Uruguay: Megaminería. Pueblos en contra
Eliana Gilet - Betania Núñez
Una organización popular parece consolidarse. Montevideo la vio desfilar por su principal avenida a fines del año pasado, en la III Marcha Nacional en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales. Al margen de las organizaciones tradicionales crece un movimiento diverso y amplio, que tiene sus raíces en el interior del país. Son Frenteamplistas, blancos, colorados, anarquistas, ateos, católicos o evangelistas de Tacuarembó. Los une su posición contraria a la instalación de la minería a cielo abierto en el país.
Remando contra la corriente de la clase política dirigente, cuya decisión es firme y sorda, el grupo que se denominó Tacuarembó por la Vida y el Agua ya tiene más de 11 mil firmas para hacer visible una voluntad que sigue cosechando adhesiones y que se ha transformado en puntal para el movimiento popular más importante que tiene hoy Uruguay.
Al mediodía de un sábado otoñal apenas cálido, mientras en la plaza se cuelgan los banderines para celebrar los 200 años de las instrucciones de 1813, está reunido parte del grupo Tacuarembó por la Vida y el Agua en el local de Adeom. Son Sebastián, integrante de la radio comunitaria local La Kandela, Ruth, productora rural “y abuela preocupada por el futuro de sus nietos”, Óscar, presidente del sindicato de los municipales, Fabricio, el abogado patrocinante de la causa, y Javier y Betina, pequeños productores de la zona. Están ávidos de relatar su experiencia organizativa y los argumentos que los llevan a rechazar la instalación de la minería metalífera a cielo abierto.
“Fue una productora de Caraguatá que hoy integra el grupo, María Elena, a quien un día escuchamos hablando en la radio de que se venía la minería a cielo abierto en Tacuarembó. Y entendimos que la minería no era sólo Aratirí.” Instalada la preocupación, el grupo de la comunitaria empezó a informarse y a “ver que el tema era mucho más grande de lo que salía en los medios de comunicación”, cuenta Sebastián. Lo siguieron. Se contactaron con la gente de Cerro Chato. Hablaron con vecinos de la zona. Buscaron información. Investigaron. Para el segundo aniversario de la radio, en agosto de 2010, organizaron una actividad de difusión y discusión de la minería a cielo abierto. La respuesta fue contundente: “llenamos la Casa del Maestro”. Luego tomaron contacto con Óscar, “que estaba dispuesto a formar un grupo con otra gente que estuviera sensibilizada con el tema”. Así se fue armando una red (véase “La organización que viene del Interior”).
Lo que los habilita como departamento a disponer de las actividades que se realizan en su territorio es la ley de ordenamiento territorial del año 2008, que aún está a la espera de su reglamentación. Basados en esta potestad fue que el grupo decidió llevar adelante una iniciativa popular en Tacuarembó. Por esto es que el texto de la papeleta se atreve a sentenciar: “Queda prohibida la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio del departamento”.
Aunque lo que se busca es habilitar la consulta popular, existe la posibilidad de que no sea necesario llamar a votación. Si la Junta Departamental, cuando reciba las firmas, hace suya esa ordenanza, tiene la competencia de reglamentarla directamente. De lo contrario el intendente se verá obligado a convocar al plebiscito.
Pero toda la estrategia se basa en la ley actual. Si fuera modificada, “y se establece que pase a ser potestad nacional, marchamos”, afirma Sebastián, que de todas formas aclara que “siempre fuimos conscientes de que eso podía pasar. Lo que queremos es marcar el hecho político de que la ciudadanía de Tacuarembó se posicionó en contra de la minería de gran porte”.
