Argentina: Malargüe abre el paso a los negocios mineros en Mendoza
La aprobación exprés de los primeros 34 proyectos de exploración de cobre en el sur provincial expusieron un esquema de acción que denuncian las asambleas socioambientales. Acuerdos entre el gobierno radical y el PJ, declaraciones de impacto ambiental irregulares, creación de sociedad anónimas con ex funcionarios públicos, atajos para cumplir con la Ley 7722 y el peligro de una reforma del Código de Aguas.
Por Ana Chayle
Apenas una hora le llevó a las y los senadores de Mendoza aprobar las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de 34 proyectos mineros en lo que se conoce como el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO). Con el mismo entusiasmo, 33 senadores de la UCR-Cambia Mendoza, La Unión Mendocina (LUM) y el Partido Justicialista (PJ) levantaron la mano para facilitar la avanzada de la megaminería en el sur provincial. Sólo tres senadores se opusieron al megaproyecto —que promueve la exploración y futura explotación de cobre—, mientras que dos se ausentaron de la breve sesión del pasado martes 12 de noviembre.
Con la histórica lucha por la Ley 7722 en sus espaldas, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura denuncian la flexibilización de esa norma —que en Mendoza conocen como la "ley guardiana del agua"— para avanzar en la aprobación de los Informes de Impacto Ambiental (IIA), la conformación de una sociedad anónima por parte de ex funcionarios del gobierno provincial —que controla 19 de los proyectos de exploración aprobados— y el peligro de que el acuerdo entre la UCR y el PJ ahora vaya por la modificación del Código de Aguas.
Mientras los senadores votaban, sobre la peatonal que colinda con el edificio legislativo, integrantes de la UOCRA y "Los borrachos de Luján", la barra del club Luján Sport Club bancaban con bombos la rúbrica de un acuerdo que ya se daba por hecho. Una vez aprobado el MDMO, la vicegobernadora de la provincia, Hebe Casado; la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre; y el director de Minería, Jerónimo Shantal; salieron a la explanada del edificio a saludarlos.
A pasos de allí, sobre la calle perpendicular y en la plaza Independencia, el clima que se respiraba era de bronca y tristeza, pero no de sorpresa. Vecinas, vecinos e integrantes de la asambleas por el agua se habían autoconvocado para manifestar su rechazo al proyecto. Lo hicieron con otros cantos, bombos y carteles. El tránsito y el operativo policial, los separaban del edificio del Poder Legislativo, que "crea las leyes que destruyen derechos y amenazan el futuro”, definió la Asamblea Maipucina por el Agua.
Apeleg: el ascenso de una empresa con conflicto de intereses
Pese a que los festejos de los funcionarios, entre ellos el gobernador Alfredo Cornejo, redundaron en marcar que se "cumplió con principios de transparencia, legalidad y previsibilidad" en el acelerado proceso de aprobación de las 34 DIA, Federico Soria, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, afirma, en diálogo con Tierra Viva, que el MDMO "viene a representar una suerte de nuevo paradigma de la corrupción y la impunidad en Mendoza”.
Soria explica que, hasta el momento, los negocios se tejían de formas más camufladas, en un intento por ocultar los hilos que atan a los poderes empresariales y públicos, pero que, “en este caso, tenemos un negocio consumado dentro de las mismas esferas del poder político”.
Se refiere al caso de Apeleg S.A., una novísima firma que se constituyó con un mínimo capital inicial y que es propietaria de 19 de los 34 proyectos de exploración aprobados. Sus fundadores: dos contadores que se desempeñaron en empresas mineras estatales hasta unos meses atrás. La sospecha cae por su peso: los ahora ex funcionarios manejaban información privilegiada que utilizaron para armar un negocio redondo.
Según consta en el Boletín Oficial 31898, Apeleg S.A. se constituyó el 3 de julio de 2023, con sede en la capital mendocina y con un capital inicial de solo 500 mil pesos, de los cuales el 75 por ciento se comprometieron a integrarlo "en un plazo no mayor a dos años". En su objeto social Apeleg enumera: actividad minera, comercial, industrial-comercial, inversiones financieras y de crédito, servicios, importación y exportación, licitaciones. Sus socios fundadores son Julio César Pulisich y Antonio Torre, quienes se dividieron los cargos ejecutivos: el primero como director titular y presidente del directorio; el segundo como director suplente.
