Hidroeléctricas, el Pueblo Maya, y el Derecho de Consulta
Por Tobias Roberts
Imagínese despertarse un día, preparar una taza de café caliente y abrir el periódico matutino solo para darse cuenta que el río que pasa por su comunidad ha sido vendido a una empresa transnacional completamente ajena a su comunidad que planea construir un mega proyecto hidroeléctrico.
Ese mismo río donde iba a pescar el alimento de su familia, donde llevaba los caballos y el ganado para tomar su agua, donde sus hijos jugaban y aprendieron nadar, donde su comunidad juntaba para realizar sus ceremonias sagradas y bautismos, por los próximos 50 años se volverá propiedad de una empresa extranjera que no conoce ni jamás conocerá el íntimo valor del río para su comunidad.
Esta empresa, infundada con la mentalidad capitalista, se limita a ver el río en términos de rentabilidad, margen de ganancia, y fuerza de caudal y así asegura la destrucción de un recurso natural que sostenía su comunidad por años. Lo peor es que se entera de todo eso a través de un breve artículo en el periódico sin que nadie se consultara con usted primero.
Durante los últimos años, este escenario se ha repetido muchas veces en los pueblos mayas del altiplano de Guatemala donde los últimos gobiernos, bajo el encanto de las falsas promesas del desarrollo ilimitado capitalista, se han dedicado a vender los abundantes recursos naturales que se encuentra en los territorios ancestrales indígenas a los mayores postores entre las empresas transnacionales.
El actual gobierno del militar Otto Pérez Molina en su “Marco General de Política para la Promoción de la Inversión Privada en Territorios Rurales” afirma que “se reconoce la necesidad de la inversión privada, nacional y extranjera, para el desarrollo rural integral.” Además, Edwin Rhodes del Ministerio de Energía y Minas afirma que los proyectos hidroeléctricos que promueven el gobierno son “para promover la política de energía renovable del país.” Se estima que el objetivo de mucho de los proyectos hidroeléctricos es para aumentar la capacidad energética del país para poder atraer inversionistas que requieren de mucha energía, como las minerías.
Las apuestas gubernamentales a las políticas de inversión privada en territorios rurales y de energía renovable, sin embargo, han creado una fuerte conflictividad con las comunidades mayoritariamente indígenas donde estas políticas se implementarán por la falta de respetar el derecho de estas comunidades a la consulta previa, libre e informada.
En septiembre, las comunidades Maya-Ixiles de Guatemala, con el apoyo del diputado Amilcar Pop, citaron a los ministros de Energía y Minas (MEM) y de Medioambiente para conocer de los procedimientos que tienen los ministerios para cumplir con la consulta a las comunidades indígenas que es un derecho regido por el convenio 169 del OIT que Guatemala ratificó en 1996 y por la propia constitución del país.
La citación reveló que los ministerios no cuentan con ninguna normativa para regular ni implementar el derecho de consulta. El diputado Pop pidió que los dos ministerios presentaran un plan de cumplimiento del convenio 169 de la OIT dentro de los marcos institucionales de los dos ministerios, algo que ninguno de los ministerios ha cumplido hasta la fecha.
A pesar de que el Convenio 169 de la OIT tiene rango constitucional, el gobierno de Guatemala ha mostrado repetidamente su decisión de ignorar la legalidad de la consulta. El viceministro del MEM, José de la Vega Izeppi justificó que, “Cuando una empresa ha hecho un Estudio de Impacto Ambiental para un determinado proyecto y cuenta con los demás requisitos legales, el Ministerio de Energía y Minas está obligado aprobar los proyectos,” sin mencionar también la obligación del Estado de cumplir con el derecho de la consulta.
El ministro del MEM, Erick Archila recientemente presentó una propuesta reforma a la ley de minería. La nueva ley creará un consejo para otorgar licencias de proyectos mineros dentro de cual habría representantes de la gremial de industrias extractivas pero ninguna representante de las comunidades indígenas afectadas. El ministro Archila además afirmó que en relación a la consulta comunitaria: “No es competencia del MEM esclarecer este aspecto.”
El Convenio 169, sin embargo, es bastante claro en relación al derecho de la consulta. En el artículo 15.2 se lee:
En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo… los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
A través de las declaraciones de los ministros, es evidente que el gobierno de Guatemala no tiene procedimientos institucionales para implementar los acuerdos del Convenio 169. Para que Guatemala avance en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, es imperativo que instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos se transformen de instituciones dedicadas solo a la observación y monitoreo, a instituciones con jurisdicción y competencia para obligar el cumplimiento de la ley.
La semana pasada, las comunidades Mayas Ixiles volvieron a encontrarse con la amarga noticia que otra licencia para un proyecto hidroeléctrico en su territorio ha sido otorgado por el gobierno. El proyecto HidroXacbal Delta de la empresa Energía Limpia de Guatemala recibió una licencia de 50 años para explotar la fuerza del río Xacbal en el municipio de Chajul, Quiché. La misma empresa construyó en 2010 la hidroeléctrica HidroXacbal sobre el mismo río.
Cuando se preguntó a Gaspar Laínez Brito, un líder comunitario de la aldea Juil situada cerca del sitio de la nueva hidroeléctrica sobre el proyecto HidroXacbal Delta, expresó que, “No estamos enterrados de este proyecto. Es una discriminación porque no sabemos nada de lo que va a pasar. El gobierno regala permisos sin decirnos nada.”
En relación a las consecuencias que traerá el proyecto hidroeléctrico, Laínez Brito añadió: “Creemos que va a traer cosas malas porque hemos escuchado que la empresa está haciendo daño a la producción de café y milpa en las aldeas cercanas y tenemos miedo que eso nos va a pasar como el nuevo proyecto está cerca de nosotros. Nos va a perjudicar bastante”.
Con el gobierno guatemalteco listo para recibir a finales de octubre licitaciones de varias empresas para suministrar 600 MW de nueva energía, la mayoría proviniendo de mega-proyectos hidroeléctricos, las preocupaciones y miedos del señor Laínez Brito se repetirán en muchas comunidades indígenas alrededor del país.
Vale la pena preguntar el por qué de la estrategia del gobierno de inundar (literalmente) los territorios indígenas con mega-proyectos hidroeléctricos. ¿Será que estos proyectos traerán empleo y desarrollo a una región donde la tasa de pobreza es cerca de 75%?
El FAO de la Naciones Unidas afirma que “Las cooperativas de todos los sectores proveen de alrededor de 100 millones de empleos en todo el mundo, lo que es una cifra 20% mayor que el número de empleos que dan la empresas multinacionales.” Además se estima que, “mil millones de personas en todo el mundo pertenecen a cooperativas.”
Dada que la mayoría de pueblos indígenas de Guatemala siguen viviendo y protegiendo una vida agraria con fuertes conexiones y arraigos a un determinado territorio, si el gobierno estuvo realmente interesado en el desarrollo rural, invertirá en programas que buscara aumentar las cooperativas agrícolas y otras políticas agrarias en consonancia con la cosmovisión de los pueblos. Además de ser una estrategia que generara más empleo para la población rural, creará menos conflicto social y menos daño al medio ambiente.
El Convenio 169 de la OIT en el artículo 7 añade que:
“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo…y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.
El gobierno de Guatemala, si es un gobierno apegado a la ley y la gobernabilidad, necesita urgentemente revisar sus políticas de inversión privada en territorios rurales y de energía renovable, crear mecanismos para respetar el convenio 169, y reorientar su política agraria para realmente beneficiar los pueblos indígenas y campesinos.
