Panamá: Cultivos transgénicos y el principio de precaución
Juan Jované
Hace apenas un par de semanas se dio a conocer la noticia de que las autoridades nacionales, sin mayor consulta y discusión con la población, habían decidido permitir a partir de agosto del presente año, el cultivo de maíz transgénico. Este tipo de cultivo, de acuerdo con la información disponible, solo sería permitido por el momento en la región de Azuero, con el fin de generar una producción destinada de manera exclusiva al uso animal. Se trata, por su importancia y gravedad, de un hecho que obliga a un conjunto de comentarios destinados a destacar el enorme desatino que representa esta política gubernamental.
En primer lugar, hay que aclarar el mito de acuerdo con el cual la introducción de los transgénicos constituye un elemento indispensable para eliminar el hambre en el mundo, vía el incremento de los niveles de producción y productividad de alimentos. En efecto, de acuerdo con las cifras recopiladas por la propia Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción de alimentos mundiales actualmente existentes es más que suficiente para alimentar a todo el mundo. El problema del hambre, tal como lo ha indicado A. K. Sen, se debe principalmente a la carencia de ingresos de los grupos más vulnerables de la población, así como a la privación de acceso de los pobres del campo a los recursos indispensables para la producción, incluyendo la tierra, el agua, los insumos y otros factores indispensables.
En el caso de Panamá, por su parte, la creciente decadencia del sector agropecuario en lo que se relaciona a la producción de alimentos está vinculada a la actual forma de política económica. Esta implica, por una parte, la idea de que el país no haga énfasis en la producción de alimentos para el mercado interno. Por otra parte, esta política de aperturismo radical, la cual ha llevado a la creciente desprotección de los productores locales, amenaza con la desaparición de los mismos.
En segundo lugar, la idea de que se trata de una producción que confina a una región del país no puede, de acuerdo con la experiencia existente, evitar que el maíz genéticamente modificado impacte sobre otras regiones, así como sobre el cultivo en la misma región de productos tradicionales no genéticamente modificados. Es así, por ejemplo, que en el caso de México se ha demostrado que el maíz transgénico ha generado una contaminación de las variedades tradicionales, y afecta seriamente sus características. Así mismo, las organizaciones campesinas de Aragón en el Estado español han venido señalando desde 2005 que incluso en cerca del 40.0% del grano cultivado con técnicas ecológicas se encuentra contaminado, y muestra trazas transgénicas, las que no permiten que el mismo sea vendido como alimento orgánico, libre de organismos genéricamente modificados. Nos encontramos, entonces, frente a una política que no solo limita en la práctica la libertad del productor para escoger el tipo de cultivo que quiere realizar, así como la del consumidor para elegir el tipo de producto que desea consumir, lo que es especialmente cierto para un país como Panamá en el que no existe una ley que exija que en el empaque se le advierta al consumidor el tipo de producto que se le está ofreciendo.
Más aún se trata de una forma de producción que afecta la biodiversidad en los cultivos, generando, además, formas que resultan peligrosas para la salud, en la medida en que los cultivos destinados al consumo humano pueden ser impactados por los que no están destinados a este fin. Es así que un estudio auspiciado por la Comision for Environmental Cooperation concluyó para el caso mexicano que el problema puede ser aún más grave cuando se cultivan al mismo tiempo varios transgénicos con diversos fines, es decir, cuando algunos se desarrollan, por ejemplo, para la alimentación del ganado y otros para la industria química o farmacéutica
El hecho de plantear que los transgénicos solo se utilizarán para el consumo animal resulta un planteamiento insuficiente, habida cuenta que el problema se debe referir a las cadenas y redes tróficas que terminan en el consumo humano. No se debe olvidar que la Academia Americana de Medicina Ambiental ha señalado que “los alimentos genéticamente modificados pueden significar un serio problema para la salud”.
Con base en toda la incertidumbre contenida en el problema debemos exigir la aplicación en nuestro país del principio de precaución, y declarar a Panamá país libre de cultivos y semillas transgénicos. Se trata de un derecho de la población que debe tener rango constitucional.