Lo político
El grupo se ha mantenido distante del entramado partidario, por lo que no involucraron en la movida a políticos, sin distinción de su color. Igual, desde el grupo se analizan las posturas de ediles y diputados de su departamento, y hay consenso en una tesis: los partidos tradicionales son en general tímidos (“que sí, que no, que capaz, que vamos a ver”) porque notan que hay un capital social que les conviene respetar. Paradójicamente, o no tanto, el que se paró en la vereda de enfrente fue el Frente Amplio (FA). “El diputado del MPP de acá, Edgardo Rodríguez, le ha pegado al obispo que integra el grupo (véase “Plegaria antiminera”). No discute con argumentos a favor de la minería sino que ataca a la persona y a la institución. Por ejemplo, llegó a plantear que la Iglesia tenía que devolver el oro que se llevó durante la colonización.” Betina complementa la idea: “Él considera enemigos a todos los que se opongan a lo que dice su fuerza política”. En la reunión los presentes entienden que se trata de “una postura oficial que dice que la minería va y va, que el puerto de aguas profundas va y va...”. Javier remata: “Lo que hay es una posición tomada y comprada”.
Desde el FA y desde otros palos, se ha acusado al grupo de defender los intereses de la oligarquía. Pero “es mentira –dicen–, porque aunque pueda parecer que se afecta a dos o tres estancieros, en realidad los que se quedan sin tierras son un montón de productores chicos”, afirma Betina. En un diálogo ininterrumpido, Javier agrega: “Los que nos tenemos que preocupar somos los peludos de abajo. El estanciero vende 500 hectáreas y por el resto de la vida no se preocupa, lo invierte en otra cosa o directamente la pone en el banco y chau Pinela”.
Este productor también ensaya argumentos para enfocar el tema sobre las multinacionales que se benefician con eso que se ha nombrado cambio de la matriz productiva. “Si los gobiernos no han sido capaces de dominar a la poca y mala oligarquía conocida, menos van a poder controlar a las multinacionales, que no tienen un patrón, que no tienen una cara. Entonces, que no vengan a decir que las multinacionales van a ser la solución.” La asamblea continúa. Toma la palabra Sebastián: “Hablan de la oligarquía que tiene estancias de 2 mil hectáreas, pero Montes del Plata, por ejemplo, es dueña de 250 mil. Lo que está pedido hoy para la minería son 3 millones y medio de hectáreas. Si se hace una comparación, el estanciero oligarca es un pobre diablo. En términos de lucha de clases, ¿contra quién están peleando en realidad?
Lo social
El grupo rescata, más allá de la aplicación real que pueda tener la movida, su valor simbólico. “La composición social de los que están en contra de la megaminería hace que el costo político de reprimirlo sea alto. Porque la sociedad está acostumbrada a que repriman a los de siempre, pero no a la buena vecina que es la primera vez que sale a manifestarse”, analiza Sebastián.
La gran adhesión de los tacuaremboenses, explican, se debe a que la economía que mueve al departamento está principalmente asociada a la ganadería. “Se dice que en la ganadería extensiva hay sólo unos poquitos peones explotados, lo cual muchas veces es cierto. Pero hay que tomar en cuenta toda la cadena cárnica, al igual que lo hacen cuando calculan los puestos de trabajo que posibilitaría la minería.” Por eso dudan de que considerando la extensión de tierra que se piensa dedicar a la minería se logre sostener la misma cantidad de puestos de trabajo que con la producción ganadera. Señalan, además, que “la ganadería puede desarrollarse durante cientos de años, mientras que la minería dura 12 o 15 y se termina, ese terreno ya no sirve para ninguna otra actividad”.
Desde Tacuarembó señalan que en Montevideo el tema no ha protagonizado debates. Lo entienden, porque el entorno urbano está divorciado de lo que implica la producción de alimentos, plantean. Analizan que Tacuarembó, un pueblo que seguramente no avale el matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana ni el aborto, en su afán de mantener las cosas como son sí “protege el ambiente”. Y lo que desde una óptica social puede ser leído como conservador, desde el costado ambiental se traduce en transgresión.