En julio del año pasado, Pulisich y Torre se desempeñaban como síndicos de la empresa estatal Potasio Río Colorado (PRC), función en la que continuaron hasta octubre de 2023, cuando el Gobierno aprobó la transferencia del 88 por ciento de sus acciones a la Compañía Minera Aguilar, propiedad de José Luis Manzano, empresario y ex ministro de Carlos Menem volcado al negocio minero a través de su holding Integra. Mientras Torre dejó la función pública, Pulisich pasó a ocupar el cargo de director suplente en otra empresa minera estatal: Impulsa Mendoza. Habría estado en esa función hasta el 21 marzo de este año, aunque la noticia recién fue publicada en el Boletín Oficial 32124 en junio pasado.
No queda claro si Pulisich desempeñaba el papel de funcionario público o el de empresario privado cuando posó sonriente, el 5 de marzo último, junto a su socio Torre y al gobernador Cornejo durante la la mayor feria minera del mundo, la Prospectors & Developers Association en Toronto, Canadá. Para la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, el hecho sí es claro: “Siendo parte de la estructura del Estado, Pulisich y Torre manejaban información privilegiada y obviamente, no sólo conocían los planes del gobierno, sino que eran ideólogos y parte de ellos”.
La denuncia no es descabellada. En la propia página web de Impulsa Mendoza se lee: “El MDMO es una herramienta desarrollada por el Gobierno de la Provincia, a través de Impulsa Mendoza, para dar una respuesta al enorme desafío que representa para el mundo la transición energética”.
Un negocio minero redondo
Según la denuncia pública realizada por la Asamblea de Uspallata, una vez otorgada las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) del MDMO, corporaciones trasnacionales estarían dispuestas a desembolsar 500 mil dólares para quedarse con cada uno de los proyectos que están en manos de Apeleg S.A. Es decir, la empresa creada en julio del año pasado podría embolsar cerca de 10 millones de dólares por los 19 proyectos aprobados.
Esa ganancia en dólares no contaría con más inversión que el capital inicial en pesos, ya que la flamante empresa constituida por Pulisich y Torre tampoco tuvo gastos en la confección del Informe de Impacto Ambiental de sus proyectos. Esos gastos corrieron por cuenta de la empresa estatal Impulsa Mendoza que “ha desarrollado un profundo estudio de impacto ambiental en toda la zona, junto con estudios de potencial geológico y de infraestructura, para acortar los tiempos que requiere el desarrollo de los proyectos”, según se lee en su página web.
“Así es como la especulación financiera de la megaminería (inversiones de riesgo, le dicen) aumenta en la misma proporción que aumenta el encarecimiento de nuestra existencia”, expresan desde la Asamblea de Uspallata y denuncian que el gobierno de Cornejo “sólo gestiona la cosa pública para generar y llevar adelante negocios corporativos privados particulares”.
Por la gravedad de las sospechas, que circulan hace meses, algunos medios de comunicación se hicieron eco y publicaron cartas y noticias sobre el tema e incluso el diputado Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde, presentó un pedido de informes que, hasta el día de la votación en su Cámara, no había sido aprobado.
Un megaproyecto, con megairregularidades
“La aprobación de MDMO implica un salto muy grande en la avanzada megaminería, que viene viabilizando el gobierno de Mendoza”, afirma Soria. Si bien anteriormente han sido aprobados otros proyectos mineros, también en Malargüe, “en este caso se aprobaron 34 DIA con una sola ratificación legislativa, con un solo procedimiento de impacto ambiental que los incluyó a todos”, apunta el asambleísta.
Soria explica que, aunque se supone que cada proyecto tiene características particulares, lo que se presentó y aprobó el Poder Legislativo es "un informe copiado de otros Informes de Impacto Ambiental ya aprobados" y que fueron realizados “en base a simulaciones de gabinete que se efectuaron aplicando modelos matemáticos”.
No sólo las asambleas criticaron esto, también lo señaló, por ejemplo, el senador Dugar Chappel en su alocución en la sesión del martes 12 de noviembre: “Los 34 proyectos son todos iguales, es muy difícil encontrar una diferencia”, sentenció. Además, Soria denuncia: “Es la primera vez que en Mendoza se aprueba un estudio de impacto ambiental que no tiene relevado el ambiente en el que se va a llevar a cabo el proyecto ni descritas las tareas a desarrollar”.
