El Tribunal subrayó el rol del poder político. “A los funcionarios públicos se les ha otorgado una función, que además es remunerada, para dar respuestas a los problemas de la comunidad, y cuando no lo hacen, deben responder por su omisión. La sociedad actual está inmersa en la contaminación del medio y además desbordada por una gran cantidad de problemas ambientales, que parecen no despertar en los funcionarios la atención que su dimensión evidente merece”, cuestiona el fallo. En oposición a la apelación de la Municipalidad de Las Palmas y La Leonesa, el máximo tribunal provincial exigió “cumplir en forma inmediata con el suministro de la información requerida en primera y segunda instancia”. “La decisión del Superior Tribunal resulta muy valiosa no sólo porque es una instancia superior sino porque brinda un marco de protección a los pobladores cuyos reclamos fueron desoídos por los intendentes y por el gobierno provincial”, explicó la asesora legal de los vecinos y de la Red de Salud Popular, Alejandra Gómez. Laura Mazzitelli fue una de las afectadas por las fumigaciones y estuvo entre las primeras en denunciarlas. Su hijo Iván padeció leucemia a los 2 años. Sufrió ocho meses de quimioterapia y dos años de tratamiento en el Hospital Garrahan. Una vez que el chico se recuperó, comenzó a organizarse junto a los vecinos para que ninguna otra familia padezca lo mismo. Ayer a la tarde estaba en su casa del barrio La Ralera, tenía que hacer la cena, pero también quería ir a avisarles a los demás vecinos –con quienes impulsó la denuncia inicial–. Con su acostumbrado hablar rápido y voz suave, resumió: “La Justicia nos dio la razón por tercera vez. Fue todo muy largo, difícil, pero demostramos que peleando se consigue justicia, se pueden frenar esos venenos que enferman a nuestros hijos”.

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Piden a municipios controlar el uso de agroquimicos


La Plata, (Télam). La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires pidió a los municipios bonaerenses, que adopten medidas tendientes a evitar que el mal uso de agroquímicos afecte la salud de las personas o contaminen el medioambiente.
En una resolución dictada por el Defensor de Pueblo provincial, Carlos Bonicatto, se recomienda a los municipios “adoptar medidas pertinentes para un uso responsable de agroquímicos en su territorio, a los efectos de resguardar la salud humana y prevenir la contaminación del medioambiente y los alimentos”.
Además, pone en conocimiento de esta medida al Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia, a través de la Dirección de Fiscalización Vegetal.
La recomendación surge tras la presentación por parte de la abogada Graciela Gómez de un caso de leucemia en un menor de cinco años de la localidad de Mercedes, la cual se presume fue ocasionada por la exposición del menor a agroquímicos.
Bonicatto resaltó en diálogo con Télam que “desde la Defensoría creemos que es necesario contribuir a la construcción de una política agraria de acuerdo a las necesidades actuales de la producción, el medio ambiente y el bienestar de la población”.
“Por este motivo y teniendo en cuenta la misión fundamental del Defensor que es la de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos, se está llevando adelante una investigación con el objetivo de procurar la protección de la salud humana", agregó.
En la resolución, Bonicatto ordenó iniciar una investigación de oficio a los efectos de determinar la probable incidencia en la salud de la población y en los alimentos para consumo, respecto del uso de agroquímicos en la actividad agrícola dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires.
(Télam)

Arauco evalúa construir nuevas plantas de celulosa en Chile-Uruguay y Brasil







La investigación determinará si expanden sus actuales unidades industriales o apuestan por levantar otro complejo.  