Plegaria antiminera
“Él es muy respetado, por propios y por ajenos. Se juega por cuestiones sociales, tiene una coherencia y una trayectoria.” La presentación la hace alguien que se autodefine como ateo. El obispo de Tacuarembó y Rivera, monseñor Julio Bonino, estuvo presente, aunque ausente, en la conversación de Brecha con los integrantes del movimiento. Él también es parte de la comisión y “su participación no es menor”, señalan.
En la misa criolla de la Patria Gaucha, instancia donde el movimiento recolectó la mayor cantidad de firmas, Bonino habló de la minería, de su concepción de la democracia y del vínculo de la Iglesia con la sociedad. “Por favor, que nunca se nos ocurra querer una Iglesia a la que no le importe nada lo que le pasa a la sociedad”, sostuvo, y agregó que “algunos creen que la democracia es votar cada cuatro o cinco años, y que después aquellos que nos representan hagan lo que les parezca. Hay cosas, como nada menos que la suerte de esta tierra y de esta agua dulce que tenemos, que no es cuestión de decidir lo que se hace sin preguntar”.
En la misma línea, en diálogo con Brecha, Bonino planteó que “si se quiere cambiar la matriz productiva de Uruguay, que nos pregunten. Uno ve que acá, en una zona ganadera, la soja y la forestación han avanzado y es una convivencia que a veces no se basa en la complementariedad sino en desplazar al otro”. El obispo también habló de las “interpelaciones” que recibió del Frente Amplio y las “advertencias” sobre el acuerdo multipartidario que se estaba desarrollando: “Yo no tengo dudas de que el código minero es mucho peor que esta ley. No estoy en contra de la ley. Pero no creo, a la luz de lo que pasa con las mineras ya instaladas, que el Estado tenga gente preparada para controlar. Luego de que se establece la ley y se dice que hay que hacer determinados controles, ¿quién lo va a hacer, qué garantía hay de eso?”.
Bonino comentó que “en un encuentro continental de la red de iglesias de América Latina se expuso cómo este malón (minero) se impuso en todos los países”. “Vamos a cacarear”, aseguró Bonino a Brecha, usando palabras similares a las que pronunció durante la misa criolla: “Esta patria gaucha nos hace mirar y pensar que tenemos que preservar la herencia natural e histórica si no queremos desaparecer del mapa, siendo tan chiquitos como somos en este mundo. Que esta oración nuestra sea un pedido a Dios de que nos abra los ojos”.
De espaldas
La Cámara de Representantes aprobó la ley que regula la minería de gran porte en una sesión extraordinaria, este miércoles 17. “La aprobación de la ley no es una sorpresa. La duda es lo que vayan a hacer los partidos tradicionales, si van a dejar solo al Frente. Pero la decisión política del Frente Amplio, que tiene mayorías parlamentarias, ya estaba tomada. Es una prioridad y no hay vuelta de hoja”, comentó Sebastián, de Tacuarembó, a Brecha, mientras el proyecto aún estaba en consideración.
Y eso fue lo que sucedió finalmente. La sesión terminó aprobando el proyecto con todos los votos del fa, los dos del Partido Independiente y seis de los diputados de Unidad Nacional del Partido Nacional. Tanto los legisladores de la Cámara baja de Alianza Nacional como los del Partido Colorado no lo votaron, argumentando diferencias con el acuerdo multipartidario firmado en 2011 y que había aspectos a mejorar en la ley.
En principio, su aprobación no trunca la tarea de los tacuaremboenses, amparados en la ley de ordenamiento territorial. Su atención está puesta en el momento en que se empiece a discutir sus directrices nacionales, de las que sólo se conoce un anteproyecto, colgado en la página web de la Dinama. Desde Tacuarembó, están abocados a la tarea local, “para que se inicie cuanto antes el mecanismo de consulta”-
Un grupo similar de Treinta y Tres emitió un comunicado en el que lamentan “el desprolijo manejo legislativo de un tema de tan alto impacto social y económico para el país”. Reiteran su convencimiento de que “si se abriera un gran debate nacional” en el que fluyera la información, “el pueblo se pronunciaría categóricamente en contra”, pero que esta media sanción “no detendrá nuestros esfuerzos para lograr que el departamento de Treinta y Tres se declare libre de megaminería metalífera a cielo abierto”.