Juan Jované es economista. Imagenes: kaosenlared.net
Hace apenas un par de semanas se dio a conocer la noticia de que las autoridades nacionales, sin mayor consulta y discusión con la población, habían decidido permitir a partir de agosto del presente año, el cultivo de maíz transgénico. Este tipo de cultivo, de acuerdo con la información disponible, solo sería permitido por el momento en la región de Azuero, con el fin de generar una producción destinada de manera exclusiva al uso animal. Se trata, por su importancia y gravedad, de un hecho que obliga a un conjunto de comentarios destinados a destacar el enorme desatino que representa esta política gubernamental.
En primer lugar, hay que aclarar el mito de acuerdo con el cual la introducción de los transgénicos constituye un elemento indispensable para eliminar el hambre en el mundo, vía el incremento de los niveles de producción y productividad de alimentos. En efecto, de acuerdo con las cifras recopiladas por la propia Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción de alimentos mundiales actualmente existentes es más que suficiente para alimentar a todo el mundo. El problema del hambre, tal como lo ha indicado A. K. Sen, se debe principalmente a la carencia de ingresos de los grupos más vulnerables de la población, así como a la privación de acceso de los pobres del campo a los recursos indispensables para la producción, incluyendo la tierra, el agua, los insumos y otros factores indispensables.
En el caso de Panamá, por su parte, la creciente decadencia del sector agropecuario en lo que se relaciona a la producción de alimentos está vinculada a la actual forma de política económica. Esta implica, por una parte, la idea de que el país no haga énfasis en la producción de alimentos para el mercado interno. Por otra parte, esta política de aperturismo radical, la cual ha llevado a la creciente desprotección de los productores locales, amenaza con la desaparición de los mismos.
En segundo lugar, la idea de que se trata de una producción que confina a una región del país no puede, de acuerdo con la experiencia existente, evitar que el maíz genéticamente modificado impacte sobre otras regiones, así como sobre el cultivo en la misma región de productos tradicionales no genéticamente modificados. Es así, por ejemplo, que en el caso de México se ha demostrado que el maíz transgénico ha generado una contaminación de las variedades tradicionales, y afecta seriamente sus características. Así mismo, las organizaciones campesinas de Aragón en el Estado español han venido señalando desde 2005 que incluso en cerca del 40.0% del grano cultivado con técnicas ecológicas se encuentra contaminado, y muestra trazas transgénicas, las que no permiten que el mismo sea vendido como alimento orgánico, libre de organismos genéricamente modificados. Nos encontramos, entonces, frente a una política que no solo limita en la práctica la libertad del productor para escoger el tipo de cultivo que quiere realizar, así como la del consumidor para elegir el tipo de producto que desea consumir, lo que es especialmente cierto para un país como Panamá en el que no existe una ley que exija que en el empaque se le advierta al consumidor el tipo de producto que se le está ofreciendo.
Más aún se trata de una forma de producción que afecta la biodiversidad en los cultivos, generando, además, formas que resultan peligrosas para la salud, en la medida en que los cultivos destinados al consumo humano pueden ser impactados por los que no están destinados a este fin. Es así que un estudio auspiciado por la Comision for Environmental Cooperation concluyó para el caso mexicano que el problema puede ser aún más grave cuando se cultivan al mismo tiempo varios transgénicos con diversos fines, es decir, cuando algunos se desarrollan, por ejemplo, para la alimentación del ganado y otros para la industria química o farmacéutica
El hecho de plantear que los transgénicos solo se utilizarán para el consumo animal resulta un planteamiento insuficiente, habida cuenta que el problema se debe referir a las cadenas y redes tróficas que terminan en el consumo humano. No se debe olvidar que la Academia Americana de Medicina Ambiental ha señalado que “los alimentos genéticamente modificados pueden significar un serio problema para la salud”.
Con base en toda la incertidumbre contenida en el problema debemos exigir la aplicación en nuestro país del principio de precaución, y declarar a Panamá país libre de cultivos y semillas transgénicos. Se trata de un derecho de la población que debe tener rango constitucional.
Juan Jované es economista. Imagenes: kaosenlared.net
