Níger: Uranio, pobreza e inestabilidad
Guin Guin Bali
El uranio no sirve para que el pueblo de Níger viva mejor, sino al contrario: su explotación provoca daños sociales, medioambientales y en la salud de la población. Este podría ser el resumen de la industria del uranio en un país que, si bien se sitúa entre el tercer y quinto puesto como productor mundial de este mineral fundamental para la generación de energía nuclear (con una producción de entorno al 7,5% del total), ocupa año tras año los últimos puestos del índice de desarrollo humano del PNUD.
En torno a un 60% de los nigerinos viven por debajo del umbral de la pobreza, el índice de mortalidad de las madres al dar a luz es de los más altos del mundo y la esperanza de vida de sus 17 millones de habitantes no supera los 54 años. El gran protagonista de la explotación del uranio es la multinacional francesa Areva, empresa con participación mayoritaria del Estado francés. Sus vínculos con los sucesivos gobiernos del país y el secretismo de sus acuerdos han marcado la agenda económica de Níger desde el inicio de los años 70. El uranio de Níger representa entre el 30 y 40% de las importaciones de Francia, gran importador de uranio debido a que posee 58 generadores nucleares y unos dos tercios de su energía son de carácter nuclear.
Estas cifras dan cuenta de la magnitud de la apuesta de París en Níger, país que constituye una de las piezas claves de la Françafrique, el entramado de relaciones de las elites francesas y subsaharianas y sus redes de patronazgo, clientelismo, apoyos y favores diversos. En este sentido, la presencia militar francesa en este país ha sido uno de los baluartes de sus relaciones bilaterales. Cabe apuntar también que el Estado nigerino ha venido percibiendo un importe muy bajo de los beneficios del uranio.
El uranio se ha venido explotando a través de dos grandes empresas participadas principalmente por Francia y Níger: la Somair (en la que Areva detenta un 63%) y la Cominak (con un 34% en manos de Areva, y con participación también extranjera de Japón y de España, ésta última a través de la titularidad del 10% del capital social que detenta la empresa pública Enusa).
El resultado directo de la gestión y explotación del uranio para el pueblo nigerino -a la luz de diversos informes, tanto de asociaciones locales como extranjerasse concreta en numerosos impactos negativos entorno a los tres ámbitos reseñados al principio. De un lado, la explotación del uranio se ha realizado sin consultar a la población local y a través de sucesivas expropiaciones de tierra, con la consiguiente alteración de los medios de vida de las comunidades; de otro, es constatable que en torno a 80.000 personas que viven en las zonas mineras padecen afecciones respiratorias, enfermedades cancerígenas o experimentan otras dolencias; por si esto fuera poco, la contaminación del agua, aire y suelo y la diseminación de residuos radioactivos supone una gran degradación medioambiental.
Todas estas cuestiones fueron determinantes para el alzamiento en los años 90 del Movimiento Nigerino por la Justica (MNJ), en la región de Agadez. El conflicto que este grupo tuareg mantiene con el gobierno nigerino ha pasado por varias etapas. Después de un acuerdo de paz, retomó las armas entre 2007 y 2009, período en el que declaró “la guerra del uranio”. Actualmente, no existe un conflicto abierto, pese a la tensión persistente y los riesgos derivados del conflicto de Malí. Las demandas del MNJ – con las que coincide la población de la zona– se concretan en una reparación de los daños provocados por la explotación del uranio, un reparto más equitativo de los ingresos resultantes y una mayor representación en el conjunto de las instituciones estatales (de hecho, el nuevo primer ministro del país es un tuareg). Hasta la fecha se han producido diversos secuestros de extranjeros, algunos de ellos trabajadores de Areva, con la participación en 2010 de AQMI, la rama magrebí de Al Qaeda.
Por otro lado, a partir de 2007 se produjo un punto de inflexión en torno a la industria del uranio. Areva perdió el monopolio de este mineral pero obtuvo la concesión de la mina de Imouraren, uno de los yacimientos más importantes del mundo y en el que se prevé una inversión de 1.200 millones de euros; además, la multinacional francesa aceptó que el Estado nigerino incrementase los ingresos pactados con ella en un 50%. En ese año se adjudicaron además licencias de exploración del uranio a más de 100 empresas de varios países. Otros minerales, como el oro, la plata y el carbón, son también explotados por empresas extranjeras.