Los de Tacuarembó manifiestan que “lo que estamos haciendo tiene un montón de debilidades, así nos lo manifestó el fiscal (Enrique) Viana, pero nos organizamos sabiendo eso, esperando el batacazo que pueda generar para el movimiento”.
Consultado por Brecha mientras se sesionaba en el Parlamento, el fiscal aseguró que piensa que “la ley de ordenamiento territorial tiene algunas cuestiones bastante dudosas en cuanto al otorgamiento de determinadas competencias. La minería no debería ser materia de legislación departamental. Los plebiscitos me parecen iniciativas muy interesantes y muy importantes, pero pueden tener dificultades. Lo que este proyecto de megaminería pretende es legitimar un daño grave al ambiente, contra lo que se expide la Constitución. Entiendo que de sancionarse, este proyecto de ley es inconstitucional y así lo planteará la Fiscalía”.
Desde las barras, una de las primeras concurrentes manifestó con cierto fastidio: “Acá se debería estar discutiendo una ley que prohíba la minería, y no una ley que la regule”.
La organización que viene del interior
La clave para lograr un frente común fue la apertura. “La particularidad fue que en Tacuarembó se armó un grupo bien diverso y heterogéneo. El punto que nos unió fue estar en contra de la minería a cielo abierto; además de eso, no hay mucho más.”
Armado el grupo, se contactaron con el resto de las organizaciones que por el mismo motivo han surgido en distintas partes del país. Al final del recorrido, desembarcaron en Montevideo. “Llevábamos la idea de hacer una consulta a nivel nacional que prohibiera la minería a cielo abierto en todo el país. Nos reunimos con sindicatos, con ecologistas y hasta con anarquistas para plantearles esa idea e invitarlos a realizar una asamblea en Tacuarembó.”
La primera propuesta quedó en pausa. Entendieron que estaban verdes para llevar adelante una campaña a nivel nacional: “Pensábamos en algo similar a lo que se hizo con el agua, pero nosotros no teníamos apoyo de ningún partido político ni del PIT-CNT”. La asamblea sí se realizó, en agosto de 2012, y fue histórica. “Participaron unas 300 personas de todo el país, momento en que el movimiento pasó a tener carácter nacional y a coordinar acciones. Fue la primera asamblea de lo que ahora se llama Asamblea Nacional Permanente en Defensa de los Bienes Naturales, que es la que ha organizado las marchas grandes en Montevideo.”
Después se hicieron dos asambleas más, una en noviembre en La Paloma y otra en febrero en el Sauce. “En cada asamblea se hace un cronograma de actividades a nivel nacional. También hay reuniones regionales, que quedan sujetas a los grupos de cada zona.” Ejemplos de las de carácter nacional fueron las tres marchas de Montevideo. La cuarta será el próximo 10 de mayo, a las 17.30 horas, desde el Obelisco.
En paralelo, el grupo de Tacuarembó decidió empezar a juntar firmas en el pago grande.
La experiencia se replicó también en Treinta y Tres, Lavalleja y Cerro Largo. “No están teniendo el mismo peso”, comenta Fabricio. “En Rivera empezó un diputado y se tornó una cuestión partidaria; incluso se formó una comisión de notables, pero no han logrado llegar a la gente. En Lavalleja, ingresaron el pedido de prohibición directamente a la Junta Departamental, pero los ediles dijeron que no, porque ni siquiera ellos tenían suficiente información. La misma noche en que recibieron esa respuesta lanzaron la campaña de recolección de firmas.” En Treinta y Tres la recolección de firmas es la única que no está ligada a una consulta popular.
“Sabemos que lo de Tacuarembó está siendo observado por todos. Están esperando a ver qué es lo que pasa acá”, advierte Sebastián.