V. Ibarra y M. Concha 

La compañía forestal Arauco, ligada al grupo Angelini, se encuentra ejecutando un estudio para expandir su capacidad de producción de celulosa en Chile.
Según el gerente corporativo del área celulosa de Arauco, Franco Bozzalla, dicha investigación, denominada "modernizaciones y ampliaciones", busca definir si la filial de Copec levantará un nuevo complejo u opta por realizar una serie de ampliaciones en sus plantas ya existentes. Los resultados del estudio estarían en abril del próximo año y marcarían el modelo de expansión de la firma.
Respecto de los planes inmediatos de Arauco, Bozzalla reveló que la ampliación de la planta Nueva Aldea, que contempla sobrepasar el millón de toneladas de pulpa en capacidad de producción, requiere de una inversión por US$ 100 millones. "Su capacidad de diseño es sobre un millón de toneladas, pero en agosto de 2012 vamos a saber con certeza su total", afirmó.
Además, señaló que el complejo que están construyendo en Uruguay, en conjunto con la finlandesa Stora Enso, ya exhibe un avance de 8,5% en las obras. La fecha de inicio de sus operaciones sería abril de 2013.
En cuanto a la posibilidad de aumentar su futura presencia en dicho país, Bozzalla afirmó que la compañía tiene espacio para seguir creciendo, aunque precisó que con lo plantado hasta la fecha se sustenta el complejo que están levantando. "El desarrollo de nueva masa forestal en Uruguay sería para una nueva planta de celulosa", dijo el ejecutivo.
Posibilidad en Brasil
Otro de los puntos que abordó el ejecutivo del brazo forestal de Copec fue el posible arribo a Brasil con el negocio de fabricación de celulosa.
"Brasil siempre es interesante. Es un mercado que tiene elementos importantes, como por ejemplo que los bosques crecen muy rápido; es fácil hacer negocios en Brasil. A nosotros nos ha ido bien allá, pero no es un tema en que tengamos hoy día algo concreto, pero siempre estamos mirando", afirmó Bozzalla.

Fuente: EL MERCURIO
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LOS MUERTOS QUE MATA TIMERMAN GOZAN DE BUENA SALUD
Enviado por guillermo 

Nuestro irresponsable Canciller dijo que los problemas del pasado “han sido resueltos”. Y remarcó que ambos gobiernos tienen “visión muy parecida de los temas” que enfrentan en relacion con el irresuelto conflicto suscitado por la instalación de la pastera finlandesa en Fray Bentos.
Los dichos de Timerman, quien habitualmente se mueve con mucha irresposanbilidad, no solo son graves porque son mentira, también son graves porque da letra a estos intereses nefastos para que avancen con sus proyectos en la provincia de Corrientes.
Timerman mintió tambien: “los problemas del pasado han sido resueltos y han sido superados con beneficio para los dos pueblos, que es la única manera de resolverlos y que la solución no genere resentimientos”.
“El conflicto con Uruguay está enterrado. La relación es y será óptima”.
Desde el fondo de nuestra historia el unitarismo porteño ha pretendido marcarnos las políticas a los pueblos del interior como si fueramos imberbers infradotados.
Pero el conflicto por la instalación de Botnia-Upm excerbó esta actitud hasta límites no conocidos.
Primero, cuando los “porteños” no tenían ni idea de que se trataba, tuvimos que ir a explicarles lo que estaba ocurriendo, en esos tiempos el entonces Canciller Rafael Bielsa, quién reconoció que : “lo que sabía del tema lo había aprendido de la gente de Gualeguaychú”
Incluso a los abogados de la Cancillería que con la soberbia típica que siempre han tenido los porteños contra los del “interior” nos decían que:…” había que dejar instalar la pastera para después hacer los juicios”.
Posteriormente, al ver el pueblo masivamente movilizado, vinieron en aluvión a sacarse la foto y a asegurarnos:…”la causa de Gualeguaychú es una causa nacional”.
Después trataron por todos los medios de desmovilizarnos, llegando incluso a procesar a asambleistas como una forma de amedrentar al conjunto social.
Hoy tenemos estas declaraciones de Timerman, (quién seguramente se olvidó de tomar la pastilla a la mañana), y con  un triunfalismo infantil pretende sumar como un logro personal el haber “terminado el conflicto”.
Una vez mas los Unitarios se equivocan, una vez mas los “porteños” subestiman las razones de la autonomía del interior.
Una vez más nos quieren “poner la política”.
Una vez más comeran bosta y serán desmentidos por la historia.
El conflicto no está resuelto, el conflicto recién comienza y por un lado estamos los pueblos de la Argentina profunda que hemos crecido amando nuestra naturaleza y nuestro habitat y por otro quienes vienen a tomar por asalto nuestros recursos naturales, con la complicidad de los mercaderes locales, ansiosos por hacer “negocios” con los usurpadores de siempre.

http://www.fundavida.org.ar/web2.0/2011/08/23/los-muertos-que-mata-timerman-gozan-de-buena-salud/