Para tomar dimensión del objetivo detrás del MDMO, la empresa estatal Impulsa Mendoza describe al distrito minero como un área de 20.000 kilómetros con 250 proyectos mineros de distinto tamaño y grado de avance. Los 34 proyectos aprobados para exploración corresponderían a una primera etapa.
Sobre esto, Teresa Cañas, conocida como “Guni” por su participación en la Asamblea Popular por el Agua y la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Cuyo, advierte que “la mayoría de los proyectos están en zonas de alta vulnerabilidad”. La asambleísta, en diálogo con Tierra Viva, también objeta la ausencia de información específica y enumera: “Faltan las áreas de exclusión, la identificación de los impactos, las medidas de protección, hay que ampliar puntos destacados como la climatología, la geomorfología, la sismología, las cavernas, las ecorregiones, la flora, la fauna, las vegas y lagunas altoandinas”.
Y añade un punto de orden político: la falta de consulta al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), conformado por las provincias de Mendoza, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires, que este río atraviesa y que está afectado por el MDMO.
Pacto partidario extractivista y el agua de Mendoza en peligro
En otro lectura política sobre lo ocurrido, Soria sostiene que el aval conjunto “significa la ratificación de un acuerdo político partidario entre la UCR y el Partido Justicialista”, que ya había mostrado su unidad en 2019, cuando sancionaron la Ley 9209, “con la cual quisieron voltear la 7722”. Aquella norma fue derogada pocos días después por el entonces gobernador Rodolfo Suárez tras la masiva respuesta del pueblo mendocino en las calles.
El asambleísta de Uspallata agrega: “A pesar de que son fuerzas políticas que se muestran notablemente antagónicas ante la opinión pública, la sanción de este tipo de leyes evidencia tienen la misma ideología, porque en el fondo, el extractivismo es una ideología”.
Aunque el partido gobernante tiene la mayoría de bancas en ambas cámaras (22 en Diputados y 19 en el Senado), al pactar con los otros partidos “lo que busca es que el costo político de estas decisiones lo paguen otros”, opina Soria. La rapidez para la aprobación de las 34 DIA no fue sólo una característica sobresaliente de la votación en el Senado o en la creación de Apeleg S.A, sino una cualidad de todo el proceso para la aprobación de MDMO.
El 14 de setiembre se realizó la audiencia pública, el 30 de octubre se votó y aprobó por mayoría en la Cámara de Diputados, 12 días después el Senado le dio sanción definitiva y, al día siguiente, el gobernador Cornejo se reunió con los propietarios de los proyectos para acelerar las exploraciones.
Sobre la audiencia pública, las Asambleas Populares por el Agua Pura habían emitido un comunicado denunciando cómo los números de este paso formal desmentían el "gran apoyo", que desde el oficialismo buscaron imprimirle a la avanzada minera. Fueron 54 los oradores que expusieron a favor del proyecto: funcionarios, empresarios, empleados estatales, comunicadores y otras personas ligadas al sector minero. En rechazo del proyecto, fueron 45 las personas que se manifestaron: asambleístas, vecinos autoconvocados, científicos, productores y comunidades originarias. “Utilizaron como argumento las consabidas falsas promesas de fuentes de trabajo, futuro promisorio para Malargüe y derrame para todos sin exponer ningún tipo de argumento técnico o legal”, denunciaron las asambleas.
Pero hay más. En la misma sesión en que los senadores aprobaron el MDMO, también disolvieron el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y “le dieron todo el poder a la Dirección General de Irrigación”, relata Cañas. “O sea, se aprobaron dos en uno”, denuncia. Para los asambleístas no se trata de una cuestión menor, ya que el agua es clave en cualquier proyecto minero y hay una intención del gobierno de avanzar en su gestión.
Sobre esto, la integrante de la Asamblea Popular por el Agua recuerda que Mendoza fue una de las primeras provincias en firmar contrato con la cuestionada empresa israelí Mekorot y señala que el próximo objetivo del gobierno es el Código de Aguas.
En este punto, Soria profundiza sobre la Ley General de Aguas, que rige en la provincia desde 1884. La norma establece que “el agua es inherente a la tierra: cada lote, cada campo, cada parcela, incluye un derecho de riego”. Este principio es el que limita la aprobación de proyectos mineros dentro de las cuencas de los ríos que se emplean para regadío.