Fuente: Brecha - Imagenes: actualidad.orange.es - rpp.com.peUna organización popular parece consolidarse. Montevideo la vio desfilar por su principal avenida a fines del año pasado, en la III Marcha Nacional en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales. Al margen de las organizaciones tradicionales crece un movimiento diverso y amplio, que tiene sus raíces en el interior del país. Son Frenteamplistas, blancos, colorados, anarquistas, ateos, católicos o evangelistas de Tacuarembó. Los une su posición contraria a la instalación de la minería a cielo abierto en el país.
Remando contra la corriente de la clase política dirigente, cuya decisión es firme y sorda, el grupo que se denominó Tacuarembó por la Vida y el Agua ya tiene más de 11 mil firmas para hacer visible una voluntad que sigue cosechando adhesiones y que se ha transformado en puntal para el movimiento popular más importante que tiene hoy Uruguay.
Al mediodía de un sábado otoñal apenas cálido, mientras en la plaza se cuelgan los banderines para celebrar los 200 años de las instrucciones de 1813, está reunido parte del grupo Tacuarembó por la Vida y el Agua en el local de Adeom. Son Sebastián, integrante de la radio comunitaria local La Kandela, Ruth, productora rural “y abuela preocupada por el futuro de sus nietos”, Óscar, presidente del sindicato de los municipales, Fabricio, el abogado patrocinante de la causa, y Javier y Betina, pequeños productores de la zona. Están ávidos de relatar su experiencia organizativa y los argumentos que los llevan a rechazar la instalación de la minería metalífera a cielo abierto.
“Fue una productora de Caraguatá que hoy integra el grupo, María Elena, a quien un día escuchamos hablando en la radio de que se venía la minería a cielo abierto en Tacuarembó. Y entendimos que la minería no era sólo Aratirí.” Instalada la preocupación, el grupo de la comunitaria empezó a informarse y a “ver que el tema era mucho más grande de lo que salía en los medios de comunicación”, cuenta Sebastián. Lo siguieron. Se contactaron con la gente de Cerro Chato. Hablaron con vecinos de la zona. Buscaron información. Investigaron. Para el segundo aniversario de la radio, en agosto de 2010, organizaron una actividad de difusión y discusión de la minería a cielo abierto. La respuesta fue contundente: “llenamos la Casa del Maestro”. Luego tomaron contacto con Óscar, “que estaba dispuesto a formar un grupo con otra gente que estuviera sensibilizada con el tema”. Así se fue armando una red (véase “La organización que viene del Interior”).
Lo que los habilita como departamento a disponer de las actividades que se realizan en su territorio es la ley de ordenamiento territorial del año 2008, que aún está a la espera de su reglamentación. Basados en esta potestad fue que el grupo decidió llevar adelante una iniciativa popular en Tacuarembó. Por esto es que el texto de la papeleta se atreve a sentenciar: “Queda prohibida la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio del departamento”.
Aunque lo que se busca es habilitar la consulta popular, existe la posibilidad de que no sea necesario llamar a votación. Si la Junta Departamental, cuando reciba las firmas, hace suya esa ordenanza, tiene la competencia de reglamentarla directamente. De lo contrario el intendente se verá obligado a convocar al plebiscito.
Pero toda la estrategia se basa en la ley actual. Si fuera modificada, “y se establece que pase a ser potestad nacional, marchamos”, afirma Sebastián, que de todas formas aclara que “siempre fuimos conscientes de que eso podía pasar. Lo que queremos es marcar el hecho político de que la ciudadanía de Tacuarembó se posicionó en contra de la minería de gran porte”.