En el contexto actual una de las potencias clave es China, que ha iniciado recientemente la explotación de una mina de uranio y la extracción, por primera vez en el país, de petróleo, a un ritmo de 20.000 barriles al día. A partir de la catástrofe de Fukushima los planes nucleares de diversos países han quedado en suspenso o han sido cancelados, si bien en el caso de China (con 16 reactores y 20 en construcción) no se descarta proseguir con la meta de 60 nuevos reactores para 2020. La presencia de China en Níger suscita, como en tantos otros países, múltiples cuestiones sobre sus impactos en torno al ya providencial debate sobre si China “ayuda o arrasa” en África.
Las inversiones y apoyos chinos en sectores despreciados por las potencias occidentales -como es el caso del préstamo prometido de 980 millones de dólares para construir una refinería- se ven ensombrecidos con la venta de armamento y acuerdos opacos. Con las consiguientes similitudes, esto aproxima la política de Pekín a la desplegada por Francia.
Toda esta confluencia de actores y dinámicas de explotación de los minerales sigue, evidentemente, sin traducirse en una mejora de las condiciones de vida del conjunto de la población. Tras el golpe de Estado de 2010, el nuevo gobierno salido de las urnas en 2011 cuenta con un gran respaldo internacional y está poniendo en marcha diversos programas de desarrollo. Esta nueva etapa se caracteriza además por unas expectativas halagüeñas tanto en relación al aumento de los ingresos procedentes de los minerales y el petróleo, como al crecimiento del PIB (con una estimación del 8,5% para 2012). Esto vuelve a situar al país en el punto de mira de los inversores extranjeros y los apoyos internacionales.
La Ayuda Oficial al Desarrollo representa un porcentaje muy elevado del presupuesto estatal (según algunas fuentes hasta un 50%). En el caso de la Unión Europea, el apoyo se concreta en 42 millones de dólares destinados a Buen Gobierno y Seguridad y en la reciente misión civil EUCAP Sahel. Dotada con 8,7 millones de euros y con participación española, esta misión formará a las fuerzas de seguridad nigerinas en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
Por otro lado, Níger viene a su vez convocando la atención mediática en torno a las recurrentes sequías que en 2005, 2010 y 2012 asolaron el país y otros territorios del Sahel. Los efectos del cambio climático, la consiguiente degradación de los ecosistemas, la baja inversión agrícola y plagas diversas están provocando que 18 millones de personas en el Sahel se encuentren en una situación absolutamente precaria. Sólo en Níger son seis millones los afectados por una preocupante inseguridad alimentaria, dos de ellos de forma muy grave. Según UNICEF un millón de niños en el Sahel se ven afectados por desnutrición severa, 400.000 de los cuales son nigerinos. Por otro lado, los fondos para la asistencia humanitaria sólo llegan parcialmente: en mayo de 2012 sólo se había cubierto la mitad de los 1.500 millones de dólares que Naciones Unidas estimaba necesarios para cubrir las necesidades acuciantes de la población.
El escenario descrito se complica a causa del conflicto abierto en el norte de Mali y la inminente intervención de las fuerzas de la CEDEAO, que, con participación de un contingente nigerino y de Francia y EEUU, actuarán contra los tuaregs y jihadistas instalados en Azawad, . con riesgos evidentes de generar mayor estabilidad en Níger (país que ya ha acogido a unos 40.000 refugiados procedentes de Malí).
Todo lo señalado suscita claramente muchas cuestiones cuya respuesta debería estar en el centro de las políticas de todos los actores internacionales con intereses en el país y del gobierno de Níger. La “maldición de los recursos” en Níger, como en cualquier otro país, tiene nombres y apellidos. Los ingentes déficit socio-económicos, los impactos negativos derivados del uranio sobre la población, la inestabilidad generalizada y la fragilidad de unas instituciones extremadamente limitadas a la hora de prever y hacer frente a las catástrofes naturales tienen también causas bien concretas. Lamentablemente y como es habitual, los intereses sobre seguridad energética se traducen en una completa exclusión del conjunto de las poblaciones locales, que en última instancia son las legítimas titulares de los recursos naturales.
Jesús García-Luengos es cofundador y coordinador general de RESET. Coordinador del área de Recursos Naturales en el Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Investigador especializado en derechos humanos, gobernanza, recursos naturales e industrias extractivas.