“Por eso es que el gobierno quiere voltear la ley y crear un Código de Aguas”, sostiene Soria y añade que, sin embargo, “se ha visto con muchas dificultades para eso, porque hubo una respuesta contundente de diferentes sectores y ha tenido que recular”.
Para Cañas, la disolución del EPAS, la sanción de un nuevo Código de Procedimiento Minero —aprobado en abril de este año— y la intención de crear un nuevo Código de Aguas van de la mano. Y a esto se suma la aprobación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). “Hay todo un conglomerado de leyes con los que se están apropiando del agua”, observa “Guni”.
La flexibilización de la 7722
Mientras funcionarios recalcan que la aprobación del megaproyecto se enmarca en la Ley Provincial 7722 —que prohíbe el uso de sustancias químicas en la extracción de minerales— los medios de comunicación oficialistas aplauden la “flexibilización” de la norma. Para los asambleístas hay un claro avance contra la ley.
“La aprobación de MDMO implica otro escalón más del gobierno y las empresas en la vulneración de la Ley 7722, para ir dejándola sin efecto y convertirla en letra muerta”, afirma Soria. Y, en la misma línea, “Guni” señala que el aval al megaproyecto ha “puenteado” la ley, al vulnerar su espíritu.
Ante el fracaso en su intento por derribar la ley, según Soria, el gobierno encaminó su estrategia hacia la flexibilización. La estrategia del Ejecutivo es enviar los IIA a la Legislatura para su ratificación, tal como lo exige la ley, pero "se aprueban sin debate público", explica Soria y agrega que "al hacer estas aprobaciones tipo exprés, la Legislatura se comporta como una mera escribanía del Poder Ejecutivo".
Cañas coindice en que la aprobación conjunta de los proyectos ha sido la forma que el Gobierno ha encontrado para burlar la ley. “El espíritu de la 7722 era el de estudiar cada uno de los casos y después aprobarlos. Pero los funcionarios han empaquetado todo porque dicen que el Ejecutivo no se tenía que transformar en una herramienta técnica, sino que es una cuestión política”, explica.
El artículo 10 de cada uno de los 34 proyectos aprobados establece que, para avanzar en la exploración directa del terreno, la empresa “deberá presentar ante la Autoridad Ambiental Minera (AAM), con una antelación de 30 días corridos, un mapa del proyecto con un cronograma de las perforaciones”. La AAM está “integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental”, ambas dependientes del Ministerio de Energía y Ambiente de la provincia, o sea, del Poder Ejecutivo. Por esto, en su parlamento, el senador Chappel había ironizado con que hubiese sido “más fácil” derogar la Ley 7722 y evitar el rodeo, ya que, de todas maneras, “hemos entregado la facultad que nos dio esa ley”.
Además, la conformación de una Policía Ambiental de Actividades Extractivas creada por la 7722 “también cae en letra muerta”, dice Soria, ya que la actividad minera y su control, a partir de la actual gestión, dependen de la misma persona, que es la ministra de Energía y Ambiente.
La transición energética se ha convertido en la excusa más frecuente de la megaminería. “Sustentable”, “sostenible”, “ambientalmente responsable”, son eslóganes presentes en los discursos de empresas y gobiernos. Sin embargo, los planes dejan afuera a quienes habitan los territorios vulnerados: “Minería y transición energética para qué y para quiénes, y a costo de qué”, indaga Cañas y sentencia: “Esas preguntas no están respondidas”.
Para la asambleísta, la aprobación de MDMO ha sido un golpe fuerte y reconoce que, quienes lo han dado “tienen todo el conjunto del poder: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los medios de comunicación y la dirección de la Universidad Nacional de Cuyo”, pero no se desalienta: “A pesar del presente tan vulnerado en sus derechos, Mendoza es cuna de muchas luchas. Creo que son tiempos de seguir resistiendo, de seguir haciendo nuestro trabajo territorial, de seguir estando en comunidad”.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/malargue-abre-el-paso-a-los-negocios-mineros-en-mendoza/ - Imagen de portada: El gobernador Alfredo Cornejo (centro) junto a Julio Césa Pulisich (izquierda) y Antonio Torre (Derecha) en la feria minera Prospectors & Developers Association en Canadá.