Lo político
El grupo se ha mantenido distante del entramado partidario, por lo que no involucraron en la movida a políticos, sin distinción de su color. Igual, desde el grupo se analizan las posturas de ediles y diputados de su departamento, y hay consenso en una tesis: los partidos tradicionales son en general tímidos (“que sí, que no, que capaz, que vamos a ver”) porque notan que hay un capital social que les conviene respetar. Paradójicamente, o no tanto, el que se paró en la vereda de enfrente fue el Frente Amplio (FA). “El diputado del MPP de acá, Edgardo Rodríguez, le ha pegado al obispo que integra el grupo (véase “Plegaria antiminera”). No discute con argumentos a favor de la minería sino que ataca a la persona y a la institución. Por ejemplo, llegó a plantear que la Iglesia tenía que devolver el oro que se llevó durante la colonización.” Betina complementa la idea: “Él considera enemigos a todos los que se opongan a lo que dice su fuerza política”. En la reunión los presentes entienden que se trata de “una postura oficial que dice que la minería va y va, que el puerto de aguas profundas va y va...”. Javier remata: “Lo que hay es una posición tomada y comprada”.
Desde el FA y desde otros palos, se ha acusado al grupo de defender los intereses de la oligarquía. Pero “es mentira –dicen–, porque aunque pueda parecer que se afecta a dos o tres estancieros, en realidad los que se quedan sin tierras son un montón de productores chicos”, afirma Betina. En un diálogo ininterrumpido, Javier agrega: “Los que nos tenemos que preocupar somos los peludos de abajo. El estanciero vende 500 hectáreas y por el resto de la vida no se preocupa, lo invierte en otra cosa o directamente la pone en el banco y chau Pinela”.
Este productor también ensaya argumentos para enfocar el tema sobre las multinacionales que se benefician con eso que se ha nombrado cambio de la matriz productiva. “Si los gobiernos no han sido capaces de dominar a la poca y mala oligarquía conocida, menos van a poder controlar a las multinacionales, que no tienen un patrón, que no tienen una cara. Entonces, que no vengan a decir que las multinacionales van a ser la solución.” La asamblea continúa. Toma la palabra Sebastián: “Hablan de la oligarquía que tiene estancias de 2 mil hectáreas, pero Montes del Plata, por ejemplo, es dueña de 250 mil. Lo que está pedido hoy para la minería son 3 millones y medio de hectáreas. Si se hace una comparación, el estanciero oligarca es un pobre diablo. En términos de lucha de clases, ¿contra quién están peleando en realidad?
Lo social
El grupo rescata, más allá de la aplicación real que pueda tener la movida, su valor simbólico. “La composición social de los que están en contra de la megaminería hace que el costo político de reprimirlo sea alto. Porque la sociedad está acostumbrada a que repriman a los de siempre, pero no a la buena vecina que es la primera vez que sale a manifestarse”, analiza Sebastián.
La gran adhesión de los tacuaremboenses, explican, se debe a que la economía que mueve al departamento está principalmente asociada a la ganadería. “Se dice que en la ganadería extensiva hay sólo unos poquitos peones explotados, lo cual muchas veces es cierto. Pero hay que tomar en cuenta toda la cadena cárnica, al igual que lo hacen cuando calculan los puestos de trabajo que posibilitaría la minería.” Por eso dudan de que considerando la extensión de tierra que se piensa dedicar a la minería se logre sostener la misma cantidad de puestos de trabajo que con la producción ganadera. Señalan, además, que “la ganadería puede desarrollarse durante cientos de años, mientras que la minería dura 12 o 15 y se termina, ese terreno ya no sirve para ninguna otra actividad”.
Desde Tacuarembó señalan que en Montevideo el tema no ha protagonizado debates. Lo entienden, porque el entorno urbano está divorciado de lo que implica la producción de alimentos, plantean. Analizan que Tacuarembó, un pueblo que seguramente no avale el matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana ni el aborto, en su afán de mantener las cosas como son sí “protege el ambiente”. Y lo que desde una óptica social puede ser leído como conservador, desde el costado ambiental se traduce en transgresión.
Plegaria antiminera
“Él es muy respetado, por propios y por ajenos. Se juega por cuestiones sociales, tiene una coherencia y una trayectoria.” La presentación la hace alguien que se autodefine como ateo. El obispo de Tacuarembó y Rivera, monseñor Julio Bonino, estuvo presente, aunque ausente, en la conversación de Brecha con los integrantes del movimiento. Él también es parte de la comisión y “su participación no es menor”, señalan.
En la misa criolla de la Patria Gaucha, instancia donde el movimiento recolectó la mayor cantidad de firmas, Bonino habló de la minería, de su concepción de la democracia y del vínculo de la Iglesia con la sociedad. “Por favor, que nunca se nos ocurra querer una Iglesia a la que no le importe nada lo que le pasa a la sociedad”, sostuvo, y agregó que “algunos creen que la democracia es votar cada cuatro o cinco años, y que después aquellos que nos representan hagan lo que les parezca. Hay cosas, como nada menos que la suerte de esta tierra y de esta agua dulce que tenemos, que no es cuestión de decidir lo que se hace sin preguntar”.
En la misma línea, en diálogo con Brecha, Bonino planteó que “si se quiere cambiar la matriz productiva de Uruguay, que nos pregunten. Uno ve que acá, en una zona ganadera, la soja y la forestación han avanzado y es una convivencia que a veces no se basa en la complementariedad sino en desplazar al otro”. El obispo también habló de las “interpelaciones” que recibió del Frente Amplio y las “advertencias” sobre el acuerdo multipartidario que se estaba desarrollando: “Yo no tengo dudas de que el código minero es mucho peor que esta ley. No estoy en contra de la ley. Pero no creo, a la luz de lo que pasa con las mineras ya instaladas, que el Estado tenga gente preparada para controlar. Luego de que se establece la ley y se dice que hay que hacer determinados controles, ¿quién lo va a hacer, qué garantía hay de eso?”.
Bonino comentó que “en un encuentro continental de la red de iglesias de América Latina se expuso cómo este malón (minero) se impuso en todos los países”. “Vamos a cacarear”, aseguró Bonino a Brecha, usando palabras similares a las que pronunció durante la misa criolla: “Esta patria gaucha nos hace mirar y pensar que tenemos que preservar la herencia natural e histórica si no queremos desaparecer del mapa, siendo tan chiquitos como somos en este mundo. Que esta oración nuestra sea un pedido a Dios de que nos abra los ojos”.
De espaldas
La Cámara de Representantes aprobó la ley que regula la minería de gran porte en una sesión extraordinaria, este miércoles 17. “La aprobación de la ley no es una sorpresa. La duda es lo que vayan a hacer los partidos tradicionales, si van a dejar solo al Frente. Pero la decisión política del Frente Amplio, que tiene mayorías parlamentarias, ya estaba tomada. Es una prioridad y no hay vuelta de hoja”, comentó Sebastián, de Tacuarembó, a Brecha, mientras el proyecto aún estaba en consideración.
Y eso fue lo que sucedió finalmente. La sesión terminó aprobando el proyecto con todos los votos del fa, los dos del Partido Independiente y seis de los diputados de Unidad Nacional del Partido Nacional. Tanto los legisladores de la Cámara baja de Alianza Nacional como los del Partido Colorado no lo votaron, argumentando diferencias con el acuerdo multipartidario firmado en 2011 y que había aspectos a mejorar en la ley.
En principio, su aprobación no trunca la tarea de los tacuaremboenses, amparados en la ley de ordenamiento territorial. Su atención está puesta en el momento en que se empiece a discutir sus directrices nacionales, de las que sólo se conoce un anteproyecto, colgado en la página web de la Dinama. Desde Tacuarembó, están abocados a la tarea local, “para que se inicie cuanto antes el mecanismo de consulta”-
Un grupo similar de Treinta y Tres emitió un comunicado en el que lamentan “el desprolijo manejo legislativo de un tema de tan alto impacto social y económico para el país”. Reiteran su convencimiento de que “si se abriera un gran debate nacional” en el que fluyera la información, “el pueblo se pronunciaría categóricamente en contra”, pero que esta media sanción “no detendrá nuestros esfuerzos para lograr que el departamento de Treinta y Tres se declare libre de megaminería metalífera a cielo abierto”.
Los de Tacuarembó manifiestan que “lo que estamos haciendo tiene un montón de debilidades, así nos lo manifestó el fiscal (Enrique) Viana, pero nos organizamos sabiendo eso, esperando el batacazo que pueda generar para el movimiento”.
Consultado por Brecha mientras se sesionaba en el Parlamento, el fiscal aseguró que piensa que “la ley de ordenamiento territorial tiene algunas cuestiones bastante dudosas en cuanto al otorgamiento de determinadas competencias. La minería no debería ser materia de legislación departamental. Los plebiscitos me parecen iniciativas muy interesantes y muy importantes, pero pueden tener dificultades. Lo que este proyecto de megaminería pretende es legitimar un daño grave al ambiente, contra lo que se expide la Constitución. Entiendo que de sancionarse, este proyecto de ley es inconstitucional y así lo planteará la Fiscalía”.
Desde las barras, una de las primeras concurrentes manifestó con cierto fastidio: “Acá se debería estar discutiendo una ley que prohíba la minería, y no una ley que la regule”.
La organización que viene del interior
La clave para lograr un frente común fue la apertura. “La particularidad fue que en Tacuarembó se armó un grupo bien diverso y heterogéneo. El punto que nos unió fue estar en contra de la minería a cielo abierto; además de eso, no hay mucho más.”
Armado el grupo, se contactaron con el resto de las organizaciones que por el mismo motivo han surgido en distintas partes del país. Al final del recorrido, desembarcaron en Montevideo. “Llevábamos la idea de hacer una consulta a nivel nacional que prohibiera la minería a cielo abierto en todo el país. Nos reunimos con sindicatos, con ecologistas y hasta con anarquistas para plantearles esa idea e invitarlos a realizar una asamblea en Tacuarembó.”
La primera propuesta quedó en pausa. Entendieron que estaban verdes para llevar adelante una campaña a nivel nacional: “Pensábamos en algo similar a lo que se hizo con el agua, pero nosotros no teníamos apoyo de ningún partido político ni del PIT-CNT”. La asamblea sí se realizó, en agosto de 2012, y fue histórica. “Participaron unas 300 personas de todo el país, momento en que el movimiento pasó a tener carácter nacional y a coordinar acciones. Fue la primera asamblea de lo que ahora se llama Asamblea Nacional Permanente en Defensa de los Bienes Naturales, que es la que ha organizado las marchas grandes en Montevideo.”
Después se hicieron dos asambleas más, una en noviembre en La Paloma y otra en febrero en el Sauce. “En cada asamblea se hace un cronograma de actividades a nivel nacional. También hay reuniones regionales, que quedan sujetas a los grupos de cada zona.” Ejemplos de las de carácter nacional fueron las tres marchas de Montevideo. La cuarta será el próximo 10 de mayo, a las 17.30 horas, desde el Obelisco.
En paralelo, el grupo de Tacuarembó decidió empezar a juntar firmas en el pago grande.
La experiencia se replicó también en Treinta y Tres, Lavalleja y Cerro Largo. “No están teniendo el mismo peso”, comenta Fabricio. “En Rivera empezó un diputado y se tornó una cuestión partidaria; incluso se formó una comisión de notables, pero no han logrado llegar a la gente. En Lavalleja, ingresaron el pedido de prohibición directamente a la Junta Departamental, pero los ediles dijeron que no, porque ni siquiera ellos tenían suficiente información. La misma noche en que recibieron esa respuesta lanzaron la campaña de recolección de firmas.” En Treinta y Tres la recolección de firmas es la única que no está ligada a una consulta popular.
“Sabemos que lo de Tacuarembó está siendo observado por todos. Están esperando a ver qué es lo que pasa acá”, advierte Sebastián.
